Delincuencia organizada, corrupción, cambio climático, violencia y, sobre todo, superar el sistema neoliberal de pobreza y desigualdad social, los retos que expertos en prospectiva política advierten para el gobierno del presidente López Obrador.
El gobierno de Andrés Manuel López
Obrador deberá avanzar hacia superar el neoliberalismo y la crisis del
capitalismo: “Hay que modificarlo, es el momento de hacerlo; es ahora o
nunca”, advierte Tomás Milkos Ilkovics, doctor en Ciencias por la
Universidad de la Sorbona, París, Francia.
También diplomado en política
internacional y análisis político por la Universidad Iberoamericana
(UIA), el académico subraya que en México se han acentuado las
diferencias sociales en los últimos años y han gestado un gran
descontento nacional que se expresó en las elecciones de julio.
Sin embargo, considera que el fenómeno
electoral de julio “no fue sólo un asunto de sistema de partidos
políticos, sino del de ir contra el sistema neoliberal, donde han
abusado de la sociedad civil, no sólo los funcionarios públicos, sino
los dueños del capital”, enfatiza.
Autor de los libros Prospectiva, gobernabilidad y riesgo político. Instrumentos para la acción y Planeación Prospectiva; una estrategia para el diseño del futuro, Tomás Milkos explica en entrevista que México lleva 36 años de transitar por la línea equivocada del neoliberalismo.
El sistema neoliberal, “que nos ha
llevado de mal en peor, tenemos la oportunidad de darle a vuelta en
materia educativa, energética, seguridad, gobernabilidad y en la
independencia y la separación de poderes”, subraya el académico.
La única manera de lograrlo –asegura– es
definir qué es lo que queremos para el país, para que la situación sea
mejor que la tendencia y la catástrofe.
“Tomamos decisiones en base a las
matemáticas, en las que hay un concepto que dice que el orden de los
factores no altera el producto, pero en política y en lo social sí lo
altera, y ese orden de los factores es el que tenemos que manejar con
estratégicas para alcanzar el mejor de los países posible en beneficio
de sus habitantes”, anota el catedrático de la maestría en seguridad
nacional en el Instituto de Administración Pública (INAP).
Experto en prospectiva política, estudio
del futuro y formulación de escenarios, Milkos Ilkovics advierte que la
elección de López Obrador es una oportunidad de cambio en instancias
negativas como educación, seguridad nacional, seguridad interior, y
cambio climático, “el mayor de los peligros del mundo, no solo de
México, que es extremadamente frágil frente a este fenómeno”.
“Otro peligro son las migraciones que
recorren el país desde el sur para llegar a Estados Unidos, cuyo
gobierno cerró violentamente la frontera, lo cual se convierte en un
asunto de seguridad nacional, de seguridad interior, de seguridad en el
trabajo, salud, educación por la incorporación en sociedades cerradas la
venida de gentes de otros países”, considera el especialista.
México requiere modificar la
Constitución, ya que políticamente el país está pasando de una
democracia representativa a una democracia participativa, resultado de
la altísima votación a favor de López Obrador, puntualiza.
Ello requiere que los ciudadanos
mantengan ese nivel de participación y entender que seguridad nacional
ya no es el concepto de lucha entre países. Ahora tiene que ver con la
comercialización regional o global, la política entre países y
fronteras, lo cual requiere de un mayor acercamiento entre las tres
áreas de seguridad: nacional, interior y pública, precisa el
catedrático.
La crisis tiene que resolverse con
medidas de planeación y prospectiva estratégica que significa hacia
donde queremos llegar y establecer las estrategias para llegar a ello,
lo cual requiere de un cambio de paradigmas de las reglas del juego,
acota Tomás Miklos.
Los ciudadanos tienen la obligación de
contribuir a esos cambios. explica. Deben consensuar para luchar por
elementos que les son comunes. Y para eso debe servir la nueva Agenda Nacional de Riesgos,
que registra los cambios estratégicos y debe ser transparente para que
la gente esté bien informada y pueda participar, pasar de la información
a la comunicación y actuar en consecuencia.
Considera que México “puede ser ejemplo”
de cómo resolver las cosas mediante la democracia participativa. En
Latinoamérica hay crisis que también podrían presentarse en México “de
seguir las cosas como van”. Es indispensable poder hacer los cambios de
las reglas del juego, romper con lo que no favorezca y crear instancias
de solución que no se queden “en el discurso, la demagogia ni en la
esperanza del tlatoani, como hemos identificado a López Obrador”.Futuro difícil
El gobierno de Enrique Peña Nieto hereda
un gobierno con muchas deficiencias en materia de seguridad ciudadana y
un repunte de la violencia y de las tasas de homicidios, que se
acrecentó con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su
retorno al poder, así como corrupción y el establecimiento de vínculos
de políticos con el crimen organizado, señala María Luisa Pastor Gómez.
Catedrática del Instituto Español de
Estudios Estratégicos (IEEE), considera que para el gobierno de López
Obrador, se abre una etapa difícil de predecir por las incógnitas que
han suscitado “las declaraciones y contradeclaraciones de este
carismático dirigente, de fuerte personalidad y capacidad demostrada
para establecer alianzas con grupos que son si no antagónicos, al menos
muy dispares”.
La académica del IEEE considera que
habrá que esperar al menos 100 días de gobierno de López Obrador para
tener una idea más clara de lo que serán las principales líneas de su
gestión y ver si se hacen efectivos o no algunos de los compromisos
adquiridos en el transcurso de la campaña, como la revisión de las
reformas de su antecesor Enrique Peña Nieto.
En el tema energético, por ejemplo, dice
Pastor Gómez, López Obrador no oculta su admiración histórica por la
nacionalización petrolera, pero al mismo tiempo, “su equipo económico es
bastante ortodoxo y con formación norteamericana [estadunidense], lo
que induce a pensar que habrá un cierto continuismo en la política
económica, aunque con un cierto sesgo social para no defraudar a su
electorado”.
En su análisis, México y el nuevo gobierno tras el triunfo de López Obrador,
publicado por el IEEE, Pastor Gómez afirma que los detractores de López
Obrador le ven como un populista nacionalista que previsiblemente
tenderá a concentrarse más en la economía nacional que en las relaciones
exteriores, que estiman no son su especialidad, y piensan que su
elección supone un serio riesgo para la democracia liberal o la economía
de mercado de México.
“López Obrador cuenta con una situación
positiva de partida por el fuerte respaldo electoral, pero también
muchos socios a los que de alguna forma habrá de contentar en respuesta
al apoyo prestado en la campaña y problemas enquistados difíciles de
resolver, como la corrupción y la violencia generada por el crimen
organizado, un problema estructural de México que requiere una
estrategia organizada”, acota.
“Por la urgencia y la sensibilidad que
rodea la cuestión de la seguridad, será en este terreno y en el de la
lucha contra la corrupción, más que incluso en el económico-financiero,
donde se mida el alcance de las políticas que ponga en marcha el nuevo
gobierno, y donde verdaderamente se juegue la popularidad, la
estabilidad y, en definitiva, el futuro del país”, advierte María Luisa
Pastor Gómez.
Según datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en 2018 y con
anterioridad a las elecciones de julio, se produjo un importante repunte
de la violencia, con casi 2 mil 900 homicidios en mayo, el mes más
sangriento en la historia moderna del país, lo que cuestiona las medidas
para combatir al crimen organizado.
A ello se suma que durante el gobierno
de Peña Nieto más de una docena de gobernadores están siendo
investigados por corrupción, en la mayoría de los casos por vínculos con
el crimen organizado.
Al tiempo que la incompetencia en torno a
la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de
Ayotzinapa en 2014, ha debilitado gravemente la confianza ciudadana en
la policía municipal y estatal.
Obstáculos para el combate al crimen organizado
El presidente Andrés Manuel López
Obrador promete revertir la militarización de la seguridad pública y
reducir el derramamiento de sangre, pero carece de detalles y enfrenta
obstáculos que van desde represalias de los jefes del crimen organizado
contra jóvenes que desean abandonar el delito, a la resistencia
potencial de las fuerzas de seguridad, señala el Grupo Internacional de
Crisis (GIC).
En su informe más reciente sobre América Latina, Building Peace in Mexico: Dilemmas Facing the López Obrador Government,
establece que el nuevo gobierno de México deberá priorizar reformas:
perseguir la justicia en casos emblemáticos de presunta participación
estatal en atrocidades; desarrollar la capacidad de la policía civil
para que pueda reclamar su papel de militar; y empoderar la
participación de las víctimas en comisiones de la verdad.
En particular, los esfuerzos para
detener cualquier colusión policial con el crimen, empoderar las
comisiones de la verdad y proponer políticas de construcción de paz,
responsabilizar a los responsables de alto perfil crímenes pasados del
estado y disuadir futuros abusos.
