Una red de sindicatos
donde figura el nombre de González Apaolaza, exfuncionario que participó
en la planeación y desarrollo del NAIM, obtuvo el contrato colectivo de
trabajo antes de que hubiera empleados o licitaciones, y se quedó con
la negociación de tarifas de millones de viajes de camiones de carga.
Raúl González Apaolaza participó como
funcionario federal en todas las etapas de planeación y construcción del
aeropuerto que aún se desarrolla en Texcoco, pero además forma parte de
la red de sindicatos que obtuvo de forma irregular
el control de más de 4 millones de viajes en camiones de carga y las
relaciones laborales de más de medio millón de personas que se
contemplaban para todo el proyecto.
El plan de la administración Peña Nieto para enfrentar el hundimiento del terreno en Texcoco incluía el traslado de 90 millones de metros cúbicos de minerales para desecar el subsuelo, para lo cual se usarían camiones con una capacidad máxima de 30 metros cúbicos, según documentos públicos.
Los miles de trabajadores (500 mil para todo el proyecto, según
el secretario de Comunicaciones y Transportes del sexenio anterior,
Gerardo Ruiz Esparza) y las tarifas de traslado no quedaron al libre
mercado o en manos de los contratistas ganadores de licitaciones, sino
que se entregaron a un ‘sindicato fantasma’ casi un año antes de que
iniciaran las obras y, por lo tanto, de que hubiera trabajadores.
En 2016, el monopolio laboral se rompió y el gobierno federal
reconoció a la CTM y a la CROC, pero dejó un 35 por ciento de los
contratos en manos de sindicatos irregulares donde figuran González
Apaolaza y dos personas que fueron sus socios o subordinados en
anteriores trabajos públicos: Máximo Reyes Vilchis y Ramón Ojeda Silva.
Más de medio millón de trabajadores participarían en todo el proyecto. Según Gerardo Ruiz Esparza.
PLANEACIÓN TITÁNICA PARA UN PROYECTO FARAÓNICO
El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM)
planteó un reto logístico para la administración Peña Nieto, toda vez
que se eligió un terreno fangoso, incapaz de soportar las miles de
toneladas de la infraestructura.
Como solución parcial se planearon hundimientos controlados,
los cuales serían provocados por el peso de 90 millones de metros
cúbicos de tezontle y basalto.
Para implementar esta solución se desarrolló una operación
titánica: explotar alrededor de 150 minas (según ambientalistas) cerca
de Texcoco y llevar el material en camiones tipo Torton o Góndola, cada
unidad con capacidad de entre 14 y 30 metros cúbicos, según los
documentos públicos.
De esta manera, se tendrían que haber realizado al menos 4 millones de viajes entre minas y el terreno en Texcoco.
Según una solicitud de información que aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia, sólo entre un febrero de 2016 y octubre de 2018 se registraron un millón 832 mil viajes de camión de carga al polígono, lo que equivale a 40 millones de metros cúbicos.
La dependencia informó que en uno de los frentes llegaban 4 mil camiones de carga cada día.
En noviembre de 2014, GACM dio exclusividad
a un sindicato para controlar a los operadores y negociar las tarifas
de traslado. No fue una negociación abierta entre obreros y patrón,
porque en esa fecha no había obras ni trabajadores.
Aquí es donde inicia la participación de Raúl González Apaolaza.
RELACIONES
Raúl González Apaolaza entró a la Dirección General de
Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
el 1 de septiembre de 2013, según su declaración patrimonial.
El funcionario reportó que entre 2007 y 2013 lideró “proyectos
estratégicos” en el Instituto Politécnico Nacional; entre 2001 y 2006
fue secretario de Educación Pública de Hidalgo, y entre 1998 y 2000 fue
director general del Metro de la Ciudad de México.
Raúl González omitió al menos tres trabajos en su declaración patrimonial que ahora cobran importancia.
Primero: En noviembre de 2013, ya como funcionario federal,
González Apaolaza participó como secretario de Actas y Acuerdos en el Sindicato
de Trabajadores Prestadores de Servicios en Empresas Edificadoras y
Operadoras de Concesiones Federales de la República Mexicana
(SITRAPRESC).
Segundo: En enero de 2013, antes de ser funcionario federal, figuró en la planilla de la Federación de los Trabajadores del Deporte, según documentos obtenidos por Aristegui Noticias.
En la plana directiva de ambas asociaciones de trabajadores figura el nombre de Ramón Humberto Ojeda Silva: en la primera como secretario del Exterior y en la segunda como secretario del Interior.
Tercer trabajo no reportado: En 2011 González Apaolaza apareció
en el registro de cabilderos de la Cámara de Diputados como empleado de
la empresa Open Lobbing Firm. En esa lista también aparece el nombre de
Máximo Telmo Reyes Vilchis, quien además fue empleado de González
Apaolaza en la Secretaría de Educación de Hidalgo entre 2001 y 2006.
Maximo Reyes Vilchis y Ramón Ojeda Silva encabezaron el
sindicato sin obras ni trabajadores que obtuvo el Contrato Colectivo de
Trabajo de Grupo Aeroportuario, donde laboraba su colega González
Apaolaza.
EL DETALLE DE LAS FECHAS
El 2 de septiembre de 2014, durante un mensaje con motivo de su
segundo informe de gobierno en Palacio Nacional, el presidente Enrique
Peña Nieto sorprendió con el anuncio de un nuevo aeropuerto en Texcoco.
El mismo martes 2 de septiembre de 2014, González Apaolaza dejó
su trabajo en SCT y se integró a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM), la dependencia que obtuvo la concesión para construir y
operar la nueva obra.
El 14 de noviembre de 2014, el Sindicato de Trabajadores del
Transporte y de la Construcción, Similares y Conexos de la República
Mexicana (SITRAM), encabezado por Ramón Humberto Ojeda Silva, obtuvo el contrato colectivo de trabajo de GACM para representar a todos los trabajadores del nuevo proyecto, aunque formalmente no se había realizado ninguna licitación de obra pública.
Según solicitudes de información, esta asociación fue creada en
abril de 2013 para representar a 22 trabajadores de dos empresas (una
en Naucalpan y otra en la delegación Benito Juárez), con el nombre de
“Sindicato de Trabajadores de la Industria Química y de la Construcción
en General …”.
El cambio de nombre se registró hasta el 14 de septiembre de 2014, el mismo día que Ojeda Silva firmó el Contrato Colectivo del nuevo aeropuerto, según una respuesta de la Secretaría del Trabajo a este medio.
Máximo Reyes Vilchis fue nombrado secretario del Exterior del
SITRAM en una asamblea electoral, indica un acta que aparece en los
archivos de la Secretaría del Trabajo.
González Apaolaza, desde Grupo Aeroportuario, y sus
excolaboradores en sindicatos mantuvieron una estrecha relación durante
el desarrollo de las obras, definiendo las cuotas y quiénes podían
participar en los cientos de acarreos de material.
CONTROL ABSOLUTO
El sindicato y GACM firmaron un convenio para modificar el
Contrato Colectivo el 14 de julio de 2015, en el que establecieron tres
cláusulas para reglamentar los traslados de material en camiones de
carga. Según el documento, los viajes, los puntos de recogida y destino
quedaron en manos de Grupo Aeroportuario, con tarifas negociadas con el
sindicato.
En los hechos, esto se tradujo en un monopolio de las contrataciones de choferes y vehículos.
En la junta de aclaraciones de la losa terminal, un contratista preguntó si podían subcontratar libremente los acarreos. El representante legal anotó que este concepto estaba “obligado con el sindicato”. La respuesta de la autoridad fue reiterar que únicamente podrían subcontratar el laboratorio de calidad.
En la misma licitación se cuestionó si los contratistas podían
firmar contratos colectivos de trabajo con otros sindicatos; la
respuesta de GACM fue que debían ceñirse a las relaciones laborales
firmadas con el SITRAM.
En los contratos vigentes una cláusula indica que las empresas
ganadoras de licitaciones únicamente podían subcontratar el laboratorio
de calidad. Para cualquier otro concepto era necesario tramitar una
autorización expresa de GACM.
En todos los contratos públicos se adjuntó el Contrato Colectivo de Trabajo firmado con SITRAM y sus posteriores modificaciones.
REVUELTA LABORAL BAJO CONTROL
Los choferes requeridos para los cientos de acarreos diarios de
minerales tuvieron que adherirse a la relación laboral GACM-SITRAM,
aunque pertenecieran a otras organizaciones sindicales.
El control de los precios entre autoridades y sindicato oficial
causó inconformidad entre los cientos de operadores de camiones de
carga, quienes comenzaron a exigir precios justos y a tiempo. Según una
revisión hemerográfica, sólo en los primeros cinco meses de 2016 se
realizaron tres bloqueos a los accesos del terreno.
La bitácora de obra de la barda perimetral del aeropuerto, a cargo de Sedena,
contiene los reportes de paros por las manifestaciones: “del lunes 16
al martes 24 de mayo de 2016 se encontró cerrado el acceso de vehículos
de carga al predio del aeropuerto, debido a cuestiones sindicales…”
“SITRAM no paga”, “GACM solapa a SITRAM”; “Exigimos pagos
puntuales, no somos socios de las empresas ni de SITRAM”; “No nos
roben”, son algunas de las consignas que presentaron los manifestantes,
la mayoría firmadas por “Sindicatos Unidos”, según una revisión al
archivo de la agencia MVT y reportes en El Universal y El Sol de México.
Derivado de estos hechos, en julio de 2016 el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México firmó un “Convenio Intersindical de
Participación”, en el que reconoció los contratos de otros sindicatos y
su derecho a participar en las negociaciones.
Según este documento, la Confederación de Trabajadores de
México (CTM) obtuvo el 40 por ciento de los contratos; la Confederación
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) el 25%; el Congreso del
Trabajo 25% y el SITRAM se quedó con 10%.
El reparto de contratos fortaleció aún más el conflicto de
interés: Uno de los organismos que forman parte del Congreso del Trabajo
es el SITRAPRESC, el sindicato en el que aparece González Apaolaza como secretario de Actas y Acuerdos.
Además, Ramón Ojeda Silva fue presidente del Congreso del Trabajo entre 2014 y 2016.
TARIFAS CONTROLADAS
Aristegui Noticias tiene documentos sobre cuatro negociaciones
de tarifas entre GACM y sindicatos; En dos firmó González Apaolaza con
sus excolaboradores.
El 1 de julio de 2016, fijaron una tarifa de siete pesos por el
primer kilómetro recorrido y 3.5 por los demás. Firmaron González
Apaolaza, Ojeda Silva y el resto de representantes sindicales.
Una minuta del 26 de marzo de 2018 indica una nueva negociación
de precios entre GACM, la empresa COCONAL, el consorcio CARGIPROPEN y
los representantes sindicales.
De esta manera, el proyecto más ambicioso de la administración
de Enrique Peña Nieto estuvo controlado en todos sus frentes por una red
de sindicatos y funcionarios que no operaron de manera independiente.
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