La Comisión Federal de
Electricidad (CFE) fue fundada en 1937 por el general Lázaro Cárdenas
con el propósito de atender a la población de bajos recursos a la que
las empresas privadas generadoras de energía despreciaban porque no la
consideraban un mercado atractivo; esas compañías –extranjeras, en su
mayoría– se negaban a llevar el fluido eléctrico a las comunidades
rurales aisladas y a los barrios populares de las ciudades.
Pero, además, el divisionario de Jiquilpan dio a la nueva institución
la tarea de impulsar el desarrollo, la industrialización, la educación y
la salud en toda la nación, misión a la que pronto habría de sumarse la
industria petrolera nacionalizada. En las siguientes cinco décadas la
CFE llevó electricidad a alrededor de 90 por ciento de la población y
fue un pilar fundamental para el crecimiento económico.
De Carlos Salinas en adelante, el régimen neoliberal fue debilitando a
Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la CFE, con el objetivo de entregar el
sector energético al lucro de particulares. Salinas mismo, Ernesto
Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña alentaron la chatarrización
y el declive de la empresa y la compra de electricidad a productores
privados. Peor aún, en el caso de la paraestatal eléctrica la hicieron
odiosa a ojos de grandes sectores de la población, no sólo como la
esquirola y usurpadora de Luz y Fuerza del Centro, destruida por el
calderonato, sino también como el vampiro bimestral de los recibos
desmesurados. Hasta la fecha mucha gente ignora que, a consecuencia de
la reforma energética, la CFE perdió la facultad de fijar los precios de
la electricidad. De eso se encarga la Comisión Reguladora de Energía
(CRE), un organismo en teoría autónomo, pero que ha sido puesto al
servicio de los intereses privados y que ha operado en forma
tecnocrática, insensible a las necesidades de la gente y sin rendirle
cuentas a nadie, al igual que la Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y otras
instancias igualmente aberrantes.
Calderón y Peña dejaron que las hidroeléctricas de la nación se
pudrieran y el segundo cubrió el hueco energético resultante con
centrales de ciclo combinado que trabajan con gas importado de Texas.
Los precios de importación de ese insumo incrementan de manera
inevitable el costo de generación de electricidad, el cual ha venido
siendo trasladado a los usuarios por la CRE. Así, la institución fundada
por el general Cárdenas apenas produce hoy día la mitad del abasto
eléctrico que se requiere en la nación.
Algo semejante ocurrió con los combustibles: al perder la renta
petrolera por la privatización de los hidrocarburos, el régimen
neoliberal echó mano del dinero de los ciudadanos y lo recaudó por medio
del denominado impuesto especial de productos y servicios (IEPS). En
2018 cada litro de gasolina le aportó al fisco casi cuatro pesos por
concepto de IEPS, en tanto que el diésel significó para la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público una entrada de 4.72 pesos por cada litro
vendido. Es decir, se redujo la dependencia de las finanzas públicas del
petróleo, pero a cargo del bolsillo de la gente.
Para reducir la factura eléctrica y los precios de los combustibles
sin desequilibrar las finanzas públicas es indispensable reconstruir la
capacidad instalada de la CFE y recuperar los niveles de producción de
Pemex. Lo saben perfectamente los legisladores demagogos del PRD,
Movimiento Ciudadano y los cínicos panistas, primeros en alzar el dedo
cuando se aprobó la reforma energética.
Por eso, la Cuarta Transformación tiene entre sus objetivos
prioritarios la actualización de las refinerías existentes, la
construcción de una nueva y la reparación y modernización de las
hidroeléctricas. La reciente decisión de cancelar la entrega de
rebanadas de territorio a corporaciones privadas tiene como propósito
fortalecer a Pemex y poner un freno a la cesión de soberanía nacional
que han implicado las licitaciones y concesiones características del
calderonato y del peñato.
En su discurso de Malpaso, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López
Obrador enfatizó la necesidad de dejar de comprar energía a los
capitales privados en los volúmenes actuales, fortalecer la capacidad
productiva de la CFE y rehabilitar las 60 plantas hidroeléctricas del
país, algunas de las cuales están literalmente paradas, en tanto que
otras están trabajando a 18 o 20 por ciento de su capacidad.
De ese modo se aprovechará la capacidad instalada y se evitará la
edificación de nuevas plantas y el caudal de agravios sociales que ello
genera. El uso de energías limpias (la hidroeléctrica, pero también la
fotovoltaica, la eólica, la geotérmica, la generación mareomotriz y el
aprovechamiento de la biomasa) permitirá, además, reducir la dependencia
del gas natural y recuperar, enclave de desarrollo sostenible y la
autosuficiencia energética del país.
En lo inmediato, debe quedar claro que hasta aquí llegó la cacareada
empresa de clase mundial, que la CFE resurge bajo el lema de
electricidad para el progreso de Méxicoy que muy pronto las poblaciones dejarán de verla como el enemigo.
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