Pedro Miguel
Los elementos de juicio disponibles
indican que hay una pieza rota en el mecanismo de coordinación entre
las distintas facciones políticas del régimen oligárquico. El conflicto
en curso entre ellas ha alcanzado una virulencia sin precedente,
particularmente por la manera mañosa con que la PGR ha venido manejando
las acusaciones por lavado de dinero en contra de Ricardo Anaya y por
las demagógicas declaraciones de éste, que reviró poniendo la mira sobre
una presa fácil: Enrique Peña Nieto, sujeto del justificado rencor de
millones de mexicanos y a quien muchos celebrarían ver sujeto a proceso
por alguna o varias de las numerosas tropelías perpetradas durante su
administración. Semejante respuesta podría granjear al panista algunas
simpatías adicionales entre quienes no conocen su trayectoria de íntima
colaboración –que podría ser calificada de complicidad– con el peñato,
las reformas estructurales y la gigantesca corrupción de este sexenio y
el anterior, pero al mismo tiempo puede incrementar la virulencia
gubernamental en su contra y exacerbar el resentimiento del
calderonismo, agraviado por la manera en la que el panismo controlado
por Anaya cerró todas las puertas a una eventual candidatura
presidencial de Margarita Zavala.
El pleito sería digno de chunga y hasta de celebración si los bandos
involucrados se caracterizaran por el respeto al marco legal, por su
capacidad de dirimir sus diferencias en forma estrictamente
institucional y por su disposición a permitir que la última palabra
fuera dictada por el veredicto de las urnas. Pero no es así. El priísmo
tiene una marcada vocación por el quebrantamiento de las leyes para
reprimir y dar grandes mordidas al presupuesto y en los 12 años en los
que tuvo en las manos el gobierno federal el panismo –en sus diversas
corrientes– dejó sobrado testimonio de su rápido aprendizaje en materia
de ilegalidad, ya fuera por medio de fraudes electorales y uso
partidista de recursos públicos, uso faccioso de las instituciones de
procuración de justicia (el desafuero de Fox y el michoacanazo de
Calderón, por ejemplo), modalidades de saqueo del erario, elaboración
legislativa de diversas formas de encubrimiento y recursos a la
violencia pura y dura: al foxismo se le hizo fácil recurrir a la
represión brutal en Lázaro Cárdenas, Atenco y Oaxaca; Calderón no tuvo
escrúpulos para ensangrentar al país en el intento de conseguir alguna
legitimidad y Peña Nieto tiene un largo historial que pasa por Atenco,
Iguala y Nochixtlán.
Por lo demás, para nadie es un secreto que entre los grupos
políticos del régimen y la delincuencia organizada existen vínculos
extraoficiales en los que resulta difícil discernir quién está al
servicio de quién o cuál de las partes vende protección a la otra. De
seguro las cosas no son tan simples como lo sugirió en forma malévola el
despacho Strategic ForeCasting (Stratfor) en 2011, en pleno
calderonato, en un mapa que representaba el predominio de los cárteles en México: el litoral que va de Tamaulipas a Yucatán aparecía pintada de rojo (Zetas) con manchas verdes (Golfo), la costa del Pacífico venía coloreada de azul (cártel de Sinaloa) y el centro de Michoacán, de amarillo (Familia y Templarios). Pero
la descomposición institucional ha avanzado en forma alarmante en el
país de 2006 a la fecha y hoy el país está sembrado de cacicazgos,
bandas, grupos paramilitares y puntos rojos en los que, a escalas
municipal, estatal o federal, la institucionalidad política formal
ejerce el control territorial con o para la delincuencia.
En estas circunstancias no sería difícil que las pugnas internas del prianismo
derivaran, de no ser contenidas, en una generalizada ley de la jungla,
que es lo peor que podría pasarle al país cuando, para colmo, tiene
encima la beligerancia hostil y creciente de Donald Trump.
En este momento incierto la sociedad tiene ante sí dos tareas:
encarecerle a todas las facciones del régimen el uso de la violencia y
hacerles ver la inviabilidad política de cualquier intento de fraude
electoral. Se debe recurrir a la movilización pacífica para expresar el
rechazo terminante a todo episodio de violencia y a todo caso de
impunidad y se requiere una ciudadanía bien informada de los programas
en juego, organizada para vigilar el proceso electoral y segura de sus
opciones políticas, sean las que sean.
Twitter: @Navegaciones
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