Julio Hernández López: Astillero
Dada la relevancia de los asuntos en juego –de los cuales el económico y el tecnológico son menores–, resulta de especial interés la explicación que dos de los principales perio- distas de Televisa dieron ayer en sus columnas respecto al retiro de la empresa de Emilio Azcárraga Jean del consorcio que había formado con Nextel para aprovechar segmentos del espectro radioeléctrico mediante la muy criticada licitación 21. De corresponder plenamente las posturas de Joaquín López Dóriga y Carlos Loret de Mola, expresadas en sus espacios de Milenio y El Universal, respectivamente, con lo que se piensa y decide en el mando supremo de la máxima cadena nacional de televisión, se estaría frente a una ruptura tajante de Televisa respecto al gobierno de Felipe Calderón, que tendrá consecuencias en el tratamiento noticioso del último tramo de la administración blanquiazul y, en especial, en el manejo de la información y la opinión que en 2012 se exprese en pantalla respecto a las elecciones federales, en especial la de presidente de la República.
Loret de Mola, en su columna titulada Tengan su ganga, habla de que Televisa y Nextel fueron sometidas a una ofensiva mediática, legal y gubernamental sin precedente en la historia de las licitaciones del país, y menciona maquinaciones graves, pues “el gobierno entregó los títulos antes de que quedara resuelto su fondo jurídico, los dio ‘en lo oscurito’ –sin citar a Televisa, sino sólo a Nextel– y juntó el plazo legal de revisión con un periodo de vacaciones de la Cofetel, abriendo así la puerta para que se bombardeara en juzgados la licitación y el tema se volviera un hervidero político”. La interpretación que el relevante periodista hace es que esta sucesión de hechos puede ser la habitual torpeza de la SCT o constituir una estrategia de la administración de Felipe Calderón destinada a vulnerar al grado de poder sostener con sus alfileres la licitación y con ello chantajear a Televisa, de cara a la contienda electoral de 2012. Ésa sí que era una ganga. Televisa no aceptó quedar en manos del gobierno federal y ayer por la mañana dejó la polémica licitación sobre la mesa y se levantó. Zaz.
López Dóriga, menos apasionado y directo que su joven colega, compartió con éste argumentaciones como el hecho de que inversionistas nacionales y extranjeros se habrían abstenido de entrar a la licitación de la discordia porque sabían de la inexistencia de certeza jurídica en México, que uno de los beneficiarios del desenlace habría sido Telcel, es decir, Carlos Slim, y que un segmento de la prensa diaria habría utilizado obsesivamente el litigio con Iusacell para denunciar una presunta ganga. El conductor del principal noticiario del país asegura, en ese contexto, que la polémica concesión había sido dejada en un punto de fragilidad tal, que se convertía en una amenaza para la libertad de expresión y decisión de Televisa. Ante ese riesgo latente, Televisa se ha retirado de esa sociedad.
Salvo que Azcárraga Jean desmintiera inequívocamente los posicionamientos hechos por dos de sus principales exponentes públicos, ha de entenderse que se está no sólo frente a un deslinde respecto al pasado, en el que Televisa fue puntal justificante del fraude electoral de 2006 y cabeza de la campaña de silenciamiento y difamación del opositor despojado del triunfo, y del movimiento de resistencia que ha sostenido, sino, sobre todo, de un reacomodo táctico que le permitirá tomar distancia de las previsiblemente traumáticas maniobras calderonistas en busca de continuidad en el poder (haiga de ser como haiga de ser) y decantarse sin cargos facturables de conciencia empresarial en favor del preferido desde antes del choque con el panismo por asuntos de telefonía móvil, el gobernador del estado de México, cliente aplicadísimo de Televisa y ya su virtual candidato a Los Pinos, según las denuncias de opositores y las evidencias en tiempo triple A.
No debe evitarse, sin embargo, otra vista del poliedro. De ser cierto el compló que Televisa denuncia en su contra, se estarían confirmando las versiones que desde semanas atrás hablaban de la pretensión felipista de frenar la excesiva concentración de poder que él mismo había dado a la rectoría electrónica, convencido el estratega electoral panista de que en cuanto cediera el último negocio importante de su administración a Azcárraga Jean quedaría sin monedas de cambio para el 2012, en las liberadas manos de la criatura mediática que él había avituallado. En fin, fallidas gangas radioeléctricas y electorales que van acabando en una especie de casa de masajes políticos, en avisos eróticos de ocasión, en pleitos de comadres xxx con lavaderos públicos para decirse sus verdades. El país de las estrellas.
