Ana de Ita*
La Jornada
El presidente Enrique Peña Nieto solicitó el 13
de diciembre pasado a la Suprema Corte de Justicia que invalide el
decreto del gobernador de Yucatán que declara al estado libre de
transgénicos. El decreto, publicado el pasado 26 de octubre, fue una
respuesta a los varios amparos y acciones de resistencia emprendidas por
las comunidades mayas; los apicultores; las organizaciones indígenas,
campesinas, ambientales, de derechos humanos; los académicos y
científicos comprometidos; la población, que por muchas razones no
quiere transgénicos.
El pueblo maya, tradicionalmente se ha dedicado a la agricultura, la
apicultura, la recolección, el manejo y cuidado de la selva. La milpa
maya es un ejemplo de diversidad y ciencia campesina. Su experiencia en
meliponicultura y apicultura los coloca entre los más importantes
exportadores de miel; mucha de ella orgánica, a los mercados europeos.
La península también es uno de los sitios mejor conservados, en ella se
encuentran 32 áreas naturales protegidas.
Pero en 2012 Monsanto recibió la autorización para sembrar, de forma
comercial cada año, 253 mil hectáreas de soya transgénica, resistente al
herbicida glifosato, en siete entidades del país entre las que están
incluidas grandes extensiones en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Desde 2007, el gobierno federal había decidido recuperar el cultivo
de soya –ahora transgénica– que había destruido con el Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica (TLCAN). México nunca ha sido autosuficiente en
soya. Antes de él se llegaron a producir 500 mil toneladas en 300 mil
hectáreas, ninguna de ellas en la Península de Yucatán. Pero la
agroindustria de alimentos y pecuaria demanda cada vez más soya, y
México importa más de 90 por ciento, principalmente de Estados Unidos.
La Secretaría de Agricultura impulsó el programa Pro oleaginosas,
intentando reconvertir la milpa maya –según ellos, no productiva–, a
pesar de que sustenta a la población rural y destinó como subsidio mil
500 pesos por tonelada producida, además de garantizar el abasto de
semillas.
Con la Ley de Bioseguridad aprobada (LBOGM, 2005) y los subsidios
disponibles, muchos de los colonos menonitas y otros actores iniciaron
el cultivo con su paquete tecnológico intensivo en agrotóxicos a partir
de la renta de tierras. Así población y cultivo foráneos se
establecieron en la península.
El rechazo de contenedores de miel desde Europa por estar contaminada
con polen transgénico prendió la señal de alarma, y las comunidades
mayas y las asociaciones de apicultores decidieron evitar ser despojadas
de su forma de vida, su trabajo, su historia, su identidad y su
territorio, e iniciaron la defensa legal en contra del cultivo de soya
transgénica.
En la Península de Yucatán el pueblo maya se encuentra
dividido en los tres estados y la defensa ha seguido distintos cauces.
En Yucatán y Campeche los amparos fueron aceptados, aunque la siembra de
soya continuó. Demandaron la falta de consulta indígena, atentar contra
el derecho a un ambiente sano y no aplicar el principio de precaución, a
pesar de que las instancias gubernamentales, como la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el Instituto Nacional de
Ecología y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas habían
dictaminado no permitir la siembra comercial de soya resistente al
glifosato. A los amparos siguieron las apelaciones de Monsanto, Sagarpa y
la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) y los procesos de consulta
indígena.
En Quintana Roo, el primer amparo no fue aceptado, y las comunidades y
asociaciones apícolas mayas, agrupadas en el Consejo Regional Maya del
Poniente de Bacalar, iniciaron otro juicio en el que demandan la
cancelación del permiso de siembra de soya transgénica otorgado a
Monsanto.
Los casos han sido llevados a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y a la ONU. Las consultas indígenas de Campeche y Yucatán han
estado plagadas de ilegalidades y presiones a las comunidades, a sus
dirigentes y asesores, quienes incluso han sido amenazados de muerte. La
Secretaría de Agricultura se ha dedicado a promover las ventajas del
cultivo de soya en lugar de brindar información imparcial; se ha
permitido la presencia de menonitas para intimidar a los mayas en las
sesiones de consulta. La siembra de soya transgénica es un instrumento
de despojo del territorio y futuro del Pueblo Maya.
Así, el decreto del gobernador de Yucatán que declara al estado libre
de transgénicos fue una buena noticia en un ambiente hostil, en el que
los gobiernos federales y estatales y el Poder Legislativo han estado
sistemáticamente a favor de las trasnacionales. El presidente Peña
Nieto, fiel a sus patrones, solicita a la Suprema Corte que vete el
decreto.
*Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)
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