La Jornada
A mediados de 2015, cuando la empresa
constructora ICA se encontraba cerca de la quiebra, los directivos del
fondo de pensiones de los trabajadores del Estado (Pensionissste)
decidieron invertir 21.5 millones de dólares en acciones de esa
compañía. En ese momento ICA atravesaba por una circunstancia crítica:
el precio de sus acciones experimentaba una caída de alrededor de 50 por
ciento debido a la reducción del gasto gubernamental en infraestructura
y al incremento de la deuda de la empresa en dólares debido a la
depreciación del peso. A pesar de esas señales de alarma, los
responsables del Pensionissste invirtieron 400 millones de pesos en
acciones a un precio de siete pesos cada una, pero la corporación se
declaró en suspensión de pagos en diciembre de ese mismo año.
En agosto de 2017 ICA y sus filiales presentaron una solicitud de
concurso mercantil para su restructura, lo que significó la suspensión
en la cotización de sus acciones, cuyo precio quedó fijado en 1.48
pesos. Finalmente, la semana pasada un juez aprobó los convenios entre
la empresa y sus acreedores y a raíz de ello la participación de
Pensionissste y de otros accionistas de ICA quedó reducida a 0.01 por
ciento de la inversión original; en otros términos, los 400 millones
invertidos por el fondo de pensiones se redujeron a 4 millones, esto es,
a un centavo por cada peso que se gastó en la compra de los títulos. En
contraste, los inversionistas privados que decidieron sacar a flote a
la empresa constructora compraron deuda, no capital, y se verán
beneficiados por la restructuración de la compañía.
A decir de Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en su momento esa
dependencia examinó la referida compra de acciones y encontró que
cumplía con las normas vigentes. Tapen Shina, profesor del ITAM
especializado en gestión de riesgos y fondos de pensiones, dijo en
cambio que se habría debido evitar semejante inversión y que
debería haber alarmas en la gestión de riesgos dentro de Pensionissste.
Aunque se ha legalizado la bursatilización de los fondos de
pensiones y jubilaciones en el país, las operaciones correspondientes se
realizan en total opacidad y con una discrecionalidad que da pie a
sospechar de transacciones marcadas por el dolo y la corrupción, como
podría ser este caso, y a acciones orientadas a beneficiar a algunas
firmas a costillas de los ahorros de millones de personas.
En términos generales, jugar a la bolsa con el dinero de los
trabajadores –los del Estado y los del sector privado– podrá ser legal,
pero difícilmente esta práctica podría ser calificada de sensata o
ética. En los hechos, el actual sistema de ahorro para el retiro recibe
aportaciones del gobierno, de los empleadores y de los propios
trabajadores y las confía a ejecutivos y funcionarios que determinan a
voluntad la manera de invertirla, sin que los propietarios del dinero
sean consultados y ni siquiera informados de manera oportuna sobre los
destinos en los que se invierte. Como consecuencia, a más de 20 años de
implantado el sistema de ahorro para el retiro se determinó que las
aportaciones obligatorias eran insuficientes para garantizar
jubilaciones dignas, no sólo por el incremento de la esperanza media de
vida, sino también por las elevadas comisiones de administración que
cobran las Afores.
A la vista de la desastrosa inversión de Pensionissste en ICA y
habida cuenta de la insuficienia y disfuncionalidad del actual esquema
de pensiones, es claro que se debe proceder a su reformulación y
rediseño, así como a fortalecer los mecanismos de control para evitar
que vuelvan a ocurrir pérdidas millonarias como la comentada.
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