Astillas
Recortada, tramposa y con candados, la iniciativa felipista para someter lo castrense al fuero civil en materia de violaciones a derechos humanos. Nomás tres figuras delictivas contempla la propuesta, además de condicionar el proceso a la discrecionalidad de los agentes militares del Ministerio Público... Entrampado, Godoy Toscano Julio César renuncia al PRD pero mantiene la jurisdicción legislativa de privilegio, mientras avanzan el proceso de desafuero en San Lázaro, la Operación Cocoa en Michoacán y el control del narcotráfico sobre políticos en todo el país... Las glorias de Bemapán: ¿Qué hizo al primer ministro beliceño dar tan desproporcionados elogios a Calderón?... Y, mientras los diputados aprueban la ley de ingresos, Moreira Humberto deja la gubernatura de Coahuila unos meses para que Moreira Rubén pueda ser candidato al relevo familiar, y los senadores ofenden la digna memoria del ex rec-tor Javier Barros Sierra al abaratar la medalla Belisa-rio Domínguez para complacer al PAN en la persona de Luis H. Álvarez. ¡Hasta mañana, con el fuego de la revancha judicial quemando los pies del ulisismo con la detención de familiares de su secretario de finanzas, y con El Yunque golpeando en Guanajuato para seguir en el poder, ahora con el secretario de Desarrollo Social, Miguel Márquez Márquez, 3M!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Dada la relevancia de los asuntos en juego –de los cuales el económico y el tecnológico son menores–, resulta de especial interés la explicación que dos de los principales perio- distas de Televisa dieron ayer en sus columnas respecto al retiro de la empresa de Emilio Azcárraga Jean del consorcio que había formado con Nextel para aprovechar segmentos del espectro radioeléctrico mediante la muy criticada licitación 21. De corresponder plenamente las posturas de Joaquín López Dóriga y Carlos Loret de Mola, expresadas en sus espacios de Milenio y El Universal, respectivamente, con lo que se piensa y decide en el mando supremo de la máxima cadena nacional de televisión, se estaría frente a una ruptura tajante de Televisa respecto al gobierno de Felipe Calderón, que tendrá consecuencias en el tratamiento noticioso del último tramo de la administración blanquiazul y, en especial, en el manejo de la información y la opinión que en 2012 se exprese en pantalla respecto a las elecciones federales, en especial la de presidente de la República.
Loret de Mola, en su columna titulada Tengan su ganga, habla de que Televisa y Nextel fueron sometidas a una ofensiva mediática, legal y gubernamental sin precedente en la historia de las licitaciones del país, y menciona maquinaciones graves, pues “el gobierno entregó los títulos antes de que quedara resuelto su fondo jurídico, los dio ‘en lo oscurito’ –sin citar a Televisa, sino sólo a Nextel– y juntó el plazo legal de revisión con un periodo de vacaciones de la Cofetel, abriendo así la puerta para que se bombardeara en juzgados la licitación y el tema se volviera un hervidero político”. La interpretación que el relevante periodista hace es que esta sucesión de hechos puede ser la habitual torpeza de la SCT o constituir una estrategia de la administración de Felipe Calderón destinada a vulnerar al grado de poder sostener con sus alfileres la licitación y con ello chantajear a Televisa, de cara a la contienda electoral de 2012. Ésa sí que era una ganga. Televisa no aceptó quedar en manos del gobierno federal y ayer por la mañana dejó la polémica licitación sobre la mesa y se levantó. Zaz.
López Dóriga, menos apasionado y directo que su joven colega, compartió con éste argumentaciones como el hecho de que inversionistas nacionales y extranjeros se habrían abstenido de entrar a la licitación de la discordia porque sabían de la inexistencia de certeza jurídica en México, que uno de los beneficiarios del desenlace habría sido Telcel, es decir, Carlos Slim, y que un segmento de la prensa diaria habría utilizado obsesivamente el litigio con Iusacell para denunciar una presunta ganga. El conductor del principal noticiario del país asegura, en ese contexto, que la polémica concesión había sido dejada en un punto de fragilidad tal, que se convertía en una amenaza para la libertad de expresión y decisión de Televisa. Ante ese riesgo latente, Televisa se ha retirado de esa sociedad.
Salvo que Azcárraga Jean desmintiera inequívocamente los posicionamientos hechos por dos de sus principales exponentes públicos, ha de entenderse que se está no sólo frente a un deslinde respecto al pasado, en el que Televisa fue puntal justificante del fraude electoral de 2006 y cabeza de la campaña de silenciamiento y difamación del opositor despojado del triunfo, y del movimiento de resistencia que ha sostenido, sino, sobre todo, de un reacomodo táctico que le permitirá tomar distancia de las previsiblemente traumáticas maniobras calderonistas en busca de continuidad en el poder (haiga de ser como haiga de ser) y decantarse sin cargos facturables de conciencia empresarial en favor del preferido desde antes del choque con el panismo por asuntos de telefonía móvil, el gobernador del estado de México, cliente aplicadísimo de Televisa y ya su virtual candidato a Los Pinos, según las denuncias de opositores y las evidencias en tiempo triple A.
No debe evitarse, sin embargo, otra vista del poliedro. De ser cierto el compló que Televisa denuncia en su contra, se estarían confirmando las versiones que desde semanas atrás hablaban de la pretensión felipista de frenar la excesiva concentración de poder que él mismo había dado a la rectoría electrónica, convencido el estratega electoral panista de que en cuanto cediera el último negocio importante de su administración a Azcárraga Jean quedaría sin monedas de cambio para el 2012, en las liberadas manos de la criatura mediática que él había avituallado. En fin, fallidas gangas radioeléctricas y electorales que van acabando en una especie de casa de masajes políticos, en avisos eróticos de ocasión, en pleitos de comadres xxx con lavaderos públicos para decirse sus verdades. El país de las estrellas.
