Espera juicio tras vivir parto fortuito
Organizaciones
salvadoreñas y organismos internacionales de Derechos Humanos (DH)
exigieron a la Fiscalía General de la República de El Salvador, que deje
de poner pretextos sin sustento, respete los derechos de Imelda Cortez y
se presente el próximo 17 de diciembre en la audiencia final, donde se
decidirá la situación jurídica de la joven acusada de tentativa de
homicidio, luego de sufrir un parto fortuito (extrahospitalario).
En redes sociales declararon que en más de una ocasión la Fiscalía
General de este país ha retrasado por cuestiones, no justificadas, la
audiencia donde se decidirá si la salvadoreña Imelda Cortez será
liberada luego de un año y medio que lleva privada de su libertad en el
Centro Preventivo y Cumplimiento de Penas de San Miguel o condenada a
casi 20 años de prisión como sentencia por el delito de homicidio
agravado del que es acusada.
De acuerdo con las organizaciones salvadoreñas la audiencia estaba
programa para hoy 12 de diciembre, sin embargo la Fiscalía General
argumentó que la fiscal que iba a presentarse “estaba enferma” y pospuso
la audiencia sin importarle que Imelda continuara privada de su
libertad, por ello la defensa de la joven de 20 años de edad, pidió a
los jueces que la fiscal presente una constancia que acredite tal
argumento, pero hasta hoy no han tenido respuesta.
La abogada que lleva el caso, Ana Martínez, explicó en entrevista con
Cimacnoticias que desde el 17 abril de 2017 cuando Imelda fue detenida
en el Hospital Nacional de Jisquilisco, la Fiscalía General ha violado
sus derechos de diversas formas como culpabilizarla de aborto sin
pruebas científicas, presentar testimonios falsos, negarle atención
médica, entre otras negligencias que a pesar de ser constantemente
evidenciadas por la organizaciones, han sido ignoradas por la Fiscalía.
La abogada comentó que tras su detención, Imelda, con apoyo de las
organizaciones, denunció el 25 de abril de ese año la violencia sexual
de la que fue víctima durante 7 años por parte de su padrastro, Pablo
Dolores. La joven narró que acudió a la Fiscalía de Delitos Sexuales,
sin embargo la Fiscalía General no consideró su denuncia, desestimó su
dicho porque el padrastro accedió a realizarse un examen genético, dijo
que “ella sólo quería una excusa por su aborto” y por lo tanto, le negó
la atención médica.
Añadió que a pesar de que el examen genético comprobó, el 28 de
noviembre de ese año que Pablo Dolores es el padre de la hija de Imelda,
la Fiscalía General se enfocó más (los meses posteriores) en recolectar
evidencia que culpara a la joven del delito de “homicidio agravado”, en
lugar de buscar y encarcelar a su agresor, es por ello que éste fue
detenido hasta el 16 de marzo de 2018 y aún no ha sido condenado.
En sus páginas oficiales, integrantes de las organizaciones que
siguen el caso de Imelda, informaron que la audiencia final de Pablo
Dolores será el próximo año y esperan sea condenado con una pena larga.
Ante ello, la abogada dijo que a Imelda este tema no le interesa, pues
su único objetivo es ser absuelta del delito y estar con su hija, ya que
el personal del penal sólo le ha permitido verla una vez en año y
medio.
Resaltó que desde abril del año pasado, Imelda debería estar libre
pero la Fiscalía General le negó una defensa al inventar que ésta la
había rechazado e inició el proceso legal sin más, por lo que las
abogadas que ahora representan a Imelda, pidieron anular el proceso pues
la Fiscalía no le dio un abogado, sin embargo la dependencia solamente
respondió que fue un error de dedo y el proceso en su contra siguió.
Esta semana, la defensa de Imelda buscará interponer un recurso para
una audiencia que permita liberarla antes del 17 de diciembre y pueda
esperarla en su casa en compañía de su madre e hija, pues los tratos que
recibe dentro del penal son “malos”, se le niega atención médica y la
aíslan de las demás mujeres en reclusión.
La abogada explicó que se espera que Imelda sea absuelta el próximo
17 de diciembre pero de no ser así solicitarán una audiencia especial
para pedir su liberación y continuarán con el activismo en redes
sociales para llamar a la participación de más organizaciones,
organismos internacionales de DH y sociedad civil para poner “los ojos
en El Salvador”, declaró.
Para Martínez, integrante de la organización de DH “Agrupación
Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador”, el caso de
Imelda es un ejemplo de las muchas salvadoreñas que son criminalizadas
por tener partos extrahospitalarios.
La abogada agregó que tienen conocimiento de que en el Centro
Preventivo y Cumplimiento de Penas de San Miguel, donde está Imelda,
existen 2 casos de mujeres que enfrentan un proceso por sufrir un parto
extrahospitalario. Esta situación, dijo, demuestra cómo en El Salvador
las mujeres no tienen asegurado ningún tipo de derecho, pues son
encarceladas sin razón y las agresiones de las que son víctimas siempre
quedan impunes.
imagen retomada del portal Amnistía Internacional
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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