Angélica Jocelyn Soto Espinosa Cimacnoticias | Ciudad de México.- En
México, la desigualdad de género es tan estructural que aun cuando los
derechos económicos, sociales y culturales de este país no están
garantizados para nadie, su incumplimiento es todavía mucho mayor cuando
se trata de las mujeres, de acuerdo con información recabada por más de
150 organizaciones.
El día de ayer y hoy, el Estado mexicano es sometido a una evaluación
por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (Comité DESCA), de la ONU, en Ginebra, Suiza, que entre
otros temas, revisa el cumplimiento de los Estados de sus obligaciones
contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC), un tratado internacional que México ratificó desde
1981. La última vez que se revisó el estado de estos derechos en México
–garantías básicas para la vida digna- fue hace 12 años.
En paralelo a esta revisión, más de 150 organizaciones de la sociedad
civil entregaron un informe alternativo (sombra) a este Comité, en el
que demuestran múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales
y culturales que cometió el Estado mexicano por acción y omisión, así
como otros actores no estatales como las empresas.
El informe señaló que el Estado mexicano incumplió el artículo 3 del PIDESC, sobre equidad e igualdad de género.
Angélica Jocelyn Soto Espinosa Cimacnoticias | Ciudad de México.-Los
Estados y las empresas son quienes menos invierten recursos e
investigación para contribuir a la igualdad de género desde los medios
de comunicación, por lo que gran parte de los escasos avances ha corrido
a cargo de las periodistas, las feministas y las investigadoras.
Así lo evidenciaron especialistas en comunicación y género durante el
62 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), que se lleva a cabo del 12
al 23 de marzo en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.
Al participar esta mañana en la mesa “Mujeres y medios de
comunicación”, integrantes de la Red Internacional de Periodistas con
Visión de Género (RIPVG) de España, Argentina y México, revisaron los
pendientes en el cumplimiento del capítulo J de la Plataforma de Acción
de Beijing, que habla sobre las mujeres y los medios de comunicación.
Las periodistas de esta Red coincidieron en que a 23 años de que los
Estados acataran las obligaciones contenidas en la Cumbre de Beijing de
1995, ellas han documentado estancamiento, retroceso y nuevos obstáculos
para lograr la igualdad de género en los medios de comunicación.
Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- La
Cámara de Diputados aprobó modificar el artículo 11 de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) a fin
de enunciar como violencia laboral la negativa de contratar a mujeres
por motivos de embarazo.
El pasado 9 de marzo, la Cámara baja aprobó la modificación para
agregar al conjunto de acciones que constituyen violencia laboral “las
conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT)”.
De acuerdo con la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara baja,
que elaboró el dictamen, esta ampliación permitirá reconocer como
violencia laboral la exigencia a las mujeres de presentar certificados
médicos de embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo;
incluso al despido de una trabajadora o coacción de renuncia por
motivos de embarazo, cambio de estatus civil o cuidado de los hijos.
En adelante el artículo 11 de esta Ley dirá que constituye violencia
laboral: “la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su
permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del
trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las
conductas referidas en la LFT, la explotación; el impedimento a las
mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y
todo tipo de discriminación por condición de género”.
Angélica Jocelyn Soto Espinosa Cimacnoticias | Ciudad de México.- A
un año del incendio en la casa hogar “Virgen de la Asunción” en
Guatemala –que cobró la vida de 41 niñas- el Estado guatemalteco ha dado
una respuesta “lenta e incompleta” a las recomendaciones que le hizo la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la
protección y el bienestar de las familias y las sobrevivientes.
El 7 de marzo de 2017, cuando miles de mujeres se preparaban para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo, un
incendio en la casa hogar “Virgen de la Asunción” en Guatemala cobró la
vida de decenas de niñas. Días antes, habrían iniciado protestas y un
intento de huida por los abusos, incluso sexuales, que padecían al
interior de esta casa hogar.
A un año de los hechos, la CIDH advirtió en una comunicación pública
que el Estado guatemalteco ha dado una respuesta “lenta e incompleta”
para cumplir las medidas que le solicitó a fin de reparar el daño a las
familias y a las sobrevivientes. Estas acciones están contenidas en la
medida cautelar No, 958.16 que el organismo internacional otorgó a las
familias el 12 de marzo de 2017.
Entre las medidas se encuentran: prestar atención y tratamientos
adecuados a las niñas que habían resultado con graves quemaduras u otras
afectaciones psicológicas por el incendio; emprender medidas efectivas
para promover la reintegración de las niñas a sus familias cuando sea
posible y con los apoyos necesarios, además de identificar alternativas
de cuidado que sean más protectoras; y que informe sobre las acciones
para investigar los hechos y evitar su repetición.
Teresa Mollá Castels*Cimacnoticias | Ontinyent, Esp.- Después
del éxito de la pasada huelga feminista del 8 de marzo, toca aterrizar
de nuevo en lo cotidiano. Y en ese aterrizaje, al menos yo, me he
encontrado con mucha mezquindad.
No quiero ser pesimista, no es mi estilo, pero escuchando y
analizando no ya solo los resultados de la huelga histórica, sino el día
a día de la política, observo el grado de parálisis legislativa al que
se ha llegado.
La falta de aprobación de presupuestos generales va mucho más allá de
la aprobación de las cuentas del Estado. Conlleva la paralización de la
puesta en marcha de proyectos y acuerdos previos. Y entre esos acuerdos
está el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el
pasado otoño.
Y no pasa nada porque ese Pacto de Estado no se ponga en marcha. Ni
siquiera en los aspectos en los que no se necesita de la aprobación de
los presupuestos generales. Y no pasa nada porque, al menos la impresión
que a mí me da, es que no existe voluntad política de ponerlo en marcha
por parte de la gente que nos gobierna. Esa gente mediocre que es capaz
de hacer chantaje emocional con un tema tan delicado como lo son los
asesinatos de las mujeres y las niñas para intentar que otros partidos
les apoyen las cuentas.
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