Gilberto López y Rivas
Esgrimiendo razones auto-referenciales de que
lo suyo no es la venganzay declarándose
partidario del perdón y la indulgencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso de toma de protesta ante el Congreso, el primero de diciembre, propuso un
punto finalpara delitos cometidos por los funcionarios del pasado, afirmando que en su Presidencia se abstendrá de
solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos, y de que
esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie. Contradictoriamente, afirma que la parte medular de su programa de gobierno será acabar con la corrupción y la impunidad.
El contrasentido radica en que los delitos cometidos por los
funcionarios del pasadovan más allá del saqueo del erario por las innumerables vías de la corrupción gubernamental; muchos de ellos estuvieron involucrados, por omisión o comisión, en crímenes de Estado y lesa humanidad, como las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales que no prescriben ni pueden ser eximidos por el nuevo titular del Ejecutivo federal.
¿Jamás se investigará quiénes son los responsables de la matanza de
estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de
octubre de 1968, o la perpetrada también contra estudiantes el 10 de
julio de 1971? ¿Quedarán sin desentrañarse los asesinatos,
desapariciones forzadas, torturas, cárceles clandestinas, y vuelos de la
muerte durante la guerra sucia que duró más de 20 años? Las masacres de
Aguas Blancas, Guerrero, Acteal, Chiapas (1997), Tlatlaya, estado de
México, (2014), Nochistlán, Oaxaca, (2016) ¿quedarán en el olvido? Esto
por enumerar los crímenes más conocidos en los que se identifica la mano
del Estado y sus fuerzas armadas con sus grupos paramilitares, como el
Batallón Olimpia, Los Halcones, La Brigada Blanca, y los más de
una docena que fueron identificados por la PGR para el caso de Chiapas,
en 1997, sin mencionar los que operan bajo la cobertura del crimen
organizado, que pasaron a constituir la cara clandestina de gobiernos
mafiosos y delincuenciales.
Ha sido positivo el decreto presidencial para crear una comisión de
la verdad que investigue los asesinatos y las desapariciones forzadas de
los estudiantes de Ayotzinapa, crimen de Estado y lesa humanidad que
cimbró la conciencia del país y del mundo. En Iguala, Guerrero, se
condensó el 26 de septiembre de 2014 toda la violencia estructural y de
Estado que ha padecido México durante más de una década, y que ha
resultado en más de 200 mil muertos, en su mayoría jóvenes y pobres, al
menos 40 mil desaparecidos, así como medio millón de desplazados
internos y fuera del país. Siendo esta tragedia un caso paradigmático,
en el que se visibilizan los estrechos lazos de complicidad entre crimen
organizado, Ejército, gobernantes de los tres órdenes, policías y todo
el aparato judicial, constituye, sin embargo, una entre miles de
desapariciones forzadas en las que el Estado mexicano está involucrado.
Este crimen será supuestamente investigado
hasta sus últimas consecuencias, pero: ¿quedará archivada la desaparición forzada de los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, secuestrados por fuerzas de seguridad en Oaxaca en 2007? Recordemos a los entrañables compañeros Samuel Ruiz, Carlos Montemayor y Miguel Ángel Granados Chapa, integrantes de la Comisión de Mediación, junto con quien escribe, que durante años enfrentó la cerrazón cómplice del gobierno y la protección tacita del Estado respecto a la participación del Ejército en este caso emblemático.
¿Qué pasará con los otros miles de procesos judiciales que no tienen
atención mediática, ni sus familiares los medios organizativos para
demandar la aparición con vida de sus desaparecidos? Con toda razón,
parientes de desaparecidos forzados cuestionaron que sólo haya una
comisión para Ayotzinapa. ( La Jornada 6/12/18).
En estos crímenes el Ejército ha participado en defensa de los
intereses de los grupos dominantes, por no citar su involucramiento
directo en asesinatos de dirigentes populares como el purépecha Primo
Tapia de la Cruz, asesinado por orden de Elías Calles en 1926; o el
ocurrido el 26 de mayo de 1962, cuando militares masacraron a Rubén
Jaramillo y su familia en el sitio arqueológico de Xochicalco, Morelos.
Las fuerzas armadas fueron exoneradas de toda responsabilidad con el
argumento de que sus altos mandos no son parte de la oligarquía e
integrarán la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública. Esta
propuesta ha sido duramente criticada por organismos de derechos humanos
que la consideran otra forma de militarización.
Así, coincido con el Colectivo Iglesias por la Paz que señaló:
antes de buscar el perdón de las víctimas de la violencia, se requiere acceder a la verdad y la justicia.( La Jornada 21/09/18).
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