Además hay que sumar a esos magistrados: automóviles, salarios a sus choferes, ayudantes, guardaespaldas, gasolina, celulares, viajes, becas a hijos, muchos más privilegios que ignoramos. Por lo contrario los trabajadores –que representan a la población de 126 millones de mexicanos- cobran cada mes 2,700 pesos (90 pesos cada día) por trabajar ocho horas diarias, sin olvidar que la informalidad, el subempleo, desempleo y hambre son gigantescos.
Si el presidente López Obrador fuera autoritario o actuara como un dictador, ya les hubiera designado un salario de 70 mil pesos o los hubiese mandado a su casa a disfrutar los miles de millones de pesos acumulados en años. El presidente sabe que no puede retroceder porque entonces daría pie para que todos se montaran sobre él, por un lado; y por otro: que el pueblo viera que es un blandengue que no podrá cumplir jamás con sus compromisos.
Pero el pueblo, los electores, le tienen a López Obrador una enorme confianza. Sabe que AMLO está luchando por romper el poder de los grandes empresarios y sus apoyadores en el Poder Judicial. Que es difícil y tardado porque es una roca construida por el capitalismo que sólo podrá romperse con inteligencia y decisión. Por ello toda esa lista de los funcionarios que se han aprovechado de los gobiernos corruptos de compadres, amigos y familiares, pronto desaparecerán. (11/XII/18)
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