Acorralado en el Congreso, el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, no tuvo otra opción que referirse al caso del panista Patricio Patrón Laviada, funcionario federal acusado por Hacienda de supuestamente incurrir en lavado de dinero. Orillado por los diputados, titubeante, prometió investigar y actuar conforme a derecho. Agregó: “No hay ni debe haber distingos”. Sin embargo, tres procuradores han desfilado como “abogados de la nación” sin que iniciaran averiguación previa contra la familia del exgobernador de Yucatán y actual procurador ambiental. La primera denuncia, presentada en 2006, fue “extraviada” por las autoridades panistas. Hace más de un año, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP presentó otra. Nada parece perturbar al panista de abolengo
Hace 13 meses que la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene archivada una denuncia en contra de los hermanos Ricardo José, Alejandro José y Patricio José Patrón Laviada, este último titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la que se les acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señala también a Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, familiar del exgobernador yucateco, así como a Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltazar Cetina Pech.
El pasado 6 de octubre, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, fue increpado por el diputado Gerardo Fernández Noroña por el “sesgo político” con que ha manejado este caso, ya que, hasta la fecha, la PGR no ha iniciado una investigación en contra de los familiares de un miembro del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa.
El “abogado de la nación” respondió así al señalamiento del legislador: “Respecto a la familia Patrón Laviada… si hay una denuncia se va a investigar y se va a actuar conforme a derecho. No hay ni debe haber distingos”.
Sin embargo, Contralínea publicó en septiembre de 2009 (números 147 y 148) que, en esos días, Hacienda presentaba la misma acusación que ya había hecho en octubre de 2006, sin que el entonces procurador General, Daniel Cabeza de Vaca, iniciara la averiguación previa correspondiente.
La PGR había “extraviado” el expediente original en el que se denunciaban las millonarias operaciones bancarias de Ricardo José Patrón Laviada.
De acuerdo con el oficio 110/F/26/2009 –emitido por la UIF y del cual Contralínea posee copia–, desde el 7 de noviembre de 2008, la SHCP entregó a la PGR un diagrama y las cédulas de operaciones relevantes de los tres hermanos Patrón Laviada; las empresas Agropecuaria Sac Becan, DSPR de RL; Industrial Empacadora, SA de CV, y Propesca, SA de CV; y de Pilar Cervera Hernández, Aída Amira Hernández Guerra y Alfonso Huberto Zabaleta Laviada. La PGR devolvió el reporte.
El argumento esgrimido por la Procuraduría para devolver el expediente a la SHCP fue que no existían datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos ni del oficio por el cual fue presentada, como tampoco había averiguación previa iniciada en contra de las personas denunciadas.
Hacienda manifestó que el argumento usado entonces por la PGR, de que no contaba con antecedentes de la denuncia ni de una averiguación previa iniciada, “resulta contrario a derecho”, ya que la dependencia “tenía la obligación de investigar los hechos denunciados a través del citado oficio”, conforme a las atribuciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 constitucional y el artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Penales.
La entidad responsable de investigar las operaciones posiblemente relacionadas con el blanqueo de capitales presentó, de nueva cuenta, una acusación el 1 de septiembre del año pasado, sin que hasta ahora se haya abierto una averiguación previa en contra de los acusados.
Se buscó al procurador Chávez Chávez para que explicara por qué la PGR no ha iniciado dicha averiguación, pero el área de Comunicación Social de la dependencia contestó que “el procurador no ofrece entrevistas a los medios de comunicación desde el inicio de su gestión”.
A través de Isaac Fragoso, el director general de Comunicación Social, Ricardo Nájera Herrera, dijo a Contralínea que no se podía dar información debido a “la secrecía de la investigación”.
Se buscó tanto a Nájera Herrera como a Octavio Campos Ortiz, director general adjunto de Información, para conocer el número del expediente de dicha investigación, así como la razón por la que el procurador Chávez Chávez no hizo alusión a ella en su comparecencia tras los señalamientos de Fernández Noroña. Al cierre de esta edición, no se tuvo respuesta de la PGR.
Procuraduría “por consigna”
En entrevista con Contralínea, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, sostiene que la PGR “actúa por consigna”, pues mientras que en el caso que involucra al diputado perredista Leonel Godoy Toscano la PGR mostró una celeridad “desproporcionada”, la denuncia en contra de los Patrón Laviada se ha mantenido archivada, aun cuando la acusación proviene de una dependencia del propio gobierno, lo que le da “mayor contundencia” al caso.
Fernández Noroña califica de “desfachatez” la respuesta dada por Chávez Chávez en San Lázaro respecto de que no hay distinciones en la aplicación de la ley, dada la inacción con que se ha mantenido la PGR en el caso que involucra a un miembro del gabinete calderonista.
