La Jornada
En respuesta a solicitudes de
la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH) canceló ayer dos rondas de licitaciones para asignar a empresas
privadas diversas áreas terrestres de Veracruz, Tabasco y Chiapas,
equivalentes a 4 mil 681 kilómetros cuadrados. Asimismo, el órgano
regulador acordó diferir hasta agosto una convocatoria a corporaciones
particulares para asociaciones estratégicas con Petróleos Mexicanos
(Pemex) en áreas terrestres de 300 kilómetros cuadrados en Tamaulipas y
37 áreas terrestres de dimensiones no especificadas en Burgos,
Tampico-Misantla-Veracruz y cuencas del sureste.
Luego de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en los comicios
presidenciales del primero de julio, la CNH reiteró que las licitaciones
programadas en la administración anterior se llevarían a cabo a pesar
del cambio de gobierno. Sin embargo, tras el exhorto de la Sener, hecho
el lunes anterior para que revisara los alcances del proceso de
licitaciones y evaluara
los resultados y avances de los contratos vigentes de exploración y extracción de hidrocarburos, el órgano regulador terminó por dar marcha atrás.
Los hechos comentados representan un viraje histórico en la política
petrolera implantada tras la aprobación de la reforma energética, en
2014, que consistió en entregar a manos llenas concesiones a
corporaciones privadas extranjeras y nacionales, en condiciones de
mínimo control y verificación del cumplimiento de los términos
contractuales, y en restringir al máximo posible las actividades de
Pemex.
En consecuencia, la producción nacional de hidrocarburos se desplomó,
los concesionarios se quedaron muy por debajo de los volúmenes de
extracción que el gobierno de Enrique Peña Nieto había prometido
alcanzar y, lo peor, la renta petrolera del país, que llegó a
representar 40 centavos de cada peso del presupuesto público, se redujo
en 50 por ciento, lo que explica la concatenación de la reforma
energética con una reforma fiscal que habría de compensar por la vía
impositiva los recursos que el Estado iba a dejar de percibir por ventas
de petróleo.
Si bien el actual mandatario no prometió abrogar la reforma
energética, sí se refirió a la necesidad de reorientar, incluso con el
marco legal aún vigente, las políticas energéticas, a fin de recuperar
los niveles de producción de hidrocarburos y de reconstruir Pemex a
partir del ruinoso estado en que los gobiernos neoliberales dejaron a la
antigua paraestatal. Una condición fundamental para conseguir esos
objetivos era lograr que la CNH colaborara con los nuevos lineamientos
gubernamentales, algo que parecía difícil, habida cuenta que tanto ese
organismo como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y otros del mismo
corte fueron establecidos justo para asegurar la persistencia de las
orientaciones neoliberales, entreguistas y antinacionales que
caracterizaron a la reforma energética. Pero, pese a todo, a la vista de
las decisiones referidas, parece que el nuevo gobierno está logrando
alinear a tales instancias.
No es un asunto menor. A la rotunda falta de resultados de la
política energética privatizadora y de su fracaso en términos
económicos, debe agregarse el hecho de que la concesión de grandes
extensiones a las corporaciones energéticas transnacionales y nacionales
debilita objetivamente la soberanía nacional y reduce las posibilidades
del Estado mexicano de ejercer el pleno control en el territorio
nacional. Por ello, la cancelación de las licitaciones por parte de la
CNH es un hecho histórico positivo que produce alivio y optimismo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario