Cárteles del narcotráfico y empresarios crean verdaderos “ejércitos privados”. Utilizan compañías extranjeras para armar grupos paramilitares con capacidades de Fuerzas Especiales. Las mismas compañías también trabajan legalmente con instituciones de gobierno.
Empresas como la tequilera José Cuervo y también cárteles del
narcotráfico y grupos antiinmigrantes han contratado a empresas
especializadas en proveer “ejércitos privados”, para administrar
servicios de vigilancia, inteligencia, defensa y adiestramiento en
prácticas de tortura, documenta Paloma Mendoza Cortés maestra en
gobierno y asuntos públicos por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
Hoy, estos grupos entrenados tienen capacidad de retar a las
autoridades y bloquear la serie de cambios impulsados por el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, e incluso, su propio proyecto de Estado,
al que ha llamado la “Cuarta Transformación”.
La académica demuestra que desde 2009, el Grupo de Trabajo
especializado en mercenarios de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) informó sobre “el adiestramiento privado de policías federales
relacionados a prácticas de tortura”.
Asimismo, refiere que Pemex y la CFE “contrataron en julio de 2007
los servicios de la empresa estadounidense SY Coleman Corporation, con
sede en Virginia, especializada en vigilancia del espacio aéreo y
defensa antimisiles, para la creación y operación de un centro de
vigilancia aérea y monitoreo de instalaciones energéticas y eléctricas
de carácter estratégico en Veracruz”.
En su tesis El proceso de toma de decisiones: La función de la inteligencia estratégica,
para obtener el doctorado en estudios organizacionales por la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Mendoza Cortés señala que en
México la iniciativa privada ha recurrido al uso de empresas militares
privadas y de seguridad (MPF’s, por su acrónimo en inglés), “como la
tequilera José Cuervo que posee su propio ‘ejército privado’ para la
seguridad de sus campos de agave”.
Refiere que el propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen, el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano hasta antes
del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador) reconoció la
presencia de actividad de grupos de mercenarios en la frontera sur del
país, conformados por exkaibiles de Guatemala y egurkhas de Nepal.
“También existen reportes de la contratación de paramilitares y
ejércitos privados para asesorar a grupos antiinmigrantes en la frontera
México-Estados Unidos” muy activos en estos momentos de crisis
migratoria.
Mendoza Cortés, egresada del Centro de Estudios Hemisféricos de
Defensa de la Universidad de la Defensa Nacional (Washington, DC,
Estados Unidos), considera que la interminable crisis de seguridad en
México, la incapacidad de las policías, la débil regulación en seguridad
privada y el desgaste de las Fuerzas Armadas ha posicionado al país
como un mercado de negocio para las MPF’s en materia de seguridad en
todos sus niveles y dimensiones, al servicio del narcotráfico,
delincuencia organizada, instituciones públicas y empresas privadas,
grupos antinmigrantes, y policías federales.
Las empresas Black Mamba (TPS Armoring), el SandCat y SandCat MX
(Blindajes Epel e IBN Industrias Militares IBN Military Industries,
INBRA USA Inc, Plasan), han dado servicios a la propia Sedena para su
industria de blindaje del vehículo Karnaf, actualmente en fase de
pruebas para operaciones especiales y de alto impacto; así como para los
vehículos WBA Miura y WBA Hurricane.
En ese sentido, afirma que “como consecuencia de la asimetría de las
amenazas a la seguridad y la privatización de la violencia, las Empresas
Militares Privadas y de Seguridad representan la ruptura del paradigma
del monopolio de la violencia legítima del Estado y plantea la
coexistencia de militares de Estado con milicias privados como tendencia
global”.
