John M. Ackerman
El
régimen autoritario desaparece paso a paso la autonomía de las pocas
instituciones públicas que habían generado esperanza en la posibilidad
de una transición democrática. Con el Pacto por México se cancelaron la
independencia y la pluralidad del Congreso de Unión. Con la reforma
electoral y los nuevos consejeros electorales, la organización de todas
las elecciones del país ahora se somete al mandato de Los Pinos.Y la
semana pasada, tanto el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (Ifai) como la Suprema Corte de Justicia de la
Nación dieron claras señales de haber sido infectados por el virus del
priísmo centralizador. También empiezan a sonar las alarmas en Ciudad
Universitaria.
El pasado martes 12 de agosto el pleno de la Suprema Corte ratificó
una vez más la secrecía de las declaraciones patrimoniales de los
servidores públicos. De acuerdo con ocho de los 11 ministros de la
Corte, las enormes fortunas y los evidentes conflictos de interés de
nuestros gobernantes son asuntos
privadosque simplemente no competen a la nación. Según esta torcida lógica, el papel de los ciudadanos no sería cuestionar o llamar a cuentas a la autoridad, sino simplemente obedecer y confiar ciegamente en la santidad de quienes nos malgobiernan.
En su defensa, los ministros de la mayoría aclararon que
ningún derecho es absolutoy que las declaraciones patrimoniales incluyen información sobre terceras personas que, al divulgarse, podrían afectar su derecho a la privacidad. Pero este problema podría resolverse fácilmente con la divulgación de
versiones públicasde las declaraciones sin datos personales u otra información que podría poner en riesgo a los titulares de los datos, tal como propuso el ministro José Ramón Cossío.
Sin embargo, el fundamentalismo de los ministros de la mayoría no
les permitió avalar siquiera la propuesta salomónica de Cossío. Para la
Corte, el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, que sólo permite la
divulgación de las declaraciones patrimoniales con autorización
explícita del servidor público de que se trata, establece un
equilibrio armónicoentre los dos derechos en conflicto. De acuerdo con los ministros, el derecho de acceso a la información debe tener límites, pero el derecho a la privacidad no tendría ninguno, sobre todo cuando se trata de esconder las fechorías de la clase política.
Pero cuando se trata de la privacidad de los ciudadanos, de repente
las instituciones del príato invierten totalmente su lógica
argumentativa. Apenas un día después de la resolución de la Corte, el
miércoles 13 de agosto, el Ifai se negó a presentar una controversia
constitucional en contra de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión.
Los
artículos 189 y 190 de esta ley violan flagrantemente el derecho a la
privacidad de los ciudadanos al obligar a las empresas de
telecomunicaciones a llevar un registro en tiempo real tanto de la
geolocalización de todos sus clientes como del contenido de sus
comunicaciones. Asimismo, la ley requiere que las empresas almacenen
esta información por un periodo de dos años y la entreguen a las
autoridades sin tener que informar a los ciudadanos espiados. También
exige la
suspensión inmediata del servido de telefoníacuando
así lo instruya la autoridad competentesin especificar control judicial alguno.
En defensa de la posición mayoritaria, la comisionada presidenta Ximena Puente aclaró que
ningún derecho es absoluto. Y la comisionada Patricia Kurczyn señaló que
la aplicación de los artículos 189 y 190 es lo menos mal que puede pasar; doloroso sí, pero tenemos que tolerarlo para salvaguardar intereses mayores, como la seguridad pública, nacional y personal.
Quedan perfectamente claras las prioridades del priísmo
institucional. De acuerdo con su lógica convenenciera y autoritaria, en cada caso habría que torcer la ley para acomodarla a los dictados de Los Pinos. En el caso de las declaraciones patrimoniales, habría que poner límites al derecho a la información para evitar la fiscalización de los corruptos por la sociedad. Pero en el caso la ley Telecom, los límites ahora se imponen al derecho a la privacidad, con el fin de permitir un acceso indiscriminado de la clase política, en alianza con las agencias de seguridad de Washington, a la vida de los ciudadanos. La contradicción argumentativa es evidente y sumamente reveladora.
Mientras, el pasado lunes 11 de agosto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmó un
convenio de colaboración académicaque implica el
intercambio de personalcon la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el martes 12 de agosto militares en activo se apostaron afuera de la entrada a Ciudad Universitaria ubicada en la calle Cerro del Agua. Hace unos meses la UNAM ya había firmado otro convenio llamativo, para un diplomado titulado:
Un viaje por el proceso televisivo, impartido por personal de Televisa.
Al parecer, el virus del priísmo se propaga más rápidamente que el
virus del ébola. Si no se toman medidas drásticas y urgentes para
proteger al carácter público y autónomo de nuestras instituciones
independientes, mañana podría ser demasiado tarde.
Twitter: @JohnMAckerman
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