El diputado Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática, afirma que la PGR ha sido usada por los gobiernos panistas “como un medio de represión contra los adversarios políticos en este país. Eso queda evidenciado con este asunto a diferencia del trato del michoacanazo.
“Hay una diferenciación en la aplicación de la ley en este país según la voluntad del gobierno en turno”, señala el perredista. Santana Alfaro, quien forma parte de la Comisión de Seguridad Pública, advierte, en la diferencia que se les da a los indiciados, “un sesgo político que debe ser sancionado”.
El diputado Arturo Zamora Jiménez, abogado especialista en derecho penal y procesal, señala que el Ministerio Público Federal está obligado a integrar la averiguación previa, pues “son procedimientos de orden público que no pueden quedar archivados al criterio o arbitrio de las personas que conducen el procedimiento penal en esa fase”.
Para el legislador del Partido Revolucionario Institucional, no hay elementos en este caso que impidan que la PGR actúe conforme a derecho.
Sin embargo, tras cuatro años de que la acusación que involucra a los hermanos Patrón Laviada se presentara por primera vez ante la PGR, han desfilado tres procuradores, sin que ninguno haya atendido la denuncia.
Operaciones inusuales de Patrón Laviada
La acusación presentada por la UIF ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la PGR señala que, de 2000 a 2005, Ricardo José Patrón Laviada –hermano del actual titular de la Profepa– recibió depósitos por 2 millones 487 mil 940.94 pesos y efectuó retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos en seis cuentas del Banco Internacional, SA (Bital).
En 1998, Ricardo José había retirado 100 mil pesos de la cuenta 0000095050003488 de Banca Confía, SA, mientras que en el Banco Nacional de México, SA, tuvo depósitos por 884 mil 72 pesos, 131 mil dólares y retiros por 1 millón 45 mil 500 pesos durante 1998, 1999, 2000, 2003 y 2005.
La UIF también refirió un depósito de 100 mil pesos en la cuenta 4014055206 de Bital, realizado el 5 de septiembre de 2005, y la compraventa de divisas por 4 mil y 10 mil dólares en Intercam Casa de Cambio, y por 13 mil 790 dólares en Vector Divisas Casa de Cambio.
Además de las operaciones “inusuales”, la investigación fiscal reportó que Ricardo José figuraba como cotitular y firmante autorizado de las cuentas bancarias que Jhonny Alberto Benítez Cetina, José Baltazar Cetina Pech y Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga tenían en Bital. La acusación refiere también que Patrón Laviada, Benítez Cetina y Cetina Pech tenían el mismo domicilio fiscal en Mérida, Yucatán.
La UIF concluyó que los movimientos financieros observados en las cuentas de los acusados no guardaban relación con sus actividades económicas declaradas ni con sus manifestaciones de pago de impuestos.
Asimismo, consideró que el millonario manejo de efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejaran los movimientos económicos y la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas son indicios que hacían presumible la procedencia ilícita de los recursos operados por los acusados.
La responsabilidad del procurador
El vicecoordinador de la bancada panista en San Lázaro, Óscar Arce Paniagua, justifica que Chávez Chávez no aludiera en su comparecencia a la denuncia que existe ante la PGR desde hace más de un año, pues considera que “el procurador tiene muchísimos casos muy complicados, nacionales y locales, y sería muy injusto juzgarlo porque no se acuerda de un caso en específico”.
No obstante, para el diputado Santana Alfaro, la denuncia que involucra a Patrón Laviada constituye un “caso relevante que debe estar en la mente del procurador y los subprocuradores correspondientes”.
El legislador perredista considera “grave” la omisión que la PGR ha hecho en el caso de la denuncia contra los Patrón Laviada al no iniciar una averiguación previa.
“Es una omisión que debe llevar consigo una sanción administrativa o incluso penal por el indebido ejercicio del propio derecho”, la cual podría causar la inhabilitación del procurador o una pena de entre dos y ocho años de prisión, refiere el perredista.
Cuestionado respecto de si los legisladores buscarían fincar responsabilidades al procurador por este caso, Santana Alfaro señala que serán “muy cautos” en la investigación que pudieran seguir.
“Si sabemos o nos enteramos de manera fehaciente que el expediente lo tienen congelado o archivado sin razonamiento jurídico alguno, evidentemente iniciaremos los procedimientos correspondientes en contra de quien resulte responsable”, asegura.
El legislador Fernández Noroña advierte que presentará una denuncia de juicio político en contra de Chávez Chávez en caso de que el titular de la PGR no inicie un proceso de desafuero en contra del procurador Patricio Patrón Laviada.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con el procurador ambiental, Patricio Patrón Laviada. Hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.
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