Julio Hernández López: Astillero
El diputado priísta Francisco Rojas estaba muy molesto. Tres cosas le amargaban el día: la violencia, la falta de respeto a la legalidad y los pobrecitos derechohabientes que podrían quedarse sin sus medicinas. Los causantes de su enojo eran los miembros de PRD y PT que mediante ocupación de la tribuna y presión física habían impedido que se cumpliera uno de los compromisos bajo el agua que con el Partido Verde Dolarista se habían negociado a cambio de apoyos electorales (y maniobras como la presentación de la propuesta en el estado de México contra las alianzas de partidos, para que el tricolor no se manchara las manos).
Círculo perfecto de corrupción de cuello blanco o, más bien, de dorado botón legislativo en la solapa del traje: los chicos del botón dorado. El negocio familiar de los González (Jorge González Torres fue el fundador, y Jorge Emilio González Martínez, el niño verde, es el actual senador gerente), conocido por sus siglas, PVEM, que nada significan en términos ecologistas pero sí mercantiles, había conseguido en cambalache con el PRI que le aprobaran una suculenta vía de triangulación de recursos: cuando no hubiera medicina en los estantes del Seguro Social –lo que sucede todos los días en todo el país– se libraría un expedito vale para que las sustancias recetadas fueran surtidas en alguna empresa circunstancialmente autorizada para hacer negocio privado con las carencias públicas: sí, en las multiplicadas farmacias del tío Víctor González Torres, el famoso doctor Simi y sus habilitaciones genéricas de dudosa eficacia pero aplastante publicidad. Negocio en familia, sin mucho riesgo de que el Niño Verde Dólar fuera captado en algún video indiscreto como sucedió en 2004, cuando fue pillado negociando la entrega de 2 millones de dólares a cambio de influir para que se otorgara un permiso turístico en Cancún.
Al contador público Rojas mucho le molestó que una minoría de izquierdistas reprodujera en la cámara de diputados una ínfima parte de la violencia social que la mayoría de esos legisladores dorados provoca en las calles y las familias mexicanas con sus tretas legales de blanqueo congresista de dinero. La preocupación no era la inaceptable insuficiencia del Seguro Social, su manejo deplorable y el desabasto que no debería existir, sino el asunto de los simivales. Un boletín de prensa del grupo parlamentario priísta tenía como título: “La toma de la tribuna por el PRD es un crimen contra la salud de los mexicanos”. Bueno, más bien, para las cuentas bancarias de la familia González: del tío Víctor y el sobrino Niño Verde, y para los arreglos políticos del PRI con el PVEM a cuya cuenta se había acordado el pago en especie: lo mismo, pero (no) más barato. La sesión que debía aprobar los acuerdos genéricos fue suspendida por falta de quórum pero, sobre todo, por exceso de protestas: Agustín Guerrero, de la franja lopezobradorista de la bancada del sol azteca, fue uno de quienes obstruyeron la continuidad del proceso legislativo que intentaba el presidente de la mesa directiva, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín. Al final, suspendida la aprobación prometida, pendiente el desenlace para este martes próximo en que la aplanadora de tres colores demostrará su violencia numérica, seguía muy enojado el diputado Rojas, quien fue secretario de la contraloría con Miguel de la Madrid, director de Pemex con Carlos Salinas (su hermano, Carlos, fue secretario de desarrollo social) y ahora coordina la bancada priísta en San Lázaro en nombre de ese mismo jefe máximo que prepara un retorno copetón a Los Pinos: el simisalinismo.
En otro flanco de la expansión gastronómica salinista, el Instituto Federal Electoral (tal es su denominación de origen), todo se alistaba para dejar sin sanción al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, pues a nadie se le puede acusar de actos adelantados de campaña si no ha sido designado formalmente como candidato a nada. En cambio, como una especie de compensación menor, se propondrá que el consejo general del IFE apruebe una sanción económica al Partido del Trabajo por difundir promocionales en los que se estaría causando daño a la figura de quien ocupa la Presidencia del país. Los proyectos de dictámenes se discutirán hoy, pero todo apunta a que la torpe maquinaria de organización electoral dará marcha atrás en su intento de microdesafuero mediático, si acaso intentando un castigo pecuniario al partido involucrado.
El Sindicato Mexicano de Electricistas, sin embargo, sí fue alcanzado por la mano dura, tan ansiosa como está de meter orden y aplicar castigos ejemplares. El país tomado por delincuentes impunes, pero fuerzas federales se aplican en táctica y número a detener en Puebla a Miguel Márquez, un integrante de la directiva de la organización en resistencia, luego de un mitin. José Antonio Almazán y Cecilia Figueroa explicaron a esta columna: Pesan sobre Márquez acusaciones de privación ilegal de la libertad agravada contra el consumo y la riqueza nacionales, resistencia de particulares y daño en propiedad ajena que, como es sabido, son las acusaciones con las que hoy el gobierno de Calderón criminaliza las luchas sociales. No debería extrañarnos. Sobre el SME pesan cientos de averiguaciones previas, con las que el gobierno ha buscado contener y desarticular un año de resistencia en contra de la privatización en curso de la industria eléctrica en el centro del país y la entrega regalada de la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro a las grandes empresas trasnacionales.
Y, mientras un comandante pinolero se encamina a ganar de manera aplastante el concurso nacional de calaveras, con 30 mil creaciones, y en tanto sigue la telenovela narcopolítica con el actor Godoy, ¡feliz fin de semana, con un miembro de la Guardia Nacional de Texas asesinado en Ciudad Juárez, lo que podría crear más problemas al calderonismo que las decenas de miles de mexicanos caídos!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
El diputado priísta Francisco Rojas estaba muy molesto. Tres cosas le amargaban el día: la violencia, la falta de respeto a la legalidad y los pobrecitos derechohabientes que podrían quedarse sin sus medicinas. Los causantes de su enojo eran los miembros de PRD y PT que mediante ocupación de la tribuna y presión física habían impedido que se cumpliera uno de los compromisos bajo el agua que con el Partido Verde Dolarista se habían negociado a cambio de apoyos electorales (y maniobras como la presentación de la propuesta en el estado de México contra las alianzas de partidos, para que el tricolor no se manchara las manos).
Círculo perfecto de corrupción de cuello blanco o, más bien, de dorado botón legislativo en la solapa del traje: los chicos del botón dorado. El negocio familiar de los González (Jorge González Torres fue el fundador, y Jorge Emilio González Martínez, el niño verde, es el actual senador gerente), conocido por sus siglas, PVEM, que nada significan en términos ecologistas pero sí mercantiles, había conseguido en cambalache con el PRI que le aprobaran una suculenta vía de triangulación de recursos: cuando no hubiera medicina en los estantes del Seguro Social –lo que sucede todos los días en todo el país– se libraría un expedito vale para que las sustancias recetadas fueran surtidas en alguna empresa circunstancialmente autorizada para hacer negocio privado con las carencias públicas: sí, en las multiplicadas farmacias del tío Víctor González Torres, el famoso doctor Simi y sus habilitaciones genéricas de dudosa eficacia pero aplastante publicidad. Negocio en familia, sin mucho riesgo de que el Niño Verde Dólar fuera captado en algún video indiscreto como sucedió en 2004, cuando fue pillado negociando la entrega de 2 millones de dólares a cambio de influir para que se otorgara un permiso turístico en Cancún.
