recomendacióndel FMI de cobrar IVA a alimentos
En relación con las recomendaciones emitidas por el FMI, es importante destacar lo siguiente: rechazamos incrementar impuestos en ningún rubro, incluyendo el ISR, el IVA y las gasolinas. Menos aun en la actual coyuntura de la recesión del #Covid-19. La estrategia del gobierno dice el subsecretario Yorio, es que
paguen los que deliberadamente eluden y evaden al fisco y no incrementar la carga fiscal a los contribuyentes cumplidos. La evasión en México se estima entre 2 y 2.5 por ciento del PIB. Es cierto que el gobierno tiene necesidad de aumentar su recaudación, pero no sacrificando a los consumidores.
por así convenir a sus intereses y para atender asuntos personales, dijo el diario. La salida de Beyruti ocurre a una semana de que GINgroup fue señalada por supuestos vínculos con las llamadas empresas factureras.
Por lo menos cinco empresas de esta persona, Raúl Beyruti, estarían involucradas en estos delitos, dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa. Señaló a la entonces vicepresidenta de Responsabilidad Social y Recursos Humanos de la empresa, María Beatriz Gasca Acevedo, de financiar la protesta de colectivos feministas que tomaron las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico de la capital.
Inocente, se dijo Genaro
Tenemos un gasto público en el gobierno, restringido por conservar variables económicas sanas. Tenemos una inversión pública muy acotada y muy orientada a los proyectos estratégicos, así es que ustedes, con este entusiasmo, van a ser los motores de México. Es decir: del proyecto original de la llamada Cuarta Transformación, que postulaba la separación del poder político y el económico, ahora se pasa a la aceptación, por problemas presupuestales y económicos, de que el empresariado, el interés privado, será el motor de la maquinaria nacional. ¡Hasta mañana!
nuevoFMI
reformas, más privatizaciones, más dinero público para los negocios privados, más deuda, más
estímulosfiscales y, sobre todo, fuera manos del Estado (salvo para rescatar” o
motivara los grandes corporativos). Y no hay que ser adivino para saber de quién son las
recomendaciones, porque ese es el sello indeleble del manual fondomonetarista, el cual los seis gobiernos neoliberales aplicaron al pie de la letra. Y ahí están los resultados, conocidos y padecidos por los mexicanos.
fórmula mágicadel Fondo Monetario Internacional (privatizaciones a diestra y siniestra,
ajuste estructuralun día sí y el siguiente también, endeudamiento público a paso veloz para atender las exigencias de la cúpula empresarial, elevadísimo costo social y tantas otras
recomendaciones) que llevó a México a registrar uno de los crecimientos más bajos a nivel global y declarar prófugo al desarrollo, pero eso sí con una brutal concentración del ingreso y una desigualdad digna de una novela de terror.
recomendaciones, como lo hizo durante esas cuatro décadas.
recomienda? Lo mismo de siempre:
apoyo fiscal temporal para limitar el daño económico(léase que el Estado sacrifique recursos para que los grandes corporativos sigan viviendo, y muy bien, del erario);
cambios estructurales para impulsar la inversión(privada, desde luego);
reformaimpositiva (menor carga tributaria para el gran capital; el resto, que se joda);
vender activos no esenciales(¿cuáles?, porque todo se privatizó en los seis gobiernos neoliberales);
frenarlos planes de aumentar la refinación –
implica pérdidas– y
posponerla construcción de la refinería de Dos Bocas.
no sólo se están retrasando los logros de la última década en materia de empleo, ingreso y combate a la pobreza, sino que el desafío de bajo crecimiento de México parece empeorar. Así, de no atender sus
recomendaciones, México
tardará varios años en volver a los niveles anteriores a la pandemia(los cuales, dicho sea de paso, no eran para presumir).
fórmula mágicafue la del FMI, que hoy quiere venderla como
novedad.
pues es el Fondo, ¿qué más puedo decir? Es que antes los del FMI dictaban la política económica y decían lo que debía hacer México.¿Y saben qué recomendaban? Privatizar, aumentar el precio de las gasolinas, de la energía eléctrica, privatizar la educación, el manejo de las pensiones, eran los jefes de jefes. Ya pasó eso.
lo único que pedimos es que nos respeten, somos libres y somos soberanos, y ya no son los organismos financieros los que dictan la política económica en México, como era antes. Ahora, si quieren hacernos recomendaciones, pues yo también les voy a mandar mi pliego petitorio para que procuren dar crédito a los gobiernos a tasa cero, que dejen de rescatar a las grandes corporaciones y rescaten a los pueblos, en fin, que dejen de estar solapando a gobiernos corruptos.
los actores políticos(SCJN dixit), es decir, a las ratas bípedas que, todo apunta, ocuparon Los Pinos.
apretadode la votación: cinco de los 11 ministros fueron nombrados por Felipe Calderón y uno por Vicente Fox.
ministro flotante, es decir, formalmente está fuera de la Corte, pero interactúa cada que se asoma algún peligro en contra de Felipe Calderón.
RBde El Economista; en un tercer punto, Javier Treviño, ex Cemex, abordará las acciones del gobierno que afectan al outsourcing; el punto cuatro de la agenda tocará el
acosoa sus periodistas, y en el quinto, la estrategia en contra de Napoleón Gómez Urrutia y funcionarios que promuevan discursos o leyes en contra del outsourcing. Tomarán la palabra Rubén Darío Ocaranza y José Luis Gaona para hablar de un acuerdo con el fin de apoyar a los periodistas que se sienten intimidados por el gobierno.
la mano de Dios, diría el sabio Diego Maradona, para dejar en claro que no se puede culpar a ningún humano de la señal que el viento ha dejado en el mero corazón del país.
Cuando se tomaron las primeras decisiones desde diciembre de 2018 y a lo largo de estos dos años de la presente administración, los ciudadanos más abandonados comenzaron a creer de nuevo en que finalmente las puertas del paraíso y el cambio hacia un mejor nivel de vida podía ser una realidad. Algunas dudas aparecieron, pero en el conjunto se comenzó a desarrollar un optimismo pocas veces visto que anunciaba la aparición de la justicia tantas veces esperada y de la democracia y libertad para defender sus derechos, sin que se les reprimiera o se vetara su participación.
