El artículo 74 constitucional
enumera las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Entre éstas
se cuenta la de aprobar, modificar o rechazar el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación, que a esa soberanía envía
anualmente el Presidente de la República.
Son los diputados, en exclusiva (los senadores sólo participan en la
aprobación de la Ley de Ingresos), quienes deciden a dónde, con qué fin y
en qué proporción se canalizan los dineros de la nación en un ejercicio
fiscal determinado. Por ejemplo, las remuneraciones para los servidores
públicos. Y si esto lo saben los mortales, cuanto más los sabiondos en
materia legal.
Por si fuera poco, el artículo 127 constitucional es más transparente
que el agua, pues en su inciso segundo establece que “ningún servidor
público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función,
empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la
República en el presupuesto correspondiente… Dicha remuneración será
determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos
correspondientes…” (léase por los diputados).
La ley es clara, pero a pesar de ello se ha dado una rebelión, alegando autonomía,
en el Poder Judicial y en ella se han colado otros personajes, ante el
ya cercano debate (aprobación, modificación o rechazo) sobre el
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2019, el cual,
todo indica, incluirá la reducción de las remuneraciones de los altos
mandos de los denominados tres poderes de la unión.
Y la citada revuelta se enfoca a mantener las altísimas
remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial, pero deja a un
lado la ostentosa falta de resultados en la materia, las corruptelas y
el burocratismo, con el consabido efecto negativo para los ciudadanos,
que son quienes les pagan. Cobran mucho y hacen poco, pero, eso sí, se
retuercen y escandalizan ante la posibilidad de que disminuyan sus
canonjías.
Habrá que ver qué deciden los inquilinos de San Lázaro, pero en vía
de mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregará a la
Cámara de Diputados, a más tardar el sábado próximo, su primer paquete
económico, en el entendido de que hasta el gobierno de Enrique Peña
Nieto el insostenible gasto por nómina burocrática representaba
alrededor de 20 por ciento (poco más de un billón de pesos) del
Presupuesto de Egresos de la Federación.
En vía de mientras, en su más reciente análisis –del que se toman los
siguientes pasajes–, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico señala que la presentación del próximo paquete
económico dará vida a las primeras estrategias de la nueva
administración. Es prioritario que se encuentren alineadas para resolver
los problemas nacionales.
Para que sea sostenible se deben crear las condiciones productivas
que aseguren el fortalecimiento del único mecanismo que permite el
desarrollo social y económico de cualquier nación: empleo formal bien
remunerado. Su generación se da en el sector productivo, público y
privado. Sólo mediante el diálogo, la confianza y la certidumbre se
puede garantizar que la inversión fluya a los sectores productivos y
regiones del país que pueden contribuir a que México pase de un
crecimiento de 2 por ciento a otro de 5 por ciento.
La pregunta es: ¿cómo revertir la senda de bajo crecimiento? Como
indicó López Obrador, el país se encuentra anclado a un producto interno
bruto que sólo se eleva 2 por ciento en promedio anual. Ello es fruto
de los errores de política económica que castigaron la inversión pública
y privada, de tal suerte que el próximo Presupuesto de Egresos debe
revertir dicha situación.
Las rebanadas del pastel
Que la reforma fiscal fue
exitosa(Videgaray dixit). Ajá, y como muestra lo publicado ayer por La Jornada: nueve grandes corporativos con utilidades brutas por 766 mil millones de pesos pagaron impuestos equivalentes a 2.99 por ciento de sus ventas totales, cuando les correspondía 35 por ciento. Entonces, ¿así, o más
exitosa?
Twitter: @cafevega
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