El Comité de las Naciones Unidas contra las
Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) advirtió sobre
el riesgo de la creciente militarización en México para realizar las
tareas de seguridad pública.
Podrían aumentar las desapariciones forzadas y la impunidad, señaló, y
recomendó al Estado poner en marcha un programa para fortalecer las
policías civiles, así como regular el uso de la fuerza de las
corporaciones.
El organismo dio a conocer ayer las observaciones de seguimiento a
México, examinadas durante su sesión del 5 al 16 de noviembre en
Ginebra, Suiza. En un documento de 50 puntos se refiere a diversos
temas; entre ellos, reconoce los avances que ha tenido el país en
materia legislativa, la existencia de una sociedad civil dinámica, en la
que se incluye a las víctimas y una institución nacional de derechos
humanos activa.
También resalta la disposición del gobierno para
reconocer el carácter vinculante de las peticiones de acciones urgentes y
medidas cautelares emitidas por el CED.
No obstante, señala que la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entró en vigor el pasado
16 de enero, omitió tipificar la desaparición forzada como crimen de
lesa humanidad.
El organismo internacional lamenta el retraso en la aplicación de la
ley. Subraya que el Código de Justicia Militar sigue sin modificarse
para asegurar que la desaparición forzada podrá ser investigada
únicamente por autoridades civiles, incluidas aquellas que pudieran ser
cometidas por miembros del Ejército en contra de sus propios compañeros.
Resalta que la existencia de la ley no ha tenido impacto en la realidad, pues se mantiene una situación de
desapariciones generalizadas en gran parte del territorionacional, con impunidad y revictimización.
El comité señaló que no existen datos confiables sobre las
desapariciones forzadas, las condenas son escasas y es una emergencia el
asunto del alto número de cadáveres sin identificación y de fosas
clandestinas en todo el país.
Planteó la necesidad de poner en funcionamiento el Registro Nacional
de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, el Banco
Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Fosas, así como
también el sistema único de información tecnológica e informática, todos
instrumentos previstos en la legislación general.
El CED también critica que el Estado mexicano todavía no haya dado
una respuesta a su petición hecha en 2013 para realizar una visita al
país.
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
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