Francisco López Bárcenas
Una emboscada contra
los integrantes de la Unión de cooperativas Tosepan Titataniske en la
Sierra Norte de Puebla; un desalojo y la apertura de una carpeta de
investigación por supuestos delitos contra habitantes de Temacapulín, en
el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco; un desalojo violento por
la policía de los integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna
en Defensa de la Vida y el Territorio, que protestaban en el ejido La
Aurora contra del Proyecto Chemours Laguna, que comprende la instalación
y operación de una planta química dedicada a la producción de cianuro
de sodio, en Gómez Palacio, Durango. Son tan sólo tres ejemplos de que
la criminalización de la protesta social por parte del gobierno sigue
adelante contra todos aquellos que se opongan a sus políticas de despojo
y depredación de los recursos naturales.
La agresión contra los miembros de la Unión de Cooperativas Tosepan
Titataniske sucedió la noche del domingo 4 de marzo, al filo de las 19
horas, en una zona conocida como La Cumbre, cercana a las inmediaciones
del entronque de la carretera Interserrana, que conecta a Cuetzalan con
Teziutlán. De acuerdo con la información difundida por los afectados, un
grupo no identificado que se encontraba emboscado disparó al menos en
seis ocasiones contra una camioneta que regularmente ocupan los
directivos de la organización, lo que hace suponer que el atentado iba
dirigido contra ellos. Sólo que en esta ocasión quienes iban en la
camioneta eran un promotor de la cooperativa y el chofer de la
camioneta, quien resultó herido en un brazo y aun así logró conducir el
vehículo hasta un taller mecánico, alejándolos de sus agresores y
salvándolos de consecuencias mayores.
En relación con la agresión contra los habitantes de Temacapulín, el 6
de marzo un grupo de ellos fue citado a comparecer ante el Ministerio
Público de la Fiscalía Regional Altos-sur, con sede en Tepatitlán de
Morelos, acusados del delito de obstrucción a las vías de comunicación.
El abogado de los imputados descubrió que los hechos por los cuales se
abrió la carpeta de investigación sucedieron el 28 de febrero, cuando
los habitantes de Temacapulín cerraron el paso a los camiones con los
que los trabajadores estaban sacando la arena del río, despojándolos de
sus recursos naturales, sin dejarles a cambio ningún beneficio, pero la
carpeta se había iniciado el 6 de febrero, 22 días antes de los hechos.
Tras las denuncias públicas de esta arbitrariedad, el asesor jurídico
fue amenazado, por alguien que desde el anonimato le reprochaba que
estuviera calentando la plaza.
El 9 de marzo, en el contexto de una protesta convocada por el
Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el
Territorio en contra del Proyecto Chemours Laguna, el cual comprende la
instalación y operación de una planta química dedicada a la producción
de 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año, en el municipio de Gómez
Palacio, Durango, granaderos estatales y municipales reprimieron y
detuvieron a varios de los protestantes. Los hechos sucedieron alrededor
de las 10 de la mañana en el Ejido La Aurora, cuando alrededor de medio
millar de personas se manifestaban contra el proyecto y las autoridades
que habían facilitado los permisos para el funcionamiento de la planta.
Los inconformes argumentan que el cianuro de sodio es uno de los
venenos más potentes del mundo que genera daños irreversibles a la salud
y al ambiente, y cuya producción en la Comarca Lagunera podría afectar a
los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a las poblaciones
vecinas.
Lejanas geográficamente y protagonizadas por actores sociales
diversos, la criminalización de la protesta social guarda muchos rasgos
en común. En los tres casos se trata de organizaciones y movimientos
sociales que resisten la instalación de megaproyectos en sus territorios
y el despojo de sus recursos naturales; las dos primeras con décadas de
resistencia. Esa podría ser una razón que explicara la agresión. Pero
puede ser otra: enrarecer el panorama político, sembrando el miedo entre
la sociedad para que aquellos que piensan se inmovilicen y no salgan a
votar en las elecciones de julio próximo. No hay que olvidar que antes
de ellos reprimieron a los integrantes del Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, en el estado de Guerrero,
al Comité de Defensa de los Derechos Indígenas de la Sierra Sur, en
Oaxaca, y a otros que no se conocen. En todos los casos mencionados la
táctica utilizada es la misma.
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