La contienda electoral de Brasil muestra con claridad la manera en que los candidatos pueden traicionar principios para ganar preferencias electorales. Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, tuvo que cambiar su posición sobre el aborto para ganar votos en la segunda vuelta; hace algunos años se había pronunciado en favor de su despenalización pero ahora su discurso se tornó moralista y muy parecido al de José Serra, su principal contendiente de la derecha; ella ahora llegó a calificar el aborto inducido como un acto de violencia contra la mujer.
Sin ser el más sustancial, el tema del aborto es quizá uno de los asuntos más tangibles que diferencian la posición política en el espectro izquierda–derecha, en virtud de que un verdadero compromiso con la superación de las desigualdades sociales no puede negar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, en tal caso se estarían traicionando los intereses de la mitad del pueblo mexicano (mitad son mujeres y, más o menos la mitad de gente aprueba el derecho a decidir).
Una nueva visión del mundo desde la izquierda exige además asumir que nuestra conciencia e ideas se mueven de acuerdo con los actuales límites históricos del mundo material, este que está dominado por la derecha, y que está en los principios del PAN, del PRI, del Verde, del Panal, y por desgracia, en representantes que se han infiltrado en todos los partidos: políticos subordinados a los dueños del mercado, de los medios y del narco, y que se apoyan en la segunda evangelización de América. Se trata de elites que no están interesadas en crear nuevas relaciones entre los hombres, las mujeres y la naturaleza.
El ejemplo más evidente de pragmatismo está en las actuales alianzas de PAN y PRD. Sus dirigentes olvidan que se trata de ideologías con programas de gobierno opuestos. No dejo de celebrar que en Oaxaca se haya encontrado un candidato cuyo arraigo derrotó el poder de Ulises Ruiz, pero cada territorio tiene lo suyo. Marcelo Ebrard es congruente con la ideología de izquierda cuando apoya la despenalización del aborto por decisión de la mujer y el matrimonio de personas del mismo sexo, así como al defender la laicidad y no temblarle la mano para demandar a Juan Sandoval Íñiguez; sin embargo, él es pragmático al apoyar la alianza de PAN y PRD en el estado de México. AMLO fue pragmático al rechazar la legislación sobre sociedades de convivencia, lo cual no le generó apoyo de la jerarquía eclesial pero sí desilusión por parte de la comunidad LGBTI; sin embargo, mostró congruencia en su política social, en los mandos de su gobierno y al instrumentar los primeros servicios de aborto legal en el DF en 2000. Hoy su coherencia está al posicionarse en contra de la alianza de PAN y PRD en el estado de México, aunque probablemente aplique alguna lógica pragmática en la entidad con mayor tamaño poblacional (y electoral) del país. Su ideología de centro izquierda es clarísima en el proyecto alternativo de nación que somete a consulta ciudadana; llamo aquí la atención en el primer punto: es necesario aplicar una ética política. “La vida pública ha sido corrompida por la subordinación de los políticos a los intereses del mercado (incluye el mercado de drogas, supongo) y de los potentados. La corrupción, la demagogia, el corporativismo, el clientelismo, el paternalismo y el autoritarismo son prácticas perversas de la política. Impulsaremos una forma de vida donde cada mujer y cada hombre –sin importar condición social, étnica, creencias o preferencias sexuales– valga por su trabajo, sus acciones solidarias, su fraternidad, su lealtad a las normas de convivencia y sus aportes al bienestar de la sociedad; una sociedad en la que prevalezcan la dignidad, el honor, la ética y la búsqueda de la felicidad”.
Se vale que los candidatos de la izquierda tengan opiniones distintas y que cada uno gane apoyo para su propia candidatura, en especial porque ellos, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, representan el mayor mérito de la izquierda mexicana: 13 años de un gobierno ejemplar en el Distrito Federal. Esperamos que ambos van a respetar el proyecto ideológico, van a defender el estado de bienestar y van a cumplir su palabra: ceder el lugar al mejor posicionado el próximo año (como hizo Heberto Castillo en 1988) e ir como equipo con una sola candidatura para la contienda de 2012.
