Pedro Matías
OAXACA, Oax., 18 octubre (apro).- El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, solicitó al Estado mexicano “extremar las medidas de protección” a favor de 135 habitantes de San Juan Copala e informe sobre la reciente agresión que dejó dos muertos, entre ellos una mujer embarazada, así como dos heridos.
A cinco días de que venza el emplazamiento formulado por la CIDH, ninguna autoridad estatal ni federal ha dado respuesta a la petición de desplegar medidas para garantizar la vida y la integridad física de los 135 habitantes de San Juan Copala.
Luego los recientes hechos de violación de derechos humanos en contra de los simpatizantes del autodenominado “municipio autónomo” de San Juan Copala, en la región Triqui, la CIDH pidió al Estado mexicano informe en un plazo de diez días sobre las circunstancias en que fueron asesinados Teresa Ramírez Sánchez, de 30 años, quien tenía cuatro meses de embarazo, y Serafín Ubaldo Zurita, de 34.
Adicionalmente, entregue un reporte sobre la atención médica que están recibiendo Jordán Ramírez González y Domingo Ramírez, quienes resultaron heridos de gravedad.
Por su parte, los centros de derechos humanos “Bartolomé Carrasco” (Barca) y “Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) cuestionaron al director adjunto a la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Carlos Garduño Salinas, porque a pesar de que el pasado 13 de octubre le solicitaron una reunión para la implementación de las medidas cautelares, esta es la fecha no ha dado respuesta alguna.
Los coordinadores Minerva Nora Martínez Lázaro, de Barca, y Maurilio Santiago Reyes, de Cedhapi, manifestaron que la situación “es preocupante y urgente de atender, ya que los integrantes del municipio autónomo de San Juan Copala se encuentran en riesgo latente de ser asesinados, no importando si se encuentran dentro de su comunidad, región e incluso del estado”.
Insistieron en que a pesar de que decenas de indígenas triquis han dejado físicamente su comunidad y se han desplazado a otras o se incorporaron al plantón “autonomía y resistencia” en la capital de Oaxaca y del país, no dejan de encontrarse en riesgo latente de ser atacados al salir a realizar sus actividades cotidianas.
En este contexto, el 7 de octubre pasado la CIDH otorgó medidas cautelares para 135 personas del municipio autónomo de San Juan Copala para que se les garantice la vida y la integridad física.
Sin embargo, el sábado anterior, en el paraje Tres Cruces, tres personas que vestían ropa militar y portaban armas de fuego montaron un reten donde inspeccionaban a los que transitaban por el lugar. Al llegar su turno, Teresa Ramírez Sánchez, de 30 años, quien tenía 4 meses de embarazo y Serafín Ubaldo Zurita, de 34 años, fueron asesinados con disparos de arma de fuego.
Además, Jordán Ramírez González y Domingo Ramírez resultaron heridos de gravedad, sin poder ser atendidos en el Hospital de Juxtlahuaca, ya que éste era vigilado por un grupo armado que se encontraba a las afueras del hospital.
Los activistas relataron que “para salvar su vida, Domingo Ramírez se escondió en una barranca en la que fue rescatado hasta la mañana del día 17 de octubre y Jordán Ramírez González, quien tenía alojada una bala en la cabeza, necesitaba urgentemente atención médica, pero no existían condiciones de seguridad para su traslado al hospital”.
Finalmente, las ONG exigieron a las autoridades correspondientes lleven a cabo investigaciones exhaustivas, inmediatas e imparciales sobre los recientes hechos y sobre todos los ataques en contra de los indígenas de San Juan Copala, que hagan públicos sus resultados y se castigue a los responsables.
A cinco días de que venza el emplazamiento formulado por la CIDH, ninguna autoridad estatal ni federal ha dado respuesta a la petición de desplegar medidas para garantizar la vida y la integridad física de los 135 habitantes de San Juan Copala.
Luego los recientes hechos de violación de derechos humanos en contra de los simpatizantes del autodenominado “municipio autónomo” de San Juan Copala, en la región Triqui, la CIDH pidió al Estado mexicano informe en un plazo de diez días sobre las circunstancias en que fueron asesinados Teresa Ramírez Sánchez, de 30 años, quien tenía cuatro meses de embarazo, y Serafín Ubaldo Zurita, de 34.
Adicionalmente, entregue un reporte sobre la atención médica que están recibiendo Jordán Ramírez González y Domingo Ramírez, quienes resultaron heridos de gravedad.
Por su parte, los centros de derechos humanos “Bartolomé Carrasco” (Barca) y “Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) cuestionaron al director adjunto a la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Carlos Garduño Salinas, porque a pesar de que el pasado 13 de octubre le solicitaron una reunión para la implementación de las medidas cautelares, esta es la fecha no ha dado respuesta alguna.
Los coordinadores Minerva Nora Martínez Lázaro, de Barca, y Maurilio Santiago Reyes, de Cedhapi, manifestaron que la situación “es preocupante y urgente de atender, ya que los integrantes del municipio autónomo de San Juan Copala se encuentran en riesgo latente de ser asesinados, no importando si se encuentran dentro de su comunidad, región e incluso del estado”.
Insistieron en que a pesar de que decenas de indígenas triquis han dejado físicamente su comunidad y se han desplazado a otras o se incorporaron al plantón “autonomía y resistencia” en la capital de Oaxaca y del país, no dejan de encontrarse en riesgo latente de ser atacados al salir a realizar sus actividades cotidianas.
En este contexto, el 7 de octubre pasado la CIDH otorgó medidas cautelares para 135 personas del municipio autónomo de San Juan Copala para que se les garantice la vida y la integridad física.
Sin embargo, el sábado anterior, en el paraje Tres Cruces, tres personas que vestían ropa militar y portaban armas de fuego montaron un reten donde inspeccionaban a los que transitaban por el lugar. Al llegar su turno, Teresa Ramírez Sánchez, de 30 años, quien tenía 4 meses de embarazo y Serafín Ubaldo Zurita, de 34 años, fueron asesinados con disparos de arma de fuego.
Además, Jordán Ramírez González y Domingo Ramírez resultaron heridos de gravedad, sin poder ser atendidos en el Hospital de Juxtlahuaca, ya que éste era vigilado por un grupo armado que se encontraba a las afueras del hospital.
Los activistas relataron que “para salvar su vida, Domingo Ramírez se escondió en una barranca en la que fue rescatado hasta la mañana del día 17 de octubre y Jordán Ramírez González, quien tenía alojada una bala en la cabeza, necesitaba urgentemente atención médica, pero no existían condiciones de seguridad para su traslado al hospital”.
Finalmente, las ONG exigieron a las autoridades correspondientes lleven a cabo investigaciones exhaustivas, inmediatas e imparciales sobre los recientes hechos y sobre todos los ataques en contra de los indígenas de San Juan Copala, que hagan públicos sus resultados y se castigue a los responsables.
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