Represión del Estado contra fundadora de Policía Comunitaria
Luego de estar desaparecida por días, la líder comunitaria de 43 años de edad fue localizada por su familia en Tepic, capital del estado de Nayarit, a mil 100 kilómetros de su lugar de origen en una prisión de alta seguridad.
Sin ver la luz del sol, sin sentencia, Salgado García, vive una condena anticipada. A pesar de que un juez federal revocó el auto de formal prisión por los delitos de secuestro y secuestro agravado por ejercer sus funciones como responsable de la seguridad de su comunidad, continúa encarcelada.
SU VIDA
Al municipio de Olinalá se puede llegar por la carretera que viene del municipio de Chilapa o por la del municipio de Cualac, que viene de Puebla –al oriente del estado de Guerrero–, ambos caminos sortean la imponente región de La Montaña guerrerense en una vía llena de curvas y de deslaves (cuando es época de lluvias).
Es un pueblo pintoresco con aroma a lináloe, una esencia con la que se impregna la madera de los coloridos baúles artesanales típicos del lugar.
–¿Ahí se reunía la Policía Comunitaria?, pregunta la reportera al señalar una construcción de tres plantas, terraza y ventanas doradas que destaca entre las demás.
–Sí, aquélla es la casa de Nestora, responde la hermana mayor de la comandanta, Cleotilde Salgado García.
“La fue haciendo poco a poco, con lo que mandaba del norte”, agrega. “Se fue muy chamaca al norte”, relata Cleotilde. Nestora emigró a Estados Unidos, cuando tenía 19 años, para buscarse la vida con su hija de apenas tres.
Trabajó de pastelera, mesera y en labores de limpieza en el estado de Washington. Pasaron más de 10 años para que volviera a Guerrero.
En 2002, ya con “papeles”, la ciudadana estadounidense Nestora Salgado García dio la sorpresa a su familia. “Llegó manejando en un Spirit, trajo mucha ropa; ese día celebramos, comimos mole”, su comida favorita. “Muy alegre y sincera”, la describen sus sobrinas. Su música preferida: la norteña y la banda.
En 2004, con tres hijas adolescentes, la guerrerense junto con su esposo José Luis Ávila Báez decidieron vivir en Olinalá para que sus hijas experimentaran la vida en el pueblo.
“La lección fue para nosotros”, relata vía telefónica desde Renton, Washington, su esposo, originario del estado de Michoacán. “La gente diario llegaba a pedir trabajo a la casa; vimos la pobreza, el abuso, sobre todo hacia los indígenas; a veces los sentábamos en la mesa a comer, les dábamos ropa”. De ahí Nestora se interesó mucho por la problemática social de su pueblo.
El 27 de octubre de 2012, las campanas de la iglesia sonaron de forma especial: cientos de pobladores se reunieron en la plaza principal de Olinalá. Nestora acudió al llamado. Su vecino, un joven comerciante de teléfonos celulares había sido secuestrado. El pueblo apenas había enterrado a un taxista que apareció muerto.
Los delincuentes merodeaban el centro de la localidad; ya eran conocidos, incluso un par de ocasiones habían sido apresados y puestos en libertad por órdenes superiores. El hartazgo se organizó.
Ese día nació el Concejo Social Olinalteco que organizaría la Policía Comunitaria. Nestora tomó el micrófono y llamó a la unidad; luego fue electa coordinadora.
“La gente estaba furiosa, desarmaron a los municipales y se fueron a buscar a los delincuentes (...). Yo andaba fuera, venía en el transporte desde Cualac y escuché que decían que había un alzamiento en Olinalá; me preocupé por mi familia”, cuenta Cleotilde. Ya en casa se enteró de que su hermana era la protagonista de la naciente organización.
De acuerdo con una fuente que por seguridad reservó su nombre, el presidente municipal Eusebio González Rodríguez, durante su campaña a la alcaldía de Olinalá, hizo alianzas con narcotraficantes de Chilapa.
En los últimos años, robos de ganado, transporte y secuestros a pequeños comerciantes aumentaron de forma alarmante; los responsables eran apresados, luego liberados y se paseaban impunemente.
JUSTICIA VERDADERA
“A Nestora de por sí la gente la buscaba mucho para pedirle ayuda; ella sólo cursó hasta el segundo año de secundaria, pero es una líder nata; con su franqueza se ganó el respeto de los hombres”, relata su esposo José Luis Ávila Báez.
