Asa Cristina Laurell
Avanza el último año del actual gobierno y se advierte que es el año de Hidalgo. La febril subasta de las reservas y campos petroleros es la más publicitada, pero también se están haciendo negocios de largo plazo en el sector salud. Desde hace varios años el IMSS y el Issste han manifestado que pretenden ampliar su infraestructura hospitalaria o sustituir la vieja mediante contratos de asociación público-privados (APP), y ahora se han firmado. El costo de estos convenios es de 104 mil millones de pesos y comprometen durante 25 años recursos económicos cuantiosos de las instituciones firmantes. Estos pagos, además, son preferenciales sobre cualquier gasto y por ello pueden afectar otras actividades institucionales, incluso seriamente. El próximo gobierno podría terminar estos acuerdos, pero tendría que pagar una indemnización probablemente muy alta.
Prodemex, de Olegario Vázquez Raña, ganó tres contratos, dos del IMSS y uno del Issste. Él es también dueño del Grupo Empresarial Ángeles, que tiene 27 hospitales privados a lo largo del país. La constructora Marhnos adquirió dos contratos del IMSS. Esta empresa, de los hermanos Nicolás e Ignacio Mariscal Servitje, construyó el hospital Bicentenario en Ciudad Victoria, Tamaulipas, durante el sexenio de Felipe Calderón con un APP. La española Sacyr, recién establecida en México, se adjudicó tres contratos con el Issste. Por último GIA+A ganó uno de la misma institución para construir una clínica-hospital en Mérida. Esta empresa es además accionista mayoritaria (74 por ciento) de la que construyó el APP hospital regional de alta especialidad de Ixtapaluca, y su dueño es Hipólito Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas.
La justificación económica de los APP es que el gobierno no se endeuda, ya que las empresas ponen los recursos financieros, fondeándose vía prestamos en el mercado. Sin embargo, no se dice que la parte contratante –IMSS o Issste– paga a la contratista tanto el monto de su préstamo, como una tasa de interés muy alta y la renta de las instalaciones durante el plazo del acuerdo y la adminstración. Además, la obra y equipamiento generalmente tienen sobreprecio.
Veamos algunos datos de los documentos del IMSS recién firmados como aparecen en el tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2108, aunque algunos están protegidos por ser secretos comerciales, y por ello no están disponibles. La inversión total de los hospitales del IMSS es de 7 mil 188 millones, pero el costo de los contratos es de 55 mil 781 millones, sin actualizar por la inflación durante los 25 años de vigencia, o sea 7.8 veces mayor. La explicación es, precisamente, el pago del financiamiento, la construcción, el equipamiento, la renta de las instalaciones y la administración de las actividades no médicas. La obra y equipamiento tiene además un sobreprecio de mil 740 millones o 24 por ciento si se compara con el costo esperado. No se puede hacer un análisis semejante de los documentos del Issste porque, a pesar de aparecer en un documento oficial (PEF), no se proporcionan los datos reglamentarios. A ello se añade que varios de sus contratos sustituyen a los cancelados por incumplimiento.
Aparte del alto costo de los APP, antes llamados PPS (proyecto de prestación de servicios), es manifiesto que han tenido un sinnúmero de problemas. Ningún hospital se ha terminado a tiempo y todos los contratos han sufrido modificaciones con incremento de costos. El tiempo de inicio además ha sido muy prolongado. El hospital Bicentenario de Ciudad Victoria, contratado con Marhnos e inaugurado en 2011, tiene una ocupación muy baja y depende del presupuesto federal para los pagos a la empresa contratista. El de Ixtapaluca, con GIA+A e inaugurado en 2012, sigue sin poner en operación muchas áreas. Otro problema repetido es que las empresas contratistas han sido omisas en instalar equipos, ya que les cuesta menos pagar la sanción. Vale aclarar que los problemas de los hospitales APP no son exclusivos de México y se han presentado en casi todos los países donde se ha usado esta modalidad, por ejemplo, en Inglaterra, España y Suecia. El primer país tiene una crisis grave por la disminución de camas y obras inconclusas debido a los altos costos, mientras el escándalo más reciente se presenta con el nuevo hospital del Instituto Karolinska, de Suecia.
El sistema público de salud requiere urgentemente ampliar su capacidad de atención, pero no es con alternativas carísimas e inciertas que sólo convienen a las grandes constructoras.
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