Organizaciones presentan informe sombra ante ONU
En
México, la desigualdad de género es tan estructural que aun cuando los
derechos económicos, sociales y culturales de este país no están
garantizados para nadie, su incumplimiento es todavía mucho mayor cuando
se trata de las mujeres, de acuerdo con información recabada por más de
150 organizaciones.
El día de ayer y hoy, el Estado mexicano es sometido a una evaluación
por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (Comité DESCA), de la ONU, en Ginebra, Suiza, que entre
otros temas, revisa el cumplimiento de los Estados de sus obligaciones
contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC), un tratado internacional que México ratificó desde
1981. La última vez que se revisó el estado de estos derechos en México
–garantías básicas para la vida digna- fue hace 12 años.
En paralelo a esta revisión, más de 150 organizaciones de la sociedad
civil entregaron un informe alternativo (sombra) a este Comité, en el
que demuestran múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales
y culturales que cometió el Estado mexicano por acción y omisión, así
como otros actores no estatales como las empresas.
El informe señaló que el Estado mexicano incumplió el artículo 3 del PIDESC, sobre equidad e igualdad de género.
“Si bien el Plan Nacional de Desarrollo (PND) incluye como uno de sus
ejes transversales la perspectiva de género ‘como el centro de la
política social, económica y educativa en el país’, su avance a la fecha
sigue siendo limitado. Las brechas de desigualdad entre hombres y
mujeres continúan, siendo alarmante la violencia de género y la pobreza,
en donde las más afectadas resultan ser las niñas y las mujeres”, dice
el informe.
Las organizaciones señalaron la deuda del Estado de garantizar el
derecho al aborto en todo el país; el fracaso del enfoque de los
programas sociales para revertir la pobreza de las mujeres; y el aumento
en pocos años de la violencia feminicida y la desaparición de mujeres.
También habla sobre la ausencia de materias sobre igualdad de género y
Derechos Humanos en la política educativa recién reformada en México;
el subejercicio de recursos para la implementación de la política de
género; y el acceso diferenciado de las mujeres al agua y otros bienes
naturales porque algunas instituciones no han incorporado la perspectiva
de género.
En general, las organizaciones alertan que “sobre el cumplimiento de
las líneas de acción y estrategias transversales del Programa
Proigualdad, consideramos que es peligroso que el Estado mexicano
asegure que al finalizar el 2018 se tendrá un cumplimiento del 90 por
ciento de las líneas de acción del programa, ya que de 2013 a 2016, de
acuerdo a lo reportado por el gobierno, solo se ha cumplido 9.1 por
ciento lo cual representa aproximadamente 29 líneas de acción cumplidas
de un total de 314.
Este documento señaló deficiencias y fallas en la implementación de
programas centrales que beneficiarían principalmente a las mujeres, como
la Cruzada Nacional contra el Hambre, que trajo más carga de trabajo
para ellas y profundizó la pobreza; o el Seguro Popular, que hizo un
programa especial para afiliar a mujeres embarazadas y aumentó los
índices de mortalidad materna por falta de recursos humanos, económicos y
materiales para atenderlas.
No obstante, el resto del informe –que desglosa datos más específicos
sobre otros temas- evidencia que los desplazamientos forzados y la
migración, están afectando principalmente a las mujeres indígenas, niñas
y adultas mayores, cuyos recursos económicos para garantizar su
subsistencia en otro lado son más limitados, o para quienes no hay
servicios de salud garantizados.
En materia de trabajo también se describe la deuda del Estado para
ratificar Convenios Internacionales a fin de evitar la discriminación de
las trabajadoras del hogar o para extender la licencia de maternidad; y
que la política de igualdad no ha tenido efectos en reducir la brecha
salarial entre mujeres y hombres. Entre este grupo se destacó como más
vulnerables las trabajadoras del hogar y las jornaleras.
“Aunque en los últimos años se ha incrementado el número de mujeres
insertas al mercado de trabajo en México, el crecimiento en números no
necesariamente se tradujo en mejores y mayores oportunidades para las
trabajadoras, pues el contexto de creciente precarización económica del
país afecta la presencia de las mujeres en el mercado laboral; son las
mujeres las que ocupan 70 por ciento de los trabajos más precarios.
Según datos del Inegi: 44.1 por ciento de las mujeres trabajadoras no
tiene un contrato y 44.7 por ciento no cuenta con servicios de salud”.
RECOMENDACIÓN: CUMPLIR COMPROMISOS
A fin de avanzar en el cumplimiento de sus responsabilidades, las
organizaciones de la sociedad civil recomendaron al Estado mexicano
armonizar las leyes y normas federales y estatales relativas a la
interrupción legal del embarazo en todo el país, y derogar aquellas
leyes y normas que contravengan los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres, como establece el Proigualdad.
También llamaron a ratificar el Convenio 189 sobre las trabajadoras y
trabajadores del hogar –firmado desde 2011- y el Convenio 156 para
eliminar la discriminación por motivos de género en las
responsabilidades familiares y laborales de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT); e incorporar el enfoque de género en la
implementación de los programas sociales y de combate a la pobreza, y
evaluarlo con indicadores en la materia.
Otra recomendación fue realizar evaluaciones independientes y
académicas a programas sociales que cuenten con apoyos financieros del
gobierno mexicano y se encuentren a cargo de organizaciones; y crear una
política pública de índole nacional e integral de prevención, atención y
sanción en materia de acoso sexual en todas las universidades públicas y
privadas del país, que incluya elaboración de protocolos e instancias
exclusivas de atención y sanción a la violencia contra las mujeres y
específicamente al acoso sexual.
Las organizaciones llamaron a hacer un cumplimiento efectivo de todas
las medidas establecidas en las declaratorias de Alertas de Violencia
de Género, en donde se requiere el acompañamiento de personas expertas
en temas de seguridad, justicia y prevención con formación de género; y
reconocer el problema de feminicidio y desapariciones de mujeres en
México.
Urgieron también a homologar la tipificación del feminicidio a nivel
estatal con los elementos establecidos en el tipo penal federal y con
circunstancias objetivas de fácil acreditación; aprobar la Ley General
en materia de desapariciones, y armonizarla con convenios
internacionales; y elaborar un registro único de personas desaparecidas,
desglosado por sexo.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
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