Justo antes de que estuviera al frente de la seguridad de su pueblo, la guerrerense buscaba justicia para unas estudiantes de secundaria, presuntamente abusadas sexualmente por su profesor. Además había conseguido un terreno para impulsar la construcción de una preparatoria.
“Mi hermana no sabía nada de la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias), nada de política”, dice Cleotilde. A pesar de que aparentemente no tenía experiencia en “el arte de gobernar”, escuchaba pacientemente, tenía capacidad de convocatoria y un profundo sentido de la justicia; los hombres y las mujeres la obedecían.
Al frente de la PCO, en pocos meses los crímenes de alto impacto se redujeron en 90 por ciento; el pueblo se sentía seguro y la gente empoderada. Incluso pobladores de otras comunidades venían a buscarla para que los organizara. Entonces los gobiernos salían sobrando.
El 25 de marzo de 2013, inspirada por las experiencias exitosas de los pueblos na’savi, nahuas, me’pahaa y ñomda’a, organizados en la CRAC-PC, la población de Olinalá hizo lo propio y constituyó formalmente la Policía Comunitaria, luego fue reconocida por la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso.
Legalmente, los sistemas de justicia comunitarios son reconocidos por la Ley 701 de Guerrero, que respalda los derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad.
La PCO operaba bajo los principios de los pueblos originarios: toma de decisiones en asamblea, servicio voluntario y gratuito, reparación del daño y proceso de reeducación.
ESTRATEGIA DE DESGASTE
Guerrero es una entidad que por excelencia le hace honor a su nombre. Sus cuatro regiones (Montaña, Costa Chica, Costa Grande y Tierra Caliente) han sido cuna de revolucionarios e independentistas. El siglo pasado, decenas de organizaciones magisteriales, campesinas e indígenas se armaron en guerrillas rurales y fueron brutalmente perseguidas.
Frente a los liderazgos comunitarios, la cooptación estatal ha operado históricamente con mentiras y recursos económicos.
A meses del levantamiento de Olinalá, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, venido de las filas del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero electo en 2011 bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reconoció públicamente la labor de Nestora y simuló apoyarla.
En marzo de este año “se reunieron más de cuatro mil firmas para respaldar la creación de la Policía Comunitaria”, señala Ávila Báez. Después el gobernador puso a disposición de la PCO dos camionetas que puso a nombre de Nestora, y le expidió un cheque por 300 mil pesos para comprar radios, armas de bajo calibre y uniformes.
En poco tiempo, Aguirre Rivero develó sus verdaderas intenciones: llamadas desde la oficina del gobernador intentaban convencerla de irse a trabajar para él a Chilpancingo, capital del estado. “Ella siempre se negó, quería trabajar para su pueblo”, aclara su marido. Luego las llamadas eran advertencias para que “se aplacara”.
EL MERCADO, LA VACA… LA CRISIS
“Nestora no tiene pelos en la lengua, lo que dice lo cumple”, asegura su esposo José Luis, quien confiesa que en ocasiones no entendía la importancia de la labor de su pareja.
“A veces ni me podía contestar el teléfono porque estaba en reunión (...). Nestora vivía cuatro meses allá y cuatro acá (Estados Unidos); después del alzamiento ya estaba de lleno en Olinalá (...); la cosa es que no se vendió y comenzó a tocar los intereses de los amigos del presidente municipal y el gobernador”.
“El precio del chile, de los materiales, del mercado, todo lo controlaba el grupo cercano al presidente municipal”, cuenta la fuente anónima. En una entrevista en agosto de 2013, la propia Nestora Salgado dio los nombres de funcionarios del ayuntamiento que pretendían monopolizar la venta de materiales de construcción en Olinalá.
El jueves 15 de agosto de 2013, mientras la PCO hacía un rondín, Nestora fue informada de que cerca del poblado de Huamuxtitlán había una balacera.
Al llegar al lugar, los comunitarios descubrieron al síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, intentando subir una vaca a su camioneta particular. Al parecer la res había sido robada a un hombre de la PCO; era evidencia de un crimen, pues habían muerto dos personas en la balacera.
“Nestora ya había detenido a un comerciante de carne clandestina y esa vez detuvo al síndico que se estaba quedando con la vaca sin investigar los asesinatos”, cuenta la fuente que se reserva su identidad.
Patrón Jiménez fue trasladado a la Casa de Justicia de El Paraíso. Esa acción no se la perdonarían a Nestora. Esa misma tarde, enviados estatales presionaron para que liberaran al síndico.
La PCO dijo que lo juzgaría a través de sus usos y costumbres. “La comandanta sabía que había muertos de por medio, no lo iba a liberar hasta que se investigara bien”, agrega la fuente.
