Medios emprenden campaña que niega derecho al aborto legal
La
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
(IM-Defensoras) exigió cesar la campaña de descrédito y difamación a
través de diversos medios de comunicación, contra las organizaciones
que exigen el indulto para 17 mujeres salvadoreñas presas por abortar.
En un comunicado, IM-Defensoras condenó la campaña mediática de grupos conservadores contra la Colectiva Feminista por el Desarrollo Local de El Salvador, y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.
Cabe recordar que la Agrupación Ciudadana solicitó formalmente desde el pasado 1 de abril aplicar la Ley Especial de Ocursos de Gracia, que permite que la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, concedan el indulto a 17 mujeres que fueron acusadas de aborto, pero que al final fueron condenadas por homicidio agravado, por lo que algunas purgan penas de hasta 40 años de cárcel.
Mediante la Campaña “Libertad para las 17” también se hace hincapié en la necesidad de legalizar el aborto terapéutico, pues en El Salvador las mujeres arriesgan su vida y salud al interrumpir su embarazo en condiciones inseguras. Se estima que al año se practican 35 mil 89 abortos inseguros en el país centroamericano.
El pasado 10 de agosto un diario de circulación nacional publicó el reportaje “Miles de dólares para financiar campaña para despenalizar el aborto en El Salvador”, que según IM-Defensoras presenta al público lector datos tendenciosos sobre partidas presupuestales que recibieron organizaciones civiles que apoyan el derecho a decidir de las mujeres.
A lo que se sumaron diversos editoriales que abonaron a la difamación y en algunos casos lanzaron amenazas directas o indirectas que apuntan a la criminalización de las defensoras de Derechos Humanos.
Por ello, IM-Defensoras reclamó a los medios de comunicación salvadoreños dar cumplimiento al derecho de réplica, y publicar la versión de las activistas.
La Colectiva Feminista y la Agrupación Ciudadana explicaron que aunque la mayoría de sus actividades se sostienen con trabajo voluntario, muchas labores reciben respaldo político y económico, y todos los contratos y convenios son transparentes.
Además pidieron a los medios les permitan difundir las razones y los costos sociales de una legislación que penaliza el aborto en cualquier circunstancia.
En tanto, las 300 activistas de México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua –articuladas en IM-Defensoras– exigieron a las autoridades garantizar la seguridad e integridad de las defensoras salvadoreñas, pues “los patrones de descrédito y difamación suelen constituir la base para justificar y legitimar otras formas de represión”.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 
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