Por otra parte, la cancelación de proyectos ostentosos y ofensivos creó un pesimismo desatado entre los más altos niveles de riqueza en la sociedad. Cancelar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuando ya todo estaba acaparado y controlado por un segmento muy pequeño de la sociedad, que se estaba beneficiando descaradamente de su relación con los núcleos políticos del más alto nivel, del tráfico de influencias y de la información confidencial que daba acceso a los grandes privilegios para unos cuantos. Lo mismo sucedió con la venta del excesivo gasto en el avión presidencial, del cierre de las oficinas presidenciales de Los Pinos y la corrección de otras excentricidades más.
La respuesta del sector privado nacional fue difundir una idea equivocada alrededor de que esas medidas aumentaban la incertidumbre empresarial y casi de la mano armaron una estrategia para crear la falsa idea de que en México con esas medidas nacionalistas no existían condiciones para invertir. Por tanto, se decía, era más conveniente esperar tiempos mejores que generasen la confianza de los inversionistas, mediante la cancelación de las nuevas propuestas gubernamentales o del cambio de este modelo, a lo que se sumó la presión que comenzaron a ejercer los intereses adversos para apostar al fracaso de la nueva política económica que les quitaba o cancelaba su posición de privilegios acumulados y fortalecidos durante las administraciones y gobiernos anteriores.
Mediante el diálogo constante con el gobierno y la política de puertas abiertas se desarrolló una nueva etapa de optimismo moderado, pues los empresarios gradualmente retomaron la tranquilidad, particularmente después de la aprobación y ratificación en el Senado de la República, del nuevo Tratado de Libre Comercio a partir de diciembre de 2019. Con ello, parecía que entraríamos a esa etapa moderna de la apertura, la cooperación y el crecimiento del optimismo gubernamental y empresarial, que el propio López Obrador y los gobiernos de Canadá y Estados Unidos se encargaron de fomentar y fortalecer.
Parecía que el entusiasmo renacía y por fin se iniciaba a principios de 2020 una escenografía moderna creada sobre los estímulos a la inversión privada, nacional y extranjera, para buscar un mayor beneficio y seguridad al capital. Lo importante no era ya el egoísmo, sino la conveniencia de elaborar modernos proyectos para invertir solos o en sociedad bipartita. Sin embargo, todo eso se frustró cuando surgieron la pandemia y la crisis sanitaria que frenaron definitivamente el entusiasmo que se convirtió en congelamiento y retroceso en muchos sectores de la economía nacional.
Las consecuencias del freno a los proyectos que apenas se anunciaban comenzaron a provocar la caída brutal del empleo a niveles alarmantes de más de un millón de los formales y 8 o 9 millones de los informales. Con una reducción tan dramática de la ocupación, todo lo que se había avanzado, aun con muchas dificultades, vino de nuevo a retroceder.
Hoy, apenas hace unos días, el sector privado nacional vuelve a anunciar la reactivación del Plan de Inversión en Infraestructura junto con el sector público, detenido desde que comenzó la pandemia.
Los proyectos de infraestructura pública, 39 en principio, tendrán una inversión privada de 50 por ciento y se realizarán en los sectores de comunicaciones, transportes, energía y turismo principalmente. La inversión será mayor a 259 mil millones de pesos, con lo cual se crearán entre 185 y 190 mil nuevos puestos de trabajo. Aparentemente, siete de esos proyectos anunciados ya están en ejecución en estados de la República: Nuevo León, estado de México, Oaxaca, Tamaulipas, Jalisco y Aguascalientes con una inversión superior a 38 mil millones de pesos.
Es fundamental que los esfuerzos anteriores tomen en consideración una mayor participación de la clase trabajadora y no la consideren un elemento dado o pasivo que no merece ser tomado en cuenta. Después de la crisis que hemos vivivdo y seguimos viviendo, tenemos que recuperar los empleos dignos y justos, el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, su libertad, democracia y justicia. Lo mismo educación y capacitación, así como su participación en los procesos productivos.
Lo he señalado y hoy lo reitero una vez más: si queremos tener paz laboral, tenemos que cumplir con la justicia salarial. Es mejor avanzar juntos para alcanzar las nuevas metas y objetivos de una política económica moderna y equitativa.
Cuando se tomaron las primeras decisiones desde diciembre de 2018 y a lo largo de estos dos años de la presente administración, los ciudadanos más abandonados comenzaron a creer de nuevo en que finalmente las puertas del paraíso y el cambio hacia un mejor nivel de vida podía ser una realidad. Algunas dudas aparecieron, pero en el conjunto se comenzó a desarrollar un optimismo pocas veces visto que anunciaba la aparición de la justicia tantas veces esperada y de la democracia y libertad para defender sus derechos, sin que se les reprimiera o se vetara su participación.
Por otra parte, la cancelación de proyectos ostentosos y ofensivos creó un pesimismo desatado entre los más altos niveles de riqueza en la sociedad. Cancelar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuando ya todo estaba acaparado y controlado por un segmento muy pequeño de la sociedad, que se estaba beneficiando descaradamente de su relación con los núcleos políticos del más alto nivel, del tráfico de influencias y de la información confidencial que daba acceso a los grandes privilegios para unos cuantos. Lo mismo sucedió con la venta del excesivo gasto en el avión presidencial, del cierre de las oficinas presidenciales de Los Pinos y la corrección de otras excentricidades más.
La respuesta del sector privado nacional fue difundir una idea equivocada alrededor de que esas medidas aumentaban la incertidumbre empresarial y casi de la mano armaron una estrategia para crear la falsa idea de que en México con esas medidas nacionalistas no existían condiciones para invertir. Por tanto, se decía, era más conveniente esperar tiempos mejores que generasen la confianza de los inversionistas, mediante la cancelación de las nuevas propuestas gubernamentales o del cambio de este modelo, a lo que se sumó la presión que comenzaron a ejercer los intereses adversos para apostar al fracaso de la nueva política económica que les quitaba o cancelaba su posición de privilegios acumulados y fortalecidos durante las administraciones y gobiernos anteriores.
Mediante el diálogo constante con el gobierno y la política de puertas abiertas se desarrolló una nueva etapa de optimismo moderado, pues los empresarios gradualmente retomaron la tranquilidad, particularmente después de la aprobación y ratificación en el Senado de la República, del nuevo Tratado de Libre Comercio a partir de diciembre de 2019. Con ello, parecía que entraríamos a esa etapa moderna de la apertura, la cooperación y el crecimiento del optimismo gubernamental y empresarial, que el propio López Obrador y los gobiernos de Canadá y Estados Unidos se encargaron de fomentar y fortalecer.
Parecía que el entusiasmo renacía y por fin se iniciaba a principios de 2020 una escenografía moderna creada sobre los estímulos a la inversión privada, nacional y extranjera, para buscar un mayor beneficio y seguridad al capital. Lo importante no era ya el egoísmo, sino la conveniencia de elaborar modernos proyectos para invertir solos o en sociedad bipartita. Sin embargo, todo eso se frustró cuando surgieron la pandemia y la crisis sanitaria que frenaron definitivamente el entusiasmo que se convirtió en congelamiento y retroceso en muchos sectores de la economía nacional.
Las consecuencias del freno a los proyectos que apenas se anunciaban comenzaron a provocar la caída brutal del empleo a niveles alarmantes de más de un millón de los formales y 8 o 9 millones de los informales. Con una reducción tan dramática de la ocupación, todo lo que se había avanzado, aun con muchas dificultades, vino de nuevo a retroceder.
Hoy, apenas hace unos días, el sector privado nacional vuelve a anunciar la reactivación del Plan de Inversión en Infraestructura junto con el sector público, detenido desde que comenzó la pandemia.
Los proyectos de infraestructura pública, 39 en principio, tendrán una inversión privada de 50 por ciento y se realizarán en los sectores de comunicaciones, transportes, energía y turismo principalmente. La inversión será mayor a 259 mil millones de pesos, con lo cual se crearán entre 185 y 190 mil nuevos puestos de trabajo. Aparentemente, siete de esos proyectos anunciados ya están en ejecución en estados de la República: Nuevo León, estado de México, Oaxaca, Tamaulipas, Jalisco y Aguascalientes con una inversión superior a 38 mil millones de pesos.
Es fundamental que los esfuerzos anteriores tomen en consideración una mayor participación de la clase trabajadora y no la consideren un elemento dado o pasivo que no merece ser tomado en cuenta. Después de la crisis que hemos vivivdo y seguimos viviendo, tenemos que recuperar los empleos dignos y justos, el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, su libertad, democracia y justicia. Lo mismo educación y capacitación, así como su participación en los procesos productivos.
Lo he señalado y hoy lo reitero una vez más: si queremos tener paz laboral, tenemos que cumplir con la justicia salarial. Es mejor avanzar juntos para alcanzar las nuevas metas y objetivos de una política económica moderna y equitativa.
A la reforma portuaria le acompaña el proyecto de reforma que el Partido Encuentro Social, aliado de la bancada de Morena en el Congreso, ha presentado. En él se establece que las fuerzas armadas podrán colaborar en las tareas de la seguridad sin cortapisa de temporalidad, lo cual les concedería la posibilidad de realizar labores de seguridad pública de manera permanente.
Ambas reformas, una aprobada y otra en proyecto, llaman la atención no por su originalidad, sino porque –a contrapelo de las expectativas alimentadas por López Obrador cuando candidato– se sitúan en una línea de continuidad con el cúmulo de reformas y decretos que han empoderado a los militares a lo largo de ya prácticamente 20 años, modificando profundamente las funciones que la Constitución reservaba para el Ejército y la Marina permitiéndoles una cada vez mayor intervención en el funcionamiento del Estado mexicano.
La Guardia Nacional es, ya sin ninguna duda, uno de los principales proyectos de la 4T que en dos años se ha consolidado como el ente de procedencia armada que más funciones civiles ha adquirido. La Ley de la Guardia Nacional le faculta para realizar tanto la totalidad de las funciones de la Policía Federal –en trance de desmantelamiento– como de las policías locales. Además, le confiere autoridad para realizar aprehensiones, cateos, intervención de comunicaciones, espionaje, detención de migrantes y control de aduanas, entre otras funciones.
La incorporación del Ejército y la Marina, como constructores de obras de infraestructura pública, como garantes de la seguridad fronteriza, en labores de contención de la migración y como fuerza de combate a la criminalidad, son los episodios más recientes de la militarización del país. La aprobación de la reforma de puertos y aduanas y la propuesta del PES representarán, por tanto, la conquista de un espacio adicional por las fuerzas armadas.
Ante ello, se hace necesario advertir una vez más el riesgo para la democracia que entraña la creciente preeminencia del Ejército y la Marina. Hoy en el gobierno ya no se habla más de regresar a los militares a sus cuarteles sino, por el contrario, se ha apostado evidentemen-te por incrementar sus roles de autoridad con facultades que antes eran propias del estamento civil. México, es uno de los dos únicos países en América que nunca ha tenido una persona civil al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional y hoy los militares, además de las tareas de seguridad y ahora de puertos y aduanas, lo mismo están en funciones de protección civil y de atención a desastres que en campañas de reforestación y protección de áreas naturales; incluso no es infrecuente verlos en distintas partes del país implementando programas sociales.
Mientras las fuerzas armadas sigan acumulando facultades en la implementación de estrategias de gobierno y políticas públicas se corre el alto riesgo de socavar el delicado equilibrio entre el estamento civil y el militar. El saldo de la apuesta creciente hacia las instituciones de orden castrense, que se ha sostenido los pasados cuatro sexenios, evidencia un claro detrimento de las autoridades de carácter civil; baste ejemplificar con el caso de las policías, que en todos estos años no han sido profesionalizadas ni democratizadas.
Por último, es importante agregar que el crecimiento de las facultades militares no ha sido acompañado por el diseño de nuevos mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas; con lo cual, acrecentar su poder implica también incrementar su propio riesgo de corrupción. Recordemos que, históricamente, en México el fortalecimiento del poder militar se ha traducido en un pacto de impunidad que ha beneficiado a las fuerzas armadas frente a hechos lamentables de violación a los derechos humanos. Basta ejemplificar con el caso Ayot-zinapa, en el que aún no hay ningún militar procesado por los hechos, a pesar de existir órdenes de aprehensión contra varios de ellos.
Se avecinan cambios en la Secretaría de Seguridad ante la inminente salida de Alfonso Durazo, quien ha declarado públicamente su intención de contender por la gubernatura de Sonora. Sería muy delicado que el Presidente caiga en la tentación de poner a un militar al frente de dicha dependencia, pues ello significaría otorgar a las fuerzas armadas un poder prácticamente absoluto en materia de seguridad.
