3/15/2018

Los periodistas pal café. . .

Alas seis de la mañana con 49 minutos de este martes, Ricardo Anaya Cortés puso un video, ya editado, respecto a algo que había sucedido tres horas y unos minutos antes. El virtual candidato presidencial panista (falta la aprobación del Instituto Nacional Electoral) denunciaba en Twitter: Este es el nuevo capítulo de la guerra sucia del PRI. A las 3:30 am, regresando de la gira de Alemania, me estaba esperando un grupo de choque para agredirme en el aeropuerto. Le exijo al PRI que juegue limpio y a la PGR y al Presidente que saquen las manos del proceso electoral (https://goo.gl/fhViqt). 
En la correspondiente grabación se puede ver, durante 15 segundos, a un reducido grupo de personas, principalmente mujeres, que muestran pancartas de protesta contra el político de derecha señalado, sin acusación formal de las autoridades federales, de lavado de dinero en una operación de venta de una nave industrial en Querétaro. El muy pequeño grupo muestra un desgano que no parecería proporcional respecto a las acusaciones anayistas de que detrás de esa madrugadora escena estarían el PRI, la PGR y Enrique Peña Nieto. Con una osadía que no le permitirían las bravas mujeres de los comités priístas o provocadores bien pagados, Anaya manoteó sobre sus pancartas, ante lo cual se mostraron huidizas, como si solamente estuvieran cumpliendo por compromiso algún montaje de comedia mal pagada. 
El episodio permitió al viajero Anaya insistir en su posicionamiento como víctima del sistema, como perseguido político: Por algo nos tienen miedo, no quieren que lleguemos, dijo el habilidoso negociante de bienes inmobiliarios, a quien otro habilidoso manejador de dineros, el senador ebrardista, ahora en Morena, Mario Delgado, ha asestado otro golpe mediático al mostrar la residencia en que vivió la familia de Anaya en Atlanta, Estados Unidos. 
Menor suavidad hubo en el trato que el gobierno federal habría dado al abogado Santiago Nieto Castillo, según éste ha relatado al Wall Street Journal. Nieto era titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el 20 de octubre del año pasado fue removido del cargo por instrucciones de Alberto Elías Beltrán, ocupante interino (que sigue en ese puesto) de la Procuraduría General de la República que, a su vez, había visto renunciar a Raúl Cervantes Andrade. 
No se necesita un detective de novela para encontrar un hilo conductor en estos acontecimientos: el 16 de octubre de 2017, Cervantes Andrade dejó la PGR, luego de anunciar que había concluido las diligencias relacionadas con las acusaciones de que la multinacional Odebrecht habría sobornado a políticos mexicanos, entre ellos al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien había sido coordinador de relaciones internacionales en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El renunciante Cervantes Andrade, al precisar que las indagaciones sobre el caso estaban concluidas, aseguró que en próximos días se harían las imputaciones correspondientes (lo que, a cinco meses, no ha sucedido). 
El sucesor, a título interino, de Cervantes Andrade, apenas comenzaba a acostumbrarse a su nuevo escritorio cuando hizo cesar al fiscal de asuntos electorales, Santiago Nieto, quien insistía en ahondar en las acusaciones de que parte de los sobornos de Odebrecht habrían llegado a las finanzas de la campaña presidencial del priísta Enrique Peña Nieto. De un manotazo fue botado de esa fiscalía. 
Ahora, Santiago Nieto (sin relación familiar con el ocupante de Los Pinos) ha revelado que un enviado de la Secretaría de Gobernación de México (Jorge Márquez, quien ya no trabaja en Bucareli, como tampoco su entonces jefe, Miguel Ángel Osorio Chong) le ofreció dinero para que guardara silencio y se alejara del conflicto derivado de su expulsión de la Fepade. El ex fiscal Nieto asegura que rechazó ese ofrecimiento económico. Luego, a su esposa le llegaron fotografías del ex funcionario con otra mujer y testimonios de correos electrónicos con textos de coquetería con otras mujeres. Hubo divorcio. También le enviaron mensajes con amenazas de muerte. 
El ex gobernador priísta de Chihuahua, César Duarte, ha recibido similar trato amable, parecido al dado por el peñismo al expediente Odebrecht, que en otros países ha provocado renuncias y cárcel a encumbrados funcionarios y ex funcionarios. La PGR ha sido benevolente con el otro Duarte, a pesar de las pruebas de que, siendo gobernador, creó un fideicomiso de más de 60 millones de pesos para capitalizar a Unión Progreso, una institución financiera, luego convertida en banco regional, donde el gobierno federal llegó a depositar más de 86 mil millones de pesos. Tan favorecida empresa particular terminó como propiedad del propio mandatario estatal tan generoso con ella. Ahora, la PGR ha solicitado no ejercer acción penal contra César Duarte ni su entonces secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral. 
La Secretaría de Marina ha puntualizado, con todas sus letras, el proceso de dominación de la vida electoral y política por parte del crimen organizado. Durante un foro organizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el contralmirante Martín Barney Montalvo, director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de esa secretaría, declaró que “los capos se convierten en algunos lugares en actores políticos de facto, con capacidad de influir en el sector económico y social; a veces, el capo llega a usar su influencia para apoyar alguna campaña política de algún candidato, de quien se espera alguna subordinación; en este caso, el capo socava la legitimidad del Estado, al mismo tiempo que gana impunidad para imponer su autoridad e influir en la vida de los ciudadanos, quienes ven debilitado al gobierno”. ¿Es necesario agregar algo a lo señalado por el contralmirante Barney? Y, mientras en días pasados Nayib Bukele, aspirante a presidir El Salvador, se refería de ruda manera a Enrique Peña Nieto, como hechura mediática y fracaso político, ¡hasta mañana! 
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En cinco años el Tren Interurbano México-Toluca ya se encareció 55 por ciento, aparte de que se ha desarrollado sin respetar estándares de transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo con un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicado ayer. El controvertido secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, presupuestó 38 mil millones de pesos para todo el proyecto. Para este año el gasto se había disparado a 59 mil millones. El incremento hace inviable el tren, porque son mayores los costos que los beneficios. Este caso cobra relevancia porque hoy la Cámara de Diputados tiene en su agenda la designación del auditor superior, el que revisa los gastos del gobierno. Previamente fueron palomeados tres candidatos, Ángel Trinidad Zaldívar, Arturo Orci Magaña y David Colmenares Páramo, pero son cuatachones –dicen grupos de legisladores– de Manlio Fabio Beltrones y de Emilio Gamboa Patrón, o de otros jerarcas priístas. Se requiere un auditor que ponga lupa en los números y que exija que se devuelva al patrimonio público lo mal habido por funcionarios inmorales y, en su caso, promover su consignación penal. Diputados de PAN, PRD y Morena exigen que se reponga el procedimiento completo, lo que incluye nuevos candidatos. Sin embargo, la aritmética de los votos parece que se inclinará en favor del PRI y aliados. Lo que significaría que en los próximos años (¡hasta 2025!) las cuentas del gobierno serían revisadas por un auditor (muy) cuatachón. En cuyo caso nunca conoceríamos la verdad sobre el Tren Interurbano. Ni otras. 
La socia de Slim 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) acusó de fraude a la compañía Theranos y a su fundadora, Elizabeth Holmes, quien fuera conocida como la socia más joven de Carlos Slim, por recaudar más de 700 millones de dólares de inversionistas mediante un elaborado fraude de varios años, de acuerdo con un reporte de la revista Forbes. La mujer y el ex presidente de la firma, Ramesh Sunny Balwani, exageraron o hicieron declaraciones falsas sobre la tecnología, el negocio y el desempeño financiero de la compañía. Theranos y Holmes han acordado resolver los cargos en su contra, dijo la SEC en Miami, donde se interpuso la demanda. Las denuncias alegan que Holmes y Balwani hicieron numerosas declaraciones falsas y engañosas en presentaciones de inversionistas, demostraciones de productos y artículos de medios por los cuales engañaron a los inversores haciéndoles creer en su producto clave, un analizador de sangre portátil, indica el documento de la comisión citado por Forbes. Theranos creó una alianza estratégica con la Fundación Carlos Slim para la implementación de dicha tecnología, para realizar con una gota de sangre extraída sin agujas y sin dolor, un amplio número de pruebas de laboratorio a un costo muy bajo. Dicen por ahí: lo barato cuesta caro. 
Las revelaciones del ex fiscal 
Intentaron comprarme para que guardara silencio, dijo Santiago Nieto al periodista Juan Montes, de The Wall Street Journal. Lo siento, pero no puedo recibir dinero de Peña Nieto, habría dicho tambien. El destituido titular de la Fepade llevaba el expediente de la compañía brasileña Odebrecht y el supuesto cohecho que pagó al ex director de Pemex Emilio Lozoya.

