J. Jesús Lemus
Los delitos en materia electoral más que
la excepción se han vuelto la regla. Datos de la FEPADE revelan que
estos han ido en aumento, pues de las 22 mil 444 denuncias por estos
delitos desde 1997, el 72 por ciento corresponden a los dos últimos
sexenios
En los últimos 22 años el índice de delitos electorales investigados y
sancionados por la Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de
la Republica (PGR) ha venido al alza, pero el mayor repunte de estos
ilícitos se han presentado durante los sexenios de Felipe Calderón y en
lo que va de la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto,
cuando se han investigado el 72 por ciento de estos ilícitos.
De acuerdo con datos oficiales emitidos por la Fiscalía Especializada
de Atención a Delitos Electorales (FEPADE) a través de una respuesta
emitida vía el portal de transparencia, fue durante el periodo del
presidente Felipe Calderón cuando mayor cantidad de delitos de este tipo
se cometieron en todo el país, al abrirse 9 mil 126 averiguaciones
previas por estos delitos.
En la administración de Enrique Peña Nieto, con fecha de corte al 9 de marzo del 2018, se acumularon 7 mil 044 carpetas de investigación a causa de presuntos delitos electorales
La mayor cantidad de ilícitos electorales registrados durante los
seis años del gobierno del entonces presidente Felipe Calderón
ocurrieron en el año previo al final de su mandato, antes de las
elecciones del 2012.En el 2011 se denunciaron 2 mil 631 delitos y fue el
periodo con mayor número de denuncias; el año 2012 fue el segundo, con 2
mil 451; mientras que el 2009, cuando también se realizaron elecciones,
ocupó la tercera posición con mil 359 denuncias de tipo electoral.
En lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto,
con fecha de corte al 9 de marzo del 2018, ya se han acumulado 7 mil 044
carpetas de investigación a causa de presuntos delitos electorales, de
los que la mayoría de ellos ocurrieron en elecciones locales, aunque la
estadística revela que durante las elecciones federales del 2015 se
registró uno de los picos más elevados de este tipo de delitos durante
el sexenio, al registrarse mil 465 denuncias. Así, desde enero de 1997 a
febrero del 2018, en todo el país se han abierto 22 mil 444 carpetas de
investigación por presuntos delitos electorales, 16 mil 170 de ellos
ocurrieron en los dos últimos sexenios.
En el comparativo histórico de delitos electorales investigados que
registra la FEPADE, se señala que durante los últimos cuatro años
(1997-2000) del sexenio de Ernesto Zedillo, se abrieron sólo 2 mil 012
carpetas de investigación por este tipo de ilícitos.
Durante la administración del presidente Vicente Fox, el total de
delitos electorales se ubicó en las 4 mil 262 averiguaciones previas, de
los que sus máximos históricos fueron ubicados durante las elecciones
federales del 2003 y 2006, cuando se abrieron mil 155 y mil 179 carpetas
de investigación, respectivamente.
Sanciones para mapaches electorales
Las penas por la comisión de delitos en materia electoral, esipuladas
en la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) y en el
Código Penal Federal van desde el pago de multas de 50 días, hasta los 9
años prisión.
Ambos marcos normativos detallan las acciones que suelen realizar
operadores electorales también llamados “mapaches”, los cuales durante
las jornadas electorales buscan cambiar el sentido del voto a favor de
algún partido político o de algún candidato, mediante la compra del
voto, solicitando previamente credenciales para votar o alterando el
conteo de los comicios.
La FEPADE ha tenido que enfrentar este tipo de delitos, los cuales
atentan contra el derecho al voto de la ciudadanía que se intensifica al
inicio de los procesos electorales tanto locales como federales.
Uno de los delitos electorales que también ha ido al alza es la
creación y divulgación de información falsa, la cual también es
considerada un delito.
Pese a que la creación de información falsa se ha incrementado en los
últimos procesos electorales, compartida principalmente en plataformas
digitales como Facebook, Twitter o WhatsApp, la FEPADE informó que por
este delito no ha realizado ninguna averiguación previa.
La divulgación, de manera pública y dolosa, de noticias falsas en
torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus
resultados, es un acto ilícito de acuerdo con la fracción 10 del
artículo 8 de la LGMDE y podría llevar al responsable a pasar hasta 6
años en prisión.
Comparables a otros ilícitos
Para poner en perspectiva la forma silenciosa en que han venido en
aumento los delitos electorales en los últimos 22 años, baste su
comparación con otros ilícitos, como los cometidos por la delincuencia
común, en donde resalta que los 392 delitos electorales cometidos
durante 1997 casi igualan la cifra alcanzada por los asaltos a bancos en
ese mismo año, que fue de 438.
En el cruce de datos también se revela que los 848 delitos
electorales cometidos en el 2000 casi triplican el número de asaltos
bancarios que se registró en ese mismo año, los que ocurrieron en 332
eventos delictivos, y supera por mucho los 583 delitos contra la salud
de los que tuvo registro ese mismo año el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP).
Los delitos cometidos por ciudadanos, con la intención de cambiar el
curso de las elecciones federales en el 2015, tipificado en mil 465
delitos electorales, representa casi el doble de los 763 asaltos sin
violencia que se cometieron contra transportistas registrados en todo el
país en ese mismo año, y fueron casi cuádruple de las lesiones culposas
cometidas con arma de fuego en ese año.
La mayor cantidad de ilícitos electorales registrados durante los seis años del gobierno de Felipe Calderón ocurrieron en el año previo al final de su mandato, antes de las elecciones del 2012
Otro comparativo que revela el repunte de los delitos electorales son
los 628 delitos de este tipo cometidos en el 2017, que son más del
doble de los 309 asaltos con violencia cometidos contra bancos en ese
mismo año, y equivalen a casi el doble de los 333 robos con violencia
cometidos contra automovilistas particulares en todas las carreteras del
país el mismo año pasado.
Recurrencia de faltas
De todos los delitos electorales cometidos desde 1997 a la fecha, de
los que da cuenta la respuesta oficial de la FEPADE, el que mayor
incidencia registra, es el que se refiere a la violación del artículo
411 del Código Penal Federal que estipula una sanción de hasta siete
años de prisión y hasta 200 días de multa a quien “por cualquier medio
altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores”,
del que se han registrado 13 mil 287 denuncias por la presunta comisión
de este acto ilícito.
El segundo lugar de los delitos electorales que han sido investigados
por la FEPADE, es el que señala el artículo 403 en la normativa penal
federal, que señala como delito el acto de votas a sabiendas de que no
cumple con los requisitos de la ley, vote más de una vez, haga
proselitismo el día de la jornada electoral en el lugar de la casilla o
en el lugar donde estén formados los votantes para cambias su sentido
del voto.
En cuanto a la aplicación de la Ley General en Materia de Delitos
Electorales (LGMDE), la violación al artículo 13 en su primera fracción
es la que más ha sido investigada por la Fiscalía Especializada en esta
materia; en total, han sido mil 021 los casos, concernientes a la
alteración del Registro Federal de Electores o Listado de Electores y
también por la participación en la “expedición ilícita de una o más
credenciales para votar”, delitos que señala el artículo citado.
Otras 14 denuncias por la violación al artículo 13 de la LGMDE
corresponden a su fracción segunda, la cual indica la comisión de un
acto ilícito cuando alguien “altere, falsifique, destruya, posea, use,
adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera ilegal,
archivos o datos de cualquier naturaleza, relativos al Registro Federal
de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores”.
En la lista de delitos electorales, la FEPADE también incluyó mil 695
incidencias que no fueron clasificadas en el Código Penal Federal y la
LGMDE. En su respuesta vía ley de transparencia, catalogó estos casos
como “diverso al electoral sin fracción”.
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