Desde hace algunos días, en varias naciones de Europa, como Francia y España o el Reino Unido, han comenzado a reimponerse algunas restricciones a partir del repunte de nuevos casos de infección. París, Madrid y Londres, se han visto nuevamente sacudidas por los rebrotes.
Medidas restrictivas que afectan al ánimo y la salud mental de los pobladores y que golpean otra vez las economías ya maltrechas, comenzaron a ser aplicadas de manera local en ciudades europeas: cierre de bares, recorte a la mitad en la actividad presencial en universidades, protocolos sanitarios más estrictos en restaurantes, cines y teatros, así como la prohibición de actos festivos familiares, son algunas de las restricciones que estarán vigentes por semanas.
En México, en momentos en que la curva parece aplanarse –no obstante que los números de contagios y decesos siguen siendo estremecedores– comienzan a aparecer en el horizonte, como fantasmas amenazantes, factores adicionales que podrían meter al país en una situación aún más complicada. Me refiero al invierno, que conlleva el repunte del virus de influenza, y del rebrote del coronavirus que, a decir de las autoridades epidemiológicas, resulta inevitable.
Aunque durante prácticamente todo este año el mundo ha convivido con el Covid-19, lo cierto es que no se tienen bien identificadas las causas de esta segunda oleada, pues los especialistas admiten que hay mucho que se desconoce sobre el comportamiento del virus.
Son variadas las hipótesis sobre las causas que originan los rebrotes de las epidemias. Van desde que se derivan de la mayor capacidad de hacer pruebas y rastreos, con la consecuente detección y registro de mayor número de infecciones, hasta la justificación de que los segundos brotes coinciden con las reaperturas aceleradas –y en muchos casos desenfrenadas– de las naciones tras los confinamientos prolongados.
Otras explicaciones refieren que las segundas oleadas se deben a que, cuando el virus se presenta por primera vez no alcanza a infectar a la totalidad de una población y deja un porcentaje sensible al contagio. Y cuando el virus vuelve, sin que exista aún una vacuna o un medicamento que contrarreste el embate, pues esa población continúa siendo susceptible a ser contagiada.
Si se mira hacia atrás, se observa la historia y se analiza el comportamiento de otras epidemias, queda claro que éstas pueden hacer rebrotes, volverse endémicas o controlarse. La peste bubónica, por ejemplo, tuvo tres episodios muy agresivos en siglos distintos, que mató a miles de personas, en tanto que el sarampión registró varios máximos, hasta que en la década de los 70 del siglo pasado surgió la vacuna y pudo controlarse. El caso del VIH/sida es diferente. Ese fue un virus de los que llegan, hacen un pico pandémico y permanecen endémicos. Es de los que no se van y vuelven, sino que se quedan.
En un informe del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, dado a conocer hace apenas unos días, se afirma que al mundo le esperan todavía entre 18 meses y dos años más de pandemia.
Sin embargo, para Mike Osterholm, director del Centro, el control de la pandemia está todavía muy lejano, pues estima que los contagios no se detendrán hasta que 60 o 70 por ciento de la población mundial sea infectada.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera que en países que como México han comenzado a aplanar la curva, parece poco viable realizar cuarentenas totales o prolongadas para contener un rebrote, pues con un buen sistema de rastreo y contención las autoridades sanitarias podrán establecer cordones locales y concentrarse específicamente en las comunidades donde se registran los nuevos brotes.
No hay necesidad de cerrar nuevamente un país completo porque
hemos avanzado en cierta disciplina social y mejorado en la manera de
enfrentar la situación. Puede que no tengamos un pico alto en América
Latina, sino una meseta amplia, pero la posibilidad de que vuelva es muy
clara
, señala la OPS.
Haya o no necesidad de nuevos cierres amplios y prolongados, la posibilidad de rebrote en una nación como la nuestra es inminente. Será preciso voltear hacia los países que enfrentan la segunda oleada y aprender del manejo que ya le están dando a estas nuevas crisis.
Hoy no están claras las causas de la pandemia, pero lo que sí se debe tener identificados son los mecanismos y las medidas para manejarla mejor, cómo reducir los contagios y, desde luego, evitar que el cuadro se agrave con la desafortunada coincidencia con la influenza, que pronto se hará presente entre nosotros.
No es momento para relajarse ni desconocer lo que ocurre y se practica en otras latitudes. México debe estar alerta y tener claridad de qué hacer para mitigar los efectos, todavía no domados, del brote original y de la segunda oleada que, sin duda, ya viene.
La economía campesina de las zonas temporaleras de Chihuahua –no hablamos de la producción indígena de subsistencia en la Sierra– ha mostrado una gran capacidad de adaptación a los rigores climáticos y de políticas públicas durante los pasados 40 años. En este lapso las unidades campesinas han cambiado sustancialmente su perfil productivo. Hasta la llegada del neoliberalismo le apostaban mayoritariamente a dos cultivos tradicionales: maíz y frijol y, en menor medida, a la avena.
Pero luego se impusieron las políticas neoliberales: supresión de los precios de garantía de los cultivos básicos, de créditos y seguro agrícola, cierre de la Conasupo como sistema de compras garantizadas, etcétera. La puesta en marcha del TLCAN, en 1994, sacó de la competitividad a la mayoría de los productos agropecuarios de esta región. Para redondear la crisis de larga duración, los ciclos de sequía se empezaron a hacer más frecuentes desde mediados de la década de los 90.
Ante ello, las familias campesinas del oeste, noroeste y sur del
estado han operado transformaciones importantes en sus estrategias de
producción y de sobrevivencia: para disminuir el doble riesgo de las
lluvias erráticas y de los bajos precios del maíz y del frijol se han
orientado al cultivo de la avena, mucha más seguro, para destinarla al
forraje para su ganado. Así y con un programa gubernamental denominado
Ganado Mejor se ha mejorado e incrementado notablemente el hato ganadero
en Chihuahua, lo que ha contribuido a laganaderización
de la
producción campesina en las zonas que no son de riego. Esto se ha
facilitado por la migración de mucha gente del campo a Estados Unidos
(EU) que ha disminuido la presión sobre la tierra e incrementado la
superficie a la que se puede acceder para siembra o pastoreo.