En la Consar y en Pensionissste defienden la tesis –por llamarla de algún modo– de que la inyección de 400 millones de pesos del ahorro de los trabajadores al servicio del Estado al consorcio privado Ingenieros Civiles Asociados (ICA) cumplió con la normatividad vigente, y que al final de cuentas fue una bicoca si se compara con el saldo de dicho ahorro administrado por la citada Afore. 
Como bien lo detalla La Jornada (Israel Rodríguez), esa inversión por alrededor de 20 millones de dólares (cerca de 400 millones de pesos) derivó en un quebranto para los trabajadores, debido a que ICA fue suspendida en el mercado bursátil mexicano y sus acciones carecen de valor. 
Sin embargo, tanto la Consar como Pensionissste justifican que el uso de tales dineros representan una mínima parte (0.2 por ciento del portafolio de la Afore del Estado), y en términos del ahorrador significó un costo de 0.1 por ciento del rendimiento (Carlos Ramírez dixit). 
Para dichas instituciones el punto central no es si los ahorros de los trabajadores se fueron al caño, sino que la pérdida fue pequeña, mínima, casi un suspiro. 
Pensionissste y la Consar presumen que la Afore del Estado cuenta con 200 mil millones de pesos de portafolio de inversión, de tal suerte que la pérdida de 400 millones resulta una bicoca, porque siempre hay riesgo (otra vez el brillante Carlos Ramírez dixit). Sí, desde luego, y más si se invierte en una empresa quebrada. 
Si se considera el saldo del citado portafolio y el número de aforados en Pensionissste (alrededor de 2 millones de trabajadores), entonces cada uno de ellos, en promedio, tendría 100 mil pesos, que distribuidos en 12 meses les significaría algo así como 8 mil 333 pesos. 
Con esa base, el rescate de ICA –casi un suspiro– se llevó a varios trabajadores entre las patas, pero no a los funcionarios que tomaron la sesuda decisión de salvar al consorcio privado (el cual, por cierto, se mantiene en el suelo), porque el dinero sacrificado no es de la Afore ni de la Consar, mucho menos de sus cabezas visibles, sino de los ahorradores. 
Lo anterior, en el mejor de los casos, porque la pensión mínima garantizada por el Issste es de alrededor de 4 mil pesos mensuales (en el IMSS de 2 mil pesos, aproximadamente), de tal suerte que el rescate de ICA se comió el equivalente a 100 mil pensiones mensuales, lo que ni de lejos resulta ser una bicoca ni un suspiro. 
La situación descrita apenas si es una muestra del desbarajuste pensionario en el país, sin olvidar que en 1997, cuando dio el banderazo de salida al negocio privado de las pensiones, Ernesto Zedillo presumió que el régimen de las Afore “es la gran solución social al México moderno de hoy, (pues) se trata de un sistema para el futuro, moderno, ágil, transparente y, sobre todo, justo, mediante el cual los trabajadores (…) tienen la seguridad de que a su retiro tendrán una pensión justa”. 
Dos décadas después de tan atinado comentario, la realidad indica que la justicia pensionaria en México se tasa en 2 mil pesos mensuales en el IMSS y 4 mil en el Issste, aunque en otros casos –como el de la burocracia dorada– se pagan pensiones cercanas a 300 mil pesos cada 30 días. 
Ante este tétrico panorama es necesario recordar que seis de cada 10 trabajadores mexicanos en edad y condición de laborar no tienen ninguna posibilidad futura de pensionarse; han quedado fuera de la jugada, porque sobreviven en la informalidad. 
Cómo estará el ambiente, que en 2015 (año en el que Pensionissste invirtió en acciones del consorcios quebrado ICA) la OCDE, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo divulgaron su estudio Un vistazo a las pensiones en América Latina y el Caribe, en el que detallaban que entre los 26 países de la región considerados en el estudio México se ubica en el lugar 25, es decir que el resultado de nuestra nación en este renglón resultaba peor que el de Haití. El último lugar correspondió a República Dominicana. 
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) analizó el sistema pensionario mexicano (con información al 31 de diciembre de 2013) y entre sus conclusiones destaca que el promedio ponderado de la tasa de remplazo (monto de la pensión a recibir con respecto al último salario) que obtendrán los trabajadores al momento de su retiro mediante el régimen de pensiones de contribución definida (Afore) será de 22.2 por ciento, situación que ubicará a México en el último lugar de los 34 países que integran la OCDE.

De la definición de poesía de que el que escribe poesía se haya hecho dependerá el estilo, pero también la calidad, de la propia poesía que él mismo, ¿quién más?, hace. 
Si dicho personaje se ha hecho de una definición lo suficientemente precisa (y bien sabemos las dificultades que tal ¿acción, propósito, despropósito? conlleva), su poesía tenderá a un modo preciso de expresión, a una expresión poética precisa. 
Mas por lo general quienes escriben poesía (adrede eludo el término poeta) no tienen claro, ni siquiera para ellos mismos, lo que la poesía sea. Y entonces sus escritos, no diré sus poemas, vagos tienden a ser, a ensoñar sin realidad concreta en qué poner los pies, en donde aposentarse.


El martes pasado, por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionales las revisiones a personas y vehículos por parte de efectivos policiales aunque éstos no cuenten con órdenes judiciales, siempre que exista una sospecha razonable de que en ese mismo momento se está ante la comisión de un delito o cuando haya una suposición razonable de que el individuo oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. Tal fue la respuesta a las acciones de inconstitucionalidad previamente interpuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) a las disposiciones contenidas en los artículos 132, 147, 251, 266 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

En memoria de Stephen Hawking 
Una mente cósmica en un cuerpo fallido, así se fue el gran físico Stephen Hawking, allá donde pueda ver el oscuro confín cuajado de luces, ignoto laberinto del universo. Descanse en paz.

Hay quienes nos quieren vender (o quizá regalar) la idea de que si antes la alianza política fundamental era PRI-PAN, ahora es PRI-Morena. Me temo que no han entendido nada de política ni de partidos; mucho menos de candidatos. Bastaría revisar la trayectoria y los discursos de Meade y Anaya para convencernos, sin lugar a dudas, de que proponen lo mismo, con la diferencia de que Meade sí sabe economía y Anaya no tiene ni idea de cómo se come (ver el excelente artículo de José Blanco del martes pasado en estas páginas). Pero más allá de las diferencias disciplinarias de los candidatos del sistema dominante, sus proyectos de país son muy semejantes. De los perredistas diría lo mismo, pero entre estos y los anteriores hay una diferencia importante: el PRD no propone nada significativo y diferente, y aquello que podría distinguirlo del PAN lo perdió con su alianza con éste (por ejemplo, los temas del aborto o de los matrimonios igualitarios). 

