Luis Hernández Navarro
Una mujer joven carga en sus
manos la fotografía de una niña de seis años enmarcada en madera. Es el
retrato de Silvia Pérez Luna. En la parte de abajo puede verse la fecha
de su nacimiento y de su muerte: 1991-1997.
Silvia fue una de las 45 personas salvajemente asesinadas por
paramilitares en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Las
víctimas, siete varones, 21 mujeres y 15 niños (uno de ellos menor de un
año), oraban por la paz en un pequeño templo. Los homicidas remataron a
los heridos y les abrieron el vientre a las embarazadas.
La imagen del retrato de Silvia portado por su familiar es parte de
la protesta en la que participaron los familiares de los mártires de
Acteal (ellos mismos también víctimas), pertenecientes a la organización
de la sociedad civil Las Abejas, el pasado 8 de diciembre. Ese día, en
Tuxtla Gutiérrez, tomó posesión como gobernador de Chiapas Rutilio
Escandón.
Ese día, como han hecho desde hace casi 21 años, denunciaron que
Acteal es un crimen de lesa humanidad perpetrado por el Estado mexicano,
en el que la justicia no ha llegado, los responsables de los hechos no
han sido castigados y no se ha esclarecido la verdad. Recordaron,
también, cómo, para vergüenza del país, el 12 de agosto de 2009, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró más importante señalar
un fallo académico que defender la justicia y ordenó liberar a 29
paramilitares presos sentenciados.
También coincidiendo con el 21 aniversario de la masacre, acaba de publicarse un oportuno y estremecedor libro sobre ella: El dolor de Acteal. Una revisión histórica, 1997-2014, escrito por la especialista en asuntos religiosos Mónica Uribe M.
A pesar de ser una obra que utiliza con rigor las herramientas de la
sociología de la religión, la historia, la antropología y la ciencia
política, su lectura provoca un fuerte impacto emocional. El dolor, la
indignación, la rabia, la angustia, el horror que genera se resumen en
su portada: una reproducción del cuadro El grito, del pintor Edvard Munch.
Para analizar lo sucedido en Acteal, Mónica Uribe recurre a fuentes
documentales casi desconocidas o sólo parcialmente utilizadas. Entre
otras, se encuentran la demanda civil que un grupo de 11 víctimas puso
(en contra de la opinión de Las Abejas) en una corte de Estados Unidos
contra el ex presidente Ernesto Zedillo. Se le acusa de
responsabilidad de mando, por ordenar, participar y conspirar en asociación delictuosa para ejecutar la matanza de Acteal y por su posterior encubrimiento.
El libro bucea en las páginas del Balance de situación de la fiscalía
especializada en delitos cometidos en la procuración y administración
de justicia en el estado y para el poblado de Acteal. Allí se incluye la
declaración rendida por uno de los principales actores de la tragedia,
el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet. En sus
respuestas, el funcionario deja en claro que Ernesto Zedillo sabía,
desde un año antes, sobre la inminente violencia, tanto por las vías
institucionales del gobierno como por la prensa nacional, además de que
los actores del conflicto chiapaneco se acercaron a él, para informar y
advertir las posibles consecuencias de la situación.
En el balance se incluye una conversación telefónica de Chuayffet
integrada al expediente en el que, según el documento, resulta evidente
la corresponsabilidad y confabulación de los hechos de Liébano Sáenz,
secretario particular del presidente Zedillo.
El dolor de Acteal incluye una entrevista realizada hace
poco más de un año con Alejandro Vázquez, quien, en los días de la
matanza, era sargento segundo archivista, perteneciente al Estado Mayor
de la Defensa Nacional, y trabajaba directamente para el jefe de
ayudantes del secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre. Según
su testimonio, el general secretario trabajó inusualmente el domingo 21
de diciembre de 1997. Ese día estuvo atento a las comunicaciones de
Chiapas y las instrucciones de Presidencia, por medio del teléfono rojo.
Él era el responsable de descolgar el aparato y dar parte de la
llamada.
De acuerdo con el teniente Vázquez, se les dijo que debían guardar
silencio y trabajar también al día siguiente. En Acteal –asegura–
participó
personal de la Brigada de Policía Militar y personal de servicios logísticos procedentes de diversas zonas militares, no de Chiapas, vestidos de civil y cuyos antecedentes dentro del Ejército eran negativos.
A partir de una copiosa documentación, El dolor de Acteal
pone al descubierto las maniobras informativas de varios intelectuales y
de Hugo Eric Flores (el dirigente de Encuentro Social) para elaborar un
relato de los hechos conveniente para el poder, descarta que la masacre
haya tenido una matriz religiosa y concluye que
Ernesto Zedillo es el responsable último de los hechos de Acteal.
Las sobrevivientes de la masacre de Chenalhó demandan al nuevo
presidente que los escuche, como lo hizo con los familiares de los 43
desaparecidos de Ayotzinapa. A 21 años, Acteal espera justicia.
Twitter: @lhan55
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