Astillas
Recortada, tramposa y con candados, la iniciativa felipista para someter lo castrense al fuero civil en materia de violaciones a derechos humanos. Nomás tres figuras delictivas contempla la propuesta, además de condicionar el proceso a la discrecionalidad de los agentes militares del Ministerio Público... Entrampado, Godoy Toscano Julio César renuncia al PRD pero mantiene la jurisdicción legislativa de privilegio, mientras avanzan el proceso de desafuero en San Lázaro, la Operación Cocoa en Michoacán y el control del narcotráfico sobre políticos en todo el país... Las glorias de Bemapán: ¿Qué hizo al primer ministro beliceño dar tan desproporcionados elogios a Calderón?... Y, mientras los diputados aprueban la ley de ingresos, Moreira Humberto deja la gubernatura de Coahuila unos meses para que Moreira Rubén pueda ser candidato al relevo familiar, y los senadores ofenden la digna memoria del ex rec-tor Javier Barros Sierra al abaratar la medalla Belisa-rio Domínguez para complacer al PAN en la persona de Luis H. Álvarez. ¡Hasta mañana, con el fuego de la revancha judicial quemando los pies del ulisismo con la detención de familiares de su secretario de finanzas, y con El Yunque golpeando en Guanajuato para seguir en el poder, ahora con el secretario de Desarrollo Social, Miguel Márquez Márquez, 3M!
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Carlos Fernández-Vega: México SA
Apenas unos meses atrás la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) describió a México como un paraíso fiscal de facto, aunque oficialmente no esté incluido en el catálogo internacional de edenes libres de gravámenes y/o facilitadores de evasión y elusión en el pago de impuestos. Tan preciso calificativo fue utilizado por la secretaria ejecutiva del citado organismo regional, Alicia Bárcenas, el cual, desde luego, provocó una grosera reacción hepática de quienes dicen ser los responsables de que todos, equitativamente, paguen los impuestos que les corresponden, en beneficio del desarrollo nacional (no hay que esforzarse para saber quién es el autor de tan emotiva frase).
Pues bien, la señora Bárcenas no inventó nada: se limitó a describir lo que cotidianamente se constata, lo que fácilmente se documenta y lo que año tras año se confirma a la hora de armar la ley de ingresos y distribuir la carga fiscal entre los mexicanos, es decir, lo que puntualmente hicieron ayer los ágiles representantes populares avecindados en San Lázaro quienes, de la mano del inquilino de Los Pinos, ratificaron que, en efecto, México es un paraíso fiscal. Como cada octubre, con los dedos en la puerta y a toda prisa, la Comisión de Hacienda dictaminó la ley de ingresos para 2011, y más rápido aún la presentarían al pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación, a escasas horas de vencer el plazo para tal efecto.
Son tan creativos los inquilinos de San Lázaro, que igual se comprometen a reducir la tasa del IVA o la del ISR, porque es necesario cuidar el interés nacional y el bolsillo de la mayoría, que a mantenerlas sin modificación alguna, o de plano incrementarlas, por la misma causa, toda vez que las condiciones cambiaron (léase los gobernadores dieron línea y ya viene la campaña). En cambio, a la hora de revisar los abominables privilegios fiscales otorgados al gran capital o de cerrar las no pocas rutas legales para evadir y eludir el pago de impuestos (que han hecho del fisco un verdadero queso gruyere), se produce el milagro: automáticamente, todos los diputados quedan sordos, mudos, ciegos y paralíticos. Ni el más mínimo intento por erradicar dichas prácticas, por equilibrar la carga fiscal, por democratizar el pago de impuestos. Ni por aproximación.
A mediados de año, durante el seminario Igualdad y desarrollo en México, organizado por la Cepal y la UNAM, la señora Bárcenas advirtió que en materia impositiva existe gran evasión y gran cantidad de exenciones que hacen que el país esté por debajo de los niveles de recaudación de la región, por lo que es necesario comprometernos para un nuevo pacto social para aumentar la recaudación. Dicho pacto debe procurar una estructura y una carga tributaria con mayor impacto redistributivo, uso eficiente, eficaz, transparente, sujeto a rendición de cuentas, y un Estado donde a través de la política pública se pueda garantizar un umbral de bienestar. Cuando digo que hay un paraíso fiscal de facto es porque México es un país que tributa muy poco. La carga tributaria no se eleva más allá de 11 por ciento, y por lo tanto es una carga tributaria todavía baja. En general, en la región es de 18 por ciento y México está por debajo del promedio. Por lo tanto, creemos que es importante revisar la estructura; debe haber un pacto entre todos los actores económicos, sociales y políticos para alcanzar un nivel de recaudación que sea el que se requiere para tener un Estado fuerte, que pueda otorgar los bienes públicos que la ciudadanía demanda; son vulnerabilidades estructurales que se tienen que vencer y resolver.
El diagnóstico de la secretaria ejecutiva de la Cepal es exacto, y describe una de las causas del permanente raquitismo de las finanzas públicas y, consecuentemente, de las de millones de mexicanos. Anualmente la Secretaría de Hacienda (léase el inquilino de Los Pinos en turno) presenta su presupuesto de gastos fiscales (quiénes y en qué proporción evadirán legalmente los impuestos en el periodo), y un poco más adelante su propuesta de ley de ingresos (a quiénes y en qué proporción pasarán fiscalmente a cuchillo), uno y otra siempre amenazadas por los merolicos de San Lázaro, pero nunca modificadas, porque las condiciones cambiaron.
