Ana de Ita*
La Jornada
La iniciativa de Reducción
de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) es una
estrategia internacional para disminuir la intensidad del cambio
climático a partir de la conservación de los bosques. Muchos de los
gobiernos de los países del Sur ven en la existencia de fondos
internacionales para la estrategia REDD+ una oportunidad para hacerse de
recursos, en tanto que algunas organizaciones y movimientos indígenas y
campesinos han alertado sobre la amenaza que puede constituir para los
pueblos de los bosques –muchos de ellos pueblos originarios– sin
derechos de propiedad formal sobre sus territorios.
En África y Ásia, los bosques son mayoritariamente propiedad del
Estado (98 y 66 por ciento, respectivamente) pero en ellos viven
millones de personas. En América Latina 33 por ciento de los bosques son
estatales, otro tanto son de las comunidades y otros privados. México
es distinto a todos ellos ya que 58 por ciento de los bosques son
propiedad de los ejidos y comunidades con derechos garantizados por la
Constitución; 34 por ciento son privados y sólo 8 por ciento pertenece
al Estado.
Pero los bosques mexicanos están en la mira de nuevos actores
nacionales e internacionales interesados en enajenar el control a sus
legítimos dueños y para ello las políticas de conservación y la
iniciativa REDD+ son una puerta de entrada.
Con el fin de garantizar que el financiamiento se destine a reducir
las emisiones, los países desarrollados y las instituciones
multilaterales, quienes por ahora financian la estrategia, promueven
construir una estructura institucional, a la que llaman gobernanza para
REDD+ y con el beneplácito del gobierno incluyen a múltiples actores,
interesados en participar en decisiones, recursos, diseño de políticas,
formas de control del territorio que no es suyo y para lo que no tienen
mandato.
Así en México opera un consorcio de organizaciones internacionales de
conservación, Alianza México REDD+ (Alianza M-REDD+) que ha participado
junto con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en la preparación de
la Estrategia Nacional de REDD+ y está construyendo el tal modelo de
gobernanza. Esta Alianza, financiada por el Departamento de Ayuda al Desarrollo de Estados Unidos (USAID) está liderada por The Nature Conservancy (TNC), una de las primeras organizaciones conservacionistas, dedicada a la compra de tierras para crear reservas privadas y parques nacionales. Su actual presidente proviene del Centro Goldman Sachs para los mercados ambientales. Los otros socios son Rainforest Alliance, especializada en la certificación de productos amigables al ambiente, el Woods Hole Research Center, el think tank número uno respecto del cambio climático, con vínculos con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y una organización mexicana Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (Endesu), que trabaja desde hace más de 20 años en Chiapas.
En un ejemplo local de lo que Harris Gleckman llama
la gobernanza de las múltiples partes interesadashttp://tinyurl.com/zvyec3c –una iniciativa del Foro Económico Mundial de 2009, que busca poner los intereses corporativos en el centro– en la gobernaza de REDD+ en México se incluye a múltiples actores con una gran asimetría de poder entre ellos: las trasnacionales de la conservación y sus contrapartes nacionales, el Banco Mundial y la Organización de Naciones Unidas, instituciones gubernamentales, corporaciones empresariales, agencias internacionales de cooperación para el desarrollo, instituciones académicas y organizaciones de productores, organizaciones indígenas y campesinas, además de crear nuevas figuras como Agentes Públicos de Desarrollo Territorial, Agentes de Desarrollo Territorial, Comités, Grupos de Trabajo, Juntas, etcétera, sin un análisis profundo de las consecuencias democráticas y políticas de estos entes.
En la gobernanza de múltiples partes interesadas no hay reglas claras
sobre transparencia, responsabilidad, resolución de disputas y
representación, elementos claves aceptados como principios básicos para
un proceso de gobierno legítimo. La informalidad y las situaciones de
hecho son la pauta de su funcionamiento.
En México la Alianza M-REDD+, se ha adjudicado el análisis del marco
legal de REDD+ e incluso elaborado propuestas de reformas a la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable, en una clara actitud
injerencista.
Los impulsores de REDD+ en México presumen de una gran participación
de la sociedad civil en sus acciones, pero después de revisar varios de
sus trabajos y eventos es notable la ausencia o participación disminuida
de los dueños de los territorios forestales –los ejidos y comunidades
indígenas y campesinas–, quienes han cuidado y conservado los bosques
como su tierra natal y de quienes depende la real reducción de
emisiones.
(*) Directora del Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano (Ceccam)
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