Por Efrén Flores
SECCIÓN UNIDAD DE DATOS
Diez familias controlan el 60 por ciento de los sindicatos en México. Las cifras de la Secretaría del Trabajo refieren que dos de cada cinco gremios (1 mil 533 de 3 mil 579) están afiliados a confederaciones priistas como la CTM y la CROC, que este año fueron expulsadas de la Confederación Sindical Internacional por obstaculizar la libertad y la democracia sindical. Lo anterior refrenda la actual situación nacional: el control sindical por patrones y gobiernos en beneficio de intereses políticos y económicos que merman el desarrollo nacional.
Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- “En México, no son más de 10 familias las que controlan cerca del 60 por ciento de los registros sindicales”, dijo la doctora María Xelhuantzi López de la UNAM. Hasta este año, corroboran los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 43 por ciento de los sindicatos de trabajadores estaba concentrado en tres centrales obreras ligadas al priismo histórico: CTM, CROC y CROM.
Nombres como los de Rodolfo Gerardo González Guzmán (CROM), Carlos Aceves del Olmo (CTM), Roberto y Sergio Mendoza León (CROC), salen a relucir cuando hablamos de tres de las más poderosas confederaciones sindicales que existen en México:
La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), que data de 1918 y que fue la primera organización en su tipo a nivel nacional; la Confederación de Trabajadores de México (CTM), fundada en 1936 para representar a la estructura obrera, sobre todo aquella ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI); y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que fue creada en 1952 para defender a los trabajadores y que, a lo largo de los años, fortaleció la base popular del PRI.
En la actualidad, la CTM (776), la CROC (416) y la CROM (341) son las centrales obreras con más organizaciones afiliadas a nivel nacional. De ese modo, dos de cada cinco sindicatos de trabajadores registrados ante la STPS (1 mil 533 de 3 mil 579) están ligados a ellas.
La concentración de sindicatos en este tipo de estructuras corporativistas, además de evidenciar la falta de competencia sindical en el país, devela la función del sindicalismo como “instrumento de control político”, y también, “para el enriquecimiento de los dirigentes”, explicó a SinEmbargo la doctora María Xelhuantzi López, investigadora del Centro de Estudios Políticos (CEP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Estos grupos, que nacieron como brazos políticos del PRI y que hasta la fecha operan como centrales electorales para ciertos grupos de interés, se fueron rompiendo a lo largo de los años para generar otras centrales de trabajadores como la Confederación Revolucionaria de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores y Campesinos.
El proceso de rompimiento, confirmó Xelhuantzi, “fue al amparo del poder. No fueron pleitos entre ellos sino que fueron alentados por el propio Gobierno; sobre todo después de la muerte de Fidel Velázquez –líder y fundador de la CTM– en 1997”.
Con la escisión, no sólo se buscó controlar a los jerarcas sindicales y a las bases obreras y trabajadoras. El interés fundamental del control de los sindicatos por parte del Gobierno mexicano siempre fue “mantener los salarios bajos y que no hubiera negociación colectiva. Porque cuando no hay sindicatos, no hay negociación y, consecuentemente, los salarios nunca suben”. Es un ardid “a favor de las empresas [o grupos fácticos] cuyo efecto secundario fueron los cacicazgos”, abundó.
La relación entre el sindicalismo y la política, tiene rostro. El ex Senador priista Carlos Aceves del Olmo, quien encabeza a la CTM desde 2016, ha sido legislador en ambas cámaras del Congreso de la Unión, desde hace al menos 18 años. Foto: Galo Cañas, Agencia Cuartoscuro.
En México, en los últimos 18 años, el salario mínimo se duplicó al pasar de 37.90 pesos diarios en 2000, a 88.36 pesos diarios en 2018. Esto es un aumento promedio anual de 2.80 pesos, o bien, 5.3 por ciento de crecimiento promedio anual, cantidad apenas superior al promedio anual de la inflación de los últimos tres sexenios (5 por ciento), lo que implica una estancada capacidad del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos.
El 1 de mayo de 2018, por ejemplo, el entonces Senador priista Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC, aseguró que no existían posibilidades de dar a los trabajadores un aumento salarial, debido a las condiciones políticas y económicas por las que atraviesa el país.
Al conmemorar el Día Internacional del Trabajo, González explicó que aunque la central sindical que representa no se opone a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, empero, debían “actuar con responsabilidad” y considerar que el 85 por ciento de los negocios que generan empleo a nivel nacional son micro y pequeñas empresas que enfrentan “dificultades económicas”, por lo cual, un aumento salarial implicaría eventuales despidos.
Por contrario, manifestó que el sector privado requiere de “certidumbre y seguridad para mantener su capital en nuestra nación y lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que sigan invirtiendo sus recursos”.
En México, existen 49 organizaciones sindicales que aglutinan al 58 por ciento de todos los sindicatos laborales registrados ante la STPS. El resto (42 por ciento) está compuesto por sindicatos “independientes”.
Después de la CTM, CROC y CROM, las organizaciones con más sindicatos integrados son la Confederación Obrera Revolucionaria (67), la Confederación de Trabajadores y Campesinos (49), la Confederación General del Trabajo (40), así como el Congreso del Trabajo y la Federación Nacional del Ramo Textil y Otras Industrias (con 35 cada una).
Si descartamos a los 1 mil 501 sindicatos independientes, es decir, a los que no tienen afiliación a ninguna federación o confederación, la CTM, CROC y CROM acaparan el 74 por ciento de los sindicatos (2 mil 078) en manos de alguna organización.
Esta situación es aún más preocupante si consideramos que, el viernes 7 de diciembre de este año, la CTM y la CROC fueron expulsadas de la Confederación Sindical Internacional (CSI) por promover los contratos de protección patronal en México, situación que obstaculiza la libertad y la democracia sindicales.
“Dichas organizaciones corporativas –recriminó la CSI– continúan realizando acciones contrarias a los principios y valores de los trabajadores”.
En el marco de una crisis sindical en México, el 9 de diciembre pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador externó que “ya no van a haber sindicatos apoyados, respaldados por el Gobierno. Ahora, los líderes van a ser nombrados en elecciones democráticas por los trabajadores” con “voto libre y secreto”.
LOS SINDICATOS EN MÉXICO
Además del salario, uno de los temas más importantes relacionados con los sindicatos es el de la distribución de la Participación de los Trabajadores en la Utilidades (PTU), “que es una prestación que está en la Ley [artículos 123, tanto constitucional como de la Ley Federal del Trabajo] para la entrega al trabajador de un porcentaje de las utilidades de la empresa”, puntualizó Víctor Ortega, abogado del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad.
La PTU (de hasta 10 por ciento de las utilidades anuales) de una empresa o negocio, tiene por finalidad reconocer la aportación de la fuerza de trabajo y elevar el nivel económico de los trabajadores y sus familias. Así pues, es un factor de impulso a la distribución de la riqueza y al aumento de la productividad, en un esfuerzo conjunto de los trabajadores y el sector patronal, de acuerdo con la descripción del Colegio de Contadores Públicos de México.
El problema radica en que la PTU, en muchos casos, es calculada con base en las utilidades consolidadas –y no netas– de una empresa, por lo que la cantidad a distribuir disminuye.
Al quitar la posibilidad de una PTU adecuada, explicó el litigante, en lugar de generar un cambio real a nivel nacional, el sistema limita aún más el poder adquisitivo de los trabajadores y detiene la sana distribución de la riqueza.
Para Víctor Ortega, todo “el sistema sindical es cuestionable”; y el sistema de seguridad social “está mal diseñado” porque representa más a los intereses de los patrones que a los de los trabajadores.
Según los cálculos del litigante, en México hay alrededor de 8 millones de personas sindicalizadas –cantidad equivalente al 15 por ciento de la población económicamente activa (PEA)– “de los que dos o tres millones están al servicio del Estado”. Y de acuerdo con las cifras de la STPS, hasta este año, habían 4.5 millones de sindicalizados (ocho por ciento de la PEA).