López Obrador ha creado tantas
esperanzas de resultados rápidos que la confianza del público en las
instituciones podría sumergirse si él no cumple. No hay una salida fácil
de la crisis de seguridad de México, subraya el informe.
En 2017, la tasa de homicidios en México
alcanzó un máximo de 20 años; 2018 está en camino de ser más letal,
mientras que la impunidad es cercana al 95 por ciento de los asesinatos.
Detrás de las estadísticas sombrías hay
un conjunto de conflictos criminales fragmentados que desafían a las
autoridades estatales, con características locales y su resistencia
frente a la represión, apunta el documento.
Señala que el crimen organizado ya no se
basa en el narcotráfico como su única fuente de ingresos, en parte
debido a la focalización de los grupos delictivos en los últimos dos
gobiernos, y en el que las organizaciones más grandes se han dividido en
docenas de bandas pequeñas y medianas persiguiendo el control
territorial y extorsionando a los civiles.
“En Michoacán, por ejemplo, uno de los
estados más violentos de México, la competencia criminal por el
territorio y las oportunidades de extorsión y otras ganancias fáciles
conducen a ciclos de muerte por venganza.
“En Guanajuato, las organizaciones
criminales compiten con los grupos mafiosos locales, amenazando con
abrumar a las instituciones estatales débiles. A lo largo de las orillas
de la ciudad de México, los recién llegados criminales se han mudado a
distritos ya en problemas, alimentando la competencia y el caos.”
A nivel municipal, las fuerzas de
seguridad están en su punto más débil, las fuerzas federales son
acusadas por grupos de derechos humanos de estar implicadas en
desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que han alcanzado
una escala que equivale a crímenes de lesa humanidad; comandantes que
conspiran, delincuentes violan la ley en las operaciones policiales y
cometen delitos y obligan a los subordinados a la complicidad.
La reforma de las fuerzas de seguridad
federales requerirá un delicado acto de equilibrio. Moviéndose también
rápido: intentar castigar repentinamente a los funcionarios responsables
de delitos graves, por construir la paz en México son dilemas que
enfrenta el gobierno de López Obrador, añade el GIC.
Considera que si bien el Estado debe
honrar las demandas de justicia de las víctimas por cualquier
desaparición y asesinatos de fuerzas de seguridad, las debilidades
crónicas de las policías, la investigación y el enjuiciamiento
dificultarán los esfuerzos para perseguir todos los casos pendientes.
La administración de López Obrador debe
apuntar a casos emblemáticos de crímenes de Estado –en particular, los
relacionados con el asesinato o la desaparición de civiles– del pasado
reciente, mientras que el establecimiento de salvaguardias robustas y
prometiendo inmediata e implacable respuestas judiciales a todos los
abusos futuros.
El informe Building Peace in Mexico: Dilemmas Facing the López Obrador Government
acota que López Obrador deberá fortalecer y hacer cumplir los
mecanismos de supervisión civil de la seguridad, obligar y restaurar,
aunque sea gradualmente, a la policía civil como los únicos proveedores
de seguridad en México, a través de mejores salarios y prestaciones
sociales, profesionalización, y currículos unificados en las academias
de policía reformadas, son esenciales.
“Una revisión al acuerdo de cooperación
con Estados Unidos debería allanar el camino para el apoyo financiero a
estas iniciativas”, subraya.
“Entre las expectativas oficiales de
perdón y las demandas de la sociedad civil por una investigación
completa y enjuiciamiento de los autores de actos de violencia, para
contener cualquier posible desencanto popular, López Obrador y su equipo
deben abstenerse de soluciones apresuradas de arriba hacia abajo y, en
cambio, permitir comisiones de la verdad, servir como espacios para la
discusión pública con el objetivo de identificar las áreas de cada
región, fuentes de conflicto y sugiriendo respuestas políticas
adecuadas”, destaca.
El presidente López Obrador ha atraído
un notable apoyo público con su condena a la corrupción estatal y al
abuso de poder y sus ideas para abordar la inseguridad desenfrenada del
país, está diseñada para desmantelar la lógica y la institucionalidad
del aparato de la “guerra” de México contra las drogas y el crimen de
los últimos 12 años.
Sin embargo, advierte que el éxito de
este cambio radical dependerá, sobre todo, de cómo se desarrolle en los
microconflictos dispersos por todo el país, y las medidas que tomará su
gobierno contra la complicidad del Estado con el crimen en distritos
asolados por la violencia.
José Réyez
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