Refiere que empresas como Lockheed Martin (aeroespacial), General
Dynamics-NASSCO (TIMSA), DynCorp, Kroll, ArmorGroup, MPRI, Constellis,
Raytheon han desarrollado diversas actividades en México, principalmente
atraídas por los fondos de asistencia del gobierno de Estados Unidos en
materia de seguridad (Iniciativa Mérida), pero limitadas por la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Sin embargo, señala que en ocasiones se ha hecho público el empleo y
asesoría de MPF’s por parte de los traficantes de drogas en México, tal
es el caso de los cárteles Arellano Félix, Los Zetas, Caballeros
Templarios, Golfo, Jalisco Nueva Generación, entre otros.
“De acuerdo a información de la DEA [la estadunidense agencia para el
control del trasiego de drogas], el cártel de los Arellano Félix fue
adiestrado en el manejo de lanzagranadas y ametralladoras pesadas,
encriptación de dispositivos, sistemas de visión nocturna e intercepción
de señales de radio, adquisición de armas en Estados Unidos, incluso se
ha señalado que organizaciones criminales han contratado los servicios
de exmilitares estadounidenses con cursos de fuerzas especiales como los
Green Berets”, destaca la académica.
Mendoza Cortés, a la sazón profesora en el Heroico Colegio Militar y
en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, indica que el
cártel de Los Zetas ha sido considerado como el primer ejército privado
contemporáneo en México, al ser exmilitares (suboficiales desertores) y
no civiles con conocimientos y organización militar en aras de un fin
político o ideológico (paramilitares).
Los Zetas “utilizaron para el beneficio privado de una empresa
criminal constituida por el Cártel del Golfo de Osiel Cárdenas,
conocimientos y técnicas adquiridas durante el adiestramiento que
recibieron del Estado como parte de su formación profesional militar en
México, el curso de Fuerzas Especiales en Israel, y en Estados Unidos el
curso de Rangers; inclusive, entablaron relación con policías y
militares colombianos vinculados en el adiestramiento de su organización
criminal”, asienta.
La Procuraduría General de la República (PGR) reconoce la existencia
de campamentos de adiestramiento de Los Zetas por exkaibiles de
Guatemala, en la frontera de Brownsville, Texas, y Nuevo Laredo,
Tamaulipas. “Precisamente, en 2009 la empresa estadunidense Jax Desmond
Worldwide JDW ofreció al gobierno mexicano sus servicios de consultoría
para organizar los operativos contra el narcotráfico, especialmente en
contra de Los Zetas”, acota.Ejércitos privados al servicio de los cárteles del narcotráfico
Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de la Universidad George
Mason de Virginia, Estados Unidos, compara al cártel de Los Zetas con
tres grandes empresas transnacionales: Exxon-Móbil, corporativo del
sector energético con múltiples subsidiarias; Halliburton, especializada
en inversiones en hidrocarburos, y Blackwater, de servicios de
seguridad y experta en captación de cuadros militares de alto nivel de
capacitación.
En entrevista con Contralínea, la especialista considera el
riesgo de que exmiembros del Estado Mayor Presidencial puedan
contratarse con empresas privadas de seguridad, consultorías y no
descarta que muchos de ellos engrosen las filas de la delincuencia
organizada.
“Por supuesto, la desaparición de este ente militar altamente
capacitado y adiestrado, y el anuncio de la Guardia Nacional del nuevo
gobierno genera la expectativa de que muchos deserten y se incorporen a
la delincuencia organizada”, considera.
Correa-Cabrera considera que Los Zetas ya no son propiamente una
organización de narcotráfico y se comportan más como una corporación
trasnacional, merced al proceso gradual de militarización y
paramilitarización en algunas regiones del país afectadas para responder
a Los Zetas y otros grupos similares, que configura en México un nuevo
tipo de guerra civil (incluyendo el dominio cibernético), conocida como
“guerras híbridas”.
Autora del libro Zetas Inc., Cabrera-Correa destaca que el
tráfico ilícito de drogas es sólo una de las actividades de este grupo
criminal y representa apenas una porción cada vez menor de sus
ganancias, que ahora se han trasladado a las ventas y robo de
hidrocarburos y minerales, en donde actúan como una corporación
trasnacional que abarca una red de negocios, sin dejar huella de control
centralizado, lo cual protege otras unidades de negocio cuando una sola
unidad en conflicto con la ley o es atacado por un grupo rival.
