Patricia Chandomí
TUXTLA GUTIERREZ, Chis., 20 de octubre (apro-cimac).- El 4 de junio de 1994, tres hermanas, de 12, 13 y 14 añ
os de edad, fueron detenidas junto con su madre, Delia Pérez de González, por un grupo de militares en un retén del municipio de Altamirano, Chiapas.
De regreso a su hogar, luego de vender verduras en el mercado de la comunidad, las cuatro mujeres fueron interceptadas por los soldados, quienes las detuvieron para interrogarlas. Durantes dos horas estuvieron privadas de su libertad, lapso en el que las tres adolescentes fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares.
Delia, la madre de las menores, fue torturada y obligada a presenciar la violación sexual cometida contra sus hijas. Con el dolor a cuestas, Delia se vio obligada a salir de su comunidad, culpabilizada del ataque contra sus hijas.
Dieciséis años después de la agresión de la que fueron víctimas, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ofreció 500 mil pesos a cada una de las hermanas para reparar el daño.
“Ninguna cantidad que dé el gobierno será suficiente para sacarnos del corazón el daño y el coraje que se nos ocasionó”, dicen las adolescentes, cuyo rostro refleja rabia e impotencia.
Cuentan las tres mujeres, ahora de 28, 29 y 30 años, que la propuesta de reparación del daño la recibieron en agosto pasado, y el gobernador chiapaneco les dio de plazo de dos meses para responder si aceptaban los 500 mil pesos cada una, además de seguro médico permanente, becas de estudio para sus hijos y proyectos productivos.
La pobreza, su compañera permanente, les aconsejó aceptar el ofrecimiento de Sabines, pero exigieron incluir a su madre, porque ella también sufrió por el ataque sexual contra sus hijas, perpetrado por elementos del Ejército Mexicano.
“En estos 16 años que ha tardado el proceso, ni en toda nuestra vida podemos olvidar el dolor, la enfermedad y la rabia que nos causó la violación. Nunca podremos perdonar lo que nos hicieron”, expresan las hermanas, apoyadas por un traductor.
Y afirman que en todo este tiempo no habían aceptado hacer declaraciones públicas, pero “ahora lo hacemos para que ninguna autoridad saque provecho de nuestra respuesta”.
La propuesta, agregan, “es la única prueba que tenemos de que el gobierno mexicano reconoce públicamente su responsabilidad en la violación a nuestros cuerpos, a nuestros derechos y a nuestra dignidad; sin embargo, la condicionamos a que también se reconozcan los daños causados a nuestra madre”.
E insisten: “Aceptaremos la propuesta de reparación como una prueba de la culpabilidad de los militares, pero exigimos que se duplique la cantidad ofrecida lo más pronto posible, para resolver problemas urgentes de subsistencia”.
El dinero, dicen, no es suficiente, hace falta que se les haga justicia, por lo que seguirán luchando para que se castigue a los militares y sean juzgados por autoridades civiles.
El 30 de junio de 1994, las hermanas denunciaron ante el Ministerio Público Federal la violación sexual de la que fueron objeto, luego de lo cual se les practicó un examen médico ginecológico. La denuncia fue ratificada el 30 de agosto, según se desprende del informe No. 129/99 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El expediente fue enviado a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) en septiembre de 1994, luego de que el Ministerio Público se declaró incompetente para investigar.
El 2 de julio de 1994, la Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos en un boletín de prensa, en el que señalaba que de acuerdo con la investigación realizada —y que consta en la averiguación previa A5FTA/03/94-E—, se desprendió que la imputación a los militares era “completamente falsa”, en virtud de que no incurrieron en infracción a la disciplina militar.
Dos años después el caso fue presentado ante la CIDH con el apoyo de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). El asunto sentó un precedente en el sistema interamericano, que por primera vez reconoció la violación sexual como tortura y determinó que el delito cometido por militares contra las tres indígenas tzeltales fuera investigado en el fuero civil.
La CIDH admitió el caso el 19 de noviembre de 1999, y en abril de 2001 señaló al Estado mexicano como responsable por la violación a varios derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, le recomendó que investigara los hechos completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana, para determinar la responsabilidad de los militares, así como la reparación del daño, y que el caso se turnara a la justicia civil.
Nueve años después, la recomendación no se ha cumplido. El caso está archivado en la justicia militar desde 1996, so pretexto de que las víctimas no cooperaron con las indagatorias y los peticionarios ante la CIDH mostraron desinterés.
De acuerdo con el Estado mexicano, no se cumplieron las diligencias necesarias para continuar con las investigaciones y por ello decidió cerrar el caso.
Las hermanas González, en tanto, consideran que la propuesta de Sabines no significa el cumplimiento de la recomendación de la CIDH, puesto que únicamente se enfoca a la reparación del daño, pero falta señalar y castigar a los culpables de la violación, además de trasladar la investigación al fuero civil.
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