Buscarán organizaciones compromisos del nuevo gobierno
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF 20 oct. 10 (CIMAC).- Ante la violencia hacia las mujeres que en los últimos diez meses, ha cobrado la vida de 89 mujeres en Sinaloa, organizaciones feministas y de la sociedad civil, buscarán que el gobierno entrante atraiga los resolutivos de la sentencia que impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al Estado mexicano, por el feminicidio del caso ”Campo Algodonero”. Ana Lidia Murillo, directora de la Federación Mexicana de Universitarias en Sinaloa (FEMU), dijo que a pesar de que la violencia de género que enfrenta la entidad es muy alta, hasta ahora no ha habido voluntad política para erradicar el flagelo.
Al participar en el Foro: “La Sentencia de Campo Algodonero a un mes de su Cumplimiento: Silencios, ausencias e incumplimiento”, realizado esta semana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), agregó que buscarán posicionar la condena internacional en la administración del gobernador entrante, Mario López Valdez. Ello permitirá retomar elementos fundamentales para atender las distintas problemáticas por las que están pasando los derechos humanos de las mujeres en Sinaloa. Precisó que para los casos de las investigaciones de asesinatos de mujeres en la entidad, existe una agencia especializada, que se instaló en 2007, sin embrago ésta no cuenta con el personal suficiente para atender los casos.
“Simplemente este año, llevamos arriba de 80 homicidios y difícilmente va a haber casos resueltos, y mucho menos llegará a una sentencia”. Ana Lidia Murillo, informó que si bien algunos de los casos, han sido investigados, hay otros en que los propios familiares de la víctima, solicitan que no sean investigados; en lo referente a violencia sexual, las sentencias carecen de la garantía que debe brindar el poder judicial. Es decir, hay una negación al acceso a la justicia, ya que las sentencias carecen de un enfoque de derechos humanos. No se toman en cuenta ni los instrumentos internacionales en la materia, ni los nacionales, y se buscan los argumentos para justificar su actuación, la cual sostienen en base a cuestiones altamente prejuiciosas.
En lugar de garantizar los derechos humanos de las mujeres, lo que se hace es revictimizarlas, una vez más, de las tantas veces que sucede en el proceso de las pocas que llegan a sentencia. La feminista refirió que con base en algunos expedientes, a los que las organizaciones de la sociedad civil han tenido acceso, han constatado que no se hace referencia al marco internacional de derechos humanos de las mujeres. Además de que las y los servidores públicos, reconocen las pocas reformas que en los últimos cinco años ha habido de avance en la materia, tal es el caso de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley que Sinaloa fue de las primeras entidades en aprobar.
Ante este panorama, consideró que en el estado hace falta dar pasos en los que se vea un avance para eliminar la violencia feminicida, y reconoció la instalación de una mesa de análisis de feminicidio, presidida por el Instituto Estatal de las Mujeres que cuenta con un presupuesto asignado.
México, DF 20 oct. 10 (CIMAC).- Ante la violencia hacia las mujeres que en los últimos diez meses, ha cobrado la vida de 89 mujeres en Sinaloa, organizaciones feministas y de la sociedad civil, buscarán que el gobierno entrante atraiga los resolutivos de la sentencia que impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al Estado mexicano, por el feminicidio del caso ”Campo Algodonero”. Ana Lidia Murillo, directora de la Federación Mexicana de Universitarias en Sinaloa (FEMU), dijo que a pesar de que la violencia de género que enfrenta la entidad es muy alta, hasta ahora no ha habido voluntad política para erradicar el flagelo.
Al participar en el Foro: “La Sentencia de Campo Algodonero a un mes de su Cumplimiento: Silencios, ausencias e incumplimiento”, realizado esta semana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), agregó que buscarán posicionar la condena internacional en la administración del gobernador entrante, Mario López Valdez. Ello permitirá retomar elementos fundamentales para atender las distintas problemáticas por las que están pasando los derechos humanos de las mujeres en Sinaloa. Precisó que para los casos de las investigaciones de asesinatos de mujeres en la entidad, existe una agencia especializada, que se instaló en 2007, sin embrago ésta no cuenta con el personal suficiente para atender los casos.
“Simplemente este año, llevamos arriba de 80 homicidios y difícilmente va a haber casos resueltos, y mucho menos llegará a una sentencia”. Ana Lidia Murillo, informó que si bien algunos de los casos, han sido investigados, hay otros en que los propios familiares de la víctima, solicitan que no sean investigados; en lo referente a violencia sexual, las sentencias carecen de la garantía que debe brindar el poder judicial. Es decir, hay una negación al acceso a la justicia, ya que las sentencias carecen de un enfoque de derechos humanos. No se toman en cuenta ni los instrumentos internacionales en la materia, ni los nacionales, y se buscan los argumentos para justificar su actuación, la cual sostienen en base a cuestiones altamente prejuiciosas.
En lugar de garantizar los derechos humanos de las mujeres, lo que se hace es revictimizarlas, una vez más, de las tantas veces que sucede en el proceso de las pocas que llegan a sentencia. La feminista refirió que con base en algunos expedientes, a los que las organizaciones de la sociedad civil han tenido acceso, han constatado que no se hace referencia al marco internacional de derechos humanos de las mujeres. Además de que las y los servidores públicos, reconocen las pocas reformas que en los últimos cinco años ha habido de avance en la materia, tal es el caso de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley que Sinaloa fue de las primeras entidades en aprobar.
Ante este panorama, consideró que en el estado hace falta dar pasos en los que se vea un avance para eliminar la violencia feminicida, y reconoció la instalación de una mesa de análisis de feminicidio, presidida por el Instituto Estatal de las Mujeres que cuenta con un presupuesto asignado.
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