Pide a Congreso modificar norma que perpetuaría impunidad
Por la Redacción
México, DF, 22 oct.10 (CIMAC).- La organización internacional Human Rights Watch (HRW), señaló que el Congreso de la Unión, tendría que modificar sustancialmente la iniciativa de Felipe Calderón, para reformar el Código de Justicia Militar ya que consideró es “defectuosa” y perpetúa la impunidad”.
En un comunicado, José Miguel Vivanco, director de HRW, señaló que la propuesta enviada por Calderón al senado el pasado 18 de octubre, no pone fin a la impunidad actual de los abusos militares contra civiles, por el contrario, dice, la perpetúa.
Mientras la propuesta permite que las autoridades civiles investiguen y juzguen tres tipos de violaciones a derechos humanos, (desaparición forzada, violación sexual y tortura), otras violaciones graves cometidas por militares contra civiles, como las ejecuciones extrajudiciales y los tratos crueles e inhumanos, continuarán siendo investigados por el sistema de justicia militar.
Lo anterior, dice el organismo internacional de defensa de derechos humanos, no ofrece a las víctimas el acceso a una justicia independiente e imparcial, por lo que considera que las autoridades civiles deben tener la facultad de investigar y juzgar todas las violaciones a derechos humanos cometidas por militares contra civiles.
HRW dijo que la propuesta calderonista otorga facultades discrecionales a las autoridades militares, ya que éstas determinarán qué casos remiten a los tribunales civiles, y permite que los agentes del ministerio público militar tengan control sobre pruebas clave.
La iniciativa mexicana, señaló el organismo, es contraria al derecho internacional puesto que prevé la posibilidad de prescripción para los delitos de desaparición forzada, toda vez que el derecho internacional establece que ésta constituye un delito permanente mientras se desconozca el destino y el paradero de la víctima.
HRW recordó que los abusos militares se incrementaron significativamente desde que Felipe Calderón movilizó al Ejército en 2007 para los operativos de seguridad pública.
Mientras el Secretario de la Defensa Nacional ejerce poderes ejecutivos y judiciales sobre las Fuerzas Armadas, los jueces militares no gozan de la garantía de estabilidad en el cargo, y el control civil de las decisiones de los tribunales militares, es muy limitado.
Además, dice HRW, “prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares”.
“Las víctimas y sus familiares no tienen la posibilidad de cuestionar aspectos básicos, como qué sistema de justicia debería resultar competente para investigar violaciones de derechos humanos”, señala el organismo.
Recordó que las recientes sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de las indígenas tlapanecas violadas por militares en 2002, Inés y Valentina, así como la del activista Rosendo Radilla, mandatan al Estado mexicano modificar el Código de Justicia Militar, “a fin de “compatibilizarlo con los estándares internacionales”.
La práctica de los militares de investigar sus propios actos a través de este deficiente sistema de justicia militar, vulnera las obligaciones jurídicas internacionales de México, de ofrecer un recurso legal efectivo contra los abusos y de reconocer a toda persona el “derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley”.
“El Congreso debería mejorar la propuesta defectuosa de Calderón”, afirmó Vivanco. “Mientras se permita que los militares se investiguen a sí mismos, México impedirá que las víctimas de abusos militares tengan acceso a la justicia y que los mexicanos en general cuenten con una política efectiva de seguridad pública”.
México, DF, 22 oct.10 (CIMAC).- La organización internacional Human Rights Watch (HRW), señaló que el Congreso de la Unión, tendría que modificar sustancialmente la iniciativa de Felipe Calderón, para reformar el Código de Justicia Militar ya que consideró es “defectuosa” y perpetúa la impunidad”.
En un comunicado, José Miguel Vivanco, director de HRW, señaló que la propuesta enviada por Calderón al senado el pasado 18 de octubre, no pone fin a la impunidad actual de los abusos militares contra civiles, por el contrario, dice, la perpetúa.
Mientras la propuesta permite que las autoridades civiles investiguen y juzguen tres tipos de violaciones a derechos humanos, (desaparición forzada, violación sexual y tortura), otras violaciones graves cometidas por militares contra civiles, como las ejecuciones extrajudiciales y los tratos crueles e inhumanos, continuarán siendo investigados por el sistema de justicia militar.
Lo anterior, dice el organismo internacional de defensa de derechos humanos, no ofrece a las víctimas el acceso a una justicia independiente e imparcial, por lo que considera que las autoridades civiles deben tener la facultad de investigar y juzgar todas las violaciones a derechos humanos cometidas por militares contra civiles.
HRW dijo que la propuesta calderonista otorga facultades discrecionales a las autoridades militares, ya que éstas determinarán qué casos remiten a los tribunales civiles, y permite que los agentes del ministerio público militar tengan control sobre pruebas clave.
La iniciativa mexicana, señaló el organismo, es contraria al derecho internacional puesto que prevé la posibilidad de prescripción para los delitos de desaparición forzada, toda vez que el derecho internacional establece que ésta constituye un delito permanente mientras se desconozca el destino y el paradero de la víctima.
HRW recordó que los abusos militares se incrementaron significativamente desde que Felipe Calderón movilizó al Ejército en 2007 para los operativos de seguridad pública.
Mientras el Secretario de la Defensa Nacional ejerce poderes ejecutivos y judiciales sobre las Fuerzas Armadas, los jueces militares no gozan de la garantía de estabilidad en el cargo, y el control civil de las decisiones de los tribunales militares, es muy limitado.
Además, dice HRW, “prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares”.
“Las víctimas y sus familiares no tienen la posibilidad de cuestionar aspectos básicos, como qué sistema de justicia debería resultar competente para investigar violaciones de derechos humanos”, señala el organismo.
Recordó que las recientes sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de las indígenas tlapanecas violadas por militares en 2002, Inés y Valentina, así como la del activista Rosendo Radilla, mandatan al Estado mexicano modificar el Código de Justicia Militar, “a fin de “compatibilizarlo con los estándares internacionales”.
La práctica de los militares de investigar sus propios actos a través de este deficiente sistema de justicia militar, vulnera las obligaciones jurídicas internacionales de México, de ofrecer un recurso legal efectivo contra los abusos y de reconocer a toda persona el “derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley”.
“El Congreso debería mejorar la propuesta defectuosa de Calderón”, afirmó Vivanco. “Mientras se permita que los militares se investiguen a sí mismos, México impedirá que las víctimas de abusos militares tengan acceso a la justicia y que los mexicanos en general cuenten con una política efectiva de seguridad pública”.
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