Lydia Cacho
Una de las repercusiones del mero escándalo periodístico sin seguimiento es que deja los verdaderos problemas ocultos en el morbo y nos da la falsa sensación de que no hay nada qué hacer por la infancia. Nombre un caso de abuso infantil y le diré que todos, desde la pederastia hasta la violencia paterna, desde las adicciones hasta los niños entrenados para el sicariato y los encerrados en centros de detención sufren al misma suerte. La infancia mexicana está atrapada porque no tenemos un Sistema Nacional de Garantía de Derechos de la Infancia y Adolescencia se les proteja, atienda, eduque, rescate y reconozca adecuadamente.
Hoy en el Senado hay una propuesta de parches inútiles y en Los Pinos se está preparando (en lo oscurito) una reforma sobre los derechos de la infancia que reitera la visión tutelar y asistencial que tanto daño ha hecho. En la otra esquina, con UNICEF, la Red por los Derechos de la Infancia y expertas, se preparó la propuesta del Sistema Nacional de Garantía de Derechos de la Infancia y Adolescencia; ésta puede significar el progreso más importante sobre derechos de infantiles que hemos tenido jamás.
Ya ratificamos desde 1990 la Convención sobre los derechos de la infancia. Desde 1999 se logró que en el artículo 4 constitucional se reconociera a niños y niñas como sujetos de derecho. En el 2000 llegó la Ley para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. En 2001 nació el Consejo nacional de la niñez y adolescencia por decreto presidencial, pero desapareció por falta de sustento legal e interés político. Ya tenemos comisiones de derechos de la niñez entre diputadas y senadores. Todos éstos son los pasos previos para llegar a lo que se ha convertido en el reto legislativo más importante por la infancia mexicana.
Los desafíos que enfrentamos son muy claros: el DIF, ese coto añejo de primeras damas, depende jerárquicamente de la Secretaría de Salud y si no se transforma estructuralmente seguirá causando escándalos de malos tratos, violaciones a los derechos humanos, mal servicio e incapacidad para resolver problemas de fondo (es una institución plagada de parches procedimentales y al borde del colapso). Las políticas sobre la infancia y adolescencia se deciden siempre con una perspectiva asistencialista y anticuada, eso deja atrapada a esta población en la exclusión (y en los albergues de todo tipo). No hay mecanismos e instituciones legales adecuadas para asegurar la coordinación interinstitucional que tiene como fin prevenir y resolver todo tipo de violencias y problemas que viven niñas y niños. No existen estadísticas confiables, no sólo de los albergues sino sobre el número de niñas, niños y adolescentes en riesgo y victimados en todo el país.
La propuesta de ley ciudadana incluye: un sistema social con políticas públicas de atención y garantías de derecho. Un sistema legal basado en al armonización legislativa donde la infancia no es objeto sino sujeto de derecho. Una defensoría con área especializada en procuración y administración de justicia para la infancia en el sistema judicial con un órgano coordinador, y la propuesta de reforma a la ley orgánica del INEGI para generar indicadores en materia de infancia. Se debe incluir la política de infancia dentro de los Anexos del presupuesto transversal establecidos en la fracción IIIBis del artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y que en el presupuesto etiquetado para la protección y garantías de los Derechos de la Infancia queden desagregados los conceptos de cada gasto. Se debe crear un órgano autónomo constitucional, un organismo descentralizado derivado de Desarrollo Social, una secretaría de Estado de los derechos de la infancia y la reestructuración de las procuradurías de la defensa del menor y la familia del DIF. Esta es la propuesta que urge apoyar. Para saber más www.derechosinfancia.org.mx.
@lydiacachosi
Periodista
No hay comentarios.:
Publicar un comentario