Muchos juzgadores, sin legitimidad para obtener altos ingresos, dicen ONG
os sueldos no garantizan la autonomía ni la incorruptibilidad
El sistema de justicia está en deuda con México. Muchos
jueces, magistrados y ministros no cuentan con legitimidad para defender
sus altos ingresos mensuales debido a sus ineficaces actuaciones, a la
falta de resultados en favor de la justicia y a las dificultades
económicas que enfrenta el país, señalaron defensores de derechos
humanos.
En una nación con 99 por ciento de impunidad y donde, de acuerdo con
la Encuesta Nacional a Población Privada de Libertad realizada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 30 por ciento de
las personas recluidas en las cárceles no ha sido sentenciada, se puede
concluir que el sistema de justicia es ineficiente, coincidieron en
señalar Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y
Todos, y Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino
Ladrillero.
No son las altas percepciones las que garantizan autonomía,
independencia e incorruptibilidad para el Poder Judicial, sino sus
actuaciones. Y muchas de éstas muestran que hay personas inocentes o
presos políticos a quienes se ha condenado sin pruebas suficientes; con
declaraciones obtenidas bajo tortura u otras violaciones al debido
proceso; por presión de actores políticos, empresariales, particulares y
hasta delincuenciales; por prejuicios o actos de racismo y corrupción,
entre otras, dijeron.
La polémica suscitada por la Ley Federal de Remuneraciones de los
Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario puede ganar
más que el Presidente de la República, la cual fue suspendida por un
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de
inconstitucionalidad contra la norma, es un debate deseable que debe
darse en el país con la finalidad de transparentar los resultados del
servicio público, en particular del Poder Judicial, y las graves
desigualdades que existen en el país, señaló Ríos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares del Inegi, la mitad de los mexicanos, 61.3 millones de personas,
tiene un ingreso por debajo del mínimo necesario para alcanzar la línea
de bienestar social fijada por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social.
Es grave que en un país con esas condiciones, un sector privilegiado del servicio público tenga sueldos millonarios.
En el informe sombra entregado por más de 200 organizaciones civiles
en el contexto del Tercer Examen Periódico Universal de México ante el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se subraya que mediante
el acompañamiento legal que han dado a cientos de casos, se ha
demostrado que
el sistema de procuración de justicia en México adolece de corrupción y colusión con grupos delincuenciales, además de ser burocrático, revictimizante, carente de autonomía y profesionalismo, y sin mecanismos adecuados de rendición de cuentas.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
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