La conocía de leídas. Miguel Covarrubias, poeta, ensayista y magnífico traductor, presentó sus libros en el estudio del pintor Sergio Villarreal. Miguel me invitó al acto donde estaría Beatriz Gutiérrez Müller hablando de sus libros y de literatura. 

El 19 de febrero venció el plazo para entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) los apoyos ciudadanos que respaldaron la iniciativa del Concejo Indígena de Gobierno (CIG). En su último reporte público, el INE da cuenta de que 266 mil 114 personas firmaron para que la vocera del CIG, María de Jesús Patricio Martínez, apareciera como candidata independiente a la Presidencia de México en las boletas electorales del próximo julio. Dicho reporte también indica que más de 92 por ciento de los apoyos recibidos para Marichuy –como cariñosamente se llama a la vocera– son reales, legales y legítimos. 

En cuatro meses llegará el día cero. El gobierno ordenará el cierre de millones de grifos. La emergencia irrumpió entre la indolencia y la incredulidad. No hay agua. 

En referencia al abrupto retiro unilateral de Estados Unidos (2001) del Tratado Antibalístico (ABM) y su abrogación el 13 de junio de 2002, el presidente Vladimir Putin expresó en su discurso a la Asamblea Federal de Rusia (AFR) en 2018 que a lo largo de estos años hemos trabajado intensamente en el desarrollo de equipos y armas que nos permiten innovaciones en nuevos modelos estratégicos. Esto es una significativa modificación de la ecuación estratégica nuclear y convencional. El retiro del ABM tuvo efectos catastróficos que no pudo percibir a cabalidad el ultraderechista gobierno republicano de George W. Bush, encerrado en los diseños ideológicos y de regime change, tanto hacia fuera como en el interior del territorio estadunidense del Project for a New American Century (PNAC). 

Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, manifestó hace un año ante una audiencia universitaria estadunidense, que Washington no se ocupa de América Latina porque ésta es como un perrito echado en la alfombra que no da problemas. Añadió que la excepción es Venezuela. Kuczynsky y el impresentable secretario general de la OEA, Luis Almagro, coinciden en su feroz obsesión antivenezolana porque ambos tienen tejado de vidrio, carecen de autoridad moral y prestigio, y su único mérito es servir, ellos sí, a Estados Unidos como los canes más obedientes. 

¿Que tienen en común un amparo concedido para liberar a un presunto violador y un amparo concedido para que no se apliquen las fotomultas? Que se dictan sin importar su aceptación popular. Más allá de que sean correctas jurídicamente sus resoluciones, los jueces no pueden resolver pensando en si ello los volverá ídolos o villanos del pueblo que apenas tiene nociones de derecho positivo mexicano (3º de preparatoria): según el Inegi en CDMX el promedio de escolaridad es de 11.1 años por individuo, o sea que apenas comprenderá la diferencia entre un amparo indirecto, una suspensión de oficio, una provisional y una revisión de la Suprema Corte: se publicita que se amparó a un presunto culpable y todos odian al juez. 

Avanza el último año del actual gobierno y se advierte que es el año de Hidalgo. La febril subasta de las reservas y campos petroleros es la más publicitada, pero también se están haciendo negocios de largo plazo en el sector salud. Desde hace varios años el IMSS y el Issste han manifestado que pretenden ampliar su infraestructura hospitalaria o sustituir la vieja mediante contratos de asociación público-privados (APP), y ahora se han firmado. El costo de estos convenios es de 104 mil millones de pesos y comprometen durante 25 años recursos económicos cuantiosos de las instituciones firmantes. Estos pagos, además, son preferenciales sobre cualquier gasto y por ello pueden afectar otras actividades institucionales, incluso seriamente. El próximo gobierno podría terminar estos acuerdos, pero tendría que pagar una indemnización probablemente muy alta.

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