La investigadora sostiene que el gobierno de López Obrador no podrá
contener la violencia sólo con la incipiente creación de la Guardia
Nacional, debido al variopinto de organizaciones criminales que poseen
sus propios “ejércitos privados” de alta especialización y capacitación
en el arte de la guerra.
“Nunca como ahora la violencia asociada a estos grupos ha tenido
repercusiones para la seguridad y el desarrollo del país, donde uno de
los efectos perversos de las políticas adoptadas fue haber confundido
las agendas de la seguridad pública y de seguridad interior”, asegura
por su parte el coronel de infantería Diplomado del Estado Mayor, Jesús
de Miguel Sebastián, del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la
Armada de México (IIEAM).
Enfatiza que el ataque frontal del Estado a los cárteles, unido a la
contención del tráfico de drogas del sur hacia el norte, dio lugar a
“una balcanización de estos grupos criminales, de manera que calcula
que actualmente hay más de 45 grupos armados relacionados con el
narcotráfico”.
El catedrático explica que los cárteles de Sinaloa, Los Zetas,
Caballeros Templarios, el Golfo, Familia Michoacana, y Jalisco Nueva
Generación adquirieron mayor capacidad al modificar sus estructuras, su
forma de operar, y formar a sus propios ejércitos paramilitares,
orientando su lucha al control de territorios, enfrentar a grupos
rivales y a las fuerzas de seguridad.
Señala que los enfrentamientos entre grupos paramilitares constituyen
el principal generador de violencia en la mayoría de las regiones del
país, como ponen de manifiesto las disputas entre los cárteles del
Pacífico y Beltrán Leyva en Sinaloa; las del Golfo y Los Zetas en
Tamaulipas y Nuevo León; Jalisco Nueva Generación y los Templarios en
Michoacán; o la confluencia de varios grupos en Guerrero.
Alerta que a esta preocupante afectación de la seguridad interior,
que pone en riesgo la seguridad nacional, se ve agravada por la
posibilidad que estos grupos adopten comportamientos mucho más
violentos, llegando al enfrentamiento directo con las fuerzas policiales
y militares, y que podrían en último extremo ataques terroristas a la
sociedad civil.
“No estamos hablando de meros grupos delincuenciales, sino grupos
armados con un elevado grado de organización, inteligencia y capacidades
operativas y logísticas, lo que les permite realizar acciones de amplio
alcance en espacio y tiempo”, subraya Miguel de Jesús Sebastián,
maestro en seguridad nacional en el IIEAM.
En ese contexto, advierte que “no se deben olvidar las condiciones de
crisis social en localidades en las que las organizaciones del
narcotráfico tienen un notable arraigo, y cuya acción se ve favorecida
por el lento desarrollo de las políticas de prevención o desvío de
recursos para los programas sociales de apoyo a la disminución de la
violencia, como consecuencia de la corrupción institucional”.
El ejército privado de la Familia Michoacana
Los Caballeros Templarios, el ejército privado de La Familia
Michoacana que surgió en mayo de 2006, fueron capacitados por los
gobiernos de Estados Unidos, Israel y Egipto en el arte de la guerra e
inteligencia que usaron como estrategia para trasiego de drogas, lavado de dinero, infiltración de estructuras militares y del gobierno en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La formación de líderes, sicarios y operadores de los Caballeros
Templarios fue similar a la que obtuvieron los miembros del Grupo
Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) del Ejército Mexicano, quienes
pasaron a formar parte del Cártel del Golfo y después se independizaron
como el cartel de Los Zetas.