Un ejemplo ilustrativo del citado paraíso (documentado en este espacio en entregas anteriores): en la revisión de la Cuenta Pública 2005 (cuyo resultado se divulgó en 2007) la Auditoría Superior de la Federación detectó multimillonarias irregularidades en el otorgamiento de créditos fiscales por el gobierno foxista (cerca de 500 mil millones de pesos que no ingresaron a las arcas nacionales, producto de la enorme telaraña de amistades y complicidades entre servidores públicos de primer nivel y el gran capital). Enterado del asalto, el nuevo inquilino de Los Pinos ordenó adoptar de inmediato las acciones necesarias para solventar tan nefasta situación. La respuesta inmediata del gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda, fue publicar un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación, para condonar total o parcialmente dichos créditos fiscales (casi medio billón de pesos), ergo, borrarlos de los pendientes.
¿Quiénes fueron los beneficiarios de la magnanimidad foxista y de la decidida acción calderonista, es decir, del otorgamiento y la cancelación de créditos fiscales? Sólo grandes contribuyentes. La ASF no dio nombres, pero en el registro entre otros aparecieron bancos trasnacionales, 11 ingenios azucareros, 14 consorcios de la construcción, dos televisoras, cuatro clubes de futbol, dos empresas de transporte, una empresa editorial y un partido político. La cereza de todo esto la aporta la propia Auditoría Superior de la Federación: se detectaron contribuyentes con créditos fiscales en 2005 que obtuvieron devoluciones de impuestos por parte del SAT en el mismo año.
Entonces, no es difícil entender por qué todos los años la dupla gobierno-Congreso clava un puñal adicional a los contribuyentes cautivos; por qué aumenta y/o inventa impuestos; por qué exprime a los de siempre, con los resultados de siempre, y por qué no puede bajar la tasa del IVA. Porque los barones necesitan más cortesías.
Las rebanadas del pastel
Agárrense de donde puedan, mexicanos pasivos y pagadores, que ya viene la actualización (léase aumento) de los precios y tarifas del sector público, la que a su vez automáticamente provoca la actualización de los precios y tarifas del sector privado (el paquete no incluye actualizaciones salariales).
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega
Apenas unos meses atrás la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) describió a México como un paraíso fiscal de facto, aunque oficialmente no esté incluido en el catálogo internacional de edenes libres de gravámenes y/o facilitadores de evasión y elusión en el pago de impuestos. Tan preciso calificativo fue utilizado por la secretaria ejecutiva del citado organismo regional, Alicia Bárcenas, el cual, desde luego, provocó una grosera reacción hepática de quienes dicen ser los responsables de que todos, equitativamente, paguen los impuestos que les corresponden, en beneficio del desarrollo nacional (no hay que esforzarse para saber quién es el autor de tan emotiva frase).
Pues bien, la señora Bárcenas no inventó nada: se limitó a describir lo que cotidianamente se constata, lo que fácilmente se documenta y lo que año tras año se confirma a la hora de armar la ley de ingresos y distribuir la carga fiscal entre los mexicanos, es decir, lo que puntualmente hicieron ayer los ágiles representantes populares avecindados en San Lázaro quienes, de la mano del inquilino de Los Pinos, ratificaron que, en efecto, México es un paraíso fiscal. Como cada octubre, con los dedos en la puerta y a toda prisa, la Comisión de Hacienda dictaminó la ley de ingresos para 2011, y más rápido aún la presentarían al pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación, a escasas horas de vencer el plazo para tal efecto.
Son tan creativos los inquilinos de San Lázaro, que igual se comprometen a reducir la tasa del IVA o la del ISR, porque es necesario cuidar el interés nacional y el bolsillo de la mayoría, que a mantenerlas sin modificación alguna, o de plano incrementarlas, por la misma causa, toda vez que las condiciones cambiaron (léase los gobernadores dieron línea y ya viene la campaña). En cambio, a la hora de revisar los abominables privilegios fiscales otorgados al gran capital o de cerrar las no pocas rutas legales para evadir y eludir el pago de impuestos (que han hecho del fisco un verdadero queso gruyere), se produce el milagro: automáticamente, todos los diputados quedan sordos, mudos, ciegos y paralíticos. Ni el más mínimo intento por erradicar dichas prácticas, por equilibrar la carga fiscal, por democratizar el pago de impuestos. Ni por aproximación.
A mediados de año, durante el seminario Igualdad y desarrollo en México, organizado por la Cepal y la UNAM, la señora Bárcenas advirtió que en materia impositiva existe gran evasión y gran cantidad de exenciones que hacen que el país esté por debajo de los niveles de recaudación de la región, por lo que es necesario comprometernos para un nuevo pacto social para aumentar la recaudación. Dicho pacto debe procurar una estructura y una carga tributaria con mayor impacto redistributivo, uso eficiente, eficaz, transparente, sujeto a rendición de cuentas, y un Estado donde a través de la política pública se pueda garantizar un umbral de bienestar. Cuando digo que hay un paraíso fiscal de facto es porque México es un país que tributa muy poco. La carga tributaria no se eleva más allá de 11 por ciento, y por lo tanto es una carga tributaria todavía baja. En general, en la región es de 18 por ciento y México está por debajo del promedio. Por lo tanto, creemos que es importante revisar la estructura; debe haber un pacto entre todos los actores económicos, sociales y políticos para alcanzar un nivel de recaudación que sea el que se requiere para tener un Estado fuerte, que pueda otorgar los bienes públicos que la ciudadanía demanda; son vulnerabilidades estructurales que se tienen que vencer y resolver.
