Instalaciones de Televisa Chapultepec.
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 19 de octubre (apro).- Si el anuncio de la ruptura de la sociedad entre Televisa y Nextel tiene consecuencias administrativas y jurídicas reales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) deben declarar desierta la licitación 21 en relación con el bloque de 30 megahertz que ambas empresas obtuvieron por sólo 180.3 millones de pesos de enganche.
Como han advertido especialistas, legisladores y agrupaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, si se trata de enmendar un proceso viciado desde su origen, las autoridades del sector de telecomunicaciones deben reponer el procedimiento.
Si esto no se realiza, el anuncio de la “desinversión” o del “divorcio pactado” entre Nextel y Televisa será simplemente una maniobra para quitarle el impacto mediático y jurídico a una sociedad que se firmó expresamente para garantizar el ingreso de Televisa al mercado de la telefonía móvil convergente (cuádruple play) en condiciones sumamente ventajosas y de auténtica ganga, aunque le moleste este calificativo a los voceros y jilguerillos del monopolio de medios electrónicos.
No en balde, ahora resulta que bajo el espantapájaros de que Telcel-Telmex es dominante y es un monopolio en telecomunicaciones, tanto el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, como algunas voces vinculadas a Televisa, se quejan de que el gran favorecedor de todo el enredo en torno de la licitación 21 es el magnate Carlos Slim.
¿Qué acaso no cuenta la Cofetel o la SCT con elementos para impedir, regular o frenar la dominancia en esta área? ¿Por qué ahora pretenden presentar a la sociedad Televisa-Nextel como una “víctima” del emporio de Slim, si quienes redactaron las bases de licitación, determinaron el tope de 80Mhz, establecieron los tres bloques de 10 y dos de 30 Mhz a nivel nacional, y determinaron que con sólo 180.3 millones Nextel y Televisa se podían quedar con el espectro más valioso, fueron las autoridades regulatorias (Cofeco, Cofetel, SCT) y no el multimillonario de la telefonía mexicana?
Es muy probable que estemos asistiendo a una gran mascarada o a una maniobra político-jurídico-empresarial –para atenuarle el golpe a Televisa, que también se quedó con la licitación de los casi 20 mil kilómetros de fibra óptica (en sociedad con Megacable y Telefónica)– y no a un acto de corrección de la licitación más sucia en los últimos años.
Incluso hay especialistas que han advertido que la gran cantidad de litigios y de solicitudes de amparo que interpuso Iusacell, empresa del Grupo Salinas, forman parte de una estrategia para que TV Azteca le haga el trabajo a Televisa de “ganar tiempo”.
Si Televisa estuviera tan enfurecida con Iusacell, TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego, no hubiera pasado ni un día para que viéramos un linchamiento en la pantalla de Canal 2 o se rompiera la sociedad que mantienen ambas empresas en la Iniciativa México. Por menos, Televisa emprendió una agresiva campaña en contra del grupo editor del periódico Reforma.
La ruptura entre Televisa y Nextel debe echar abajo la entrega de la concesión que el 1 de octubre anunció a trasmano el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, después de una larga sesión de mentiras y medias verdades durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.
¿Por qué decimos esto? Porque de acuerdo con los artículos 14 y 24 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la licitación se entregó a una sociedad formada por Televisa-Nextel (anunciada desde febrero de 2010) y no a alguna de las dos empresas. El artículo 24 claramente establece:
“Los interesados en obtener una concesión para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones deberán presentar, a satisfacción de la SCT, una solicitud que contenga como mínimo:
1.- Nombre y domicilio del solicitante.
2.- Los servicios que desea prestar.
3.- Las especificaciones técnicas del proyecto.
4.- El plan de negocios, y
5.- La documentación que acredite su capacidad financiera, técnica, jurídica y administrativa. Lo anterior, sin perjuicio de obtener, en su caso, concesión para explotar bandas de frecuencia en los términos del artículo 14”.
Es decir, jurídica, técnica y administrativamente la concesión entregada el pasado viernes 1 por Molinar Horcasitas fue a una sociedad conformada por Nextel-Televisa y no a una sola empresa.
Se rumoran graves diferencias entre Nextel y Televisa, incluso desencuentros recientes. Pero eso no es lo importante. La pregunta que está en el aire es si el gobierno de Calderón está dispuesto, por una sola vez en este sexenio, de enmendar una licitación que compromete el futuro de las telecomunicaciones del país, o volver al ciclo de relación sadomasoquista con Televisa.
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