La tensión creció rápidamente. Dos días después, el alcalde Eusebio González Rodríguez acordó con el procurador del estado, Iñaki Blanco Cabrera, denunciar penalmente a Nestora Salgado y a policías comunitarios de Ayutla, donde se encuentra la Casa de Justicia El Paraíso por “privación de la libertad”.
Nestora quiso ir hasta el fondo, desenmascaró los nexos del ayuntamiento olinalense con la delincuencia organizada. En este caso, la misoginia y la corrupción hicieron alianza contra la comandanta. Desde el primer arribo del Ejército en noviembre de 2012, éste buscó amedrentar a la organización comunitaria y a su líder.
“El Ejército vino a cuidar a Eusebio (el presidente municipal); se paseaba en los restaurantes con él, prácticamente era su guardaespaldas. A cada rato paraban a los comunitarios (...); el hostigamiento aumentó: en las noches golpeaban la puerta de la casa de Nestora”, cuenta la fuente anónima.
REPRESIÓN
Desde finales de julio de 2013, la comandanta ya había denunciado la prepotencia del “Teniente Sierra” de la Marina, quien había amenazado con detenerla, al igual que a varios de sus compañeros de la PCO acusados de portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
Paralelamente, el presidente municipal convocó a un registro de armas; reunió a mucha gente armada en la plaza, y anunció por el altavoz su intención para ir en ese momento a desarmar a la PCO.
Para el 20 de agosto de 2013, la Casa de Justicia de El Paraíso alertó sobre un posible derramamiento de sangre en Olinalá, pues el ayuntamiento estaba armando “grupos de sicarios” para enfrentar a la PCO.
La tarde del miércoles 21 de agosto de 2013, Nestora fue detenida cerca de su domicilio por elementos de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esa misma tarde, pueblos solidarios con la PCO y una parte de la CRAC-Montaña bloquearon la carretera que conecta hacia el municipio de Tlapa para exigir la libertad de Salgado García.
Mientras tanto, otros operativos se realizaron en Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, y en El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, donde fueron detenidos otros 10 comunitarios y llevados al puerto de Acapulco.
Días después, el Ejército desarmó a más de 200 comunitarios del municipio de Tixtla y detuvo algunos de sus miembros, la mayoría pobladores de las etnias na’savi, nahuas y me’phaas.
Durante el resto de 2013 se acrecentó la represión contra integrantes de la CRAC de la Montaña. En total, están en prisión Eleuterio García Carmen, Gonzalo Molina Leobardo Maximino, Arturo Campos Herrera, Abad Francisco Ambrosio, Cano Morales Antonia, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Benito Morales Justo, Florentino García Castro, Rafael García Guadalupe, y Samuel Ramírez Gálvez.
Privada de todo contacto humano, sin poder ejercitarse, leer periódicos, revistas o cartas, Nestora permanece en la prisión de máxima seguridad en Tepic. Hasta hace poco no tenía acceso a los medicamentos necesarios por las secuelas de un accidente automovilístico que le dejó una neuropatía en las cervicales.
Una de sus tres hijas, Saira Rodríguez Salgado, la única que ha podido visitarla en el penal de máxima seguridad, reveló que su madre, sin su consentimiento, estaba recibiendo un cóctel de 10 píldoras de las que no ha podido averiguar sus nombres y dosis.
“Es muy probable que la quieran sedar, aunque ella se negaba a tomar las pastillas que no conoce”, revela el esposo de Nestora.
En tanto, el congresista estadounidense Adam Smith manifestó su preocupación por la sistemática violación a los Derechos Humanos (DH) de la comandanta y demandó al cónsul de EU que exija al gobierno mexicano el debido proceso para la ciudadana norteamericana.
Su situación jurídica, sin embargo, no avanza. A pesar de que desde el pasado 1 de abril el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito le dictó auto de libertad por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada, un juez de Tlapa, Guerrero, deberá analizar tal resolución. Hasta ahora ningún juez local se ha pronunciado.
Mientras tanto, activistas de Costa Rica, Australia, Argentina, Nueva York, Seattle, País de Gales, Inglaterra y Brasil, junto con familiares, amistades, grupos defensores de DH, sindicalistas, artistas, feministas, académicas y periodistas, se han pronunciado por la libertad de la líder comunitaria a través de la campaña #NestoraLibre.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Itandehui Reyes Díaz, enviada
Cimacnoticias | Olinalá, Guerrero.-
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