El diagnóstico de la secretaria ejecutiva de la Cepal es exacto, y describe una de las causas del permanente raquitismo de las finanzas públicas y, consecuentemente, de las de millones de mexicanos. Anualmente la Secretaría de Hacienda (léase el inquilino de Los Pinos en turno) presenta su presupuesto de gastos fiscales (quiénes y en qué proporción evadirán legalmente los impuestos en el periodo), y un poco más adelante su propuesta de ley de ingresos (a quiénes y en qué proporción pasarán fiscalmente a cuchillo), uno y otra siempre amenazadas por los merolicos de San Lázaro, pero nunca modificadas, porque las condiciones cambiaron.
Un ejemplo ilustrativo del citado paraíso (documentado en este espacio en entregas anteriores): en la revisión de la Cuenta Pública 2005 (cuyo resultado se divulgó en 2007) la Auditoría Superior de la Federación detectó multimillonarias irregularidades en el otorgamiento de créditos fiscales por el gobierno foxista (cerca de 500 mil millones de pesos que no ingresaron a las arcas nacionales, producto de la enorme telaraña de amistades y complicidades entre servidores públicos de primer nivel y el gran capital). Enterado del asalto, el nuevo inquilino de Los Pinos ordenó adoptar de inmediato las acciones necesarias para solventar tan nefasta situación. La respuesta inmediata del gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda, fue publicar un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación, para condonar total o parcialmente dichos créditos fiscales (casi medio billón de pesos), ergo, borrarlos de los pendientes.
¿Quiénes fueron los beneficiarios de la magnanimidad foxista y de la decidida acción calderonista, es decir, del otorgamiento y la cancelación de créditos fiscales? Sólo grandes contribuyentes. La ASF no dio nombres, pero en el registro entre otros aparecieron bancos trasnacionales, 11 ingenios azucareros, 14 consorcios de la construcción, dos televisoras, cuatro clubes de futbol, dos empresas de transporte, una empresa editorial y un partido político. La cereza de todo esto la aporta la propia Auditoría Superior de la Federación: se detectaron contribuyentes con créditos fiscales en 2005 que obtuvieron devoluciones de impuestos por parte del SAT en el mismo año.
Entonces, no es difícil entender por qué todos los años la dupla gobierno-Congreso clava un puñal adicional a los contribuyentes cautivos; por qué aumenta y/o inventa impuestos; por qué exprime a los de siempre, con los resultados de siempre, y por qué no puede bajar la tasa del IVA. Porque los barones necesitan más cortesías.
Las rebanadas del pastel
Agárrense de donde puedan, mexicanos pasivos y pagadores, que ya viene la actualización (léase aumento) de los precios y tarifas del sector público, la que a su vez automáticamente provoca la actualización de los precios y tarifas del sector privado (el paquete no incluye actualizaciones salariales).
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega
No hay que cantar victoria. El gravamen de 7 pesos por cajetilla de 20 cigarrillos que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados convino ayer todavía tiene que librar varias porterías. Primero deberá ser aprobado por el pleno de la propia cámara. Luego será enviado como un capítulo dentro de la Ley de Ingresos al Senado de la República, donde las tabacaleras mantienen a un activo grupo de gestores –¿o coyotes? Después del manoseo volverá a la cámara de origen para su autorización definitiva. En el largo viaje alguna manita traviesa puede hacerle cambios. La idea es que se aplique un gravamen de 7 pesos, que incluya los 2 pesos autorizados el año anterior, y que fueron prorrateados, y otros 5. Llamó la atención que un diputado del Partido del Trabajo, Mario di Costanzo, defendiera los intereses de las tabacaleras. Recibí este mensaje que expresa la opinión de muchos mexicanos: Dicen los de British y los de Phillip que pagan impuestos, pero simple y sencillamente no pagan nada. El que paga es el que fuma. Ellos sólo recaudan el impuesto y se lo entregan al gobierno. Espero que lo entreguen completo, porque quién sabe. En muchos países del mundo cualquiera puede saber cuánto pagan de impuestos empresas o ciudadanos. Aquí es secreto fiscal. Dicen que se preocupan por los campesinos del estado de Nayarit. Claro, se preocupan por explotarlos y sería bueno que dieran una buceada en cuántas personas que cultivan el tabaco terminan cultivando un cáncer en su cuerpo. Moisés Acosta Esquivel, Distrito Federal
Arde París
La situación en Francia empeora cuando se acerca la votación final del proyecto de pensiones del presidente Sarkozy. Tiene mayoría en ambas cámaras del Parlamento; la de diputados ya lo aprobó, falta la autorización del Senado. Sarkozy quiere pasar a la historia como un gran reformador, el que salvó al país de una catástrofe, si es que la carga de las pensiones siguiera creciendo y llegara al punto de que no pudieran ser cubiertas. La opinión de los sindicatos –a los que se ha sumado buena parte del pueblo francés– es distinta. El mandatario quiere quitarle a los trabajadores un derecho que les fue otorgado por el presidente Mitterrand: el retiro a los 60 años de edad. En cambio, ha sido extremadamente dadivoso con los bancos y las grandes corporaciones. En el momento más difícil de la crisis financiera internacional, el año 2008, ideó un programa de rescate de impresionante cuantía: 360 mil millones de euros. Su gobierno extendió garantías para que las empresas pudieran obtener dinero fresco. Supuestamente no le costaría un solo centavo a los contribuyentes; nadie le creyó. En la práctica fue un Fobaproa a la francesa. El Estado francés no dejará que ningún banco quiebre, declaró. Entre los beneficiados figura el banco Societé Generale, uno de cuyos corredores cometió uno de los mayores fraudes que se recuerden en Europa. Sarkozy y su equipo de políticos de derecha temen que se desate la violencia. Ahí terminarían sus sueños de grandeza.