En una combinación de estrategias para disminuir los riesgos, ahora las familias campesinas chihuahuenses combinan la siembra de avena, sorgo o maíz forrajero con la cría de becerros para la exportación, complementan esa actividad productiva con las remesas que reciben de sus parientes en EU, que además los capitalizan para ampliar sus hatos, o con el trabajo en las plantas maquiladoras que se han extendido mucho en diversas poblaciones del estado.
Ahora, con la sequía que afecta a Chihuahua y que es parte de una megasequía
que los científicos pronostican será de larga duración, la economía de
las familias campesinas temporaleras está en peligro. Se están agotando
los pastizales y se ha derrumbado la producción de forrajes. El riesgo
es que, por falta de alimentación, perezca la mitad del hato ganadero
–el cual asciende a 2 millones 563 mil 930 cabezas– o se tenga que
malbaratar a los grandes ganaderos que tienen reservas de pastos y
alimentos. Si esto sucede, la ganadería en el estado en pequeño se
derrumbará.
El proceso de deterioro se tornará más severo por el hecho de que el poco forraje que se produzca en la entidad pueda ser acaparado por grandes empresas productoras de leche y engordadoras de otras partes, sobre todo de La Laguna y de Sonora. Entonces el problema no será tanto el encarecimiento del forraje para la pequeña ganadería, sino su falta de existencias. No hay forraje más caro que el que no existe.
En todo caso la contingencia climática perjudica primero a los pequeños ganaderos, porque no pueden acceder a forrajes y porque tendrán que vender su ganado a bajo precio, y favorece a grandes acaparadores de ganado para exportación, a las empresas lecheras y engordadoras. Es una especie de darwinismo climático donde sólo sobreviven no los más fuertes, sino los más ricos.
Las consecuencias serán la depauperación de una amplia zona del estado, más migración e inestabilidad económica y social en una zona con una considerable presencia del crimen organizado.
Por todo ello, los ganaderos en pequeño han lanzado un llamado a las autoridades federales y estatales. Requieren en primer lugar un programa emergente de suministro de forrajes mediante créditos blandos o subsidios para poder alimentar a sus trasijados hatos. También demandan la creación de centros de acopio en que se pueda reunir el ganado en riesgo de perderse para alimentarlo mediante forrajes comprados o producidos en hidroponia.
Lo que está en juego no sólo es la vida de miles de bovinos, sino la preservación de una forma de vida social de una economía y cultura que hasta ahora ha sabido sobrevivir al darwinismo del clima y de las políticas públicas.
El país aún olía a pólvora cuando ya los caudillos del movimiento armado (1910-1917) proyectaban su beneficio personal, por méritos en campaña, bajo la justificación –asumida o no– de que les debía hacer justicia la Revolución. Para eso necesitaban el poder político.
El verbo carrancear
derivado del apellido Carranza fue, hasta
la década de los 40, sinónimo de robar. Pancho Villa, luego de su lucha
contra los hacendados quiso ser uno de ellos, y lo fue, si bien por
breve tiempo antes de ser asesinado.
Álvaro Obregón se veía, como empresario, ampliando sus negocios de
producción –en su hacienda La Quinta Chilla–, intermediación y
comercialización del garbanzo. Llegó a ser presidente de la Unión de
Cosecheros de Sonora y Sinaloa. Y como ex presidente decidió hacerse
nuevamente de la Presidencia de la República, traicionando con ello la
consigna de la lucha antidictatorial: sufragio efectivo, no relección
.
Los relatos de los asesinatos ordenados por Obregón y el suyo propio,
ya como candidato electo, borró uno de los actos más condenables por
vergonzosos de la historia de México: el soborno que movió a los
diputados del Congreso de la Unión a cambiar la Constitución permitiendo
la relección buscada por el sonorense. Del huevo de la serpiente habían
salido los famosos cañonazos
de 50 mil pesos.
La justicia
de la Revolución se siguió cumpliendo en casos menores, como en el de Gonzalo N. Santos (la moral es un árbol que da moras
)
o de Juan Andrew Almazán. El presidente Cárdenas había convertido a la
Sierra Madre Oriental en el Parque Nacional Cumbres, uno de los negocios
inmobiliarios de Almazán en Nuevo León, y por ello éste no dudó en
encabezar a la oposición de derecha en las elecciones de 1940.
Con la llegada de Miguel Alemán a la Presidencia coaguló el capitalismo mexicano sobre bases esencialmente corruptas. Robó, pero dejó robar
decía el refrán al que el cinismo de los escaladores sociales le sumaría otros similares: elque obra limpio, limpio se va
, que robe, pero que salpique
, a mí con que me pongan donde hay
, a los amigos se les conoce en la nómina
, la corrupción somos todos
.
En este clima llegó el liberalismo: privatizaciones, rescates,
despojos de los bienes públicos por los propios gobernantes con nuevos y
oprobiosos sobornos a los diputados, como ocurrió con los que se
distribuyeron para que pudiera aprobarse la llamada reforma energética:
el gran reparto del botín en que fue convertida Pemex. El refranero se
extendió: el que no transa, no avanza
, el año de Carranza, por si el de Hidalgo no alcanza
, etcétera.
La llamada mordida
(soborno de pequeño y mediano calado) era
ya hábito común, pero muy lejano a lo que ocurría en la cima del Estado
de la burguesía: los grandes empresarios siempre supieron que hacer
negocios era fundar una sociedad informal con los presidentes,
secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores de la burocracia
mexicana mediante actos que suponían corrupción.
Los presidentes eran los recolectores de fondos para las campañas
electorales, sobre todo cuando cobraron un cariz de competencia. Cada
elección se convirtió así en un intercambio anómalo, pero absolutamente normal
: aportes en metálico –el típico soft money
fuera de toda contraloría– para las campañas, a cambio de permisos,
exenciones, contratos y políticas públicas favorables al hemisferio
privado del Estado burgués.
Con varios autores, como Arsenio Farell Cubillas, secretario del Trabajo durante el gobierno de Salinas, quien participó en el libro Corrupción y cambio (FCE, 1998). Un título así habría sugerido que el tema fuese la corrupción del sexenio salinista a partir de los cambios que introdujo. No, simplemente fue una contribución más al cinismo climatizado.
El enorme peso de la centenaria corrupción produjo, por ello, un genuino resquebrajamiento en el modus operandi de la burguesía empresarial y el hemisferio público de su Estado al momento en que se interrumpió el acostumbrado proceso, de sexenio a sexenio, con el triunfo de un candidato que ha puesto, en el ejercicio de la Presidencia, el combate a la corrupción como eje de su política. De ahí lo rabioso de los ataques de la múltiple oposición que enfrenta.
Esos ataques se ven fortalecidos por cacicazgos de los estados y
municipios que obedecen a la misma lógica corrupta; por la prensa
apodada chayotera
, por la emergencia del nuevo sector empresarial
de la burguesía vinculado al narcotráfico, por ciertos funcionarios de
su propio gobierno, de su partido y de otros poderes del gobierno que
son producto de la misma inercia, y de una formación social habituada a
la corrupción.
La dificultad de erradicar tal práctica es gigantesca. Una prueba mayúscula para el gobierno de Morena y para la militancia de este partido y, de hecho, para la ciudadanía en su conjunto. Y es que un cambio tan brusco en una economía capitalista no es cuestión de un solo hombre ni de un solo gobierno. Así que a México, y a los países como el nuestro, sólo les queda continuar la misma ruta con algunos cambios dérmicos o aspirar a una casi utopía y luchar por sus vías alternas: la institucional, que implica forzar a los capitalistas a seguir las prácticas de un capitalismo a la finlandesa, por ejemplo, o la del cambio radical hacia una revolución socialista de signo democrático.
Tanto en la pandemia como con el colapso climático capitalogénico
(CCC) en curso, la expresión externa de la 4T abraza los valores de
nuestra diplomacia de hoy, pero requiere más operaciones concretas,
entre otros rubros, el de la electromovilidad del tipo puesto en marcha
por el gobierno de la CDMX. (Ver Víctor Alvarado con Vaney Macías,
“Corredores de Transporte Público. Una acción para reducir el CO₂,
México 2018). Siendo planetario el CCC tenemos ante nosotros la
alternativa entre un internacionalismo asentado en el derecho
internacional, la igualdad jurídica de los Estados o, como advierte Noam
Chomsky ante el negacionismo climático de Trump en la presidencia imperial
(revistamemoria.com), una crisis mayor de la civilización, de acentuada extinción de especies, la nuestra incluida.
El negacionismo climático y del Covid-19 (it’s a hoax), que para Trump es una farsa, acarrea eternas tragedias: más de 210 mil decesos por Covid, 20 por ciento mundial con sólo 4 por ciento de la población del planeta. Trump incluye más gasto militar nuclear, operativos de tercera guerra mundial (ver Daniel Ellsberg The Doomsday Machine: confesiones de un planificador de guerra nuclear (2018), y desregulaciones tecnológicas, ambientales de GEI y otros gases tóxicos de la industria, dañinos a humanos y animales. El retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París de 2015 y las lamentables y provocativas operaciones del unilateralismo agresivo militar/nuclear heredado de sus antecesores, deben revertirse: son indicios ominosos de lo que está en juego en los comicios presidenciales.
En estas materias, el equipo de estudiantes de Ciencias Políticas de la UNAM, que me ayuda desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias (CEIICH), me envió una valiosa compilación de múltiples organizaciones del más alto nivel científico, con los datos y análisis más recientes sobre el deterioro climático en curso. Es un trabajo con apoyo de la ONU y coordinado y encabezado por la Organización Mundial de Meteorología (WMO, por sus siglas en inglés) es el informe United Science 2020. Ahí se ofrecen datos que permiten percibir el orden de magnitud de la actual emergencia climática. En el texto, los secretarios generales de ONU y la WMO, António Guterres y Petteri Taalas, califican al 2020 como un año en que el Covid-19 y el colapso climático irrumpieron con fuerza sobre la humanidad y la biosfera: calor récord, derretimiento de polos y glaciares, incendios forestales, inundaciones, sequías cada año más intensas y frecuentes; mientras nada hay sobre el retraso a la regulación de los GEI.
Taalas indica que los volúmenes de las emisiones registradas representan ya los mayores niveles en 3 millones de años y continúan aumentando, llegando este año 2020 a nuevos niveles récord
.
El periodo de los cinco años entre 2016 y 2020, dice Taalas “se perfila
como el quinquenio más caliente… el cambio climático ha continuado sin
descanso”.
Los GEI del capital fósil presentes desde la revolución industrial son más intensos. La noción capitalogénica del CCC es más puntual desde toda perspectiva que la menos precisa y difusa antropogénica.
Todavía no vivimos en un mundo equitativo. El deterioro climático es
asunto de clase. Un estudio de Oxfam y el Instituto Medioambiental de
Estocolmo muestra que entre 1990 y 2015 el uno por ciento de la
población mundial más rica produce más del doble del dióxido de carbono
que el 50 por ciento de la población más pobre. En ese periodo de 25
años las emisiones de CO₂ aumentaron 60 por ciento, pero el aumento de
las emisiones de los más ricos fue tres veces mayor que el aumento del
50 por ciento más pobre, según informó Fiona Harvey de The Guardian
(Londres 21/9/20). Tim Gore, jefe de investigación y promoción de
Oxfam, en entrevista sobre ese estudio, mencionó la adicción de los más
ricos al transporte de alto consumo (de combustibles fósiles)
advirtiendo que el presupuesto
de esos combustibles disponible se despilfarró para satisfacer el consumo de los ya ricos.” Añadió que sólo
hay una cantidad finita que puede agregarse a la atmósfera si quieren
evitar los impactos de la crisis climática. Debemos asegurarnos del
mejor uso de esos recursos
.
Facebook: JohnSaxeF
populismo autoritario, así llaman a los líderes con arraigo popular como Evo Morales, no regresaría a Bolivia. Es cierto que su dictadura se resquebraja y es objeto del mayor repudio popular, pero el dicho sugiere planes golpistas de la oligarquía.
El fraude contra el MAS es una de las grandes amenazas para la elección boliviana del 18 de octubre, con el objetivo de impedirle su casi segura victoria en primera vuelta. Otra amenaza es que en los días que quedan se emprendan acciones judiciales contra el abanderado a la presidencia por el MAS, Luis Arce, exitoso ministro de Economía del gobierno de Evo Morales. Arce lleva de candidato a la vicepresidencia al líder indígena David Choquehuanca, ex canciller de esa administración. Ambos aparecen ganando la elección en primera vuelta en varias encuestas con más de 40 puntos. De concretarse, impediría la única posibilidad que parece tener la derecha de ganar la elección: la unión de todas las fuerzas de ese signo en una eventual segunda ronda contra el MAS. En Bolivia, la fórmula que logre una votación de 40 puntos porcentuales, o supere por 10 puntos a la que le sigue, se adjudica el triunfo en el primer turno.
