Respuesta a demanda de justicia para indígenas violadas en 1994
Por Carolina Velázquez, enviada
San Salvador, El Salvador, 20 oct 10 (CIMAC).- En agosto pasado, por primera vez, el Estado mexicano dio respuesta al caso de las indígenas tzeltales, violadas el 4 de junio de 1994, por elementos del ejército en un retén del municipio de Altamirano, Chiapas, poco después de la insurrección zapatista. La respuesta llega nueve años después de que la petición la recibió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tiene que ver con las dos recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo número 53/01 caso 11.565 de la CIDH.
En dicho informe, se requiere que el Estado mexicano investigue, y en su caso sancione, diversas violaciones a derechos humanos denunciadas por tres jóvenes indígenas tzeltales y su madre, y repare integralmente el daño causado a sus personas. El caso fue llevado a la CIDH por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas (Colem) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Martha Figueroa, integrante del Colem y abogada defensora de las cuatro indígenas señala, en exclusiva para Cimacnoticias, que esta respuesta --aún cuando llega casi al cumplirse una década-- es importante, ya que es “la primera vez que el Estado Mexicano ofrece una propuesta de reparación del daño, por lo tanto reconoce su responsabilidad”, tratándose de un caso que involucra directamente al ejército mexicano. -- ¿Qué propone el gobierno en su respuesta con relación a la participación de elementos del ejército en estos hechos? “Nada, la respuesta sólo se va a la cuestión económica.
No indica ningún punto de investigación a los militares. “Este tema se discutió en una mesa de trabajo con el presidente de la CIDH, en la que participaron representantes del gobierno mexicano y del ejército. Desde entonces, la Comisión les señaló que este caso era la única resolución que México tenía como incumplida, pues las otras estaban en trámite o ya se habían ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). “Tramposamente, el gobierno mexicano explicó que había cerrado la investigación respecto al fuero militar, pues no encontró desde su jurisdicción responsabilidad alguna. Es decir, se lavaron las manos. Y ‘nos aconsejaron’ que podíamos interponer un amparo contra esta resolución y así, el caso pasaría del fuero militar al civil”. “Es tramposa esta propuesta porque ellos saben muy bien que esto no es ninguna solución, ni hay cambio real de jurisdicción, como ya lo señaló la CoIDH en el caso de Rosendo Radilla y de Inés y Valentina.
En estas tres sentencias el gobierno mexicano está obligado a cambiar la investigación del fuero militar al civil” -- ¿Qué significa en términos de derechos humanos para las mujeres tzeltales esta respuesta? “Abre una pequeña oportunidad de acción de la justicia para ellas y su familia, por varios motivos. “Para las González es muy importante que por primera vez el Estado reconozca que las violentó y violó sus derechos. Y esperan que, como parte de la reparación del daño, la investigación pase a las autoridades civiles, el ejército deje de molestarlas y señalarlas de algo que no fue su culpa.
De esta manera, en su comunidad dejarán de verlas como mujeres ‘marcadas’ que fueron usadas por elementos del ejército en contra de su comunidad. “Esto les causó un enorme daño en la relación con su familia, el pueblo y, sobre todo, frente a una situación de conflicto armado interno, en donde fueron igual que otras indígenas tratadas como botín de guerra y un medio para golpear a ‘los transgresores’, como le llama el ejército al movimiento zapatista que aún sostiene bases de apoyo en Chiapas. “Estas indígenas tzeltales viven en una zona donde el conflicto armado sigue. Hay presencia del ejército zapatista y de elementos del ejército mexicano. Comparten el territorio.