Arde París
La situación en Francia empeora cuando se acerca la votación final del proyecto de pensiones del presidente Sarkozy. Tiene mayoría en ambas cámaras del Parlamento; la de diputados ya lo aprobó, falta la autorización del Senado. Sarkozy quiere pasar a la historia como un gran reformador, el que salvó al país de una catástrofe, si es que la carga de las pensiones siguiera creciendo y llegara al punto de que no pudieran ser cubiertas. La opinión de los sindicatos –a los que se ha sumado buena parte del pueblo francés– es distinta. El mandatario quiere quitarle a los trabajadores un derecho que les fue otorgado por el presidente Mitterrand: el retiro a los 60 años de edad. En cambio, ha sido extremadamente dadivoso con los bancos y las grandes corporaciones. En el momento más difícil de la crisis financiera internacional, el año 2008, ideó un programa de rescate de impresionante cuantía: 360 mil millones de euros. Su gobierno extendió garantías para que las empresas pudieran obtener dinero fresco. Supuestamente no le costaría un solo centavo a los contribuyentes; nadie le creyó. En la práctica fue un Fobaproa a la francesa. El Estado francés no dejará que ningún banco quiebre, declaró. Entre los beneficiados figura el banco Societé Generale, uno de cuyos corredores cometió uno de los mayores fraudes que se recuerden en Europa. Sarkozy y su equipo de políticos de derecha temen que se desate la violencia. Ahí terminarían sus sueños de grandeza.
Alfredo Jalife-Rahme: Bajo la Lupa
Antecedentes. La nueva era medio-oriental avisa el ascenso irresistible del TIS (Turquía, Irán y Siria), según Alastair Crooke: la trascendencia gasera de Irán es ampliamente conocida, mientras Turquía se posiciona como el pivote entre Asia, Europa y Medio Oriente (ver Bajo la Lupa, 17/10/10). Crooke refiere que el canciller Ahmet Davotoglu, “arquitecto de la nueva postura de Turquía, adujo en su libro Profundidad estratégica del 2001 que Turquía no necesitaba continuar siendo el ala (sic) de la OTAN”.
El incendio social francés
Por segunda ocasión, Nicolas Sarkozy ha provocado un incendio social en Francia. La primera fue hace cinco años, cuando el entonces ministro del Interior alimentó con su insensibilidad y su torpeza el descontento juvenil que cunde en los barrios de la periferia parisina, poblados en buena proporción por descendientes de inmigrantes magrebíes y africanos en general. En aquel entonces la magnitud de las protestas, protagonizadas por adolescentes que no tenían (ni tienen) un lugar definido en su propio país y son objeto automático de sospecha y de atropello policial, llevaron a la suspensión de garantías, al toque de queda y, lo más grave, a una fractura de la sociedad a partes iguales. Fue una revuelta contra el racismo estructural y la marginación.
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El Correo Ilustrado
Vecinos de Neza exigen restablecer servicio de agua
Lic. Gabriel Reyes Ramos, director del Odapas Nezahualcóyotl
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Arnoldo Kraus: Medicina: ética y objeción de conciencia
Dividir a la población médica en objetores de conciencia y no objetores, aunque sea complicado, será necesario. Llevar a cabo esa decisión conlleva, sin embargo, un problema que podría interpretarse como intolerancia entre los médicos que suscriben compromisos lógicos sin cortapisas con sus pacientes, contra los médicos que priorizan su forma de pensar sobre la de los enfermos. No llevar a cabo esa división se ha prestado a malos entendidos, agresiones y conductas inadecuadas de doctores contra enfermos. La apuesta, desde el laicismo, es lógica: toda persona que requiera atención para un problema médico, donde las cuestiones éticas predominen, debería contar con un galeno apto desde el punto de vista médico-quirúrgico y que, además, sea versado en las cuestiones morales que atañen a su interlocutor.