No vaya a ser que a las elecciones de 2012 se les aplique aquello de los cortos de la película Tiburón 2. Una intimidante voz decía al final del tráiler, “cuando usted pensó que el peligro había pasado….”. El proceso organizativo de 2012 difícilmente tendrá problemas. El IFE deberá hacer su tarea y de no ser que les entre la “confusión” y la imprudencia todo terminará, suponemos, que bien. Vamos directito a que los tribunales decidan la elección. Donde ya empezaron los problemas y no se ve cómo puedan ser resueltos es en los medios de comunicación.La comparecencia de AMLO en el IFE es prueba de ello. Se juntaron 2 elementos a debatir: libertad de expresión y los terrenos subjetivos de definir qué es un insulto o una falta de respeto. AMLO apeló al diccionario para explicar por qué dice lo que dice. Este día se dará a conocer el análisis de los spots y las razones de López Obrador, para que con base a ello se decida si siguen o no los spots al aire.
Este caso es sólo el inicio. Lo que viene con el uso de medios es impredecible. Lo que desde hace año y medio ha instrumentado en televisión el gobernador del Estado de México entra en el terreno de discusión de cuándo es campaña política y cuándo es simplemente promoción, cuándo es sólo un negocio o cuándo la empresa de televisión está colocando a “su” candidato. Si en las redes nacionales de radio y televisión estos asuntos se ventilan, se avance o no, en muchos estados no hay manera de hablar o discutir estos temas.
Al problema de cómo saber cuando se está ante un infomercial con cara de noticia en un noticiario, sumemos las entrevistas pagadas con perfil casual, y los promocionales de los políticos. Muchos de ellos para darse a conocer se pueden pasar todo un día en una estación de radio y televisión haciéndose agradables en los noticiarios, los programas de deportes sin dejar de lado los muy socorridos programas de lo que llaman el “mundo del espectáculo”. Suponemos que no lo hacen de gratis ni los medios ni ellos.
En 2007 se discutieron y aprobaron algunas reformas en la materia. El problema era y es el dinero, no la libertad de expresión como tramposamente se quiso hacer ver durante aquellos farragosos días. No se avanzó lo suficiente y estamos próximos a pagarlo. De nuevo entramos en lo posible más que en lo necesario, porque además de todo no se puso en la mesa un asunto rector: la aprobación de una reforma integral en materia de radio, televisión y telecomunicaciones.
Los problemas no son sólo estos. De nuevo internet, Twitter y Facebook serán centros de debate, con la salvedad que hoy están más desarrollados y son más populares que en 2006 y el propio 2009. Apelar a la civilidad es el camino seguro, pero es al mismo tiempo una tarea que parece imposible por la falta de cohesión que nos traemos. Se avanzó, pero lo que viene nos puede colocar bajo el síndrome de Tiburón 2.
¡OOOOOUUUUUCHCHCHCH! El gobernador del PRI que quiere ser presidente de su partido se sentó en un estudio de televisión en Managua. Le hicieron la pregunta que esperaba: ¿Qué opina del trato a los mexicanos en EU? Se la pusieron de “pechito” y se despachó con todo. Cuando terminó le hicieron otra pregunta con el mismo tema, pero ahora sobre los centroamericanos que pasan por México. Lo único que pudo musitar fue un ¡ooooouuuuuchchchch!
