“México ofrece un panorama desastroso en materia de derechos humanos con violaciones masivas, graves y sistemáticas de derechos humanos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, lanzó José Miguel Vivanco director para las Américas de Human Rights Watch en entrevista con Apro.
Nunca antes se había observado esta situación desde la Revolución Mexicana, observó Vivanco, quien calificó de “astronómicas” las cifras de desaparecidos, torturados y ejecutados en el marco de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.
“Estamos hablando de miles y miles y miles de personas que han sido objeto de gravísimos abusos”, dijo Vivanco al hacer un análisis de la situación en México en el marco del aniversario de la DUDH.
El documento emblemático adoptado después de los horrores de las guerras mundiales y el holocausto, uno a uno a lo largo de sus 31 artículos hace referencia a los derechos inalienables, no negociables, de todo ser humano como al derecho a la vida, a la igualdad, seguridad, educación, salud, trabajo, libertad de expresión, de movimiento, de acceso a la justicia. Defiende el derecho de toda persona a no ser sujeto de tortura, ni a ser detenido de manera arbitraria. Enarbola la justicia, el derecho al debido proceso, el derecho al bienestar, al bien común, a la no discriminación y a la protección del Estado en el goce de cada uno de los derechos fundamentales.
A la luz de las cifras de más de 238 mil homicidios dolosos desde 2006 y un promedio de 90 asesinatos diarios en el último año, Vivanco destacó que la situación en el país es “uno de los escenarios más dramáticos que HRW observa en la región, especialmente por la ausencia de justicia”.
Por ejemplo, en el caso de los desaparecidos que rondan entre los 37 mil 400, reconoció que es probable que la gran mayoría, quizá un 90% de los casos, haya sido perpetrado por los carteles y crimen organizado, pero el 10% restante –es decir, unas 3 mil 700 personas– han desaparecido a manos del Ejército o de la Marina.
“Y esta no es una cifra baja”, remarcó.
Sin embargo, puso énfasis en que estos cálculos son meramente especulativos porque no hay justicia para indagarlos y argumentó que no se puede esclarecer qué porcentaje ha sido responsabilidad de las fuerzas de seguridad “porque solamente la justicia permitiría hacer esa distinción”.
En los últimos 12 años han desaparecido cerca de 38 mil personas “y nadie sabe dónde están porque no hay recursos eficaces en la administración de justicia” .
En este sentido habló de los casos que HRW tiene documentados de desapariciones perpetradas por las fuerzas armadas, y preguntó: “¿Quién le dará seguimiento a eso?”.
En su opinión “es indignante comprobar cómo los dos últimos gobiernos mexicanos han implementado políticas a sabiendas de la calamidad que eso representa y no hayan hecho un esfuerzo serio por atender el reclamo de justicia de las víctimas”
“Es abrumador, descorazonador, ver a las familias de las víctimas deambular reclamando justicia”, dijo Vivanco, agregando que la justicia en el país “es inaccesible, incompetente y corrupta, es un verdadero desastre”.
De ahí la importancia, hoy más que nunca, de un sistema de justicia autónomo e independiente.
Con AMLO, “la misma receta, distinta envoltura”
En opinión del experto chileno “lo más preocupante es que el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador que conoce bien el país, que ha viajado por todo el territorio, que se ha preparado durante años para llegar a donde ahora está, ofrece más de la misma opción”.
Consideró que la Guardia Nacional al estar compuesta en su gran mayoría por militares y marinos, que va a ser entrenada por la Sedena y subordinada al mismo ejército “es la misma receta pero con distinta envoltura”.
“Además, López Obrador se pasó los meses de transición vendiendo la idea del perdón, ¿y qué significa el perdón?, pues más impunidad, más de lo mismo”, criticó.
“Lo grave, es que ante la emergencia en la que se encuentra México en materia de derechos humanos, el nuevo gobierno no esté anunciando ya medidas políticas para remediarlo”, reprochó Vivanco.
“Por lo menos se esperaría un proyecto para generar políticas de seguridad publica basadas en una policía entrenada para capturar y procesar judicialmente. Para fortalecer de manera consciente el rol de la justicia a nivel nacional”.
“Lo que las víctimas quieren ver más allá de las Comisiones de la Verdad es justicia, una procuraduría que tome testimonios, que arme expedientes, una fiscalía que funcione”, urgió HRW.
