Surgen las redes regionales de resistencia ciudadana

Víctor M. Toledo

Entre las novedades de los recientes días destacan varios acontecimientos que vienen a confirmar lo que ya prefigurábamos en la larga construcción del poder social o ciudadano en México: la aparición a lo largo y ancho del país de redes regionales de resistencia ciudadana (R3), que es la consecuencia directa de muchos años de esfuerzos y batallas colectivas. En efecto, sólo en el fin de semana ocurrieron tres eventos que lo confirman: la realización de la Asamblea Autónoma de Pueblos de la Cuenca de México, el Foro en Defensa del Agua en Guanajuato, cuya base organizativa es la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, y el bloqueo carretero convocado por el Frente Unido de los Pueblos de la Laguna en contra de la Chemours Company, que pretende construir una fábrica de cianuro (65 mil toneladas anuales) para alimentar a la industria minera y metalúrgica. En paralelo, la semana pasada hicimos un corte de la observación que realizamos desde 2011 sobre los conflictos socioambientales del país y arribamos a 560 casos de conflictividad (y resistencia), es decir, un aumento notable de los lugares donde ocurren fricciones entre proyectos (privados y/o estatales) y comunidades afectadas que se resisten. Se trata de batallas locales que, como veremos, están dando lugar a una forma superior de defensa y organización social: las redes regionales que agrupan ya en una escala mayor a decenas y a veces cientos de comunidades, cooperativas o núcleos organizados de escala local.

Alcanzo a visualizar casi una veintena de redes regionales que ilustran esta nueva fase de resistencias ecológico-políticas, que son, por supuesto, iniciativas en defensa de los territorios, la cultura y las autonomías locales, municipales y microrregionales. Además de las dos redes ya mencionadas en La Laguna y en Guanajuato, se debe citar a los Pueblos en Defensa del Territorio de la Huasteca y el Totonacapan, en la Sierra Madre Oriental, y al Frente Hidalguense de Comunidades, en esa porción de la República. En la capital del país, a la Asamblea Autónoma de Pueblos de la Cuenca de México, que agrupa a las comunidades rurales de Ciudad de México y a las poblaciones indígenas urbanas, representando a 18 pueblos originarios de la demarcación, en su mayoría agrícolas y forestales. Organizaciones sociales y colectivos ciudadanos crearon el Movimiento para la Defensa del Agua, del Territorio y la Vida (Modatv), que buscará derogar la privatización del líquido en Puebla e impulsar una nueva ley de aguas estatales.

Además está la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, con 38 comunidades luchando por la autonomía y el agua. En Oaxaca destacan las históricas organizaciones en defensa de los territorios de la Sierra Norte y más recientemente la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda), que agrupa a 16 comunidades de los Valles Centrales, que luchan por un acceso justo al vital recurso acuífero a partir de prácticas comunitarias. En la entidad están también las resistencias del Istmo de Tehuantepec contra los proyectos eólicos encabezados por la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (Apiidtt). En Chiapas por lo menos deben citarse, además de los caracoles zapatistas, las dos iniciativas de la iglesia progresista en su porción norte: la Misión Jesuita y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), que agrupa a miles de indígenas de 11 municipios. Más recientemente, la batalla ganada por los pueblos zoques de 13 municipios que lograron detener la reforma energética y la explotación del petróleo en su territorio. En la península de Yucatán están las resistencias de las comunidades mayas productoras de miel contra la soya transgénica y, más recientemente, el frente contra los proyectos corporativos de energía solar y eólica. La máxima expresión de estas redes regionales de resistencia se alcanza en la Sierra Norte de Puebla con el frente de 232 comunidades nahuas y totonacas animadas por sólidas organizaciones como el Consejo Maseual Altepetapianij para la Defensa del Territorio y el Consejo Tiyat Tlali.

Todas estas iniciativas son legítimos movimientos sociales por la vida, con independencia de los partidos políticos y bajo esquemas de toma de decisiones colectivas, que ofrecen una lección al resto del país y del mundo. También anuncian formas inéditas u olvidadas de auténtica democracia desde abajo que hoy comienzan a tomar forma ahí donde las ciudadanías deciden participar en la modalidad independiente en la elección de presidencias municipales y de diputaciones locales. No debe omitirse que esta nueva fase de la resistencia civil es consecuencia de muchos años de luchas puntuales y de esfuerzos de apoyo y comunicación como la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) y el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que llegó a celebrar 15 audiencias en diferentes partes del país entre julio de 2012 y octubre de 2014, a las que asistieron en conjunto unas 400 organizaciones del ambientalismo popular. De igual manera debe reconocerse la campaña nacional promovida por Serapaz en 2016 en defensa de la vida y los territorios. La gran pregunta es, sin embargo, cuándo (y cómo) este enorme vigor de la sociedad en movimiento logrará concretarse en una poderosa fuerza de escala nacional capaz de incidir no sólo en la anulación conjunta de tantos proyectos depredadores, sino en las políticas públicas y en la modificación y reformulación de tantas leyes gestadas para permitir esas depredaciones ambientales y sociales. Mientras, seguiremos lanzando desde nuestras trincheras miles de espejos para que la sociedad logre mirar(se) y reconocer el enorme poderío que adquiere en cuanto se organiza y transita la defensa de los bienes comunes.