Precisamente, el cerco y hostigamiento que mantienen hace semanas
organizaciones juveniles fascistoides contra la sede de la Fiscalía
General (FG), en Sucre, capital administrativa del país, busca, según
sus participantes, sacar
del cargo al jefe de ese órgano, Juan
Lanchipa. Para los vándalos, Lanchipa sería el obstáculo para poder
proceder penalmente contra líderes del MAS, en otro capítulo de la
judicialización de la política, utilizado por la derecha regional para
impedir la victoria de candidatos de izquierda, acotar su actividad o
deponerlos. Las autodenominadas Resistencia Juvenil Cochala y
Resistencia Chuquisaqueña, organizaciones surgidas con las protestas
derechistas contra Evo Morales, antes y después de las elecciones de
octubre del año pasado, son las que realizan la actividad intimidatoria
contra la FG, que el 6 de octubre se recrudeció con pintas insultantes
en el edificio del ente, ataques al mobiliario urbano y lanzamiento de
petardos, realizados con la permisividad
de la policía, como
acusó la Defensoría del Pueblo. Estas organizaciones están dirigidas por
los comités cívicos, grupos separatistas de extrema derecha y
principales protagonistas del intento frustrado de golpe de Estado
contra Evo en 2008.
La semana pasada realizó una inesperada visita a Washington el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, hombre fuerte de la dictadura. Ahí estuvo reunido con Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien posteriormente expresó su preocupación por la amenaza de fraude (a favor del MAS) de la que habló Murillo. ¿Por qué estas dos peritas en dulce comienzan a hablar ahora de fraude cuando son ellas dos quienes tienen el control del Tribunal Superior Electoral y de la Misión de Observación Electoral de la OEA? Con razón Arce, el candidato masista, comentó: Ojalá no estén recibiendo instrucciones de que no se lleven adelante las elecciones o finalmente, como ocurrió en Honduras, hacer fraude electoral.
Fueron Almagro y la OEA quienes con su informe falso sobre fraude
electoral abrieron la puerta al golpe militar que forzó a Evo a
abandonar el país. Dicho informe ha sido refutado con contundencia por
Mark Weisbrost, codirector del Centro de Investigación en Economía y
Política de Washington, apoyado por 132 economistas y estadísticos que
pidieron a la OEA se retracte de sus declaraciones engañosas sobre las elecciones
de octubre del año pasado. A raíz de este informe varios legisladores
estadunidenses y Luz Elena Baños, representante de México en la OEA, le
han pedido explicaciones al organismo sobre su informe fake, que no ha respondido ni tiene manera legítima de responder.
Una encuesta reciente del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica coloca a Arce a la cabeza con 44 por ciento de los votos y otorga 34 al neoliberal y represor Carlos Mesa. En tercer lugar quedaría el líder ultraderechista oriental Fernando Camacho, con 12 por ciento. Encuestas revelan muchos electores indecisos.
Un camino probable que podría intentar la dictadura boliviana, con el
apoyo de la OEA, de Estados Unidos y de la oligarquía mediática mundial
es, mediante ajustes
al resultado electoral, impedir la victoria
de Luis Arce en primera vuelta. Si es así, debieran pensarlo mejor. Las
masas bolivianas, que en décadas pasadas tumbaron a varios gobiernos
neoliberales, no van a doblar las manos mansamente si intentan robarles
la elección.
Twitter: @aguerraguerra
El Presidente tomó la bandera de la democracia participativa y exhortó a los ministros a considerar los sentimientos de los ciudadanos
y añadió que la cuestión -de la decisión de la Corte- versaba en si se
acepta que en los hechos se aplique la democracia participativa o se
limita al país a una democracia representativa.
La democracia participativa puede ser útil en grupos pequeños, como el programa Enchula tu colonia
, donde los habitantes de una demarcación votan por las mejoras que desean. Eso no funciona a nivel nacional.
En la democracia representativa, las deliberaciones colectivas no son
tomadas directamente por la colectividad, sino por personas elegidas
para este fin (artículo 40 constitucional). El Congreso de la Unión es
electo por los ciudadanos (democrática) para que esos diputados o
senadores sean sus representantes (representativa) y, a través de ellos,
la voz del pueblo
se refleje en las leyes, pues ellos -suponemos- conocen las necesidades de sus representados.
El papel de la Corte en lo referente a las consultas populares se reduce a calificar la constitucionalidad de los temas a votar, que deben cumplir con lo establecido en la fracción VIII del artículo 35 constitucional. Nada importa la voluntad popular ni el voto legislativo: una resolución judicial puede cambiar esa democracia, participativa o representativa. Esto es el poder de la contramayoría, que una sentencia judicial anule el deseo legislativo o limite los cauces de la participación popular.
En México, parecen convivir sistemas antagónicos. Este caso lo evidencia. La pregunta a consultar parece ser ajena a la propuesta por el Presidente. Ese es el poder de la contramayoría. Evidencia la importancia de jueces federales y ministros, aunque limite la democracia participativa o la representativa.
La teoría del Estado debe ser comprendida por políticos y manejada por juristas.
Este tema es de particular importancia para la Cuarta Transformación (4T), que ha dejado en suspenso su proyecto de transformar el sector, consistente en garantizar el derecho a la salud mediante un sistema igualitario, público, participativo y único, para dedicarse íntegramente a la pandemia con un enfoque vertical y poco participativo. Afortunadamente, no hay mal que dure 100 años, ni funcionarios que el pueblo aguante.
Como he sostenido en anteriores artículos, la gran debilidad del sistema público de salud mexicano está en su primer nivel de atención, precisamente donde empieza y se construye uno que se caracteriza por ser integral, basado en los determinantes sociales, la participación y los derechos. Estamos, efectivamente, ante la coyuntura de seguir con un sistema vertical o construir uno horizontal con fuertes raíces en el primer nivel de atención y articulado con los niveles hospitalarios a través de Redes Integradas de Servicios de Salud.
