Luis Hernández Navarro
La Jornada
Hace poco más de dos años y 10 meses surgieron las autodefensas michoacanas para sacudirse del yugo de Los Caballeros Templarios.
El 24 de febrero de 2013, en Tepalcatepec y la Ruana, grupos civiles se
levantaron en armas contra el crimen organizado. Llegaron a controlar
33 municipios de la entidad. Hoy, salvo las policías comunitarias
indígenas que tienen una historia aparte, se encuentran diezmadas.
El saldo es desastroso. Mientras muchos de los principales dirigentes
fueron cooptados por el gobierno, un numeroso grupo de sus integrantes
de base fueron integrados a la Fuerza Rural y luego purgados. En abril
de este año, este cuerpo de seguridad fue definitivamente disuelto;
apenas 561 elementos fueron incorporados a la Policía de Michoacán.
Quienes no se disciplinaron a los designios gubernamentales, como el
doctor José Manuel Mireles, fueron encarcelados. El médico fue acusado
injustamente de portar armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y
posesión de droga, y enviado a un penal de alta seguridad en Sonora. El
pasado uno de noviembre fue trasladado a una cárcel en Nayarit. Apenas
el pasado 28 de octubre un juez concedió la libertad provisional
mediante el pago de una garantía, a 70 autodefensas. Sin embargo,
permanecen en prisión, con procesos aberrantes, 327, muchos de ellos,
humildes campesinos.
Otros han corrido con peor suerte. Dirigentes locales clave, muchos
de ellos insumisos a la desmovilización y el desarme, han sido ejecutados.
Es el caso Jesús Bucio Cortés, fundador del grupo de Tancítaro,
ultimado en agosto de 2015. También de Arturo Martínez Peñaloza,
personaje fundamental del movimiento en Churumuco. Por decirlo lisa y
llanamente: el movimiento fue descabezado, al quitarle la vida a líderes
que tenían la capacidad de reorganizarlo.
El número de acribillados es espectacular. Según la agencia
Quadratín, hasta el pasado 25 de octubre han sido asesinados 32
autodefensas. Sin embargo, según otros medios, la cifra es aún más alta:
han sido cazados 39 de ellos. Otros más están desaparecidos (https://goo.gl/vUyvHB).
Parte de este balance trágico es la masacre de Apatzingán el 6 de
enero de 2015. Como documentó Laura Castellanos, en esa fecha fuerzas
federales dispararon contra civiles desarmados (seis llevaban armas
ligeras que pusieron en el piso) asesinando, cuando menos a 16 de ellos.
Estaban dirigidos por uno de los tristemente célebres Viagras.
Habían participado en el grupo G250, formado por el entonces
comisionado Federal de Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, y
participado en el combate a Los Caballeros Templarios. Protestaban porque su grupo había sido disuelto sin pagarles sueldo alguno (https://goo.gl/o8l8WC).
Ejemplo de la deriva del levantamiento del 24 de febrero es lo
sucedido en la cuna del movimiento. Apenas el pasado 10 de septiembre,
enfurecidos pobladores de Tepalcatepec, armados de piedras y verduras,
impidieron, que aterrizara el helicóptero en el que viajaba el
gobernador Silvano Aureoles. Las ocho camionetas de su escolta corrieron
una suerte parecida.
Fuentes gubernamentales responsabilizaron de los hechos a Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, fundador de la autodefensa de Tepalcatepec, señalado por tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
herido de bala el 20 de agosto. Durante dos días, la entrada al
municipio fue bloqueada por la población, hasta que 10 secciones
militares y un helicóptero artillado incursionaron en la ciudad y
desarmaron a la policía del alcalde.
Curiosamente, el 6 de septiembre, en el municipio de La Huacana, Los Caballeros Templarios
derribaron una aeronave de la Procuraduría de Michoacán. El helicóptero
apoyaba a personal de un convoy policial emboscado por el grupo
delincuencial que –según la versión oficial– intentó secuestrar a un
empresario ganadero.
En La Ruana, el otro centro de origen de las autodefensas, las cosas
no están mucho mejor. A finales de abril de este año, José Luis Segura,
el sacerdote de esa población de poco más de 10 mil habitantes, removido
por el obispo, denunció el deterioro comunitario. Hoy –escribió el
religioso en su cuenta de Facebook–
la gente se ha adaptado totalmente a los modos de los criminales, ya nada les molesta, los criminales destruyen al pueblo con la fabricación de drogas, los jóvenes las consumen y se echan a perder, los criminales han contaminado los campos, las aguas y la tierra con los residuos venenosos de su producción de drogas, y a nadie le importa.
Según el párroco, el ex comisionado Alfredo Castillo, legitimó en la población a grupos vinculados con el cártel de Los Caballeros Templarios. El funcionario –señaló– quiso desaparecer a Hipólito Mora y sus autodefensas, y autorizó a los delincuentes
como legítimos representantes de la ley en La Ruana.
A casi tres años del levantamiento de Tepalcatepec y La Ruana,
Michoacán no es un estado más seguro. Hasta mediados de octubre de 2016
se habían registrado allí 808 homicidios y, de acuerdo con la AmCham, es
una de las tres entidades de mayor riesgo para las empresas.
El papel que hace tres años tenían en la industria criminal los Templarios hoy ha sido ocupado por el CJNG.
Cuando menos controla 11 municipios de la entidad. Y la misma Empresa, a
pesar de los golpes recibidos, continúa sus operaciones.
En este desolador panorama, otra es la historia de las policías
comunitarias indígenas de la Costa (como los nahuas de Ostula) y la
Meseta (como los purépechas de Cherán), nacidas como parte de su
reconstitución como pueblos originarios y en ejercicio de su autonomía.
Formadas en su mayoría antes del surgimiento de las autodefensas, han
sobrevivido ejemplarmente al acoso gubernamental y a los ataques del
crimen organizado, garantizando la seguridad pública en sus territorios.
Tierra de volcanes en activo, Michoacán es una entidad en continua
erupción social. Así es que, más allá de las maniobras gubernamentales y
del maquillaje mediático, el magma de la inconformidad social, del que
las autodefensas y las comunitarias forman parte, seguirá emergiendo.
Twitter: @lhan55
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