Al contador público Rojas mucho le molestó que una minoría de izquierdistas reprodujera en la cámara de diputados una ínfima parte de la violencia social que la mayoría de esos legisladores dorados provoca en las calles y las familias mexicanas con sus tretas legales de blanqueo congresista de dinero. La preocupación no era la inaceptable insuficiencia del Seguro Social, su manejo deplorable y el desabasto que no debería existir, sino el asunto de los simivales. Un boletín de prensa del grupo parlamentario priísta tenía como título: “La toma de la tribuna por el PRD es un crimen contra la salud de los mexicanos”. Bueno, más bien, para las cuentas bancarias de la familia González: del tío Víctor y el sobrino Niño Verde, y para los arreglos políticos del PRI con el PVEM a cuya cuenta se había acordado el pago en especie: lo mismo, pero (no) más barato. La sesión que debía aprobar los acuerdos genéricos fue suspendida por falta de quórum pero, sobre todo, por exceso de protestas: Agustín Guerrero, de la franja lopezobradorista de la bancada del sol azteca, fue uno de quienes obstruyeron la continuidad del proceso legislativo que intentaba el presidente de la mesa directiva, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín. Al final, suspendida la aprobación prometida, pendiente el desenlace para este martes próximo en que la aplanadora de tres colores demostrará su violencia numérica, seguía muy enojado el diputado Rojas, quien fue secretario de la contraloría con Miguel de la Madrid, director de Pemex con Carlos Salinas (su hermano, Carlos, fue secretario de desarrollo social) y ahora coordina la bancada priísta en San Lázaro en nombre de ese mismo jefe máximo que prepara un retorno copetón a Los Pinos: el simisalinismo.
En otro flanco de la expansión gastronómica salinista, el Instituto Federal Electoral (tal es su denominación de origen), todo se alistaba para dejar sin sanción al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, pues a nadie se le puede acusar de actos adelantados de campaña si no ha sido designado formalmente como candidato a nada. En cambio, como una especie de compensación menor, se propondrá que el consejo general del IFE apruebe una sanción económica al Partido del Trabajo por difundir promocionales en los que se estaría causando daño a la figura de quien ocupa la Presidencia del país. Los proyectos de dictámenes se discutirán hoy, pero todo apunta a que la torpe maquinaria de organización electoral dará marcha atrás en su intento de microdesafuero mediático, si acaso intentando un castigo pecuniario al partido involucrado.
El Sindicato Mexicano de Electricistas, sin embargo, sí fue alcanzado por la mano dura, tan ansiosa como está de meter orden y aplicar castigos ejemplares. El país tomado por delincuentes impunes, pero fuerzas federales se aplican en táctica y número a detener en Puebla a Miguel Márquez, un integrante de la directiva de la organización en resistencia, luego de un mitin. José Antonio Almazán y Cecilia Figueroa explicaron a esta columna: Pesan sobre Márquez acusaciones de privación ilegal de la libertad agravada contra el consumo y la riqueza nacionales, resistencia de particulares y daño en propiedad ajena que, como es sabido, son las acusaciones con las que hoy el gobierno de Calderón criminaliza las luchas sociales. No debería extrañarnos. Sobre el SME pesan cientos de averiguaciones previas, con las que el gobierno ha buscado contener y desarticular un año de resistencia en contra de la privatización en curso de la industria eléctrica en el centro del país y la entrega regalada de la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro a las grandes empresas trasnacionales.
Y, mientras un comandante pinolero se encamina a ganar de manera aplastante el concurso nacional de calaveras, con 30 mil creaciones, y en tanto sigue la telenovela narcopolítica con el actor Godoy, ¡feliz fin de semana, con un miembro de la Guardia Nacional de Texas asesinado en Ciudad Juárez, lo que podría crear más problemas al calderonismo que las decenas de miles de mexicanos caídos!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
En México hay 5 millones de changarros y menos de 100 grandes grupos empresariales, de acuerdo con el reciente censo. Sin embargo, ese pequeño núcleo del gran dinero habla por todo el empresariado nacional, sin pedir la opinión de los pequeños. Directivos de organismos cúpula, como la Coparmex, han insistido en que debe gravarse la venta de alimentos y medicinas con el IVA. El gobierno panista se ha hecho eco y ha abanderado la iniciativa. Por fortuna no prosperó, no está incluido en la Ley de Ingresos que acaba de aprobar la Cámara de Diputados y ahora se halla en proceso de autorización en el Senado. El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, le dio la vuelta al asunto; prefirió irse por la línea de menor resistencia, con la finalidad de que un tema tan caliente no fuera a empantanar las discusiones en el Congreso. Y tampoco se ve que la idea de los cúpulos pueda tener éxito en el último año del sexenio. Ningún partido querrá buscar votos con la bandera de crear un nuevo impuesto: sería el suicidio.
El mejor negocio del mundo
El zar de la televisión italiana convertido en primer ministro, Silvio Berlusconi, apenas sale de un escándalo cuando entra a otro. El diario La Repubblica revela que condonó la deuda de Antigua, una isla antillana que está clasificada como paraíso fiscal. Eso sucedió en el año 2004. Y no es poco dinero: 135 millones de euros. No fue un gesto humanitario hacia esa región del tercer mundo. El gobierno local recompensó al político italiano con una licencia para construir cinco villas junto al mar, célebre por su belleza. Aquí un ex presidente está construyendo un hotel con universidad anexa en León, Guanajuato. Por ahí dicen que los materiales y la mano de obra salen del mismo sitio que años atrás suministró lo necesario para remodelar su rancho. No cabe duda que el mejor negocio del mundo es la política.
Otra vez Toyota
Primero fue el acelerador, ahora son los frenos y la bomba de gasolina. Toyota está llamando a revisión a más de 1.5 millones de vehículos en todo el mundo, porque detectó más defectos de fábrica. Andan rodando 599 mil 29 en Japón, cerca de 740 mil en Estados Unidos y casi 200 mil en el resto del mundo. Según la automotriz, las fallas no representan un riesgo para los conductores, sino que se trata de una campaña de satisfacción del cliente. Aquí, en México, no ha hecho ninguna declaración.
Para continuar evaluando el desempeño del Programa Progresa-Oportunidades (PPO) es necesario empezar por describir y evaluar su diseño. El objetivo del PPO es “romper la transmisión intergeneracional de la pobreza”, lo que lo convierte en un programa estrictamente evaluable sólo cuando los escolares beneficiarios sean adultos y conformen sus propios hogares, lo que analicé en las dos entregas previas (8 y 15 de octubre). El PPO es un programa focalizado a hogares en pobreza extrema (los que no cumplen con esta condición son excluidos) basado en la idea del triángulo “alimentación, salud y educación” (véase gráfica) para aumentar el nivel educativo (capital humano) de los jóvenes, que se concibe como la condición para que no sean pobres en el futuro. Empero, introduce dos nuevas desigualdades en el ingreso de los propios hogares beneficiarios (aparte de la que establece entre beneficiarios y no beneficiarios): a) Entre los que tienen hijos en edades escolares y quienes no los tienen; misma que puede llegar a ser de 7 a 1 a favor de los primeros en las transferencias otorgadas por el PPO (sin considerar apoyos para otros fines que se han ido añadiendo); b) Discrimina a los hogares más grandes que reciben un apoyo per cápita menor. El PPO, pues, aumenta la desigualdad. A continuación describo y evalúo cada una de las tres líneas:
Carlos Fernández-Vega: México SA
Parece cachondeo: por voraz, ya le tumbaron otro negocio (en este caso de carácter tecnológico-electorero). Al inquilino de Los Pinos, y junto a él su inefable secretario de Comunicaciones y Transportes (uno de los más destacados integrantes del gabinete calderonista de patos salvajes, por aquello de que a cada paso, una deposición), le bajaron el switch a su burda maniobra electoral disfrazada de paso hacia el futuro y le dieron para atrás a su adelantado apagón analógico, por él anunciado con bombo y platillo el pasado 2 de septiembre.
