Reclaman más esfuerzos para lograr igualdad
Con
amplias demandas en los ámbitos de trabajo, educación, salud e
infraestructura, organizaciones de la sociedad civil entregaron un
manifiesto que fue leído en el contexto de la Reunión preparatoria de la
63 Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 10 al 12 de
diciembre.
La declaración de la sociedad civil, que fue leída en reunión con las
representantes de los Estados, señala que en varios países de la región
Latinoamérica y Caribe, la democracia se encuentra amenazada, se violan
los derechos de mujeres y niñas, y se ataca a defensoras de Derechos
Humanos.
Desafíos como la migración “requieren de la voluntad política de los
gobiernos de la región para redoblar los esfuerzos y cumplir los
compromisos suscritos en la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Mujeres – (CEDAW por sus siglas en
inglés), y otros contratos internacionales, escribieron las ONG.
Señalaron como una preocupación el “retorno de políticas económicas
pro mercado”, con un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y
nocivo para las mujeres y las niñas, así como ataques y propaganda
negativa contra los avances logrados en materia de igualdad de género.
Por lo tanto, juntaron siete páginas de recomendaciones.
En el ámbito de trabajo, la protección social y la economía del
cuidado, sugirieron generar políticas de acción afirmativa para reducir
la segmentación laboral, establecer el valor que produce cada trabajo
para poder demandar igual salario por trabajo de igual valor, eliminar
las barreras que impiden que las trabajadoras informales accedan a la
protección social, y ampliar la cobertura para licencias de maternidad,
entre otras.
Además, advirtieron que la protección social, la salud y la educación
son Derechos Humanos fundamentales y que “no deben estar en manos de
actores privados que buscan acumular capital.”
En relación a estos sectores, recomendaron implementar políticas de
educación para deconstruir modelos hegemónicos de feminidad y
masculinidad y prevenir la violencia contra las mujeres y basada en
género, garantizar el acceso a educación a lo largo de la vida, de
calidad, laica, pública y gratuita, inclusiva, no sexista y con
perspectiva de género e interculturalidad y en idiomas indígenas.
Las organizaciones consideran que el acceso a la salud debe ser
universal e incluir la salud sexual y reproductiva, como el derecho al
aborto legal, seguro y gratuito. Al mismo tiempo, indicaron que “la
realidad de América Latina demanda especial atención” a niñas,
adolescentes y jóvenes, migrantes, indígenas, afrodescendientes,
personas con discapacidad, con VIH, la población LGBTI y personas que
viven en la calle, entre otras.
Las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes merecerían
especial protección y deberían de ser mencionadas de forma transversal
en los otros puntos, afirmaron. Por ejemplo, cuando se trata de
traducciones a lenguas indígenas, o de la protección de derechos de
propiedad intelectual de las mujeres sobre sus productos y conocimientos
tradicionales.
Las ONG destacaron el impacto del extractivismo en las zonas rurales
y subrayaron que “le cabe al Estado como principal responsabilidad
proteger y cuidar los recursos naturales, la fauna y la flora, la tala
industrial, las tierras, territorios de la sobreexplotación y la
minería.”
En el ámbito de infraestructura y servicios públicos, argumentaron
que debe basarse en principios de respeto y promoción de los Derechos
Humanos, y consideraron “imprescindible” generar mecanismos efectivos de
participación, asegurando que la voz de las mujeres sea escuchada y
tenida en cuenta durante todo el proceso, y garantizando la integridad y
seguridad de defensoras.
En el transporte, debería de ser prioritario el transporte público,
con horarios extendidos, tarifas y frecuencias adecuadas, asientos
reservados, protección frente al acoso, y acceso para mujeres con
movilidad reducida, escribieron las organizaciones.
Asimismo, el Estado sería el responsable de garantizar la seguridad y
limpieza de las fuentes de agua, así como su acceso próximo para las
mujeres.
Para cerrar, las autoras de este manifiesto hicieron hincapié en que
“existe un principio de progresividad que tiene la obligación de no
retroceder.” Esto significaría no derogar o modificar leyes vigentes en
la medida que esto conlleve disminuir el nivel actual de protección. “Se
hace necesario avanzar y evitar a toda costa retroceder”, advirtieron
las organizaciones.
Imagen retomada de Instagram Actrices Argentinas
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario