Con un estilo de gobierno basado en su propia personalidad, acendrado ahora en su papel de presidente de la República, López Obrador y su partido Morena que tiene mayoría en el poder legislativo, impulsan una serie de iniciativas en el marco de la lucha contra la corrupción y la austeridad en los órganos, autoridades e instituciones oficiales.
Con razones de sobra, lo que el presidente de la República lleva a cabo es responder a un clamor popular que se reflejó en el voto mayoritario que recibió el pasado 1 de julio: terminar con los privilegios y la impunidad de los funcionarios públicos, principalmente en las cúpulas, que viven con ingresos estratosféricos, lujos, prebendas, escoltas, teléfonos, autos y gasolina gratis. Nada que ver con la realidad de millones de mexicanos.
La brecha entre este grupo de funcionarios públicos con el resto de la población se ha ensanchado con el paso de las últimas administraciones. También se ha hecho evidente la falta de compromiso social de estos funcionarios cuya tarea y responsabilidad es impartir justicia, transparentar el ejercicio de gobierno, mantener el equilibrio en las finanzas públicas, manejar con responsabilidad los recursos financieros públicos y atender las necesidades más apremiantes de la población como es la seguridad.

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Este alejamiento entre funcionarios públicos y ciudadanía es tomado por la mayoría de la población como una afrenta inmoral y, en algunos casos, como una traición a su quehacer y responsabilidad social, sobre todo cuando hablamos de justicia.
El enojo social ha crecido conforme se han hecho públicas actuaciones y decisiones de ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros que afectan a la mayoría, como el nepotismo, compadrazgo, la aprobación de sus elevados salarios, la protección a los bancos con el Fobaproa, la liberación y protección de políticos corruptos y delincuentes, así como la indolencia y hasta el maltrato diario a los contribuyentes.
Todo esto y otros más han sido actos ofensivos para una sociedad que sufre, por un lado, la fragilidad económica, y por el otro, la vulnerabilidad por la falta de justicia y seguridad.
Esta lucha de poderes entre el ejecutivo y el legislativo frente al poder judicial, llámese jueces, magistrados y ministros, que son los que lo encabezan, puede llegar a terrenos peligrosos de desestabilización gubernamental.
El choque de trenes puede suscitar, un descarrilamiento o una crisis que ya está llegando a las calles donde grupos sociales se están organizando para protestar por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de amparar a más de cuatro mil funcionarios públicos que rechazan el ajuste salarial por debajo de lo que ganará el presidente de la República.
Los tiempos de cambio son tiempos de transformaciones y estas generan y habrán de generar  diferencias, confrontaciones y crisis. Este es el inicio de la llamada Cuarta Transformación, que viene con una sacudida en todos los órdenes de gobierno y que también podrían alcanzar al propio poder presidencial.
Quizá esto es lo que nos hacía falta desde hace tiempo, una sacudida del tamaño del problema que se enfrenta y que forma parte de una crisis estructural que no puede corregirse con acciones o decisiones superficiales o cosméticas y no caer en lo que versa el dicho popular: cambiar para que todo siga igual.
Por cierto… Durante los últimos años, la burocracia se ha incrementado considerablemente. Según datos consultados por el diario Reforma en agosto pasado el aumento en el número de trabajadores en distintas secretarías gubernamentales es de casi 200 mil trabajadores en la última década. Esto es, el 30% más en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La intención del gobierno de López Obrador es reducirlo en al menos ese 30% que integra el personal de confianza, así como reducir salarios a funcionarios que rebasen los 40 mil pesos de ingreso mensual.