Un plazo de mes y medio y los juicios de controversia constitucional promovidos por las cámaras de diputados y senadores resultaron más que suficientes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara, por medio de la ministra Olga Sánchez Cordero, la suspensión de todas las acciones puestas en marcha por el inquilino de Los Pinos el 2 de septiembre, vía decreto, para adelantar los tiempos del llamado apagón analógico para entrar de lleno a la televisión digital. Y es que a Calderón una vez más se le olvidó que la atribución legal e institucional para dar ese paso no le corresponde a quien esté sentado en la residencia oficial, sino a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la cual por mucho que esté en manos del amigo del amigo no puede ceder ni traspasar responsabilidades a capricho de quien en el discurso asegura respetar el estado de derecho.
Como parte de lo que él gusta en llamar cuarto Informe de gobierno, el pasado 2 de septiembre Calderón promulgó un decreto por medio del cual fijó un nuevo plazo para la transición tecnológica del sistema de televisión analógica al digital, lo que permitiría plena convergencia de servicios de telefonía, Internet y televisión digital y significará que más mexicanos podrán tener literalmente al alcance de su mano la tecnología más avanzada para estar mejor comunicados. Esta decisión, de la mayor trascendencia para el país, según sus palabras, hará posible la participación de mayor número de proveedores de señal de televisión y de servicio de telecomunicaciones, con lo que será posible recibir una señal abierta de la más alta calidad en imagen y sonido, además de que al contar con más cadenas y con más canales de televisión se ampliarán las opciones de contenidos culturales, noticiosos y de entretenimiento disponibles. Para acelerar el proceso, se establece un plan de acción que comenzará el próximo año y terminará en 2015.
Hasta allí, todo aparentemente bien. Según él, desde luego, porque de inmediato los legisladores (de San Lázaro y de Xicoténcatl) mostraron su inconformidad con el decreto calderonista, toda vez que legalmente corresponde a la Cofetel tomar ese tipo de decisiones, de tal suerte que prácticamente de inmediato promovieron sendos juicios de controversia constitucional en su contra, por considerar que (el inquilino de Los Pinos) se adjudicó atribuciones que no tiene y que le corresponden exclusivamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Pero como el abajo firmante de decretos al vapor ni los vio ni los escuchó (¿a quién se parece?) siguió tan campante y dispuso la entrada en operación de la comisión intersecretarial para la transición digital, cuyo objeto será coordinar las acciones necesarias para concretar (sic) la transición a la televisión digital terrestre.
Tal comisión quedó integrada por los secretarios de Comunicaciones y Transportes (el inefable Juan Molinar Horcasitas, quien la preside), Gobernación (Francisco Blake), Hacienda y Crédito Público (Ernesto Cordero), Economía (el capellán Bruno Ferrari), Educación Pública (Alonso Lujambio) y, metido con calzador, Desarrollo Social (Heriberto Félix Guerra). Por allá perdido, en el último escalón, apareció el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Mony de Swaan), organismo éste al que debería corresponder, íntegramente, no sólo la responsabilidad de concretar la citada transición, sino la decisión misma de calendarizarla.
Por aquellas fechas México SA se preguntaba: ¿qué hace el titular de la Sedesol metido en este merengue tecnológico? No tiene la menor idea de cómo reducir el número de pobres ni de qué forma evitar que millones de mexicanos caigan en tal condición, pero está en primera línea para digitalizar la TV en el país y dar los apoyos económicos necesarios. Lo mismo se preguntaron los legisladores que promovieron los juicios constitucionales, no sin antes subrayar el carácter electorero del decreto calderonista, toda vez que sería la propia Secretaría de Desarrollo Social la encargada de repartir apoyos entre los abonados a programas como Oportunidades para impulsar la recepción de señales de la televisión digital terrestre, y lo haría, casualmente, en años electorales (2011 y 2012) e iniciaría su obra pía en el estado de México.
