La violencia en San Juan Copala ya cobró demasiadas víctimas

Urge que autoridades cumplan su obligación de pacificar la zona

Por Nadia Altamirano, corresponsal

Oaxaca, Oax. 18 oct. 10 (CIMAC).- Las autoridades no deben seguir “contemplando impávidos” la situación de violencia que priva en San Juan Copala, Oaxaca porque “ya cobró demasiadas vidas”, afirmó Javier Hernández Valencia, representante en México de la alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Navi Pillay.

Hernández Valencia urgió a los gobiernos federal y estatal, a otorgar “en tiempo inmediato” las garantías que ayuden a pacificar la zona, entrevistado luego de participar en el “Encuentro Nacional sobre violencia contra defensoras en México” realizado en la ciudad de México.

Sólo cuando el gobierno cumpla con su obligación de garantizar las condiciones de seguridad para quienes viven en San Juan Copala y para cualquier otra persona, esa oficina -junto con las otras agencias de la ONU en México-, podrían proponer “una agenda de acción” para que las autoridades tengan “un punto de entrada” a la solución al conflicto que ya es de interés internacional, aseveró.

Lamentó que las situaciones de seguridad en San Juan Copala “se hayan deteriorado a tal extremo, que el mero hecho de llegar a la comunidad es imposible, en términos de las funciones y recursos que como Naciones Unidas tenemos a nuestra disposición”.

Apenas el sábado pasado Teresa Ramírez Sánchez y Serafín Uvaldo fueron asesinados en la zona triqui, nueve días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Huamanos (CIDH) había solicitado al Gobierno de México que adoptara medidas urgentes a favor de ambas personas, y otros 133 habitantes de San Juan Copala.

Minerva Nora Martínez Lázaro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, calificó de grave la situación que alcanza el ámbito internacional, “porque la CIDH estaba sabedora del riesgo en que estaba la vida de las personas y por eso exigió al gobierno mexicano cumplimiento y protección a estas medidas”, pero sólo se ha mostrado negligente.

El Centro de Derechos Humanos, junto con otras dos organizaciones y representantes del municipio autónomo de San Juan Copala, solicitó a la CIDH las medidas cautelares que fueron otorgadas el 7 de octubre, sin que hasta este momento se hayan reunido con personal de la Secretaría de Gobernación (SG) para analizar los mecanismos de implementación.

“La SG tiene que agilizar el plazo porque tiene hasta el 22 de octubre para informar a la CIDH, sobre las acciones adoptadas, todavía no tenemos la reunión, hicimos la propuesta que sea 20 o 21 y que sea en Oaxaca”, detalló la activista.

A su vez, Reyna Martínez, vocera de las mujeres que llevan más de dos meses plantadas en el zócalo de esta ciudad para exigir justicia a una treintena de asesinatos, que de noviembre a la fecha han ocurrido en la zona triqui, dijo que antes de analizar la implementación de las medidas cautelares “nos tenemos que reunir todos los compañeros porque no son 135 las que las necesitan protección, son entre 180 y 200”.

Con el asesinato de Teresa Ramírez Sánchez, suman tres las mujeres asesinadas, entre ellas la defensora de derechos humanos Beatriz Cariño, quien fue ejecutada junto con el activista de origen finlandés Jiry Jaakkola, el 27 de abril pasado.

Por décadas, la zona triqui ha experimentado una violencia que no tiene comparación con otras partes de la entidad oaxaqueña. Ahí conviven tres organizaciones sociales: MULT, UBISOR y MULTI, fue ésta última quien impulsó la autodenominación de San Juan Copala –a una agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca- como un municipio autónomo.

Desde noviembre del 2006, la violencia en San Juan Copala aumentó al grado de que los servicios básicos se interrumpieron, las clases se interrumpieron, los pocos servicios médicos dejaron de ofrecerse y la policía estatal no opera ahí.

Por todos esos hechos, el 22 de septiembre pasado, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO) emitió una recomendación que hasta el 14 y 15 de este mes fue aceptada por el municipio de Santiago Juxtlahuaca y cinco dependencias del gobierno del estado.

El presidente de la CDDHO, Heriberto Antonio García, dijo que se desconoce el tiempo que las autoridades pueden tardar en cumplir la recomendación, pero espera que antes del 31 de noviembre, cuando concluye la actual administración estatal, se logren avances importantes en el diálogo con las organizaciones sociales y el restablecimiento de los servicios de salud, educación y seguridad.