La actuación de los aparatos judiciales frente al caso Odebrecht en esos dos países ha sido tan sospechosamente lenta, que es imposible desvincularla de un contexto más general: México y Venezuela figuran entre los 30 países más corruptos del mundo.
En Venezuela, que según el índice de Transparencia Internacional es el país más corrupto de América Latina, no existe ninguna investigación oficial sobre los sobornos de Odebrecht, a pesar de que ejecutivos de la constructora confesaron haber hecho pagos por 98 millones de dólares a altos funcionarios del régimen.
Y en México, el quinto país más corrupto de la región en la lista de Transparencia Internacional, sólo un exfuncionario, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, está siendo investigado.
Lozoya, quien fue coordinador internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, habría recibido 10.5 millones de dólares entre ese año y 2016 para ayudar a Odebrecht a obtener contratos, según declaraciones juradas de tres exejecutivos de esa empresa.
El año pasado, diputados de Morena denunciaron a Lozoya ante la Procuraduría General de la República (PGR), cuando esa dependencia estaba a cargo de Raúl Cervantes Andrade, el llamado “fiscal carnal”.
Una denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la otra en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf), pero el caso se ha movido en cámara lenta, en contraste con lo que ha ocurrido con las denuncias en otros países latinoamericanos.
México y Venezuela han sido dos lunares en la región desde que hace dos años, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que, según testimonios de altos ejecutivos de Odebrecht, esa constructora pagó 788 millones de dólares en sobornos por más de 100 proyectos de obra pública en 11 países de América Latina.
Transparencia Internacional destacó en su informe de este año que el caso Odebrecht se ha traducido en sanciones judiciales “contra empresarios y figuras políticas en los más altos niveles en Brasil, Ecuador y Perú”.
En Brasil, donde la constructora habría pagado sobornos por 349 millones de dólares, está en la cárcel el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, la destituida expresidenta Dilma Rousseff y el actual mandatario Michel Temer están investigados y decenas de políticos, empresarios y exdirectivos de empresas estatales ya fueron sentenciados por peculado o están bajo proceso penal.
En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas, el político más cercano al expresidente Rafael Correa, fue condenado a seis años de cárcel bajo cargos de aceptar sobornos, y el propio exgobernante, que reside en Bélgica, fue requerido por la justicia de su país para responder por “delincuencia organizada” por su presunta participación en el caso.
En Perú, están procesados penalmente por la trama de Odebrecht los expresidentes Alan García, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, y la líder opositora Keiko Fujimori está en prisión bajo cargos de recibir fondos de la constructora brasileña para financiar su campaña en 2011.
Además, Pedro Pablo Kuczynski se vio orillado a renunciar como presidente de Perú en marzo pasado tras ser acusado de recibir pagos de Odebrecht a cambio de una consultoría.
En Panamá, hay 36 personas procesadas, entre ellas dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli y tres de sus exministros.
También en Argentina, República Dominicana y Guatemala hay varios funcionarios de alto nivel sometidos a investigación.
Y hasta en Colombia, donde el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, es señalado por la oposición política de bloquear una investigación contra el mayor conglomerado empresarial del país, el Grupo Aval, por su eventual participación en los sobornos de Odebrecht –que fue su socio en ese país–, hay 91 procesados, 18 de ellos privados de su libertad.
México y Venezuela: la inacción
La exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, ha señalado que en su país nada va ocurrir con el caso Odebrecht mientras se mantenga en el poder el presidente Nicolás Maduro, a quien ella acusa de recibir de la constructora 50 millones de dólares para su campaña presidencial en 2013.
Ortega, quien está exiliada en Colombia, ha dicho que, a cambio de ese financiamiento ilegal, Odebrecht recibió en Venezuela “jugosos contratos de obras que no se terminaron y que hoy son monumentos a la corrupción”.
Maduro no está investigado en su país, pero el llamado Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela, integrado por magistrados nombrados por la Asamblea Nacional, lo sentenció en agosto pasado a 18 años de cárcel por recibir fondos de la constructora brasileña.
En México, una nota de Proceso del reportero Mathieu Tourliere daba cuanta la semana pasada que Emilio Lozoya, el único investigado por el caso Odebrecht en ese país, obtuvo un amparo con el que la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) deberá decidir si ordena o no su captura.
La Fepade tiene 40 días naturales para practicar las diligencias que estime necesarias en el caso y tomar una decisión.
El juzgado de distrito que otorgó el amparo consideró que la Fepade ha tenido el tiempo suficiente para hacer una investigación exhaustiva e imparcial y determinar si se ejerce o no la acción penal contra Lozoya.