AMLO y su necesidad de fiscal propio
Batallas judiciales
Presidente que no se cuida
Remuneraciones y bonos
Ala tentación original se ha
sumado el desenvolvimiento de una cantada reyerta con el Poder Judicial.
No es solamente un asunto de criterios judiciales en conflicto o de
esquemas administrativos que quisieran contar con un propio en la
Fiscalía General de la Nación: el obradorismo considera necesario,
indispensable, conjurar las posibilidades de golpes judiciales similares
a los que han sido armados (el ejemplo inmediato, en Sudamérica) para
entrampar o deponer a políticos de izquierda o progresistas llegados a
la presidencia de su país.
Bajo esas consideraciones de proteccionismo imprescindible, puede
decirse que el obradorismo jamás pensó en ceder la plaza de la nueva
fiscalía a un personaje eventual, azaroso, emergido, propuesto o avalado
por la discutible textura de las agrupaciones de siglas y activistas
que suelen asumirse como representantes de la
sociedad civil.
El presidente Andrés Manuel López Obrador requiere a un personaje de
su cercanía política y afectiva en el máximo cargo de procuración
nacional de justicia, lo cual es una expresión de premodernidad y
aumenta la concentración de poder en una persona, pero las primeras
batallas, y la previsión de una guerra mayor, en términos políticos y
judiciales, lleva al tabasqueño a atrincherarse y a acentuar el factor
de la lealtad entre sus filas.
De por sí, López Obrador vive cotidianamente expuesto a un riesgo
inaceptable para quien valorase no sólo su vida personal, sino la
importancia de preservarla para cumplir con un proyecto superior, el de
gobernar a un país en crisis y tratar de conducirlo a mejorías
sustanciales. De manera irresponsable, casi con fanfarronería
adolescente, López Obrador presume diariamente la carencia de un equipo
de seguridad profesional a su alrededor y crea escenarios de riesgo en
los lugares públicos a los que acude y, en especial, en los vuelos
comerciales que aborda.
Con aire místico dijo en días pasados que él ya no se pertenece, pero
esa vida, que se supone está consagrada a magnos propósitos, no es
cuidada conforme a la importancia de la misión autodefinida en términos
de desposeimiento de decisiones individuales. La propia Beatriz
Gutiérrez Müller, en un proceso que hace suponer que tendrá respuesta
conyugal, ha abogado en favor de que su esposo cuente con vigilancia de
primer orden.
El acecho de lo judicial y lo económico está a la vista. Jueces,
magistrados y ministros, además de personal de niveles burocráticos
medios del Poder Judicial Federal, han encabezado una rebelión jurídica a
la que se están sumando miembros de otros organismos
autónomosy, de manera menos abierta, las directivas de los partidos que se oponen al imperio de Morena.
El tema de la remuneración de esos servidores públicos será el
primero de una serie de litigios que podrán entablarse respecto de
puntos clave del proyecto general obradorista. Juzgados extranjeros
podrían terminar, incluso, resolviendo los diferendos con los tenedores
de bonos del proyecto de construcción en Texcoco de un nuevo aeropuerto,
inversionistas que están rechazando en primera instancia la propuesta
de recompra del nuevo gobierno federal, seguramente con un propósito
especulativo que termine por darles mayores ganancias (y mayores
pérdidas al erario mexicano) e incluso con un objetivo que va más allá
de los dólares en juego: confirmar a López Obrador el poder
de los mercadosal encarecer y obstruir la continuidad del proyecto de Santa Lucía y los aeropuertos ya existentes. En ese contexto, López Obrador impulsa que la Fiscalía General de la Nación no se convierta en un instrumento de desestabilización de su gobierno.
Por otra parte, se informa que esta columna se declarará en modo
vacacional a partir del próximo lunes 17, cuando suspenderá su
publicación para ser reanudada el lunes 7 de enero del siguiente año, en
una necesaria tregua de tecleo que permitirá recargar baterías para un
2019 de intenso trabajo periodístico.
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