(27
de diciembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- De acuerdo con diversas
organizaciones no gubernamentales del país, la Ley General de Víctimas,
evidencia falta de voluntad política y sensibilidad por parte de
legisladores y gobierno federal.
Lo anterior
se señala porque, aseguran. la redacción dentro de las propuestas de Ley
General utilizan un lenguaje condicionante o discrecional, no sólo para
las personas presuntamente responsables en la desaparición forzada o
desaparición de personas cometida por particulares, sino también, en
cuanto a la responsabilidad del Estado.
Como por
ejemplo: “Procurar, a sabiendas, injustificadamente, retrasar sin
justificación, dolosamente…” cuando las desapariciones forzadas son una
política del Estado mexicano que muestra sistematicidad y planificación,
denuncian.
A su vez,
“el gobierno sigue excusando la falta de presupuesto para la
implementación adecuada de la Ley, haciendo mención que se empleará lo
que se tiene y con lo que se cuenta para aplicar la nueva Ley, cuando es
responsabilidad única del Estado dotar del suficiente presupuesto para
la implementación de la Ley”.
En tanto, el
termino utilizado para definir a una persona desaparecida no diferencia
entre una desaparición forzada de una persona extraviada. Lo cual
permite se diluya la responsabilidad del Estado ante la gravedad de las
desapasiones forzadas.
Además, los
defensores de derechos humanos, denuncian que en la tipificación se
pretende reducir el delito como si fuera éste cometido por personas
ajenas al Estado, reduciendo de esta manera la responsabilidad de toda
la cadena de mando en la comisión del delito de desaparición forzada.
“Se pone en
la mesa el problema de la coordinación entre estados y la federación
alegando cuestiones constitucionales, mostrando una vez más la falta de
voluntad política para implementar la Ley General a nivel nacional.
La
insistencia de separar la búsqueda de la investigación, dándole
‘prioridad’ a la búsqueda y dejando en segundo plano la investigación
para dar con los perpetradores generará un problema de impunidad para
todos los casos y no contribuirá a la erradicación de estos delitos ya
que el Estado pretende cambiar el derecho a la Verdad por el derecho a
la Justicia cuando es su obligación garantizar ambos derechos”.
Una más de
las irregularidades, señaladas, es que el Estado, a lo largo de estos
meses, ha hecho mención de su “imposibilidad” para cumplir con las
exigencias de crear instancias que realmente den resultado dado la falta
de “capacidad” técnica, recursos económicos, tecnológica y de recursos
humanos.
“Lo que
señala la falta de voluntad política para atender la gravedad de las
desapariciones forzadas, pues no hay otro que el mismo Estado quien
tiene que dotar de capacidades y recursos. Así como tiene la capacidad y
recursos de desaparecer personas y garantiza impunidad, si tuviera
voluntad política garantizaría la seguridad para la sociedad en
general”.
Dicho sea de
paso, la discusión de la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda,
hasta el momento, se pretende enfocar a la reacción inmediata para casos
que ocurran después de la promulgación de la Ley, dejando, aseguran,
para una discusión posterior el proceso de búsqueda para dar con el
paradero de las víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida
por particulares cometidas desde la época de la “guerra sucia” hasta la
“guerra contra el narco” de Calderón.
También se
ha negado a crear una instancia Autónoma de Investigación Forense para
dar certeza a las familias no sólo en la búsqueda e identificación de
restos sino para tener un órgano que pueda recabar y resguardar pruebas
para que las víctimas y sus familiares accedan a la verdad y la
justicia.
Los
activistas señalan que, a lo largo de la iniciativa se niega a reconocer
la participación y por lo tanto su correspondiente sanción a las
fuerzas armadas cuando éstas son quienes, en muchos casos, cometen la
desaparición forzada de personas.
“Sí bien en
diversas partes de la Propuesta del Ley General se habla de la
identificación, exhumación, localización de restos, así como de la
localización de fosas clandestinas, el Estado no garantiza que con esto
las familias no sigan saliendo a realizar la búsqueda de fosas y
realicen la exhumación de restos”.
No se quiere
hacer la adecuada diferenciación en el nuevo Registro de personas
Desaparecidas, diferenciando desaparición forzada de la desaparición
cometida por particulares, así como el hecho de dar de alta en el
registro cualquier reporte de no localización que sea levantado.
“Una Ley
General elaborada con base a la simulación, pactada en lo oscurito y sin
responder cabalmente a los estándares internacionales en materia de
derechos humanos, no sólo será ineficiente sino que cubrirá de un nuevo
manto de impunidad a los perpetradores”, reiteran.
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