Ana María Salazar
El futuro del diputado Julio César Godoy Toscano no sólo pone en jaque la reputación del PRD y de la cámara de diputados en general, sino que hay mucho más en juego: en buena medida, la viabilidad de las elecciones del 2012 y la estabilidad del país en el siguiente sexenio.Uno de los problemas fundamentales que han enfrentado los partidos y seguirán enfrentando, ante la violencia y la capacidad corruptora de los grupos de crimen organizado, es cómo asegurar la probidad de los candidatos en las elecciones locales y estatales. En los últimos años, los partidos han buscado mecanismos para investigar y asegurar que sus candidatos no tengan vínculos con el crimen organizado, incluso recordarán que se llegó a sugerir que debería ser responsabilidad del CISEN el investigar a los candidatos.
Y aunque la Constitución asegura que toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario, la verdad es que las pruebas que se filtraron (en una forma ilegal) en contra de Godoy Toscano, parecerían señalar que este diputado tiene una relación demasiado cercana con el líder de la Familia Michoacana, uno de los cárteles más violentos del planeta
Julio César Godoy Toscano, fue parte del conocido michoacanazo, aquel operativo de limpia que el gobierno federal emprendió el 26 de mayo de 2009 para detener a 12 alcaldes, 29 funcionarios y un candidato a diputado federal por presuntos vínculos con Servando Gómez Martínez, el líder del cártel La Familia michoacana. Un año y medio después, 34 de los 35 funcionarios michoacanos acusados de tener vínculos con el narcotráfico fueron liberados por un juez, por falta de pruebas. El diputado federal con fuero, Godoy Toscano, salió a defenderse y afirmó que las grabaciones ya fueron desestimadas por el juez como prueba en su contra.
Asumamos que las pruebas que hay contra Godoy no son suficientes para señalar que éste cometió una ilegalidad, ya que conversar y tener familiaridad con criminales, e incluso ser padrino de sus hijos, no necesariamente es un delito, pero algo tendrá de razón el dicho que reza “dime con quién andas y te diré quién eres”. El problema es que la forma en que se resuelva el caso de este diputado podría promover que organizaciones criminales busquen tener aun más presencia en el ya muy desprestigiado ámbito electoral. Este diputado podría participar, suponemos que negativamente, en la formulación de legislación fundamental en la lucha en contra del crimen organizado, incluyendo legislación para combatir mejor el lavado, así como en la discusión del fuero militar.
Recordaba el caso colombiano en donde el capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, fue elegido representante suplente para el Congreso de la República de Colombia en 1982. A principios de los noventa se documentó el dinero y la presión que ejercieron las organizaciones criminales sobre la Asamblea Nacional Constituyente para eliminar la extradición de colombianos (esta reforma se revocó años después). Hoy día, en Colombia, el escándalo de la parapolítica, nombre que se da a los vínculos políticos y económicos de congresistas, gobernadores y alcaldes, con los jefes de los grupos paramilitares responsables de miles de asesinatos de civiles con fines de control político, ha llevado a la cárcel a 30 congresistas y provocó el procesamiento de otros 60 legisladores, en los últimos años.
Analizando la experiencia colombiana, el caso Godoy debería enviar un ejemplo a los partidos y futuros legisladores de que hay costos para estos políticos que lleguen al Congreso gracias a sus vínculos afectivos o de negocio con los capos. Ante la realidad de que los grupos del crimen organizado, seguramente buscarán tener más presencia política en las siguientes elecciones, los partidos tendrán que ser mucho más selectivos en las opciones que evalúen para sus candidatos.
Más allá de la incapacidad que ha demostrado la PGR de poder enjuiciar a estos criminales, ya sea que estén vinculados a la política o no, lo que hace tan vergonzoso el incidente Godoy Toscano es que se esté amparando bajo la figura del fuero que tienen los diputados. Ya que va a discutir el fuero militar, bajo el argumento de que se ha usado este fuero en una forma indebida para proteger a militares de actos atroces, ¿no sería este el momento de abrir el debate del fuero de los diputados y senadores? ¿Con qué autoridad moral pueden los legisladores discutir y votar sobre legislación que busca cambiar el fuero militar, si no están dispuestos a debatir el abuso del fuero Legislativo?
www.anamariasalazar.com
Analista político
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