No obstante, si sumamos los sectores patronal y sindical –3 mil 579 registros de la STPS y 151 del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA)– y descartamos los “registros fantasma que se utilizan para extorsionar a patrones y a trabajadores, […] la tasa de sindicalización real en México es menor al uno por ciento”, aseguró la doctora María Xelhuantzi López.
Para la también asesora del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, sólo el 0.85 por ciento de la PEA está sindicalizado. Los registros fantasmas, por su parte, implican un problema que deriva del control sindical que ejercen los patrones, directamente o indirectamente (a través de los diferentes órdenes de gobierno).
En un país en donde el problema sindical es “el control político en los sindicatos”, el punto de partida para subsanar al sistema “debiera ser el desmantelamiento de estas estructuras fantasma. El camino por el que está optando el Gobierno no es el más adecuado; es una réplica de lo mismo que han venido haciendo los gobiernos anteriores, que es intervenir en el movimiento sindical. Y si ese es el problema, no lo vamos a resolver con más de lo mismo”, explicó Xelhuantzi.
Este año, según las cifras de la Secretaría del Trabajo, se realizó la firma de 6 mil 419 contratos colectivos (la cifra registrada más baja en los últimos ocho años). Y hasta el año pasado, la STPS extendió 157 nuevos registros.
De los más de casi 3.6 mil sindicatos que reconoce, la mayor parte están concentrados en la Ciudad de México (1 mil 315 o 37 por ciento), Estado de México (423 o 12 por ciento), Veracruz (247 o siete por ciento), Puebla (204 o seis por ciento), Jalisco (186 o 5.2 por ciento) y Nuevo León (138 o cuatro por ciento). Cada una de las 26 entidades federativas restantes, por su parte, son la cede del 1.2 por ciento de los sindicatos en promedio (entre 22 y 74 registros, dependiendo el caso).
En términos de clasificación, en nuestro país hay 2 mil 962 sindicatos, 558 federaciones, 48 confederaciones o centrales obreras y 11 agrupaciones. De ellas, el 16 por ciento pertenece a instituciones de gobierno a nivel federal, el 10 por ciento al sector textil, el 8.7 al alimenticio, el seis al farmacéutico, el cinco al de autotransporte federal, el cuatro al metalúrgico y el 3.4 por ciento al sector automotor, por mencionar los principales.
De las 151 organizaciones registradas ante el TFCA, 112 están al servicio del Estado, 34 son independientes –o no pertenecen a una federación o confederación en específico– y cinco están ligadas a la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios.
EL FUTURO SINDICAL
“El sindicato y el contrato colectivo representan dos de las más importantes figuras del derecho laboral, las cuales otorgan a los trabajadores seguridad en la defensa de sus derechos y la obtención de mejores condiciones de trabajo en la relación obrero-patronal”, se lee en un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Para la doctora María Xelhuantzi López, si el Gobierno realmente quiere dar autonomía y libertad sindical, tiene que empezar con un sistema de fiscalización, con base en los registros locales y federales, para revisar la organización y a los dirigentes.
“No se trata de empezar por Romero Deschamps o Elba Esther Gordillo. Esto es mediático y propagandístico”. El cambio “no se debe de hacer por la vía de la Secretaría del Trabajo, sino por la vía del sistema de distribución tributario; por la vía fiscal”, recalcó.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “las empresas se enfrentan a numerosas incertidumbres en un mercado global en rápida evolución. Entablar un diálogo sincero con representantes de los trabajadores libremente elegidos permite a los trabajadores y a los empleadores comprender sus respectivos problemas y encontrar mejores soluciones”.
“La seguridad de la representación –añade– contribuye a desarrollar la confianza de ambas partes. La libertad sindical y de asociación y el ejercicio de la negociación colectiva proporcionan oportunidades para el diálogo constructivo y la resolución de los conflictos, lo que canaliza la energía necesaria para encontrar soluciones que son beneficiosas para la empresa y la sociedad en general.”
Xelhuantzi comentó, en ese sentido, que muchos de los sindicatos a nivel local y nacional “no cumplen con el mínimo de 20 integrantes; hay subrogación de registros sindicales y las familias venden o alquilan los contratos”.
El Senador priista Isaías González Cuevas, funge como secretario general de la CROC desde el año 2005. Desde los noventas hasta la fecha, González a sido legislador e incluso, entre 2001 y 2013, presidió la Agrupación Política Nacional Ricardo Flores Magón. Foto: Isaac Esquivel, Agencia Cuartoscuro.
Por ello, más allá de los casos de enriquecimiento ilícito de los jerarcas sindicales –Romero Deschamps, Gordillo Morales, González Guzmán, Aceves del Olmo, Mendoza León, entre otros–, la investigadora urgió la necesidad de fiscalizar a los “muchísimas” instituciones “patito” que han “usufructuado el sindicalismo y que nadie toca”.
Inclusive, recordó, hay estados como San Luis Potosí y Tamaulipas en donde no hay forma de consultar los registros sindicales y donde hay organizaciones que, además de las fantasma, tienen nexos con el crimen organizado.
“Hay evidencias muy claras de que ya desde los años setenta había infiltración del narcotráfico en el movimiento sindical, y que los sindicatos comenzaron a ser utilizados para lavar dinero”, explicó.
Para la otrora asesora del Senador Porfirio Muñoz Ledo en la Secretaría Técnica de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República, “los sindicatos sirven para hacer dinero y negocios”, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su Servicio de Administración Tributaria (SAT) son las instituciones que deberían de estar laborando para limpiar el sistema sindical.
“A lo que debería dirigirse el movimiento sindical, en este mundo moderno, es regresar a sus funciones básicas, que es la negociación colectiva. Armar y celebrar contratos colectivos de trabajo, con el consenso de los trabajadores, donde haya vida sindical en los centros de trabajo […] y donde se negocie con la empresa en función de las capacidades económicas”, abundó.
Sin embargo, lamentó que el Gobierno entrante siga optando por hablar de un aumento al salario mínimo –hasta 176.72 pesos para el final del sexenio–. Un discurso “estrictamente político [que] no va a resolver el problema de los salarios y mucho menos el problema de la desigualdad […] porque el salario mínimo lo pagan, igual el dueño de un pequeño establecimiento –de una tienda de abarrotes, de una tortillería– que las empresas del señor Carlos Slim.”
La académica indicó que, aunque la nueva administración lograra aumentar los salarios a 340 pesos diarios –que es la cantidad mínima para alcanzar ingresos de bienestar mínimo en México– reventaría la economía de las empresas micro, pequeñas y medianas –como señaló este año el líder priista de la CROC–, ya que “el pago proporcional sólo se logra con negociación colectiva” (no por imposición de Gobierno).
Si por algo esto último no ha sido posible, es porque tenemos “un sistema autoritario y dictatorial” en que los grandes oligopolios, que podrían aumentar los salarios hasta en un 100 por ciento sin poner en riesgo la viabilidad de su empresa, siguen operando para mantener salarios bajos; y el Gobierno, su mecenas, actúa por decreto y no acorde a la productividad proporcional de los negocios.
Tanto Xelhuantzi como Ortega coincidieron en que México necesita de la vigilancia y del apoyo (legal) del Gobierno federal para impulsar y facilitar las negociaciones entre empleados y empleadores, sin “sobreintervenir” como lo ha hecho, y sin fortalecer y profesionalizar las figuras de conciliación y arbitraje, situación que ha hecho que la economía mexicana tenga “tantos tropiezos”, dado que no existen adecuadas condiciones de mediación de conflictos laborales, con criterios despolitizados, técnicos y productivos y con capacitación constante.
Aunque la ratificación de este año del Convenio 98 de la OIT y la posible reforma al Artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo (para la no discriminación sindical) son vistas con buenos ojos por organizaciones internacionales y especialistas, empero, acabar con los denominados “sindicatos blancos” (que defienden los intereses del patrón) y con las prácticas de injerencia patronal y gubernamental sigue siendo un reto.
Inclusive, este año, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el capítulo laboral del acuerdo comercial incluyó un anexo relativo a la representación de los trabajadores en las negociaciones colectivas de nuestro país, para que México se comprometa a efectuar acciones legislativas para garantizar la libertad sindical, según datos de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
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