Al respecto, el análisis de la agente ministerial Rubí Esbeidit
Anduaga Goicochea, contenido en el proceso penal 121/2011 –instaurado en
contra de Martín Rosales Magaña, brazo derecho de Jesús Méndez Vargas,
el Chango, cofundador de la Familia Michoacana–, describe a los
Caballeros Templarios como el “prototipo de individuos capaces de
despliegues rápidos por tierra, mar y aire; de operaciones de emboscada e
incursiones, francotiradores, especializados en asaltar edificios y
operaciones aeromóviles de búsqueda y rescate de rehenes”.
Afirma que los cabecillas, sicarios, operadores financieros, halcones
y escoltas del cártel poseen ametralladoras M-16, fusiles MGL,
ametralladoras 5-A, calibre 5.56, las cuales fueron usadas por primera
vez por elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerza Especiales en 1994 en
Chiapas en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).PMF’s, organizaciones al servicio de la guerra
Las empresas militares privadas, sostiene Paloma Mendoza Cortés,
egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), son organizaciones de negocios y comercio en servicios
profesionales intrínsecamente relacionados a la guerra, cuerpos
corporativos especializados en proveer habilidades militares, incluyendo
operaciones de combate, planeación estratégica, inteligencia,
evaluación de riesgos, apoyo operacional, entrenamiento y habilidades
técnicas, logística, apoyo operativo, sistemas de armamento,
adiestramiento.
Agrega que como empresas internacionales y marcas registradas, las MPF’s llevan a cabo intensivas campañas de lobby
(cabildeo) y mercadotecnia para promover sus servicios, como son las
ferias internacionales especializadas en servicios de seguridad,
especialmente a través de sus páginas de internet y redes sociales, por
lo que usualmente son confundidas con compañías de seguridad privada.
Precisa que su catálogo de servicios va desde el entrenamiento,
logística, construcción, mantenimiento y administración de bases
militares en operaciones, apoyo operativo, traductores, intérpretes,
interrogadores, hasta resolución postconflictos, que refleja en la
variedad de clientes que contratan sus servicios desde la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), empresas multinacionales (especialmente
compañías petroleras), gobiernos débiles o en situación de crisis,
dictadores, guerrilleros, grupos del crimen organizado.
En términos generales –prosigue la catedrática Mendoza Cortés–, las
MPF’s ofrecen todo tipo de servicios relacionados con la seguridad
externa (funciones tradicionales de las Fuerzas Armadas,
contraespionaje, contrainteligencia) y seguridad interna (que son
funciones de la policía y aduanas) que se concentran en ámbitos de
seguridad, información, inteligencia y logística (incluido el suministro
de armamento.
Por ejemplo, dice, para el caso de políticos, empresarios o “personas VIP [very important people]”,
las empresas investigan el área, diagraman estrategias de seguridad y
análisis de riesgos, y disponen de agentes de seguridad especialmente
entrenados para la custodia de personas. Realizan acciones en seguridad
de transporte internacional de mercancías, contra el crimen organizado, lavado de dinero, etcétera.
Paloma Mendoza, egresada del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), afirma que los ejércitos privados con sede extranjera
tienen actividad en México, coexisten con filiales y oficinas locales
de empresas multinacionales y nacionales especialistas en logística
militar, policial y de seguridad privada, industria aeroespacial,
blindaje, ciberseguridad, en sistemas de seguridad, negociación en
secuestros, equipamiento, geolocalización y capacitación.
“Una buena parte de ellas cuentan con reconocimiento legal como
empresas de seguridad privada y ofrecen su catálogo de servicios a los
órganos de gobierno e iniciativa privada en eventos internacionales como
la Expo Seguridad México, en cuya última edición 2017 la Asociación
Mexicana de Blindadores Automotores (AMBA) lanzó al mercado vehículos
tácticos utilizados por fuerzas de seguridad”. Así como Blindajes Epel,
en 2000 socio fundador de la Asociación Mexicana del Blindaje Automotriz
AMBA, en 2010 estableció una alianza con la empresa estadunidense con
base en Wisconsin (establecida en 1913), Oshkosh Defense, y se convirtió
en el distribuidor exclusivo del vehículo SandCat TPV de Oshkosh en
2011.
Para 2014, Blindajes Epel había logrado la venta de 300 vehículos de
este tipo, principalmente a la Sedena. En 2015 estableció una planta de
blindajes para producir vehículos tácticos en México. Actualmente
produce el vehículo SandCat MX en versiones corta, larga y para
transporte de reos. Incluso impartió cursos a personal de Sedena en
agosto de 2016.
Por su parte –anota Paloma Cortés, egresada del Instituto Nacional de
Ciencias Penales (Inacipe)–, Industrias Militares (IBN Military
Industries INBRA USA Inc), fundada en 2002 por un empresario mexicano,
reconocida en materia de blindajes y tiene una alianza con la empresa
israelí Plasan para la comercialización y mantenimiento de vehículos
tácticos Guarder, Stormer y Sandcat, de los cuales los dos últimos ya
son ensamblados en México en el complejo militar industrial de IBN en la
ciudad de Aguascalientes.
“Su catálogo de servicios incluye: blindaje nivel urbano, gobierno,
diplomático y aeroespacial; drones, ‘productos de inteligencia’
(detectores, interceptores y encriptadores), renta de vehículos
blindados; fabrica chalecos blindados, un laboratorio de balística, un
centro de tecnología, investigación y desarrollo y un centro de
inteligencia y geolocalización. De igual forma ofrece cursos de
capacitación en técnicas de defensa israelí”, apunta la especialista.
Destaca que Wendler Blindajes Alemanes WBA ha sido utilizado por la
División de Gendarmería de la Policía Federal desde la celebración del
centenario de la industria militar de México, marco en el cual se hizo
la presentación de los prototipos de los vehículos blindados DN-11,
Titán y Cimarrón con el propósito de disminuir costos y proyectar a la
industria militar de México a nivel internacional.
Las tres dimensiones de la guerra de cárteles
Xavier Servitja Roca, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, considera que
la amenaza del crimen organizado a la seguridad nacional, no se podría
entender sin analizar la aparición de los ejércitos privados dentro de
las estructuras de las organizaciones criminales.
En entrevista con Contralínea, dice que la formación de
estos brazos armados al servicio de los cárteles del narcotráfico tiene
especial incidencia sobre lo que el experto define como las tres
dimensiones de la “guerra de los cárteles”: la guerra entre las
diferentes organizaciones por el dominio de plazas (intercárteles); la
guerra por el control de las mismas (intracárteles); y, finalmente, la
guerra contra la autoridad pública.
En concreto, dice, la aparición de ejércitos privados tiene su origen
en la guerra intercárteles, intracárteles y la guerra contra las
instituciones del Estado. “La hegemonía que ejercen los cárteles
mexicanos sobre las rutas de los tráficos ilícitos aumenta la
competición entre ellos para arrebatar las plazas a los grupos rivales”,
apunta Servitja Roca.
Este choque deriva en un enfrentamiento abierto intercárteles y la
creación de “ejércitos privados” formados por exmilitares o policías con
experiencia en combate y manejo de armas, defensa de plazas y ataque a
sus enemigos con mayor efectividad, y está protagonizada por lo que se
denomina como el cártel de tercera generación.
Finalmente, Paloma Mendoza Cortés considera que es necesario
replantear los paradigmas en seguridad y defensa para incorporar a la praxis
y estudio la manera que influyen las actividades de las empresas
militares privadas y de seguridad en las Fuerzas Armadas del Estado, así
como los puntos a favor y en contra dentro del marco constitucional,
derechos humanos y rendición de cuentas.
En ese contexto, no descarta que las Fuerzas Armadas mexicanas
responderán a la tendencia global de uso de contratistas privados “tal
vez para incrementar la capacidad de su fuerza de cara a la ausencia de
fuerzas de seguridad capaces de reemplazarlas en sus actuales
actividades de seguridad pública y seguridad interior”.
José Réyez
[INVESTIGACIÓN][SEGURIDAD][SEMANA][D]
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