Balance de la Ley General 2007: Lagarde y de los Ríos
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF 20 oct. 10 (CIMAC).- A casi cuatro años de que fue aprobada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, existe por parte del Estado mexicano un incumplimiento a cabalidad y estructural sobre sus mandatos, afirmó la feminista Marcela Lagarde y de los Ríos. En el Museo universitario de El Chopo, la investigadora y una de las principales impulsoras de la Ley, aseguró que hasta el momento en México, las mujeres siguen padeciendo todos los tipos de violencia, como lo documentan los observatorios de las organizaciones de la sociedad civil. Al participar en una mesa redonda para realizar un balance de la norma, precisó que la Ley General entró en vigor en 2007, posteriormente, el Ejecutivo la publicó y después estableció su reglamento; el cual calificó de “increíble”.
“Lo que trataron de hacer fue otra ley. Trataron de cambiar la ley a través de cambiar su reglamento, la cual plantea eliminar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en el reglamento dice disminuir, bajar las cifras, aminorar”. Para la ex diputada federal por la LIX legislatura, que inició a mediados de 2003, da vergüenza que el Ejecutivo, que fue el que promovió el reglamento, no haya respetado lo que dice la Ley. Y después de tres años, de tener una ley aprobada con presupuesto otorgado para que se echara andar, el gobierno Federal dio a conocer el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.“El cual yo llamaría desintegral”, afirmó Lagarde y de los Ríos, quien presidió la Comisión especial de Feminicidio. Aseveró que si bien ha habido avances en los estados con la aprobación de su respectiva Ley, y la instalación en algunos de los Sistemas para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, hasta el momento no se han revisado entre otras cosas el marco jurídico, a nivel federal y local.
Hizo un llamado para reformar los códigos penales y civiles que se contrapongan a los preceptos de la Ley General, así como crear políticas y acciones gubernamentales que estipula la norma en sus artículos transitorios, tal es el caso del Diagnóstico Nacional y el Banco Nacional de Datos sobre casos de violencia de género contra mujeres y niñas. Hasta el momento, dijo, no hay un Diagnóstico Nacional sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y las niñas, de todos los grupos socioeconómico y grupos étnicos del país, el cual nos serviría para poder tener un panorama general y poder hacer el programa y las políticas de gobierno adecuadas, detalló la feminista y antropóloga. “A unos cuantos días de aprobada la Ley, no hay un diagnóstico, mismo que fue encargado a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”, que además contó con un presupuesto muy alto y hasta la fecha, no se ha presentado.
Precisó que lo que saben es que ha habido objeciones al diagnóstico y que no se le ha reconocido como tal, “en fin las autoridades no dan la cara”, por lo que la feminista exigió que los responsables den cuentas transparentes sobre el uso del presupuesto para ese diagnóstico. Además, deben explicar porqué todavía no hay un diagnóstico, y si hay un Programa; “cómo pueden hacer un programa, sin antes hacer un diagnóstico, lamentó Lagarde y de los Ríos. Acompañada por la profesora Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, señaló que hay un incumplimiento muy importante de la Ley General, entre otras cosas porque no se ha cumplido a cabalidad con toda su estructura.
La también presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, consideró que “lo que tenemos que hacer es exigir, presionar, monitorear, o sea activar la Ley, que tiene que ser activada por la ciudadanía si no, simplemente no puede ser exigible”. Esta exigibilidad tiene que llegar hasta que el derecho a una vida libre de violencia, sea un derecho conocido y sentido por las mujeres, y también que los hombres sientan, y conozcan que no tienen el derecho a violentar a las mujeres, es decir que haya un cambio de paradigma de cultura, de valores.
México, DF 20 oct. 10 (CIMAC).- A casi cuatro años de que fue aprobada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, existe por parte del Estado mexicano un incumplimiento a cabalidad y estructural sobre sus mandatos, afirmó la feminista Marcela Lagarde y de los Ríos. En el Museo universitario de El Chopo, la investigadora y una de las principales impulsoras de la Ley, aseguró que hasta el momento en México, las mujeres siguen padeciendo todos los tipos de violencia, como lo documentan los observatorios de las organizaciones de la sociedad civil. Al participar en una mesa redonda para realizar un balance de la norma, precisó que la Ley General entró en vigor en 2007, posteriormente, el Ejecutivo la publicó y después estableció su reglamento; el cual calificó de “increíble”.
“Lo que trataron de hacer fue otra ley. Trataron de cambiar la ley a través de cambiar su reglamento, la cual plantea eliminar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en el reglamento dice disminuir, bajar las cifras, aminorar”. Para la ex diputada federal por la LIX legislatura, que inició a mediados de 2003, da vergüenza que el Ejecutivo, que fue el que promovió el reglamento, no haya respetado lo que dice la Ley. Y después de tres años, de tener una ley aprobada con presupuesto otorgado para que se echara andar, el gobierno Federal dio a conocer el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.“El cual yo llamaría desintegral”, afirmó Lagarde y de los Ríos, quien presidió la Comisión especial de Feminicidio. Aseveró que si bien ha habido avances en los estados con la aprobación de su respectiva Ley, y la instalación en algunos de los Sistemas para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, hasta el momento no se han revisado entre otras cosas el marco jurídico, a nivel federal y local.
Hizo un llamado para reformar los códigos penales y civiles que se contrapongan a los preceptos de la Ley General, así como crear políticas y acciones gubernamentales que estipula la norma en sus artículos transitorios, tal es el caso del Diagnóstico Nacional y el Banco Nacional de Datos sobre casos de violencia de género contra mujeres y niñas. Hasta el momento, dijo, no hay un Diagnóstico Nacional sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y las niñas, de todos los grupos socioeconómico y grupos étnicos del país, el cual nos serviría para poder tener un panorama general y poder hacer el programa y las políticas de gobierno adecuadas, detalló la feminista y antropóloga. “A unos cuantos días de aprobada la Ley, no hay un diagnóstico, mismo que fue encargado a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”, que además contó con un presupuesto muy alto y hasta la fecha, no se ha presentado.
Precisó que lo que saben es que ha habido objeciones al diagnóstico y que no se le ha reconocido como tal, “en fin las autoridades no dan la cara”, por lo que la feminista exigió que los responsables den cuentas transparentes sobre el uso del presupuesto para ese diagnóstico. Además, deben explicar porqué todavía no hay un diagnóstico, y si hay un Programa; “cómo pueden hacer un programa, sin antes hacer un diagnóstico, lamentó Lagarde y de los Ríos. Acompañada por la profesora Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, señaló que hay un incumplimiento muy importante de la Ley General, entre otras cosas porque no se ha cumplido a cabalidad con toda su estructura.
La también presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, consideró que “lo que tenemos que hacer es exigir, presionar, monitorear, o sea activar la Ley, que tiene que ser activada por la ciudadanía si no, simplemente no puede ser exigible”. Esta exigibilidad tiene que llegar hasta que el derecho a una vida libre de violencia, sea un derecho conocido y sentido por las mujeres, y también que los hombres sientan, y conozcan que no tienen el derecho a violentar a las mujeres, es decir que haya un cambio de paradigma de cultura, de valores.
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