Pues bien, Calderón y su genio de las comunicaciones y el transporte en el país creían tener todo listo y el pastel a punto de salir del horno, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación les apestó el negocio tecnológico-electoral: la ministra Olga Sánchez Cordero ordenó suspender todas las acciones y frenar todas las medidas planeadas por el gobierno federal para adelantar el llamado apagón analógico (originalmente previsto para 2021). Tocó, por turno, a dicha ministra atender las demandas de los legisladores, y ayer giró instrucciones para suspender los efectos del decreto durante el tiempo que dure el juicio. En promedio este tipo de procesos suelen durar 452 días, conforme a las estadísticas más recientes de la propia SCJN. Pero en casos de mayor impacto el alto tribunal suele tardar hasta dos años. En ambos casos la resolución de las controversias promovidas por el Congreso podría irse hasta 2012, a menos de que se ubique entre las prioridades de la Suprema Corte, que arrastra un rezago muy importante de este tipo de juicios (El Universal).
Con la velocidad que lo caracteriza, Juan Molinar Horcasitas sólo atinó a decir que “apenas la estamos recibiendo (la notificación de la ministra Cordero), pero la vamos a estudiar, por supuesto. Lástima: otra ganga que se les cae.
Las rebanadas del pastel
Deteneos, vociferantes pejistas, que el IFE tiene toda la razón al pretender multar al Partido del Trabajo por los espots de Andrés Manuel. Y la tiene, porque el líder social con apodo de pez se equivoca al acusar a Felipe Calderón de formar parte de la mafia del poder, porque en realidad el inquilino de Los Pinos simplemente es su mayordomo.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega
Penultimátum
En inmenso cartel con una bella joven vestida a la moda de finales del siglo XIX engalanó varios días las avenidas, estaciones del Metro y otros sitios concurridos de París. Era el anuncio de una serie a la que antes de proyectarse algunos críticos le auguraron poco éxito: Maison Close (Casa de citas). Tres años de trabajo y paciencia se necesitaron para concluir los ocho episodios que la integran, ahora obtiene elevado rating en Canal Plus, uno de los más prestigiosos de Francia. Basada en una idea original del productor Jacques Ouaniche, la serie mete a los televidentes en el universo de un burdel de lujo llamado Le Paradis en el París de finales del siglo XIX. Allí tres mujeres tratan de escapar de la servidumbre y emanciparse de la dominación de los hombres.
l Correo Ilustrado
Denuncian abusos y extorsión en penal de Motozintla
Hacemos saber el maltrato que nos da el director del penal estatal número 6 de Motozintla (Chiapas), Eduardo Chirino Hilerio. Desde que llegamos nos trata con la punta del pie y amenazas. A otros compañeros los ha golpeado, junto con el alcaide y sus elementos. Nos ha despojado de las pertenencias que trajimos, porque para nosotros se acabaron los derechos. Además, nos niega el agua y da poca comida.
Continuar
La segunda vuelta de las elecciones brasileñas, a celebrarse el 30 de octubre, aparece marcada en buena medida por temas planteados por las iglesias evangélicas y pentecostales. Varios analistas creen que fue la impronta de este sector lo que impidió a la candidata oficialista Dilma Rousseff vencer en la primera vuelta y no pocos aseguran que el resultado final estará influenciado por las opiniones y decisiones de esas iglesias.
Continuar
Continuar
Jaime Martínez Veloz/II: Mujeres de dos colores, su origen y su destino
El municipio de Ensenada, Baja California, ocupa el primer lugar en población indígena, al concentrar 39 por ciento de la población de ese sector del estado. La población indígena en Ensenada posee los porcentajes más altos de analfabetismo (27.7 por ciento) del estado, a la vez que el promedio más bajo de escolaridad con 3.4 años. Los hogares indígenas presentan desventajas respecto a los no indígenas en el contexto estatal en derecho a servicios médicos.
Continuar
José Cueli: Recrear el mayo del 68
El asumir la presidencia de Francia, Nicolas Sarkozy se comprometió a devolver a los franceses el orgullo de su nacionalidad. Ellos no necesitaban que les devolvieran nada, porque siempre han estado orgullosos de serlo: la juventud se moviliza masivamente junto a los trabajadores en contra de las reformas a las pensiones para superar la crisis económica. Siete huelgas generales y múltiples manifestaciones en esa República.
Continuar
No hay comentarios.:
Publicar un comentario