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Luis Linares Zapata: Acumulación o justicia
Después de varios decenios de ser aplicado sin mayores respingos por las diversas sociedades afectadas, el modelo de acumulación salvaje encuentra serias oposiciones en sus últimas derivaciones. Las manifestaciones de repudio se iniciaron en el seno de las naciones periféricas y ahora encienden a las desarrolladas. En Francia han sido las más ruidosas, larvadas y están a punto de conseguir su meta de reversar o, al menos, detener algunas de sus aplicaciones llamadas de última generación. En España se montó una huelga general para evidenciar el desagrado por el deterioro en su estado de bienestar y, después de ella, el aprecio por el gobierno socialista de Joseé Luis Rodríguez Zapatero ha caído en picada entre los electores. En Alemania las protestas han sido esporádicas, menores, y no han podido articularse en defensa efectiva de sus apreciadas prestaciones colectivas. En Estados Unidos apenas hace unas cuantas semanas pudieron coordinar sus esfuerzos por hacer oír sus voces de alarma, pero, con posterioridad, han caído en aparente pasividad.
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José Steinsleger: América Latina: unidad o dispersión
Las guerras imperialistas en Asia central han colocado a nuestros pueblos en una situación análoga a la del decenio 1935-45, cuando a raíz de la crisis capitalista de 1929 y la Segunda Guerra Mundial, los estados pegaron un salto de calidad institucional que se mantuvo hasta finales los años setenta.
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Carlos Martínez García: Juárez y el Señor de los Milagros
Comprobar lo que sucede en otros países de América Latina nos hace valorar más a Benito Juárez. Hace ciento cincuenta años, con la Ley de Libertad de Cultos, del 4 de diciembre de 1860, el movimiento liberal mexicano sentó las bases para perfilar la laicidad del Estado mexicano. Tal gesta nos ha evitado, aunque con sus excepciones, ver a los titulares del Poder Ejecutivo al frente de ceremonias de la confesión religiosa mayoritaria.
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Alejandro Nadal: Mandelbrot, fractales y crisis financieras
El relámpago en el cielo no se despliega en línea recta. La rugosidad de una coliflor o las caprichosas formaciones de la rama de un árbol son un desafío para los trazos limpios de la geometría que aprendimos en la escuela. Ni las líneas rectas, ni las curvas perfectas existen en la naturaleza. Pero a partir de la obra de Benoît Mandelbrot es posible acercarse a una teoría de la rugosidad irregular que es la marca del universo.
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Vilma Fuentes: Malestar francés
El juego de ecos, reflejado entre los muros del laberinto de callejuelas entre el Sena y la plaza Maubert, me deja escuchar al mismo tiempo el rumor del silencio y un ruido sordo cuando salgo a la calle. Silencio inhabitual del chirrido de motores, sosiego de las calles sin autos. Susurro de miles de pasos sobre el bulevar Saint-Germain por donde desfilan los manifestantes contra las reformas al estatuto que rige la jubilación en Francia.
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Lorenzo Córdova Vianello
Ética de la responsabilidad
Ética de la responsabilidad
En 1919 Max Weber enunció su célebre distinción entre la “ética de la convicción” y la “ética de la responsabilidad” como las dos máximas de conducta bajo las cuales los hombres pueden actuar en sociedad. Para explicarlas, el sociólogo decía que “hay una diferencia abismal entre obrar según la máxima de una ética de la convicción, tal como la que ordena (religiosamente hablando) «el cristiano obra bien y deja el resultado en manos de Dios», o según la ética de la responsabilidad, como la que ordena tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción” (El político y el científico, 1998, p. 165).
Eso no supone que una y otra ética se excluyan, o que conducirse según las propias convicciones sea equivalente a la falta de responsabilidad, o al revés, que actuar responsablemente signifique claudicar de los principios en los que uno cree, sino que dependiendo de la esfera de actuación de los individuos (el ámbito privado o el ámbito público, según sea el caso), debe prevalecer la una sobre la otra, en razón de las consecuencias que se provoquen con nuestros actos. Hay conductas que nos afectan sólo a nosotros y otras que tienen efectos colectivos.
La actividad política es, por definición, el ejemplo paradigmático de las conductas que involucran a varios individuos (cuando no a todos) en una sociedad. De hecho, una decisión política (o colectiva) supone una determinación las más de las veces vinculante y obligatoria para todos los integrantes de la sociedad (como ocurre con una ley, que es el ejemplo por excelencia de una decisión política).
Ello llevó a Weber a plantear que la acción de los políticos y, en particular, de los servidores públicos, debe conducirse primero por la ética de la responsabilidad, es decir, analizando, ponderando y teniendo en cuenta siempre las consecuencias de sus decisiones. Dicho en otras palabras, ello significa que los responsables de tomar las decisiones en una sociedad deben pensar ante todo en el interés colectivo y en el impacto de sus determinaciones antes que en sus convicciones, creencias o intereses personales o de parte, que pasan a un segundo plano.
En ese sentido, la lógica cortoplacista y facciosa que suele caracterizar a las decisiones políticas está reñida con la ética que debe imperar en el desempeño de las funciones públicas y que debe ponderar y sopesar las consecuencias económicas, políticas y sociales (al menos) de las decisiones que se tomen.
Lo anterior no debe ser visto como la expresión de meras prescripciones para una república ideal. Pero si la exigencia de que los tomadores de las decisiones políticas en una sociedad actúen mediante la lógica de la ética de la responsabilidad no está acompañada de un efectivo sistema de rendición de cuentas, todo queda en buenos deseos.
Y ese es uno de los grandes problemas en nuestro país, que la impunidad que caracterizó el régimen autoritario hoy persiste, se recrea y se potencia bajo la égida de nuestra novel e incipiente democracia. La transición no ha logrado romper con el círculo vicioso de la impunidad que genera irresponsabilidad y falta de visión de Estado. Por eso cuando mueren calcinados 49 niños nadie es responsable. Por eso no pasa nada cuando se malbaratan los bienes de la nación con la clara intención de ganar los favores de un consorcio mediático. Los ejemplos son incontables y todos ellos ocurren con la complacencia y la condescendencia de gran parte de la sociedad.
Y es que la enseñanza del viejo priísmo de considerar los cargos públicos como un botín, como una propiedad personal que puede usufructuarse libremente, sigue estando profundamente arraigada en nuestra sociedad.
Hace falta una renovación en la manera de concebir a la política y a los cargos públicos. Hace falta construir una verdadera ética pública, entendida precisamente como el ejercicio de la función pública a partir de la responsabilidad, no como el ejercicio de las convicciones y de los intereses privados o de partido.
Hoy, de cara a la inminente renovación del Consejo General del IFE, no hay que cansarnos de denunciar la tentación de partidizar las designaciones, de asumir los nombramientos de los nuevos tres consejeros electorales a partir de la lógica del agandalle, de colocar personeros en esos cargos porque conviene a los intereses de parte. Al final del día sería algo irresponsable porque la consecuencia de ello sería, inevitablemente, erosionar, todavía más, nuestra precaria democracia.
Investigador y profesor de la UNAM
Eso no supone que una y otra ética se excluyan, o que conducirse según las propias convicciones sea equivalente a la falta de responsabilidad, o al revés, que actuar responsablemente signifique claudicar de los principios en los que uno cree, sino que dependiendo de la esfera de actuación de los individuos (el ámbito privado o el ámbito público, según sea el caso), debe prevalecer la una sobre la otra, en razón de las consecuencias que se provoquen con nuestros actos. Hay conductas que nos afectan sólo a nosotros y otras que tienen efectos colectivos.
La actividad política es, por definición, el ejemplo paradigmático de las conductas que involucran a varios individuos (cuando no a todos) en una sociedad. De hecho, una decisión política (o colectiva) supone una determinación las más de las veces vinculante y obligatoria para todos los integrantes de la sociedad (como ocurre con una ley, que es el ejemplo por excelencia de una decisión política).
Ello llevó a Weber a plantear que la acción de los políticos y, en particular, de los servidores públicos, debe conducirse primero por la ética de la responsabilidad, es decir, analizando, ponderando y teniendo en cuenta siempre las consecuencias de sus decisiones. Dicho en otras palabras, ello significa que los responsables de tomar las decisiones en una sociedad deben pensar ante todo en el interés colectivo y en el impacto de sus determinaciones antes que en sus convicciones, creencias o intereses personales o de parte, que pasan a un segundo plano.
En ese sentido, la lógica cortoplacista y facciosa que suele caracterizar a las decisiones políticas está reñida con la ética que debe imperar en el desempeño de las funciones públicas y que debe ponderar y sopesar las consecuencias económicas, políticas y sociales (al menos) de las decisiones que se tomen.
Lo anterior no debe ser visto como la expresión de meras prescripciones para una república ideal. Pero si la exigencia de que los tomadores de las decisiones políticas en una sociedad actúen mediante la lógica de la ética de la responsabilidad no está acompañada de un efectivo sistema de rendición de cuentas, todo queda en buenos deseos.
Y ese es uno de los grandes problemas en nuestro país, que la impunidad que caracterizó el régimen autoritario hoy persiste, se recrea y se potencia bajo la égida de nuestra novel e incipiente democracia. La transición no ha logrado romper con el círculo vicioso de la impunidad que genera irresponsabilidad y falta de visión de Estado. Por eso cuando mueren calcinados 49 niños nadie es responsable. Por eso no pasa nada cuando se malbaratan los bienes de la nación con la clara intención de ganar los favores de un consorcio mediático. Los ejemplos son incontables y todos ellos ocurren con la complacencia y la condescendencia de gran parte de la sociedad.
Y es que la enseñanza del viejo priísmo de considerar los cargos públicos como un botín, como una propiedad personal que puede usufructuarse libremente, sigue estando profundamente arraigada en nuestra sociedad.
Hace falta una renovación en la manera de concebir a la política y a los cargos públicos. Hace falta construir una verdadera ética pública, entendida precisamente como el ejercicio de la función pública a partir de la responsabilidad, no como el ejercicio de las convicciones y de los intereses privados o de partido.
Hoy, de cara a la inminente renovación del Consejo General del IFE, no hay que cansarnos de denunciar la tentación de partidizar las designaciones, de asumir los nombramientos de los nuevos tres consejeros electorales a partir de la lógica del agandalle, de colocar personeros en esos cargos porque conviene a los intereses de parte. Al final del día sería algo irresponsable porque la consecuencia de ello sería, inevitablemente, erosionar, todavía más, nuestra precaria democracia.
Investigador y profesor de la UNAM
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