Niegan a activista seguridad para viajar con su escolta al DF
Por Patricia Chandomí, corresponsal
Tuxtla Gtz. Chis. 18 oct. 10 (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), lamentó la falta de seriedad y voluntad del Estado Mexicano, para cumplir con las medidas cautelares, a favor de la defensora Margarita Martínez, que provocaron que no pudiera asistir al Encuentro Nacional sobre Violencia contra Defensoras en México en la ciudad de México.
La activista Margarita Guadalupe Martínez Martínez, y su familia, cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC-52-10) desde el 3 de marzo de 2010. Desde que fue invitada al Encuentro de sus pares, del 14 al 16 de octubre en el Distrito Federal, las organizaciones convocantes realizaron gestiones ante la Secretaría de Gobernación, para que ella viajara con su escolta; los resultados fueron infructuosos. Ante la falta de garantías por parte del gobierno de Chiapas, y la falta de condiciones de seguridad para que Martínez Martínez acudiera al foro, convocado entre otros, por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ella decidió no asistir.
LA SOLICITUD
Desde el 14 de septiembre, la activista solicitó por escrito a las autoridades de Chiapas, las gestiones necesarias para que la escolta policial que la protege la acompañara a la Ciudad de México. El 14 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del estado de Chiapas, le respondió que “esta dependencia por el momento no cuenta con los recursos necesarios para sufragar gastos de pasajes aéreos, hospedaje y viáticos para el personal que brinda las medidas precautorias y cautelares a dichas personas, por lo que en caso de considerarlo solicitamos el amable apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado para sufragar dichos gastos”.
La respuesta, asegura el Frayba, omitió el compromiso adquirido por el Estado Mexicano en el momento de implementación de medidas cautelares. La minuta refiere en el Punto Tercero de la medidas Policiales, inciso h. “La Secretaría de Protección Ciudadana acordó que se hará cargo de los gastos de los policías encargados de la protección de los beneficiarios que se generen de los viajes realizados, fuera y/o dentro de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas”, abunda el organismo defensor de DH.
EL ATAQUE A DEFENSORA
El 8 de noviembre de 2009, a las 03:30 horas, un grupo de 20 personas “presuntos” elementos de la Policía Ministerial (PM) se presentaron, sin orden de cateo en el domicilio de Martínez Martínez, en Comitán, Chiapas. Los agresores entraron con un “uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública” amenazaron y encañonaron a Margarita, le ordenaron abrir los cuartos, para que pudieran entrar a revisarlos. Ingresaron también, en los ocupados por sus hijos y esposo, Adolfo Guzmán Ordaz, integrante de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación, con sede en Comitán.
El 23 de noviembre de 2009, Margarita interpuso una denuncia en contra de autoridades policíacas por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento, tortura psicológica y amenazas con la agravante de muerte. El 25 de febrero de este año fue secuestrada, golpeada y amenazada de muerte, por personal enviado por el presidente municipal de Comitán, Eduardo Ramírez.
Tuxtla Gtz. Chis. 18 oct. 10 (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), lamentó la falta de seriedad y voluntad del Estado Mexicano, para cumplir con las medidas cautelares, a favor de la defensora Margarita Martínez, que provocaron que no pudiera asistir al Encuentro Nacional sobre Violencia contra Defensoras en México en la ciudad de México.
La activista Margarita Guadalupe Martínez Martínez, y su familia, cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC-52-10) desde el 3 de marzo de 2010. Desde que fue invitada al Encuentro de sus pares, del 14 al 16 de octubre en el Distrito Federal, las organizaciones convocantes realizaron gestiones ante la Secretaría de Gobernación, para que ella viajara con su escolta; los resultados fueron infructuosos. Ante la falta de garantías por parte del gobierno de Chiapas, y la falta de condiciones de seguridad para que Martínez Martínez acudiera al foro, convocado entre otros, por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ella decidió no asistir.
LA SOLICITUD
Desde el 14 de septiembre, la activista solicitó por escrito a las autoridades de Chiapas, las gestiones necesarias para que la escolta policial que la protege la acompañara a la Ciudad de México. El 14 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del estado de Chiapas, le respondió que “esta dependencia por el momento no cuenta con los recursos necesarios para sufragar gastos de pasajes aéreos, hospedaje y viáticos para el personal que brinda las medidas precautorias y cautelares a dichas personas, por lo que en caso de considerarlo solicitamos el amable apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado para sufragar dichos gastos”.
La respuesta, asegura el Frayba, omitió el compromiso adquirido por el Estado Mexicano en el momento de implementación de medidas cautelares. La minuta refiere en el Punto Tercero de la medidas Policiales, inciso h. “La Secretaría de Protección Ciudadana acordó que se hará cargo de los gastos de los policías encargados de la protección de los beneficiarios que se generen de los viajes realizados, fuera y/o dentro de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas”, abunda el organismo defensor de DH.
EL ATAQUE A DEFENSORA
El 8 de noviembre de 2009, a las 03:30 horas, un grupo de 20 personas “presuntos” elementos de la Policía Ministerial (PM) se presentaron, sin orden de cateo en el domicilio de Martínez Martínez, en Comitán, Chiapas. Los agresores entraron con un “uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública” amenazaron y encañonaron a Margarita, le ordenaron abrir los cuartos, para que pudieran entrar a revisarlos. Ingresaron también, en los ocupados por sus hijos y esposo, Adolfo Guzmán Ordaz, integrante de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación, con sede en Comitán.
El 23 de noviembre de 2009, Margarita interpuso una denuncia en contra de autoridades policíacas por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento, tortura psicológica y amenazas con la agravante de muerte. El 25 de febrero de este año fue secuestrada, golpeada y amenazada de muerte, por personal enviado por el presidente municipal de Comitán, Eduardo Ramírez.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario