Que casos de violación cometida por militares vayan al fuero civil

Pasaremos de la lucha jurídica a la lucha política: Abogada

Por Patricia Chandomí, corresponsal

Tuxtla Gutiérrez, Chis, 21 oct 10 (CIMAC).- El caso de las 3 hermanas tzeltales, es un precedente de lucha en los casos de violación de militares a mujeres, que sirvió de base a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), para fallar a favor de las indígenas me’phaa, Valentina Rosendo e Inés Fernández, violadas también por militares en 2002.

Así lo manifestó Mercedes Olivera, asesora y fundadora del Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas (CDMCH) al término de la rueda de prensa que dieron las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, para dar a conocer la propuesta de reparación del daño que les hizo el gobierno de Chiapas.

En entrevista con Cimacnoticias, Olivera recordó que el caso de las hermanas González no entró a la CoIDH, porque fue presentado antes de 1998 y México no reconocía su jurisdicción, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instancia a donde llegó, emitió una recomendación.

En el caso de Valentina e Inés, la CoIDH emitió una orden para reparar los daños, para garantizar su seguridad futura, castigar a los responsables en la justicia civil, y adecuar la legislación y práctica interna, en torno a los tratados internacionales para que lo sucedido a Inés y Valentina no se repita.

“Hasta ahora lo que hemos hecho es una lucha jurídica. A partir de ahora vamos a iniciar una lucha política, movilizar la exigencia de que se pasen los casos de violación de parte de elementos del Ejército al fuero civil, vamos a seguir en esta lucha que ya no sólo es de Chiapas, hay narcomilitarización que nos afecta a todas las mujeres del país”, sostuvo Mercedes Olivera.

Además de la exigencia anterior, se sumarán otras, como el cese del despojo de tierras a las mujeres, el desalojo de comunidades y la violencia en general, abundó la activista.

Insistió que en el país existe una narcomilitarización que obliga a las mujeres a entrar en otras dinámicas de violencia; por ello, adelantó que el próximo 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, realizarán una marcha, de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, para exigir al gobernador que intervenga para frenar la violencia contra las mujeres.

“Sabemos que no todo está en manos del gobernador, pero algunos casos sí son de su competencia, y en otros le exigiremos que intervenga ante el gobierno federal para que se resuelvan”, explicó.

Sobre el tema de violación de mujeres de parte de elementos del Ejército Mexicano, Mercedes Olivera dijo que como CDMCH no han tenido, ni la capacidad, ni la posibilidad de dar seguimiento a todos los casos de violación.

“Sí sabemos que en el norte de Tila y Sabanilla se cometieron varias violaciones de elementos del Ejército mexicano contra las mujeres, en el contexto de la aparición del EZLN, sin embargo, no hubo posibilidad de hacer las denuncias, porque la zona estaba totalmente militarizada” precisó Mercedes Olivera.

Para las hermanas González, el ofrecimiento de reparación del daño hecho por el gobernador chiapaneco Juan Sabines Guerrero, hace explícita la culpabilidad del Estado Mexicano en este caso.

Sin embargo, a 16 años de la violación sexual cometida por militares contra las hermanas González, el Ejército Mexicano continúa negando las acusaciones de violación.

Puntualizó que el Estado Mexicano no las ha reconocido, y tampoco ha emitido acción alguna en relación a las recomendaciones de la CoIDH para reparar el daño, realizar investigaciones del caso y hacer justicia.

Las hermanas Gonzáles de entonces 12, 13 y 14 años regresaron a su comunidad, donde fueron rechazadas junto con su madre a quien culparon de lo que les pasó a sus hijas; las hermanas estuvieron en riesgo mucho tiempo, vivieron escondidas y desplazadas.

Esta familia ha sido apoyada por el equipo de abogadas del CDMCH y por la abogada Martha Figueroa, quien llevó el primer caso en el que la justicia chiapaneca condenó a un militar por el feminicidio de su pareja, cometido en 2008.