Las instituciones han buscado por todas las maneras integrar a las comunidades indígenas a sus proyectos, provocando división y enfrentamientos. “Es el caso reciente del desalojo de la población indígena en la Lacandona apenas en agosto pasado, la comunidad en donde ellas viven está en la puerta de entrada a la selva, a hora y media del lugar donde se hicieron los desalojos”. -- ¿Cómo vivió la familia González este proceso de tantos años? “Con miedo, sin dinero, desplazándose de un lado a otro, agravando los problemas que ya vivían como indígenas, producto de una vieja marginación, en un medio donde persisten enfermedades endémicas relacionadas con la pobreza: desnutrición, tuberculosis, sarna, tifoidea, incluso, lepra. “El proceso que ellas han pasado en todo este tiempo, ha sido muy difícil en varios sentidos. A 16 años de los hechos.
Dos de ellas eran niñas de 12 y 16 años. “Vivieron una investigación muy violenta que las revictimizó por parte de la Procuraduría Militar, instancia que atendió el caso únicamente para tratar de desacreditarlas, afirmando que no habían tenido ningún ataque y que la denuncia era parte de una estrategia de los zapatistas (les llamaban transgresores de la ley) para calumniar y manchar la imagen del ejército. “La Secretaría de la Defensa (Sedena) llegó a intimidarlas en sus comunidades. También allanaron mi domicilio particular y presentaron una denuncia de difamación y calumnia contra el periodista de La Jornada, José Gil Olmos, el primer reportero que difundió la noticia de la violación y la agresión contra ellas y la abogada del Colem. “Ante esta situación, las hermanas González y su madre, tuvieron que salir huyendo. Los elementos del ejército llegaron a mi casa, me presionaron para que asistiera a las instalaciones militares de su Ministerio Público y declarar sobre el caso.
Querían obligarme a llevar a declarar a las indígenas agredidas sexualmente por ellos. “Una de ellas fue repudiada por su pareja, y otra perdió un bebé de dos meses de edad. La mayor abortó después de ir a una de las diligencias del Ministerio Público Militar, en diciembre de 2004, cuando colaboraba con la Sedena el gobierno de Chiapas, con Pablo Salazar al frente”. -- ¿Qué sigue ahora? “Al conocer la propuesta del gobierno, hoy las hermanas González y su madre están por responder si aceptan esta propuesta y en qué condiciones. Una de sus peticiones será que su mamá debe ser incluida en la reparación del daño, pues el gobierno sólo cita a las hermanas. “También rechazan las ‘prestaciones sociales’ que ofrece el gobierno. No tienen la pertinencia cultural de ellas ni de su pueblo.
“Ellas consideran que se trata de programas y proyectos que las autoridades ofrecen y otorgan en general a la población en extrema pobreza, no es nada especial para un caso de violencia y tortura como el que han padecido. Además, es parte de las políticas que desde sus comunidades han denunciado como la causa de conflictos, coptación y control para neutralizar la fuerza de los zapatistas. “Hay varias de estas ‘prestaciones’ que incluso son imposibles de realizar. Hablan de otorgamiento de becas de estudio y en su comunidad no hay escuela”. “De atención para la salud en el Programa de Seguro Popular (que impulsa el gobierno federal) y no existe ninguna instalación de Salud cercana a su pueblo, las que hay están lejísimos y no tienen la capacidad para brindarles el tratamiento médico y psicológico que se requiere para las mujeres que han vivido una agresión sexual”. “Hay una propuesta de incorporación de las víctimas a programas de proyectos productivos que las González no aceptan, en razón de que están condicionados al pago de contribuciones en determinado plazo, lo que generaría situaciones de deudas que no podrían solventar”.
Ante este rechazo, ¿qué tendría que hacer el gobierno? “Dos cosas. Una cumplir con la reparación del daño como lo marca la resolución de la CIDH, en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos. La otra hacer justicia y reiniciar la investigación de estos graves delitos desde el fuero civil y no militar. “Las condiciones jurídicas y documentales existen, no hay vuelta de hoja, lo difícil aquí es cambiar la voluntad del gobierno mexicano para dejar de proteger a los elementos del ejército que han violado a las mujeres, en éste y otros casos, y que esta situación de violencia y agresión no se repita. “Si no lo hace, la impunidad seguirá siendo la prebenda del gobierno mexicano al ejército para sostenerse en el poder”.