Hace tiempo las autoridades federales declararon que se adoptaría un modelo horizontal e interinstitucional en la lucha contra el Covid-19, pero no se han observado muchas actividades en esta dirección ni en las conferencias informativas se ha reportado al respecto. En el mundo hay una tendencia creciente a focalizar la atención en donde vive la población, partiendo de sus condiciones para enfrentar la enfermedad y mejorar la salud. Hay una creciente conciencia de que las condiciones extremamente desiguales entre distintos grupos y entre los países son críticos para generar condiciones de seguridad locales y globalmente.
Ahora las evidencias demuestran que el Covid-19 estará presente durante tiempo prolongado. Posponer la reconstrucción de Sistema Nacional de Salud hasta después de su extinción sería abandonar el proyecto de la 4T en la materia. En este contexto se debe conducir la reconstrucción hacia el nuevo modelo transversal con énfasis en el primer nivel de atención. Si bien la Secretaría de Salud sustenta la rectoría del sistema nacional, su reconstrucción tiene que ser compartida por todas las instituciones públicas.
El fortalecimiento del primer nivel de atención empieza por definir
la base territorial sobre la que se construye para delimitar poblaciones
y responsabilidades. Para México hemos propuesto crear los Distritos de
Salud (DS) con esta finalidad. Es también prioritario precisar el
concepto de participación social
para que se construya una
creciente intervención comunitaria informada. Esto nos remite a
considerar el contenido de la educación para la salud que designa una
tarea transversal entre varias instancias gubernamentales y con las
propias comunidades. En la pandemia se ha revelado la falta de
conocimiento del público, incluidos muchos opinadores
, de temas
básicos de salud, medicina y epidemiología. Este es el terreno fértil
donde prolifera el miedo. La llamada alfabetización en salud es un
elemento básico para la participación informada, que también incluye
concepciones y remedios populares.
Los Distritos de Salud contienen la red básica de servicios entre centros de salud, clínicas y hospitales pequeños (comunitarios). Aquí las definiciones críticas son: qué hace cada instancia y qué tipo de personal requiere (promotores, enfermeras, médicos, trabajadores sociales, técnicos, curanderos populares, etc.); qué nivel tecnológico, insumos y medicamentos; qué esquema de referencia y contrarreferencia y de envío urgente de algunos padecimientos, y cómo se administra el esquema. Resolver e instrumentar estos quehaceres es dar contenido y operatividad al proyecto de salud de la 4T.
Unas 200 personas habían recibido la misma invitación: Las bebidas son por Pearl
. Así le decían a ella, que había invertido 2 mil 500 dólares para esa velada.
Allí estaban su novio Seth Morgan, Bob Gordon, su mánager John Cooke, el tatuador Lyle Tuttle y su hermana Laura, a quien había dejado de ver hacía tiempo.
La música de Grateful Dead cimbraba el lugar. Había tragos para todo gusto y unos brownies cargados con hachís.
Janis Joiplin, la gran ausente, así quiso su funeral, como una fiesta. Estaba segura de que lo que te hace sentir bien no te puede causar ningún daño
.
Resulta improbable que todos se sintieran bien esa noche y que su frase
resultara cierta. Días antes, habían cremado su cuerpo con restos de
heroína y esparcido sus cenizas en el mar de California.
Janis ya era desde entonces su leyenda: un símbolo de rebeldía para muchas mujeres de la época. Su sexualidad libre que no ocultaba, su consumo público de alcohol y de drogas, su cabello revuelto, el haber alcanzado un lugar de privilegio entre los grupos de rock –un ámbito predominante masculino– y el desafiar con su talento al machismo de la prensa comercial y contracultural, refrendaban su imagen como un emblema de la liberación femenina.
En sus últimos años (sólo vivió 27), Janis Joplin ya era más que una contertulia de Andy Warhol, más que la mezozoprano con altísimos registros que cantaba como negra.
Ya era más que el blues blanco; más que la voz como función del proceso autodestructivo, como la calificara en su momento Carlos Monsiváis. Ya era la leyenda que según Holly George-Warren llenó la brecha entre el blues tradicional y el hard rock.
Tres meses antes de su muerte, en agosto de 1970, Janis se encontraba en Nueva York, en Port Chester para presentarse en el Capital Theatre. Antes del concierto fue a un bar con su amigo el compositor Bob Neuwirth y los actores Geraldine Page y Rip Torn.
Después de unos tragos, Janis empezó a juguetear con un verso de Michael McClure, el conocido poeta de la generación beat, donde le pedía a Dios que le comprara un Mercedes Benz. Empezó a improvisar una letra y su tonada.
Veinte minutos más tarde, la interpretaba en el escenario. La cantó Acapulco, como solía referirse ella al modo de cantar a capela. Su banda trató de seguirla con algunos acordes hasta que la dejó seguir sola.
El público cada vez más electrizado por la potente voz de la cantante la acompañó con las palmas.
Tres días despues cantó nuevamente Mercedes Benz en el estadio de Harvard. Nadie, ni ella misma, supieron que sería la última canción que cantaría, ni el concierto final de su vida.
Días después se inició la grabación de Pearl. Con su nueva canción hizo algunas pruebas que fueron grabadas, le dio el visto bueno a los arreglos musicales y quedó que al día siguiente, el 4 de octubre, llegaría temprano a grabar la canción.
Como no llegó la fueron a buscar al Landmark Motor Hotel de Los Ángeles, donde la encontraron muerta en la habitación 105.
Me parece –y sólo es eso– que no se ha valorado la presencia de Janis Joplin no sólo en la contracultura y en la historia de la música popular, sino en la lucha feminista.
Para Ellen Willis, de The New Yorker, Janis fue la única heroína cultural de los 70 que hizo visible y pública la búsqueda de la liberación personal por parte de la mujer
.
Janis, dice George Warren, fue capaz de expresar sentimientos que
la mayoría de la gente no podía o no quería manifestar y estaba
dispuesta a pagar el precio
.
Janis Joplin, La bruja cósmica, como solían llamarle, lo tenía muy claro: uno no es más que aquello que se conforme con ser
.
Y no se conformó. El coraje inspira, pero también aísla. El desacuerdo
con lo establecido tiene consecuencias a veces, muchas veces, poco
agradables; consecuencias que aún impiden valorar lo que logró en el
mundo musical y en la lucha por los derechos de las mujeres.
Es difícil ser libre, decía, pero cuando funciona ¡vale la pena!
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