Al mencionarle la terna que propone AMLO para la Fiscalía, dijo que no conoce las trayectorias de estas personas, pero más allá de ellos, consideró que la elección del Fiscal General “será la prueba de fuego de López Obrador”.
“Esa será la clave, la prueba para AMLO, será el test para ver si el nuevo presidente comprende la importancia, la necesidad de contar en México con un desarrollo institucional autónomo, donde se sienta que las instituciones de control son esenciales para el desarrollo democrático”, valoró.
“El futuro de México depende de la capacidad que tengan sus gobernantes para construir institucionalidad democrática y esta institucionalidad democrática no se construye sobre la base de los simpatizantes políticos”, argumentó Vivanco quien consideró “indispensable” reconstruir desde los cimientos a la futura PGR.
Y volviendo al tema de la Guardia Nacional consideró que el modelo propuesto por AMLO “es peor” que lo que tenía el país porque “teóricamente” la actuación de los militares era una cuestión temporal para auxiliar a los policías, ese era el supuesto. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto defendían la temporalidad de la presencia del ejército en las calles .
“Pero la receta de AMLO es convertir esa intervención transitoria en algo permanente”, dijo Vivanco con un tono marcado de preocupación.
Tortura generalizada
Hace 70 años México fue uno de los 48 países que de avanzada votó en favor de la DUDH. Entre sus artículos destaca el célebre Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
México es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo con 47 periodistas asesinados en el sexenio de EPN, más dos comunicadores que ya fueron ejecutados en los pocos días que lleva el gobierno de López Obrador. Casi todos en la más absoluta impunidad.
Además, varios de los periodistas han sido vigilados con el sistema de inteligencia Pegasus y cientos de ellos acosados o amenazados amparados con un Mecanismo de Protección ineficaz, desbordado e inoperante.
Otro de los problemas más acuciantes es la tortura, cuyo delito es de jurisdicción universal e imprescriptible. La Declaración sostiene que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, pero en México “la tortura es generalizada”, según afirma el informe del relator de la ONU contra la Tortura Juan Méndez que le valió severas críticas por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Luego de su visita a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, Méndez, entonces Relator Especial de la ONU, concluyó que “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad” y sostiene que “hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.
Posteriormente, en su informe de seguimiento presentado al el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en 2017, Méndez constata que la situación no mejoró: “En la última visita a México el relator señaló que la tortura y los malos tratos son generalizados. A dos años de su visita lamenta informar que la situación no ha cambiado”.
A cuatro años de su visita a México el exrelator especial de la ONU en breve charla con Apro tampoco tiene buenas noticias.
“No tengo información que me permita cambiar mi visión sobre la práctica de la tortura en México. En estos años, desde mi visita, no he visto progresos sustanciales”, lanzó Juan Méndez.
“México tiene un serio problema con la tortura que es parte del enfoque que se ha venido llevando sobre el combate al crimen organizado que incluye la militarización de lo que debería de ser prevención del delito y castigo del delito”, observó el jurista argentino.
“En ese contexto la tortura se ha generalizado y ha invadido todas las actividades de los distintos cuerpos policiales, municipales, estatales, federales, incluyendo de las fuerzas armadas”, observó.
Para el experto de la ONU con la llegada de AMLO se abre una perspectiva importante y la oportunidad de resolver el problema. No es solamente reducir la incidencia de la tortura, sino que se necesita una estrategia comprehensiva que incluya la desmilitarización y buscar la forma en que la ciudadanía coopere con la prevención del delito.
La clave para enfrentar el flagelo de la tortura “es la desmilitarización del país”, remarcó.
Finalmente, José Antonio Guevara, miembro del grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y director de la CMDPDH comenta a Apro: “México tiene una gran oportunidad con el gobierno de López Obrador para por primera vez hacer realidad la DUDH para todas y todos los mexicanos”.
“No sólo con la erradicación de la pobreza, la desigualdad, la discriminación y violencia contra la mujer, sino para lograr que se haga justicia para miles que han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos como la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.
“Tres condiciones necesarias tendrán que satisfacerse: desmilitarizar la seguridad, contar con una fiscalía autónoma e instalar un mecanismo internacional contra la impunidad y la corrupción”, demandó.