San Salvador, El Salvador, 20 oct 10 (CIMAC).- En agosto pasado, por primera vez, el Estado mexicano dio respuesta al caso de las indígenas tzeltales, violadas el 4 de junio de 1994, por elementos del ejército en un retén del municipio de Altamirano, Chiapas, poco después de la insurrección zapatista. La respuesta llega nueve años después de que la petición la recibió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tiene que ver con las dos recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo número 53/01 caso 11.565 de la CIDH.
En dicho informe, se requiere que el Estado mexicano investigue, y en su caso sancione, diversas violaciones a derechos humanos denunciadas por tres jóvenes indígenas tzeltales y su madre, y repare integralmente el daño causado a sus personas. El caso fue llevado a la CIDH por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas (Colem) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Martha Figueroa, integrante del Colem y abogada defensora de las cuatro indígenas señala, en exclusiva para Cimacnoticias, que esta respuesta --aún cuando llega casi al cumplirse una década-- es importante, ya que es “la primera vez que el Estado Mexicano ofrece una propuesta de reparación del daño, por lo tanto reconoce su responsabilidad”, tratándose de un caso que involucra directamente al ejército mexicano. -- ¿Qué propone el gobierno en su respuesta con relación a la participación de elementos del ejército en estos hechos? “Nada, la respuesta sólo se va a la cuestión económica.
No indica ningún punto de investigación a los militares. “Este tema se discutió en una mesa de trabajo con el presidente de la CIDH, en la que participaron representantes del gobierno mexicano y del ejército. Desde entonces, la Comisión les señaló que este caso era la única resolución que México tenía como incumplida, pues las otras estaban en trámite o ya se habían ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). “Tramposamente, el gobierno mexicano explicó que había cerrado la investigación respecto al fuero militar, pues no encontró desde su jurisdicción responsabilidad alguna. Es decir, se lavaron las manos. Y ‘nos aconsejaron’ que podíamos interponer un amparo contra esta resolución y así, el caso pasaría del fuero militar al civil”. “Es tramposa esta propuesta porque ellos saben muy bien que esto no es ninguna solución, ni hay cambio real de jurisdicción, como ya lo señaló la CoIDH en el caso de Rosendo Radilla y de Inés y Valentina.
En estas tres sentencias el gobierno mexicano está obligado a cambiar la investigación del fuero militar al civil” -- ¿Qué significa en términos de derechos humanos para las mujeres tzeltales esta respuesta? “Abre una pequeña oportunidad de acción de la justicia para ellas y su familia, por varios motivos. “Para las González es muy importante que por primera vez el Estado reconozca que las violentó y violó sus derechos. Y esperan que, como parte de la reparación del daño, la investigación pase a las autoridades civiles, el ejército deje de molestarlas y señalarlas de algo que no fue su culpa.
De esta manera, en su comunidad dejarán de verlas como mujeres ‘marcadas’ que fueron usadas por elementos del ejército en contra de su comunidad. “Esto les causó un enorme daño en la relación con su familia, el pueblo y, sobre todo, frente a una situación de conflicto armado interno, en donde fueron igual que otras indígenas tratadas como botín de guerra y un medio para golpear a ‘los transgresores’, como le llama el ejército al movimiento zapatista que aún sostiene bases de apoyo en Chiapas. “Estas indígenas tzeltales viven en una zona donde el conflicto armado sigue. Hay presencia del ejército zapatista y de elementos del ejército mexicano. Comparten el territorio.
Las instituciones han buscado por todas las maneras integrar a las comunidades indígenas a sus proyectos, provocando división y enfrentamientos. “Es el caso reciente del desalojo de la población indígena en la Lacandona apenas en agosto pasado, la comunidad en donde ellas viven está en la puerta de entrada a la selva, a hora y media del lugar donde se hicieron los desalojos”. -- ¿Cómo vivió la familia González este proceso de tantos años? “Con miedo, sin dinero, desplazándose de un lado a otro, agravando los problemas que ya vivían como indígenas, producto de una vieja marginación, en un medio donde persisten enfermedades endémicas relacionadas con la pobreza: desnutrición, tuberculosis, sarna, tifoidea, incluso, lepra. “El proceso que ellas han pasado en todo este tiempo, ha sido muy difícil en varios sentidos. A 16 años de los hechos.
Dos de ellas eran niñas de 12 y 16 años. “Vivieron una investigación muy violenta que las revictimizó por parte de la Procuraduría Militar, instancia que atendió el caso únicamente para tratar de desacreditarlas, afirmando que no habían tenido ningún ataque y que la denuncia era parte de una estrategia de los zapatistas (les llamaban transgresores de la ley) para calumniar y manchar la imagen del ejército. “La Secretaría de la Defensa (Sedena) llegó a intimidarlas en sus comunidades. También allanaron mi domicilio particular y presentaron una denuncia de difamación y calumnia contra el periodista de La Jornada, José Gil Olmos, el primer reportero que difundió la noticia de la violación y la agresión contra ellas y la abogada del Colem. “Ante esta situación, las hermanas González y su madre, tuvieron que salir huyendo. Los elementos del ejército llegaron a mi casa, me presionaron para que asistiera a las instalaciones militares de su Ministerio Público y declarar sobre el caso.
Querían obligarme a llevar a declarar a las indígenas agredidas sexualmente por ellos. “Una de ellas fue repudiada por su pareja, y otra perdió un bebé de dos meses de edad. La mayor abortó después de ir a una de las diligencias del Ministerio Público Militar, en diciembre de 2004, cuando colaboraba con la Sedena el gobierno de Chiapas, con Pablo Salazar al frente”. -- ¿Qué sigue ahora? “Al conocer la propuesta del gobierno, hoy las hermanas González y su madre están por responder si aceptan esta propuesta y en qué condiciones. Una de sus peticiones será que su mamá debe ser incluida en la reparación del daño, pues el gobierno sólo cita a las hermanas. “También rechazan las ‘prestaciones sociales’ que ofrece el gobierno. No tienen la pertinencia cultural de ellas ni de su pueblo.
“Ellas consideran que se trata de programas y proyectos que las autoridades ofrecen y otorgan en general a la población en extrema pobreza, no es nada especial para un caso de violencia y tortura como el que han padecido. Además, es parte de las políticas que desde sus comunidades han denunciado como la causa de conflictos, coptación y control para neutralizar la fuerza de los zapatistas. “Hay varias de estas ‘prestaciones’ que incluso son imposibles de realizar. Hablan de otorgamiento de becas de estudio y en su comunidad no hay escuela”. “De atención para la salud en el Programa de Seguro Popular (que impulsa el gobierno federal) y no existe ninguna instalación de Salud cercana a su pueblo, las que hay están lejísimos y no tienen la capacidad para brindarles el tratamiento médico y psicológico que se requiere para las mujeres que han vivido una agresión sexual”. “Hay una propuesta de incorporación de las víctimas a programas de proyectos productivos que las González no aceptan, en razón de que están condicionados al pago de contribuciones en determinado plazo, lo que generaría situaciones de deudas que no podrían solventar”.
Ante este rechazo, ¿qué tendría que hacer el gobierno? “Dos cosas. Una cumplir con la reparación del daño como lo marca la resolución de la CIDH, en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos. La otra hacer justicia y reiniciar la investigación de estos graves delitos desde el fuero civil y no militar. “Las condiciones jurídicas y documentales existen, no hay vuelta de hoja, lo difícil aquí es cambiar la voluntad del gobierno mexicano para dejar de proteger a los elementos del ejército que han violado a las mujeres, en éste y otros casos, y que esta situación de violencia y agresión no se repita. “Si no lo hace, la impunidad seguirá siendo la prebenda del gobierno mexicano al ejército para sostenerse en el poder”.
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